Cambiemos y la voracidad por los datos personales

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El gobierno envió recientemente al Congreso un proyecto de ley que busca establecer “un nuevo ordenamiento legal sobre la Protección de los Datos Personales”. Su redacción imprecisa y vaga dejará más desprotegida a la ciudadanía frente a un gobierno que demostró una voracidad insaciable para hacerse de los datos de los argentinos y las argentinas.  

El gobierno envió recientemente al Congreso un proyecto de ley que busca establecer “un nuevo ordenamiento legal sobre la Protección de los Datos Personales”.

Se trata de un tema de enorme importancia. En un mundo donde internet ha cambiado nuestras vidas y, como dice Natalia Zuazo, “el oro del siglo XXI son los datos”, la regulación del uso que Estado y empresas puedan hacer de ellos es vital.

La ley actual de Habeas Data N° 25.326 fue sancionada en el año 2000 y tomó como parámetro la ley española de datos de 1992. Desde entonces nuestra legislación tiene directa vinculación con los estándares europeos en materia de protección de datos, muy distintos de los que rigen en otros países, por ejemplo, Estados Unidos.

En 2016 la Unión Europea sancionó un Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) que incorporó a la legislación numerosos aspectos que trajo aparejados el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Este Reglamento –sancionado luego de un arduo trabajo de discusión parlamentaria y de numerosas organizaciones de la sociedad civil– entró en vigencia plena el 25 de mayo de 2018, siendo sus disposiciones obligatorias para todos los países de la Unión. Esto tuvo importantes consecuencias y derivó en que incluso las grandes compañías tomaran medidas para adaptarse a la nueva legislación (Facebook, por ejemplo, mudó datos alojados en servidores de Irlanda a California).

El nuevo marco normativo adoptado en el Viejo Continente obliga a la Argentina a “adecuar” su legislación si es que quiere seguir manteniendo estándares similares, lo cual tiene numerosas implicancias en términos de intercambios financieros, comerciales, gubernamentales, etc.

El Gran Hermano porteño

En este contexto, el Poder Ejecutivo envió al Senado el proyecto de ley, que a primera vista pareciera incorporar aspectos novedosos. Enumera una larga serie de derechos de las personas respecto del uso de sus datos y prescribe obligaciones para quienes traten datos de terceros, ambas cosas en línea con los nuevos estándares fijados por la  norma europea.

Sin embargo, la propuesta adolece de serias falencias, muchas de ellas producto de definiciones vagas o redacciones imprecisas, que hacen temer que –de aprobarse en su redacción actual– pueda significar apenas un cambio cosmético o incluso un retroceso respecto de la ley vigente.

Entre algunos de los aspectos más preocupantes, se pueden señalar la laxitud con la cual el Estado puede justificar la licitud del tratamiento de datos (que “sean necesarios para el cumplimiento estricto de sus competencias”, redacción casi idéntica a la de la ley vigente y que sirvió de sustento legal al convenio entre JGM y ANSES); la falta de inclusión de los datos biométricos entre los “datos sensibles” que merecen un régimen de protección especial; la vaguedad para considerar lícito que una empresa puede tratar datos personales sin consentimiento de los titulares (“necesarios para la satisfacción de intereses legítimos”) o que una empresa pueda transferir datos a otros países cuando dicha transferencia sea “efectuada a cualquier sociedad del mismo grupo económico”.

Como se ve, los aspectos pendientes son importantes y hacen directamente al núcleo que supuestamente persigue el proyecto.

Ahora bien, toda esta discusión adquiere en nuestro país una particular relevancia, dado que Mauricio Macri llegó a la Presidencia haciendo uso intensivo de campañas de comunicación ultra segmentadas (microtargeting) a partir del uso de Big Data, es decir, del análisis de datos personales a gran escala (¿obtenidos lícitamente?).

Pero además –y peor aún– el actual gobierno ha demostrado una voracidad insaciable para hacerse de los datos de los argentinos y las argentinas.

Los datos del Estado: una cuestión de soberanía

Recordemos el convenio celebrado en 2016 por el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, y la ANSES, para que este organismo le ceda todas sus bases de datos para ser utilizados en comunicación pública (convenio que ha sido rechazado por un fallo de la Sala V de la Cámara en lo Contencioso y Administrativo Federal por violar lo dispuesto en la ley 25.326).

Otro ejemplo es la Resolución 494/2018 del extinto Ministerio de Modernización, que obliga al RENAPER a enviar toda la información que brinda una persona cuando va a renovar su DNI para que se le abra un “perfil digital del ciudadano”, es decir, una cuenta en el sistema de la Secretaría de Gobierno Digital (perfil que, cuando se creó el programa, era de carácter “voluntario”).

En el mismo sentido el artículo 71 del proyecto de Presupuesto 2019 elimina la obligación de resguardo del secreto fiscal para la ANSES con el fin de que realice tareas de “prevención y fiscalización del fraude en el otorgamiento de prestaciones o subsidios que ese organismo otorgue o controle y para definir el derecho al acceso a una prestación o subsidio por parte de un beneficiario”.

Se podrían seguir citando antecedentes, pero estos ejemplos sobran para demostrar que hay una vocación deliberada de acceder y acopiar cada vez más datos de la ciudadanía.

La tecnología es cada vez más determinante en nuestra vida y los datos que cedemos al usarlas nos hacen peligrosamente transparentes y vulnerables. Ante el Estado y también ante los “gigantes” de internet (Facebook, Google, Amazon), que cada vez ganan más poder a nivel global. Y que, nótese la casualidad, encuentran en el gobierno nacional a un aliado destacado y generoso.

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