Detenidos arbitrarios, presos políticos

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Encarcelar preventivamente bajo la supuesta “doctrina Irurzun” y tirarle “medio Código Penal” por la cabeza fue el sistema utilizado para sacar del medio a ex funcionarios, empresarios y simpatizantes kirchneristas (o sospechados tal) durante el gobierno de Cambiemos. Podemos debatir sutilezas semánticas entre detenciones arbitrarias y presos políticos pero es cada vez más difícil de rebatir que no haya habido una persecución hacia el kirchnerismo.

“Sin periodistas no hay lawfare”

Alejandro Rúa

 

En un encuentro en el que recibió a organismos de DDHH, Alberto Fernández opinó que “un preso político es una persona que fue detenida sin proceso. En la Argentina lo que hay son detenidos arbitrarios, que es otra cosa. Es gente que podría soportar sus procesos en libertad, pero los detienen porque son opositores”. Más tarde, en una entrevista con el Gato Silvestre, el Presidente aclaró que “las detenciones arbitrarias tienen el mismo efecto que un preso político, porque la detención arbitraria sólo la dispone un juez pero es tan arbitraria como la detención que dispone el Poder Ejecutivo”.

En realidad, no se trata de una opinión nueva. Ya durante la campaña, Fernández había explicado la diferencia entre “preso político” y “detenido arbitrario”. La divergencia es más que semántica: la existencia de presos políticos implica una responsabilidad del Ejecutivo mientras que las detenciones arbitrarias, más allá de que la gravedad institucional sea comparable, sólo atañen al Poder Judicial y, al fin y al cabo, a su cabeza. Es decir, la Corte Suprema de la Nación.

El ineludible Ernesto Tenembaum rechazó también el término “preso político” para calificar a Amado Boudou o Julio de Vido ya que, a su entender, preso político fue Agustín Tosco, histórico líder sindical de Luz y Fuerza, encarcelado por las dictaduras de Onganía y Lanusse, alguien que nada tuvo que ver con el ex Vicepresidente o el ex ministro de Planificación. Por si quedara alguna duda, Tenembaum señaló: “En esos tiempos estaba claro qué significaba ser un preso político. Ninguno de los presos políticos vivían en mansiones, ni tenían yates, ni fortunas obscenas, ni debían aclarar hechos de corrupción, ni revoleaban bolsos”.

Según ese extraño moralismo selectivo digno de la furia purificadora de Juan Calvino, el patrimonio –supuesto o real– de un ciudadano debería incidir a la hora de establecer si padece algún tipo de persecución política. Es probable que los Tenembaum de la época de Onganía encontraran argucias similares para condenar al Agustín Tosco real antes de, 45 años después de su muerte, destacarlo como un héroe.

“Un preso político es una persona que a causa de sus creencias y actividades políticas está encarcelada” es la definición más corta que se ha dado a este fenómeno relacionado con el abuso de poder. El término fue definido por Carl Aage Norgaard, ex presidente de la Comisión Europea de Derechos Humanos. No menciona que se trate de un preso sin condena o que padezca una preventiva abusiva, sino de alguien que es perseguido por sus actividades políticas.

Hay presos políticos

Pocos días después de asumir Gerardo Morales como gobernador de Jujuy en diciembre del 2015, Milagro Sala fue detenida por incitación al acampe, un delito vaporoso aún para el generoso estándar de Cambiemos. Como escribí en esta misma columna el ineludible Ernesto Sanz reconoció que esa detención “no estuvo bien hecha”, pero que después “se corrigió” y hoy está detenida “por medio Código Penal”. Con una honestidad encomiable explicó que si Sala no iba presa, el nuevo gobernador no hubiera podido gobernar “ni un solo día”. “Esto es realpolitik”, concluyó Sanz.

Encarcelar preventivamente bajo la supuesta “doctrina Irurzun” y tirarle “medio Código Penal” por la cabeza fue el sistema utilizado para sacar del medio a ex funcionarios, empresarios y simpatizantes kirchneristas (o sospechados tal). El diputado Julio de Vido fue desaforado y enviado a la cárcel apenas Cambiemos ganó las elecciones de medio término. “Hablaron las urnas. Esta Cámara está interpelada por la sociedad y no puede ser un refugio para ampararse de la justicia”, afirmó el diputado del PRO Lucas Incicco, por si quedara alguna duda sobre la realpolitik mencionada por Sanz.

El juez Lijo dictó la primera prisión preventiva a Amado Boudou en una causa por enriquecimiento ilícito en la que no había ninguna imputación (es decir, los abogados del ex Vicepresidente no sabían de qué se lo acusaba). Sigue sin haber imputación alguna pero eso no impidió que pasara varios meses en una cárcel de alta seguridad, como si fuera el Chapo Guzmán. Hace meses que volvió a la cárcel, a partir de una condena en primera instancia por la causa Ciccone, en la que la única prueba fue la íntima convicción del juez. Desde el Ejecutivo, presionaron a uno de los imputados, Alejandro Vandenbroele, para que se transformara en arrepentido y acusara a Boudou.

El juez Bonadio rescató la causa del Memorando con Irán, rechazada en su momento por el juez Rafecas por “inexistencia de delito”, con el argumento de que se trataba de un caso de traición a la Patria, un crimen que sólo puede llevarse a cabo en medio de un conflicto bélico. Al parecer, la República Islámica de Irán y la Argentina estaban en guerra desde hacía dos décadas sin que lo supieran sus respectivas cancillerías, que mantenían lazos diplomáticos y comerciales como si nada. Gracias a esa causa imaginaria, en la que el fiscal Nisman acusó a CFK de intentar encubrir el atentado a la AMIA veinte años después de ocurrido y a través de un proyecto de acuerdo votado por el Congreso de la Nación, Bonadio ordenó la detención de CFK, Carlos Zannini (que no estaba incluido en la denuncia original de Nisman), Héctor Timerman, Fernando Esteche y Luis D´Elía, y procesó a Oscar Parrilli y al Cuervo Larroque.

Timerman, enfermo de cáncer, obtuvo la prisión domiciliaria pero la causa judicial impidió que pudiera continuar con su tratamiento en EEUU, empeorando drásticamente su salud. Falleció en diciembre del 2018.

Al igual que en las otras causas en la que está procesada, (“medio Código Penal” para retomar la expresión de Sanz), CFK no fue encarcelada por contar con fueros como senadora.

El empresario Lázaro Báez está detenido preventivamente desde principios de 2016. En septiembre del 2019, Cristóbal López y Fabián De Sousa fueron sobreseídos en la causa de la venta del grupo Indalo. Ambos estuvieron dos años encarcelados de forma preventiva y sus bienes embargados.

Tanto Paolo Rocca, titular del Grupo Techint como Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri y ex titular de la constructora IECSA, reconocieron ante el juez Bonadio que sus empresas pagaron coimas a funcionarios públicos a cambio de obras, pero al haber tomado la precaución de no ser kirchneristas no pasaron ni un solo día en preventiva.

Podemos debatir sobre sutilezas semánticas o comparar las persecuciones de hoy con las de hace medio siglo para establecer si son más crueles o menos sutiles. Lo que parece cada vez más difícil de rebatir, al fijar una mirada global sobre las causas judiciales actuales, es que no haya una persecución hacia el kirchnerismo.

En algo tiene razón Ernesto Tenembaum, el poder real ya no persigue a sus adversarios políticos con tanques (al menos no en Argentina). Hoy lo hace a través de la Santa Trinidad conformada por los medios, la Justicia Federal y los servicios y ese sistema se llama lawfare. Como señaló el abogado Maximilano Rusconi, “elegido un sector, por ejemplo político, como enemigo, la ley y los procedimientos judiciales son utilizados por los agentes públicos como una forma de perseguir a aquellos que fueron estigmatizados como enemigos”.

Y como cualquier otra persecución política, sólo puede detenerse desde el Estado.

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