Un doctor a la derecha

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El radical Ricardo Gil Lavedra  es el nuevo abogado de Gabriela Michetti en la causa que investiga el dudoso origen del dinero robado en la casa de la vicepresidenta. Llegó de la mano de Hernán Lombardi, el recaudador de la campaña de Michetti a jefa de gobierno, preocupado por el curso de la investigación. El presidente Mauricio Macri le pidió a su estudio de abogados que se alejara para no quedar salpicado con los pasos que se avecinan.

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La vicepresidenta Gabriela Michetti y el titular de Medios Públicos Hernán Lombardi están preocupados por su futuro judicial. La ampliación de la denuncia contra la vicepresidenta y las próximas medidas que pedirá el fiscal Federico Delgado apuntan a saber cómo se manejaron a través de la Fundación Suma los fondos de la campaña a jefa de gobierno de Michetti. El estudio que representa al presidente Mauricio Macri renunció ayer, en una nueva muestra de las internas del gobierno alrededor de la causa. Lombardi decidió pedirle ayuda a su amigo, el histórico radical Ricardo Gil Lavedra para que la defienda en la causa en la que el juez federal Ariel Lijo la imputó por el dudoso origen del dinero que robaron de su casa en noviembre del año pasado, 245.000 pesos y 50.000 dólares.

Michetti no tenía forma de justificar ese dinero como propio y aseguró en la causa que los 50.000 dólares se los había prestado su novio, Juan Tonelli, y que 200.000 pesos provenían de la fundación SUMA. Claro que las causas no son como las entrevistas que le hace a Michetti el novio de la asesora de prensa vicepresidencial, Alfredo Leuco, en las que no hay repreguntas. Y la respuesta rápida complicó las cosas a la vicepresidenta, porque puso la lupa sobre su fundación -que resultó truchísima y llena de aportantes que son proveedores del estado porteño– y sobre su novio que, coincidencia, resultó ser proveedor del estado porteño. Los dos temas impactan sobre Hernán Lombardi, actual cabeza del sistema de medios públicos nacional, además de un correligionario adelantado en esto de pasarse a las filas del PRO y ex compañero de gabinete de Gil Lavedra en el gobierno de Fernando De la Rúa. Parte de las contrataciones de Tonelli eran realizadas desde su ministerio, y pertenece al consejo de administración de la Fundación Suma, junto a Federico Pinedo y otros referentes del PRO. Lombardi también está preocupado por otra investigación: hace unos días la Cámara Federal ordenó reabrir una causa en la que se investiga el desvío de fondos a través del mecanismo de mecenazgo desde el Ministerio de Cultura que él encabezaba a la campaña política.

Gil Lavedra es íntimo amigo del gobernador de Jujuy y aliado del gobierno, el radical Gerardo Morales, autor e ideólogo de la detención ilegal de Milagro Sala, y tiene buena sintonía con Ernesto Sanz, la pata radical de Cambiemos. El desembarco del ex juez de las juntas y dirigente radical resulta toda una resignificación de aquella frase de tono campechano con la que Alfonsín interrumpía sus discursos multitudinarios en 1983 para indicar un “doctor a la derecha” porque alguno de los militantes estaba asfixiado. ¿Qué diría el líder radical al ver que su partido ahora envía doctores en derecho al auxilio de funcionarios de la derecha asfixiados por causas de corrupción?

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Al igual que otros radicales, Gil Lavedra cambió la vara con la que medía a la ética del PRO. En 2010 impulsó la comisión investigadora de la Legislatura porteña contra Macri y aseguró: no es normal que tengamos un jefe de Gobierno procesado por ser miembro de una asociación ilícita”, agregando que “la decisión de la Cámara (de procesar a Macri) le imputa hechos gravísimos (…) crear un mecanismo de escuchas clandestinas dentro de la Policía de la ciudad”. Macri llegó a la presidencia con apoyo radical aún estando procesado en esa causa, aunque en tiempo récord logró ser desprocesado. Como se sabe, los radicales tienen muchos más lazos en la familia judicial que el PRO y están prestando un importante servicio en ese campo al gobierno. De hecho, Gil Lavedra forma parte del equipo que está armando, junto al ministro de Justicia Germán Garavano, el programa Justicia 2020.

Otra (ex) radical que ha bastardeado de sus banderas por estos días fue Margarita Stolbizer, bautizando su libro como “el Nunca Más” la corrupción. Ahora sumó una nueva abjudicación de su pasado y borró los tweets que había escrito contra Sergio Massa, con quien coquetea en el tiempo libre que le dejan los programas de TV.

En el cambalache del nuevo siglo, el ex juez que condenó a las juntas militares recibirá los antecedentes del caso de los abogados salientes de Michetti, pertenecientes al estudio que lidera Alejandro Pérez Chada, que representan a Macri en las causas por corrupción que supieron indignar a Gil Lavedra, y también a Gómez Centurión, el funcionario corrido de la Aduana, que participó de los dos alzamientos carapintadas contra Alfonsín.

Hace apenas un par de meses, para los 125 años de la UCR, Gil Lavedra twitteó, “gracias por defender siempre la Constitución, la democracia, la decencia, y los derechos humanos” con un fotmontaje que mezcla a líderes y presidentes radicales (obviamente incluye a Alfonsín y excluye a De la Rúa). Lo de decencia y derechos humanos a este Gobierno le estarían quedando un poco grande. Sus twits también hablan de trabajo digno, educación pública y otros valores ausentes del Gobierno al pertenece su defendida.

Una causa que crece

La denuncia contra Michetti fue presentada por el abogado Leonardo Martínez Herrero, a la que se acumuló otra de los diputados nacionales Juan Cabandié y Rodolfo Tailhade. Este último acaba de pedir una ampliación para investigar los contratos entre el novio de Michetti y el Estado Porteño. Nuestras Voces difundió en primicia los contratos de Tonelli, que sumaban al menos dos millones de pesos en pauta publicitaria para su medio Joy y pago por organización de eventos como el Buenos Aires Market. Tahilade pide que se investiguen todos los pagos a Tonelli que pudieron existir, ya que “teniendo en cuenta el accionar que han tenido desde el gobierno de la Ciudad en relación con las contrataciones, resulta prudente confirmar la información a través de las medidas que se solicitan. Recuérdese el caso de corrupción que involucró a Fernando Niembro. En ese caso, algunas de las resoluciones que le otorgaban sumas millonarias a una empresa fantasma del candidato a diputado del PRO no eran publicadas en el Boletín Oficial”.

Como abogado, Gil Lavedra tiene por misión poner en orden un expediente que tiene varios flancos débiles. Por ejemplo, Michetti declaró que los 200.000 mil pesos se los habían ido alcanzando a su casa voluntarios de la fundación “de a puchitos” ya que provenían de distintos aportantes. Su novio aseguró que él mismo le había alcanzado la plata a la casa de Michetti el mismo día del robo.

Ninguna de las dos versiones alcanza para salvar el irregular manejo de fondos de la Fundación, que no cumplía una sola de las medidas antilavado que preveé la ley, por lo que Tailhade también pidió que se investigue a la tesorera, Silvana Giudici. La Fundación que fue formada el 15 de septiembre de 2009 se mantuvo ilegal  hasta este año: no había presentado un sólo balance en la Inspección General de Justicia hasta hace menos de un mes. Ya investigada penalmente, decidió legalizar la situación. Tampoco tuvo nunca empleados declarados, pese a que Michetti públicamente admitió pagarle a la Directora y a dos personas que realizaban tareas full time en una entrevista en Radio Vorterix . Recién a fines de julio y luego de presentada la denuncia penal, la Fundación se inscribió frente a la AFIP como empleadora. ¿Justificará Gil Lavedra, constitucionalista de ley, que se hayan cerrado los accesos públicos a los datos de la fundación en la Inspección General de Justicia mientras se “acomodaban” los papeles?

Otro tema del que tendrá que ocuparse Gil Lavedra es de la declaración de la empleada doméstica, que aseguró que era habitual ver bolsas o sobres con mucho dinero en efectivo en la casa de Michetti. El robo ocurrió el 22 de noviembre, día de la segunda vuelta electoral que la consagró vicepresidenta. La funcionaria ocultó el hecho, que recién se conoció en julio, ante una nota del diario cooperativo Tiempo Argentino. Desde entonces sus problemas no pararon de crecer.

@gabicerru

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Gabriela Cerruti

Gabriela Cerruti

Periodista y escritora. Autora de El Pibe (2010), Vivir bien en la Ciudad (2014) y El Jefe (1993), entre otros. Integró el diario Página/12 y la Revista 3 Puntos, entre otros. Diputada nacional electa por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Unidad Ciudadana).

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