El gobierno del sentido común

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Ganar el sentido común –ese que no necesariamente se refleja en los grandes medios– a través de la ampliación de derechos tiene una enorme virtud: cambiar el eje de la confrontación moral por uno claramente político. La ampliación de derechos es un gran instrumento de legitimidad política, no sólo porque beneficia a las mayorías sino porque define una línea divisoria política, como ocurrió esta semana con el bochornoso veto de Mauricio Macri al protocolo de abortos no punibles presentado por su secretario de Salud.

 

En mayo de este año, unos días después de haber sido designado candidato, Alberto Fernández declaró: “Me parece que lo que alguna vez Julio Blanck llamó ‘Periodismo de guerra’ es algo que en Clarín aún hoy se sigue practicando (…) A esta altura parecen esos japoneses que en una isla no se enteraron que la Segunda Guerra terminó”.

Fue hace 6 meses, lo que en Argentina equivale a 6 kalpas. Todavía flotaba en el aire la sorpresa de su candidatura y en el equipo del actual Presidente electo flotaba una idea: la de una gran mesa en la que todos los sectores pudieran acordar un modelo político que no dejara a nadie afuera. Eso incluía al grupo Clarín, de ahí la referencia al periodismo de guerra. Hoy sabemos que, en realidad, ese periodismo de guerra no es obra de algunos soldados japoneses extraviados en un archipiélago del Pacífico sino del grueso del ejército, que nunca dejó las armas.

En efecto, sin abandonar las ya clásicas denuncias contra CFK, los medios serios han incorporado en estos meses el hábito de la denuncia a Alberto. Las críticas son de amplio espectro: desde ser un timorato, un títere de CFK, y al mismo tiempo un político violento, como lo demostró el aterrador “dedo acusador” del debate presidencial. Alberto sería débil y a la vez autoritario, un chirolita de CFK y alguien que la traicionará apenas pueda. Un apparatchik gris pero también un político con una ambición desmedida. Incluso las carteras de su pareja Fabiola Yáñez ya generan una indignación comparable a la que causaban las de CFK, lejos de la admiración que las carteras divinas de Juliana Awada lograban entre los mismos medios serios.

Apenas fue nombrado jefe de gabinete por Néstor Kirchner en el 2003, Alberto Fernández “planteó que el suyo sería un ‘gobierno de la opinión pública’ en el que la prensa ocuparía un lugar de ‘punto de apoyo sólido y serio’”. El “gobierno de la opinión pública”, es decir, la tregua con el grupo Clarín, duró hasta la llegada de CFK al gobierno. La negativa a avalar la fusión con Telecom y luego la Ley de Medios valieron una década de “periodismo de guerra” contra el kirchnerismo. La victoria de Cambiemos en 2015 coronó esa estrategia de confrontación mientras que la aceptación inmediata de la fusión Cablevisión-Telecom y la anulación de la Ley de Medios por decreto representaron el pago por los servicios prestados.

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Como presidente, Alberto no dispondrá de la prerrogativa del “gobierno de la opinión pública” de la que pudo gozar siendo jefe de gabinete. Más allá de sus planes iniciales, hoy padece el periodismo de guerra en la misma trinchera que CFK. La aceitada maquinaria de Clarín que, pese a la supuesta democratización de la información que aportaría internet, sigue condicionando gran parte de esa opinión pública, es mucho más poderosa hoy que en el 2003. A imagen de su vicepresidenta, Alberto será intolerante, venal, violento, corrupto, antidemocrático y cualquier otra calamidad que se le ocurra al panelista o editorialista de turno.

Por otro lado, la reacción de parte de la oposición y de la mayoría de los medios frente al golpe de Estado contra Evo Morales, que vaciló entre tibieza diplomática y apoyo decidido a los golpistas, parece anunciar que algunos consensos democráticos que pensábamos compartidos desde el fin de la Dictadura ya no lo son y que una solución a las divergencias políticas por fuera de la democracia electoral podría ser una opción.

Frente a ese panorama mucho más restrictivo que en el 2003, existe sin embargo un camino posible inspirado por aquel período. Para consolidar su legitimidad política pese a los limitados 22% de votos de la primera vuelta, Néstor Kirchner optó por ampliar la agenda ciudadana. Relanzó los juicios por crímenes de lesa humanidad, se enfrentó a la Corte Suprema menemista, pasó a retiro a una serie de generales cuestionados y recibió a los organismos de DDHH. En aquel momento, no parecían ser temas prioritarios para la ciudadanía –más allá de que fueran apoyados desde hacía años por una fracción política activa aunque minoritaria– pero consiguieron colocarlo en el centro de escena política. De ser el supuesto “chirolita de Eduardo Duhalde”, Kirchner pasó a ser “Terminestor”, según las paredes de la ciudad de Buenos Aires.

Alberto puede inspirarse en aquella experiencia y tener como objetivo ya no la “opinión pública”, una tarea titánica teniendo los medios en contra, sino el sentido común ciudadano, ese que no necesariamente se refleja en dichos medios. La ampliación de derechos es un gran instrumento de legitimidad política, no sólo porque beneficia a las mayorías sino porque define una línea divisoria política, como ocurrió esta semana con el bochornoso veto de Mauricio Macri al protocolo de abortos no punibles presentado por su secretario de Salud.

La politóloga Chantal Mouffe señala que “actualmente lo político se expresa en un registro moral. En otras palabras, aún consiste en una discriminación nosotros/ellos, pero el nosotros/ellos en lugar de ser definido por categorías políticas, se establece ahora en términos morales. En lugar de una lucha entre ‘izquierda y derecha’ nos enfrentemos a una lucha entre ‘bien y el mal’”.

Ganar el sentido común a través de la ampliación de derechos tiene, en ese sentido, otra enorme virtud: cambiar el eje de la confrontación moral que menciona Mouffe por uno claramente político.

No se tratará ya de buenos contra malos sino de derechos contra antiderechos.

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