El lavado de dinero como “modus operandi”

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Aída Ayala es diputada nacional de Chaco por Cambiemos y espera la definición de su desafuero en el Congreso. Fue intendenta de Resitencia por 12 años y dejó el Municipio chaqueño con una deuda de 700 millones de pesos, salarios impagos y operaciones sospechosas de lavado de dinero. La licitación a medida de la empresa PIMP SA para el negocio de la recolección de residuos, es una de las irregularidades que investiga la justicia.

La gestión de la diputada nacional Aída Ayala en el Municipio de Resistencia dejó una deuda de 700 millones de pesos y la mitad de los salarios impagos al término de su gestión, con operaciones sospechosas de configurar delito de lavado de dinero, hoy bajo investigación por parte de la Justicia Federal.

Concretamente se le imputa violar el artículo 303 del Código Penal que reprime el Lavado de Activos y además establece agravantes en su inciso b: “Cuando el autor fuera funcionario público que hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones. En este caso, sufrirá además pena de inhabilitación especial de tres (3) a diez (10) años. La misma pena sufrirá el que hubiere actuado en ejercicio de una profesión u oficio que requirieran habilitación especial”.

Ayala intentó despegarse de la causa diciendo que la actual administración había continuado un contrato de recolección de residuos sólidos urbanos, pero lo que no manifestó es que la renegociación –cuyos efectos jurídicos se iniciaron en el mes de marzo de 2016– permitió una reducción de la deuda que poseía con el municipio en un 63,3 por ciento, incorporación de tres nuevos camiones compactadores, ampliación de la cobertura y reducción del costo en un 33,03 por ciento en la misma, mediante ampliación de kilómetros recorridos.

Más inversión y menor costo implica cumplimiento de la Ordenanza Municipal de Emergencia 11732 sancionada el 22 de diciembre de 2015 que en sus artículos 1° al 3° establece las atribuciones del departamento ejecutivo para la renegociación del contrato sin aprobación del Concejo Municipal siempre y cuando el mismo sea favorable a los intereses del estado. Además, la cláusula 7ma del contrato estipula que requerimientos complementarios sin reclamos de contraprestación económica convalidan efectos jurídicos por consentimiento de la contraparte y al mismo tiempo el artículo 971 del código civil y comercial unificado reconoce el impacto de la nueva modalidad contractual.

La estrategia de Aída Ayala de desacreditar al Fiscal y a la Jueza Federal, pretende confundir el contrato original de la empresa con su continuidad, y ataca políticamente cuando en realidad la acusación judicial que pesa sobre lavado de dinero es extremadamente grave. No se limita a un contrato en particular sino a un “modus operandi” regular y habitual de saqueo al municipio.

Podemos enunciar varios contratos en particular, pero el de la empresa PIMP SA para la recolección de residuos deja un rastro imborrable entre su jefe de campaña, la familia directa de éste, empleados municipales y el consentimiento de la autoridad municipal. Lo cierto es que se trató de un único oferente sin antecedentes, ni camiones de recolección, ni inmueble para la operación ni otros bienes complementarios.

La licitación fue a todas luces “arreglada” por 249,6 millones de pesos en el último período de mandato constitucional por un plazo de 8 años, prorrogable a 4 años más. Ayala no es inocente pues consintió esta operatoria a sabiendas del daño patrimonial ocasionado.

Pero esto no se agota aquí. La empresa se constituyó formalmente una semana antes la apertura de las ofertas, y su composición accionaria vinculada con su jefe de campaña extendiendo sus vínculos a la Fundación Construir que era su fuente de financiamiento electoral.

Otros vínculos entre un entramado de empresas, cooperativas y la Fundación Construir persistieron como Secretaria de Asuntos Municipales de Macri junto a Rogelio Frigerio que fue su socio político, tal es así que fue denunciado por un antiguo aliado Intendente de Quitilipi, Casalboni y por distintas instituciones vinculados al municipio de Tres Isletas.

La operatoria era la misma, apropiarse de recursos del estado para fines propios. Lavado de activos, fraude fiscal, malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito son facetas de la investigación.

*Diputado Provincial

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