El Santo Oficio legal

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No existe por ahora una respuesta política al problema del Lawfare que no sólo atenta contra las garantías y derechos de los políticos perseguidos y daña a su entorno familiar sino que castiga a sus electores, que quedan sin representación. En efecto, Luiz Inácio Lula da Silva está libre pero la maniobra del juez Sergio Moro lo dejó fuera de una carrera presidencial en la que era favorito, logrando que un outsider como Jair Bolsonaro la ganara. 

Con una votación ajustada de 6 votos contra 5, el Supremo Tribunal Federal de Brasil determinó que las condenas a prisión sólo son ejecutables una vez que quedan firmes y ordenó liberar a Luiz Inácio Lula da Silva, luego de casi 600 días de prisión. La alegría popular no se hizo esperar y tanto en Brasil como en otros países de la región hubo festejos y saludos emocionados enviados al líder del PT.

Alberto Fernández declaró estar “feliz” por verlo libre y escribió en su cuenta de twitter: “Conmueve la fortaleza de @LulaOficial para afrontar esta persecución (solo esa definición le cabe al proceso judicial arbitrario al que fue sometido). Su entereza demuestra no solo el compromiso sino la inmensidad de ese hombre.”. Por su lado, Lula respondió: “Muy agradecido por las palabras del compañero. Quiero que sepas que puedes contar conmigo para lo que necesites para conducir a la Argentina con el objetivo de resolver los problemas del pueblo pobre. Te agradezco de corazón la solidaridad que has mostrado al visitarme a la prisión. ¡Dios bendiga al pueblo argentino!”. 

Para reforzar la alegría de ambos, Alberto Fernández invitó a Lula a la ceremonia de asunción, el próximo 10 de diciembre, a la que Jair Bolsonaro ya confirmó que no asistirá.

En el entorno de ambos políticos, nadie duda de la ilegitimidad del proceso judicial que privó a los electores de Lula de votar por él y a él de una victoria casi segura. Sin embargo, no existe por ahora una respuesta política al problema del Lawfare, que según la definición de la CELAG es “el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político.”

En enero del 2020 se cumplirán 4 años de cárcel sin condena firme para Milagro Sala, quién fue encerrada por “incitación al acampe” y luego condenada por un asombroso escrache telepático, en el que ella no participó pero tampoco quién ella habría ordenado ir y que luego la acusó. Una especie de escrache a distancia por interpósita persona ausente.

¿El fin del lawfare?

En una entrevista con María O’Donnell, el ineludible Ernesto Sanz reconoció que la detención de Milagro Sala “no estuvo bien hecha”, pero que después “se corrigió”. Una especie de “Justicia vamos viendo” en la que primero se encarcela y luego se busca la causa. En la misma entrevista, Sanz confesó con una honestidad encomiable que si Sala no iba presa, el nuevo gobernador Gerardo Morales no hubiera podido gobernar “ni un solo día”, dejando de lado cualquier candorosa explicación judicial y explicitando la persecución judicial que padece la líder de la organización Tupac Amarú.

Luego de las elecciones de medio término del 2017, el oficialismo decidió avanzar sobre el desafuero del diputado Julio De Vido. Con el mismo ímpetu republicano que Ernesto Sanz, el diputado del PRO Lucas Incicco afirmó: “Hablaron las urnas. Esta Cámara está interpelada por la sociedad y no puede ser un refugio para ampararse de la justicia”. Al parecer, que un diputado sea desaforado y encarcelado preventivamente –perdiendo sus electores a su representante– no depende de los eventuales riesgos procesales sino de la buena salud electoral de quienes lo quieren fuera del recinto. Como lo señaló más de una vez el senador Miguel Pichetto al rechazar el desafuero de su colega y hoy rival CFK, los fueros no impiden que un juez investigue a un parlamentario e incluso lo condene y por eso no es necesario desaforarlo antes de contar con una sentencia firme.

La primera vez que Amado Boudou fue enviado a la cárcel preventiva, no estaba ni siquiera imputado por un juez, es decir que sus abogados ni siquiera sabían de qué se lo acusaba. Hace meses que volvió a la cárcel, a partir de una condena en primera instancia por la causa Ciccone, que todavía no está firme. Causa en la que no existen más pruebas en su contra que la íntima convicción del juez, como en el caso del departamento de Guarujá que según el juez Moro pertenecería a Lula. Fue también condenado a 3 años de prisión por presuntas irregularidades en unos formularios de transferencia de un Honda modelo 1992, realizados en el 2003, una causa de una gravedad inusitada. Por ese caso, ya había sido juzgado y sobreseído, pero el juicio se anuló y debió hacerse de nuevo.

Desde la cárcel, Amado Boudou también festejó la libertad de Lula aunque matizó un poco la alegría: “La decisión del Tribunal Superior brasileño, que se tomó dos años y dejó que el candidato favorito no pudiera presentarse a elecciones, es como la Iglesia cuando perdonó a Galileo”. En efecto, Lula está libre pero la maniobra del juez Moro lo dejó fuera de una carrera presidencial en la que era favorito, logrando que un outsider como Bolsonaro la ganara. Moro no sólo no parece correr ningún riesgo de sanción por haberla llevado a cabo sino que fue premiado por el mismo Bolsonaro con el ministerio de la Justicia.

Algo parecido ocurre con Milagro Sala, encerrada para no presionar políticamente a su rival Morales o Julio De Vido, sacado de la cancha en plena discusión sobre aumentos de tarifas eléctricas o incluso Amado Boudou, dejado fuera de la discusión de la reforma previsional. Por no mencionar a otros presos políticos como Roberto Baratta o el peligrosísimo Fernando Esteche, que estuvo casi dos años tras las rejas para no interferir en una causa imaginaria como el Memorando con Irán que el juez ya había enviado a juicio oral.

El Lawfare no sólo atenta contra las garantías y derechos de los políticos perseguidos y daña a su entorno familiar sino que castiga a sus electores, que quedan sin representación. Es por eso que no se trata de un problema judicial, que deban resolver los abogados de los políticos perseguidos, las Cortes Supremas de los países involucrados o los organismos de DDHH regionales, sino la política.

Sin una solución política, seguiremos festejando que liberen a nuestros candidatos una vez que no hayan podido participar en las elecciones, en el debate público o en las votaciones en el recinto.

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