Imputan a directivos de escuelas en Mar del Sur por manipular reportes sobre agua contaminada

Problemas de salud en el Polo Educativo de Mar del Sur

El Polo Educativo de Mar del Sur quedó en el centro de la atención debido a síntomas repetitivos entre sus estudiantes: vómitos, diarreas que conllevan un riesgo de deshidratación y erupciones cutáneas. Estos síntomas afectaron a jóvenes de una escuela primaria, una secundaria y un jardín de infantes, todos dependientes de agua procedente de napas contaminadas. Lo más alarmante es lo que reveló la Justicia Federal: que las autoridades del distrito estaban al tanto de la contaminación y lo ocultaron, adulterando documentos y permitiendo que los estudiantes continuaran exponiéndose al agua perjudicial.

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Descubrimiento de los padres y reacción inicial

Fueron los padres quienes señalaron la problemática. Inicialmente, al realizar análisis del agua que fluía de las canillas de las instituciones, se sorprendieron al encontrar bacterias peligrosas, como escherichia coli y pseudomonas. Posteriormente, elementos del Consejo Escolar de General Alvarado mostraron informes indicando potabilidad, los cuales resultaron ser falsos.

Consecuencias legales y respuesta de las autoridades

Debido a estos hechos, el fiscal federal Carlos Martínez presentó cargos por fraude a la administración pública, uso de documentos falsos, y suministro de agua adulterada a la presidenta del Consejo Escolar de General Alvarado, Carolina Palacios, junto con otros funcionarios y un contratista privado. También se les acusó de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El juez Santiago Inchausti respaldó las acciones del fiscal, imponiendo restricciones a los implicados, prohibiéndoles salir del país o acercarse al Polo Educativo. Además, ordenó el embargo de sus bienes.

Los establecimientos afectados se sitúan en la misma ubicación: Escuela de Educación Primaria N°2, Escuela de Educación Secundaria N°8 y el Jardín de Infantes N°910. La problemática fue denunciada inicialmente por el padre de un alumno hace cuatro meses, aunque las familias ya habían notado casos de gastroenteritis el año previo. Decidieron entonces encargar un análisis a Aqualab, que confirmó la no aptitud del agua para el consumo.

A pesar de que las autoridades aseguraban la potabilidad del agua con informes aparentemente respaldados por la Universidad Nacional de Mar del Plata, un padre verificó personalmente que tales documentos eran falsos, ya que la química que supuestamente los firmó estaba de licencia y afirmó no haberlos realizado.

La denuncia fue presentada y la fiscalía llevó a cabo una serie de medidas para recabar pruebas, incluyendo el allanamiento de domicilios y la confiscación de dispositivos electrónicos de los implicados. Estos materiales servirán para seguir ampliando la investigación.

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En marzo, al hacerse público el incidente, se realizaron acciones para asegurar que el agua ya no estuviera contaminada, incluyendo la perforación de un nuevo pozo. Sin embargo, los padres no confían y han decidido no enviar a sus hijos a las clases mientras no se certifique la calidad del agua. La situación aún genera desconfianza en la comunidad educativa.

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