“Guerra sucia”: la importancia de las palabras

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Los conceptos son herramientas con las cuales tratamos de comprender la realidad. Dado que no podemos apresar trozos de realidad más que con palabras, éstas constituyen intentos de representarnos lo real y, a la vez, producen consecuencias en nuestras acciones.

En el caso de la violencia sistemática desatada por el aparato estatal en la República Argentina a partir de 1974 (y con mayor sistematicidad y organicidad desde el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976), la disputa por los modos de nominar el conjunto de secuestros, torturas, violaciones, asesinatos, robo de bebés y otras acciones cometidas por las fuerzas armadas y de seguridad y sus cómplices civiles también produjeron importantes consecuencias en las posibilidades de elaboración colectiva del terror.

Fueron los responsables de los hechos (los perpetradores) quienes acuñaron el concepto de “guerra sucia”. Por una parte, el término de “guerra” buscaba dar cuenta de una confrontación simétrica que igualaba a perpetradores y víctimas bajo una mirada binaria (en tanto contendientes de una batalla, lo cual en modo alguno da cuenta de lo que ocurrió, donde la enorme mayoría de los secuestrados fueron arrancados de sus casas, trabajos o de la vía pública por patotas clandestinas). El calificativo de “sucia” daba cuenta de la necesidad de legitimar acciones que en nada se vinculan con la guerra (dichos secuestros en condiciones de indefensión, el asesinato de los detenidos y secuestrados, la clandestinidad de las acciones, la desaparición de los cuerpos, la apropiación de los hijos de los secuestrados, la violencia sexual sistemática contra los detenidos, el sometimiento sistemático a la tortura, el robo y confiscación de sus bienes, entre otras acciones).

Es cierto que el concepto de guerra (no con su calificativo de “sucia” sino acompañada de adjetivos como “civil” o “revolucionaria”) fue utilizado también por algunos miembros de organizaciones armadas de izquierda en el país, sin que ello diera cuenta de la existencia de condición alguna de guerra, en lo que hace tanto a su definición legal como histórica-sociológica. Las condiciones para la existencia de una guerra nunca estuvieron dadas en la Argentina, pero a sus actores les servía dicha caracterización (a los militares para justificar sus acciones ilegales, ilegítimas y anti-éticas, a los miembros de organizaciones armadas de izquierda para definirse como vanguardias de un movimiento popular que los excedía).

Desde el restablecimiento institucional del 10 de diciembre de 1983, los gobiernos constitucionales fueron abandonando rápidamente la definición de los hechos como “guerra”, menos aún como “guerra sucia”.

La disputa por la nominación (tanto en las declaraciones políticas como en los estrados judiciales y en los medios de comunicación) transitó entre las categorías de genocidio, crímenes contra la humanidad y terrorismo de Estado, luego de su calificación y tratamiento como delitos en el Juicio a las Juntas, desarrollado en el año 1985, y en los juicios posteriores, interrumpidos por las leyes de impunidad.Con todos sus matices – discusiones que se siguen abordando en las causas jurídicas, en particular destacando las diversas consecuencias de los conceptos de genocidio y crímenes de lesa humanidad – lo que tienen en común las distintas representaciones construidas en democracia es que quiebran los dos modos de justificación de los hechos esgrimidos por los perpetradores en la expresión “guerra sucia” (el carácter binario de la guerra que explicaría los hechos como “confrontación” o “respuesta” y el carácter de “sucia”, que busca legitimarlos a partir del tipo de acciones encaradas por el supuesto “enemigo” en dicha guerra).

Todo este contexto de discusión construido en 33 años de democracia y como consecuencia de un profundo trabajo de elaboración, buscó ser barrido de un plumazo con las declaraciones del presidente Mauricio Macri calificando nuevamente a los hechos como “guerra sucia” en su entrevista con el sitio norteamericano Buzzfeed, el pasado 10 de agosto.

Resulta necesario aclarar que, paradójicamente, aunque en la Argentina el concepto de “guerra sucia” sólo es utilizado por los perpetradores, su equivalente en inglés, “dirty war”, es el modo clásico utilizado en el mundo político, académico y comunicacional norteamericano para referirse a los hechos ocurridos en la Argentina. Pero, aunque dirigiéndose a un medio norteamericano, la entrevista fue realizada en español y el término “guerra sucia” fue introducido por el propio presidente Macri y no por la reportera, para dar cuenta de “esa horrible tragedia”. Ante la pregunta por la duda sobre la continuidad del proceso de juzgamiento, el presidente refirió a que los familiares tenían derecho a conocer la verdad de lo ocurrido en “esa horrible tragedia, la guerra sucia que vivió la Argentina”.

Si bien resulta difícil determinar si se trata de una torpeza, de una decisión explícita o si apenas da cuenta del modo en que se refieren a los hechos quienes rodean al presidente (lo cual tampoco resultaría un dato menor), sus consecuencias políticas y en términos de construcción de memoria colectiva no son en absoluto intrascendentes ni banales.

El concepto de “guerra sucia” se encontraba hace años excluido de la discusión jurídica, política y comunicacional en Argentina, en donde el debate más bien pasaba por la comprensión de los delitos específicos como crímenes de lesa humanidad desplegados por un Estado terrorista o, en una perspectiva más abarcadora y compleja, como constitutivos de un genocidio que buscó reorganizar al grupo nacional argentino a través del terror. La primera visión da cuenta de la gravedad de los delitos específicos cometidos por el aparato estatal en tanto que la segunda (la de genocidio, aceptada por nueve tribunales distintos en 26 causas a lo largo y ancho del país) ilumina el objetivo de dichas acciones, su articulación en tanto “plan sistemático” y, muy en especial, abre a la discusión el sentido estratégico del exterminio, el proyecto que buscaba implementar, enunciado por sus propios líderes como un “proceso de reorganización nacional” que buscó alterar los fundamentos éticos, políticos, educacionales de un pueblo, como fue explicitado en numerosos documentos militares de la época.

Retrotraer esta discusión hacia su conceptualización como “guerra sucia” vuelve a igualar a los autores de los delitos con sus víctimas. Y sus consecuencias son inmediatas, como ha quedado de manifiesto en la decisión del tribunal de Tucumán de permitir que la defensa de los procesados por estos delitos (en la causa que se desarrolla actualmente por el Operativo Independencia) pudiera interrogar a los sobrevivientes sobre el carácter de las acciones desarrolladas con anterioridad al ejercicio del poder estatal.

Calificar los sucesos como “guerra sucia” permite instalar los siguientes supuestos, que habían sido definitivamente marginados de la discusión desde fines de 1983:

1) que las acciones desarrolladas por las fuerzas armadas y de seguridad fueron una respuesta a las acciones de organizaciones armadas de izquierda (y no, como consta en numerosos documentos militares, un plan de reorganización del grupo nacional argentino a través del terror),

2) que su carácter clandestino, ilegal, ilegítimo y anti-ético era una consecuencia del tipo de guerra planteada por dichas organizaciones (guerra sucia), que no permitía el respeto por las leyes de la guerra,

3) que, por tanto, sólo aquellos que se excedieron en la ejecución de dichas acciones podrían ser responsabilizados jurídicamente, en tanto que los actores de dicha guerra sólo habrían cumplido sus obligaciones militares, confrontando legítimamente a un “enemigo”.

Paradójicamente, en la misma entrevista el presidente anuncia su intención de permitir al poder judicial realizar su tarea en lo que hace al juzgamiento de los responsables de estos hechos, sin hacerse cargo de que la transformación del paradigma institucional de nominación de los hechos tiene consecuencias directas en dichas lógicas de juzgamiento, como comienza a percibirse en algunos tribunales.

El jueves 11 de agosto, un día después de las declaraciones del presidente Macri, las Madres de Plaza de Mayo cumplieron 2.000 rondas junto a la pirámide frente a la Casa de Gobierno, instancia en la que fueron acompañadas por miles y miles de argentinos, que se acercaron a compartir con ellas un momento de duelo y resistencia, como hemos hecho muchas veces tanto en dictadura como en democracia.

Son momentos en los que el poder judicial comienza lentamente a hesitar en su voluntad de continuar con el largo y necesario proceso de juzgamiento de los responsables de la mayor tragedia argentina del siglo XX. Son momentos en los que pareciera que (por torpeza, ignorancia o siniestra intencionalidad) el propio presidente de la Nación utiliza el mismo vocabulario legitimador de aquellos que secuestraron, torturaron, violaron y mataron a miles de argentinos.

En estos momentos, entonces, se hace indispensable volver a ocupar las calles para disputar el sentido de las nominaciones, para recordarles y recordarnos que Argentina ha vivido nada menos que un genocidio, un genocidio que buscó destruir y reorganizar nuestras raíces como nación. Pero, a la vez, para recordarles y recordarnos que el pueblo argentino logró sobreponerse a algunas de las consecuencias de dicho terror, que una y otra vez buscó pacíficamente el juicio y castigo a sus responsables. Y que, como corean miles y miles de argentinos desde el fin de la dictadura, en una analogía que ya desde muy temprano dejaba claro el carácter genocida de los hechos y su vinculación con el terror vivido en Europa bajo el nazismo: “como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar”.

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Daniel Feierstein es doctor en Ciencias Sociales, investigador del CONICET y docente en las universidades de Buenos Aires y Tres de Febrero. Fue presidente de la Asociación Internacional de Investigadores sobre Genocidio.

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http://www.nuestrasvoces.com.ar/a-vos-te-creo/fuerzas-represivas/

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