Hay presos políticos

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Para los regímenes donde la justicia queda politizada a través de hilos invisibles y funciona como una cáscara, todos los adversarios u opositores políticos pueden ser encarcelados por figuras del código penal, siendo la reina de ellas la asociación ilícita. Así se llega a un estadio abusivo de la politicidad, en donde todo lo judicializable es lo adverso a las políticas del estado encubiertas de toda clase de leyes e incisos. El Presidente, que ha esgrimido la expresión presos arbitrarios en lugar de presos políticos, bien puede ser el árbitro no arbitrario en esta discusión entre juridicistas y politicistas.

Todos saben de la distinción entre presos políticos y presos comunes, que como toda distinción binaria, se presta a numerosos matices. En un caso se reconoce que la prisión obedece a haber vulnerado la figura del poder establecido con una serie de acciones que, aunque puedan estar tipificadas por códigos penales de toda especie, tenían la característica de afectar a dicho poder en su aparente sustentáculo mayor. O de que éste se sintiera afectado. Que esta distinción es vulnerable, como puede serlo toda otra, lo demuestran frases como “todo preso es político” o “lo que llaman amor es trabajo”. En este último caso, una forma con la que el feminismo contemporáneo llama la atención sobre el trabajo doméstico, invisible para el registro estadístico –a los efectos salariales o cuales sean–, pero que no pueden ser encubiertos por relaciones etéreas. Al contrario, su explicación está en las relaciones sociales, en el producto no medible por varas económicas sino de esfuerzo corporal real.

En general, los presos políticos son presos por manifestar opiniones contra gobiernos dictatoriales, y en periodos donde rigen formas democráticas, lo son por estar el juicio sometido a toda clase de imperfecciones. Pero la expresión preso político puede seguir usándose a pesar de que un encarcelamiento pueda hacerse citando figuras penales en las que el encausado haya incurrido. En los períodos históricos donde se trazan horizontes de mudanza en la vida social, el sistema jurídico no suele permanecer idéntico a sí mismo. La pregunta de cuándo y por qué un detenido es un preso político, es entonces una pregunta crucial sobre el mismo sistema jurídico. Para los regímenes donde la justicia queda politizada a través de hilos invisibles y funciona como una cáscara (donde hay toda clase de intercambios sigilosos que responden a pactos previos a toda juridicidad), todos los adversarios u opositores políticos pueden ser encarcelados por figuras del código penal, siendo la reina de ellas la asociación ilícita. Así se llega a un estadio abusivo de la politicidad, en donde todo lo judicializable es lo adverso a las políticas del estado encubiertas de toda clase de leyes e incisos. El gesto de juridizar el conflicto social –tantas veces denunciado– se corresponde con el gesto inverso de politizar toda juridización. Es lo que vivimos durante el gobierno de Macri, con una justicia –en su aparato de procedimientos de enjuiciamientos y veredictos–, convertida en una instancia combinatoria que se entrelazaba con el poder de enjuiciamiento de los medios de comunicación y del poder financiero.

¿Cómo juzgarían estos últimos? Son juicios sumarísimos que se basan en prejuicios colectivos donde las categorías están ya preparadas sin necesidad de códigos o penas. Es la judicialización de la palabra emitida por redes de imágenes o textos, que convierten a la opinión ciudadana en tribunales que raramente argumentan –aunque eso puede ocurrir–, y la mayor parte de las veces, apelan a sentimiento primitivos. Son de alta politicidad simbólica. Se puede decir que el armazón judicial no es simbólico, sino que usa la letra con fuerza literal performativa, O sea, invoca categorías conceptuales muy elaboradas y gradúa penas según las “tablas de la ley”. Esta está escrita, sus vehículos son una experiencia amasada de siglos, pasa por las tragedias de la antigüedad, forma sofisticada de juzgamiento y llega a las discusiones de los penalistas contemporáneos, hasta los que postularon cierto abolicionismo jurídico, por entender que la densa trama de juicios aumenta justamente la población penal y las aflicciones de la población y no a la inversa.

Lógicamente, en cada acción humana subyacen figuras jurídicas ocultas. Abro la heladera para buscar un racimo de uvas, y puedo cometer una contravención si es la casa de un amigo que guardaba esas uvas para la abuelita que estaba por llegar. Sería un abuso de confianza con perjuicios para un tercero, pero bastaría con una simple disculpas para borrar la juridización latente que subyace en toda conducta social. Por eso la justicia construye siempre un conjunto de instancias, que permiten elevar lo juzgado por una, a la capacidad de evaluación de la otra, de modo que hay un sistema compensatorio de arbitrajes que se establecen en un fuero tribunalicio que copia antiguas formas teatrales. El coro, el rey, el desafiante, el antagonista, deuteragonista o como se lo llame. Eso reclama un árbitro, que es un tercero que se le adjudica la facultad de escuchar a las partes y decidir. Esto se ha complejizado mucho en los sistemas judiciales modernos, pero junto a esa complejidad hay que computar la corrosión que han sufrido los servicios judiciales por impulso de los servicios de inteligencia que actúan en su interior, y los servicios comunicacionales, que juzgan más rápido, e incluso de manera instantánea. No obstante, la figura del árbitro subsiste en el fútbol, donde juega un papel primordial junto a sus ayudantes, los jueces de línea, que son los encargados de las penalidades, mediante consultas. Últimamente, las jugadas son vigiladas por aparatos electrónicos, y corren el riesgo de sustituir la figura del juez por una máquina de control, que puede quitarle al espectáculo –al juego–, su aspecto contingente, azaroso e impensado.

«Estoy presa porque soy la única oposición a Morales»

Lo mismo con la cuestión judicial. Su hermenéutica nuca está cerrada, y una vez que se fija jurisprudencia –el singular rigiendo el universal– aun así, no está todo dicho.  Por el contrario, el sistema de leyes es histórico social, aunque su recepción resiste las vicisitudes políticas inmediatas. Es un producto de las voluntades políticas que a lo largo de grandes capas de temporalidad ha establecido sus preceptos. Pero si bien la discusión sobre la obediencia debida existe ya en las Partidas de Alfonso el Sabio, y las penalidades proporcionales a la afectación del contrato social –según Beccaria–, han cambiado la perspectiva judicial moderna, queda sin resolver la relación entre acto político –sobre todo derecho a la rebelión–, y cuestión judicial. Que siempre es una pantalla trasera a las grandes decisiones de la voluntad política originaria. ¿Y esta dónde está? Decir que hay derechos a tener derecho pone todo un andamiaje bajo la fuerza de la movilización social. Y examinar la politicidad de penas de prisión que invocan jurisprudencias que mencionan tipologías presuntamente delictuales en el manejo de la cosa pública, se convierte en una obligación cuando hay una certeza social de que el Poder Judicial también está ultrajado por sus propias configuraciones internas anómalas. En ese caso, como dijo el Presidente, puede decirse que los presos por esas figuras invocada por una juridicidad que hizo excepciones a su favor –pues los jueces actuaron políticamente–, son presos arbitrarios. Entre el preso por delitos comunes, el preso por decisiones arbitrarias (y el preso por decisiones políticas), trazó un trípode no novedoso, pero que admite discusión. ¿Es diferente en estos términos el preso arbitrario al preso político? Sería difícil demostrar que lo arbitrario no es también político, más allá que haya habido disposiciones judiciales de por medio. La cuestión es el análisis político de estas disposiciones, su singularidad, su condición de sigilosas, excepcionales o claramente tendenciosas.

¿Qué es entonces un procedimiento arbitrario? Evidentemente, si los jueces pueden ser considerados árbitros, todas las formas de juzgamiento equilibrado que de ellos emanan puede seguir la ruta de la confusa etimología de la palabra árbitro, hasta terminar en arbitrio, es decir lo que piensa el juez que le conviene decir, aunque lo haga pasar por el juicio elaborado en el sistema de ecuanimidades y proporcionalidad que fijan las leyes. Por lo tanto, puede entenderse perfectamente que se trate de presos políticos aunque haya figuras jurídicas de por medio –corrupción, que hay que ver como se desglosa o tipifica–, por ser los acusados figuras políticas notorias y el sistema acusatorio notoriamente viciado, a su vez, por las líneas  internas que pertenecen a los pliegos sigilosas de pre enjuiciamiento que proviene del sistema político dominante, de los medios de enjuiciamiento comunicacional y de la propia administración judicial tendenciada a favor del ámbito donde emanan sus poderes. Son jueces que representan poderes ya configurados en las penumbras del Estado y las Corporaciones. De modo que, aunque hay figuras jurídicas de por medio, las hay porque son presos políticos y ambas cosas deben ser desprendidas de su unidad. El reconociendo la politicidad de esas prisiones –es decir, son presos políticos–, no inhibe el tratamiento jurídico específico si lo debiera haber, pero las razones alegadas lo son por emanar de un ámbito judicial a su vez politizado.

Pero encubren esta situación con figuras y lenguaje judicial. Al declarar que hay presos políticos, se comienza entonces a repensar el sistema judicial argentino. El Presidente, que ha esgrimido la expresión presos arbitrarios en lugar de presos políticos, bien puede ser el árbitro no arbitrario en esta discusión entre juridicistas y politicistas. Resolverla entonces necesariamente a favor de estos últimos, con madurez y valentía, sin apretujones ni codazos, pero con sentido profundo de una nueva etapa que debe recorrer el país. Este es uno de los temas decisivos que le tocan a Alberto Fernández. Una época tiene el derecho a juzgar a otra. Una nueva sensibilidad política puede contribuir para transformas los hábitos más deplorables de la vida jurídica. Y esta quedar al resguardo de las más legítimas críticas que en los últimos tiempos se le han dirigido. Reconocer que ella se ha politizado torpemente al punto de impedir el reconocimiento palpable del origen vicario de sus decisiones por las que hay presos políticos, contribuiría a recolocarla en los ámbitos donde pueda ejercer el arbitraje jurídico fundamentado que le corresponde. Con sus normativas y exégesis argumentales, y ahora sí tornarse un poder judicial que se levante nuevamente desde la oscura madeja que ha tejido o le han hecho entretejer.

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Horacio González

Horacio González

Horacio Luis González (Buenos Aires, 1944), sociólogo, docente, investigador ensayista argentino. Nació en Buenos Aires en 1944. Es profesor de Teoría Estética, de Pensamiento Social Latinoamericano, Pensamiento Político Argentino y dicta clases en varias universidades nacionales, entre ellas las de la ciudad de La Plata y Rosario. Entre 2005 y 2015, se desempeñó como director de la Biblioteca Nacional.

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