Inmobiliaria Lipovetzky & Wolff

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Los legisladores del PRO por la provincia de Buenos Aires, Daniel Lipovetzky y Waldo Wolff promueven nuevas regulaciones a la Ley de Alquileres. El proyecto parece redactado por el mercado inmobiliario. Wolff proviene –curiosamente– de ese sector y se dedica a gestionar emprendimientos y alquileres en el marco del “Grupo Wolff”.

El gobierno de Cambiemos se encuentra abocado a cumplimentar la más brutal transferencia de ingresos desde los sectores más empobrecidos hacia la franja más acaudalada de la sociedad. El “subsidio ascendente” queda expresado en todas las decisiones legislativas y políticas que han tomado desde la asunción de Mauricio Macri. En algunos casos, como en el de la modificación de una Ley por decreto (DNU) –hecho inaudito patrocinado por el presidente de la Nación– para garantizar(se) prerrogativas del blanqueo de cuentas “familiares” originadas en la evasión fiscal. En otros casos, al servicio de grupos de interés o directamente a personas “físicas”: rentistas inmobiliarios vinculados a la especulación financiera, tributaria de las burbujas inmobiliarios.

En una nueva evidencia de desparpajo, Daniel Lipovetzky y Waldo Wolff (en adelante L/W), ambos legisladores el PRO por la provincia de Buenos Aires, promueven nuevas regulaciones a la Ley de Alquileres al servicio de intereses corporativos. Para lograr su cometido, el primero de ellos se encargó de “cajonear” durante seis meses la propuesta del Senado de la Nación que fue aprobada previamente. Waldo Wolff, por su parte, se encargó de que las diferentes asociaciones de inquilinos se mantuviesen ajenos al proyecto que estaban redactando en connivencias con las cámaras empresariales. La propuesta del Senado había sido redactada con la colaboración de todas las organizaciones de arrendatarios del país que conforman el Frente de Inquilinos Nacional.

Waldo Wolff, que es signatario de la propuesta de Lipovetzky, proviene –curiosamente– del mercado inmobiliario y se dedica a “gestionar emprendimientos y alquileres” en el marco del “Grupo Wolff”. Wolff heredó la constructora de su progenitor, luego de arduos y espinosos conflictos judiciales con su propia hermana.

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“No sabemos cómo llegó este nuevo proyecto—afirmó recientemente Gervasio Muñoz, referente de “Inquilinos Agrupados”–. Lo que sí puedo decir es que se nota mucho que fue escrito a último momento y que fue redactado por el mercado inmobiliario, porque son sus demandas las que están plasmadas en él».

La propuesta originaria de los inquilinos planteaba que la adecuación de los alquileres se diese por un promedio entre la inflación y los salarios, mientras que la proposición de Lipovetzky/Wolff incluye la actualización únicamente mediante la inflación, ajeno del promedio de aumento salarial que desde los albores del gobierno PRO son inferiores al índice de costo de vida. El proyecto aprobado en el Senado, que L/W pretenden dar de baja con esta contrapropuesta, aprobada en la Comisión de Legislación General el último martes, incluía un plazo mínimo de tres años para cada contrato, mientras que el PRO pretende reducirlo a dos años. Lo mismo sucede con las “expensas extraordinarias”: el proyecto del Senado las adjudicaba a los pagos que debían afrontar los propietarios, mientras que L/W se los endilga a los inquilinos.

Los inquilinos han propuesto un mes de depósito para cada contrato de tres años y L/W lo instituyen par dos años. Mientras que la sanción de la Cámara alta autorizaba a los inquilinos a rescindir el contrato con un mes de anticipación, L/W le exigen cinco meses. La renegociación del contrato permitía dos meses de tiempo a favor de los inquilinos, mientras que L/W lo sitúan en treinta días corridos de anticipación, hecho que permite extorsionar con mayor eficacia a un inquilino, acuciado por la renovación de su alquiler. La Ley de L/W propone, además, que las reparaciones deben ser abonadas por el inquilino, el propietario puede definir arbitrariamente si acepta o no las garantías ofrecidas por el potencial locatario y en virtud del poderoso –in virtute Domini–, proceder a “desalojos exprés” del inquilino, su familia y sus hijos. “Es un hecho gravísimo, no sólo para los 8 millones de inquilinos e inquilinas del país, sino para la vida democrática. Si un proyecto debatido durante un año y votado por todos los senadores puede ser desestimado con estas prácticas autoritarias tenemos un problema serio todos los argentinos”.

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La “Ley de Alquileres” (Ley de Arrendamientos Urbanos) que tiene media sanción del Senado Nacional, y fue aprobada por unanimidad, beneficia a más de 8 millones de inquilinos en todo el país, hecho que supone una afrenta para quienes hacen de la especulación habitacional una profesión de fe. “Lipovetzky (presidente de la Comisión y autor del proyecto) antes de las elecciones decía que los alquileres debían actualizarse por el salario nada más. Nos mintió.”, afirmó Gervasio Muñoz.

Otros de los “amigos” agraciados por la potencial aprobación del proyecto L/W son la constructora Caputo (perteneciente al “hermano de la vida del presidente”) y el Grupo IRSA de Eduardo Elsztain. En esta última compañía, el hermano de Horacio Rodríguez Larreta, Augusto, se desempeñó como gerente durante un lustro y permanece hasta el día de hoy como hombre de confianza del grupo.

Frente a estos tipos de proyectos aparece como una gran falacia el hecho que el gobierno nacional se encuentre abocado a eliminar los subsidios. Simplemente ha decidido canjear sus beneficiarios: hasta 2015 sus receptores eran –por poner un caso– los consumidores hogareños de energía. Ahora sus dilectos agraciados serán los propietarios de bienes especulativos. Hemos cambiado.

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Jorge Elbaum

Jorge Elbaum

Periodista, sociólogo y Doctor en Ciencias Económicas. Además de escribir en este portal, colabora con el diario Página/12. Fue director de la Dirección de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y actualmente es el titular del Llamamiento Argentino Judío.

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