La afrenta de los gobiernos populares

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En 1956 Aramburu encabezó la iniciativa de “desperonizar” el país. No sólo prohibió el escudo del Partido Justicialista o la Marcha peronista, también el nombre propio de Juan D. Perón y el de sus parientes, algo aún más extraño. Unos 60 años más tarde Macri modificó el nombre de las futuras represas hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, entre otros. La persistencia de los gobiernos populares es la que les permite seguir vigentes sorteando una y otra vez las prohibiciones “democráticas”. 

Hace 64 años, el 5 de marzo de 1956, la dictadura de Pedro E. Aramburu sancionó el decreto ley 4161 con las firmas del general y de todo su gabinete. La iniciativa formaba parte de la urgente tarea de “desperonizar” el país en nombre del “sentimiento democrático del pueblo argentino”, un objetivo loable viniendo de un gobierno de facto que había derrocado el año anterior al presidente Juan D. Perón, elegido por el 63.40 por ciento de ese mismo pueblo argentino.

El texto enunciaba que el “régimen depuesto” había engañado “la conciencia ciudadana” con “imágenes, símbolos, signos y expresiones significativas, doctrinas, artículos y obras artísticas” que “constituyen (…) una afrenta que es imprescindible borrar”. Y para lograr borrarla con éxito, “el presidente provisional de la Nación Argentina, en ejercicio del Poder Legislativo (SIC)”, prohibía en todo el territorio de la Nación “la utilización, con fines de afirmación ideológica peronista, efectuada públicamente (…) de las imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, doctrinas artículos y obras artísticas, que pretendan tal carácter o pudieran ser tenidas por alguien como tales pertenecientes o empleados por los individuos representativos u organismos del peronismo”.

Por si quedara alguna duda, el ukase del Dictador consideraba “especialmente violatoria de esta disposición la utilización de la fotografía, retrato o escultura de los funcionarios peronistas o sus parientes, el escudo y la bandera peronista, el nombre propio del presidente depuesto, el de sus parientes, las expresiones «peronismo», «peronista», «justicialismo», «justicialista», «tercera posición», la abreviatura PP, las fechas exaltadas por el régimen depuesto, las composiciones musicales «Marcha de los Muchachos Peronista» y «Evita Capitana» o fragmentos de las mismas, y los discursos del presidente depuesto o su esposa o fragmentos de los mismos”.

No sólo estaba prohibido el escudo del Partido Justicialista o la Marcha peronista, también lo estaba el nombre propio de Juan D. Perón y el de sus parientes, algo aún más extraño. Decir “peronismo” o “tercera posición” podía ser castigado con una pena de treinta días a 6 años de prisión.

Hay algo de invocación mística en el decreto, como si el apoyo popular al peronismo fuera un hechizo que pudiera ser roto a través de la destrucción de los objetos mágicos que lo hicieron posible (los bustos de Eva, la Marcha, La razón de mi vida, el nombre Juan Domingo…).

Unos 60 años más tarde, otro decreto, esta vez de Mauricio Macri, modificó el nombre de las futuras represas hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic (ex gobernador de Santa Cruz) por lo cual recuperaron las denominaciones originales (Condor Cliff y La Barrancosa) antes de que fueran rebautizadas por una ley provincial. Para Macri, las denominaciones no debían estar sujetas a objetivos políticos ni ideológicos. Un deseo asombroso viniendo de un presidente.

El panteón y los iconoclastas

El CCK (Centro Cultural Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner), inaugurado en 2015 durante la administración de CFK, también generó controversias en el gobierno de Cambiemos. El entonces titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, propuso cambiar el nombre e incluso enviar un proyecto de ley al Congreso que estipule que tendrán que pasar al menos 20 años de la muerte de una personalidad pública para que pueda utilizarse su nombre en un paseo, edificio, plaza o calle. También se buscaría que dicha personalidad pública “tienda a la unidad nacional”, una forma elegante de eliminar cualquier candidatura peronista, polémica por definición. Lombardi explicó en aquel momento que “La hipertrofia llevada a cabo durante (el gobierno de CFK) al nominar centenares de edificios, rutas, polideportivos y hasta rotondas, poco contribuyó a la calidad institucional”.

Eso explicaría la merma de la obra pública durante el gobierno de Cambiemos: al evitar construirlos, Macri eludió el riesgo de nominar centenares de edificios y polideportivos. Entre la hipertrofia de obra pública y la república eligió esta última.

En realidad, nuestros defensores de la república también suelen bautizar obras públicas, sin por ello generar indignación alguna.

En 1986, el entonces presidente Raúl Alfonsín decretó que una estación del ferrocarril Mitre llevara el nombre de su ministro de Defensa Roque Carranza, recientemente fallecido. La elección no cumplía con ninguno de los principios virtuosos de Hernán Lombardi: no habían pasado los 20 años de rigor desde la muerte de la personalidad en cuestión y el pasado de Carranza, que fue uno de los autores del atentado terrorista en la Plaza de Mayo del 15 de abril de 1953, no parecía “tender a la unidad nacional”. En todo caso, Lombardi, joven militante radical en aquellos años, no manifestó ninguna incomodidad al respecto.

Ningún defensor de la república denunció tampoco la inauguración del Hospital Central de San Isidro Dr. Melchor Ángel Posse, llevada a cabo en 2003 por su hijo y sucesor en la intendencia. “Nosotros dijimos que el día que él no esté, el hospital iba a llevar su nombre. Y llegando al quinto año de muerte decidimos ponerle el nombre de Melchor a este establecimiento”, afirmó Gustavo Posse frente al busto de su padre. Un busto que por suerte ninguna ley había prohibido.

Cuando tomamos la precaución de despejar el humo espeso del moralismo selectivo, atormentado por marchas, nombres y edificios, descubrimos que la afrenta de los gobiernos populares es su persistencia. Esa que les permite seguir vigentes sorteando una y otra vez las prohibiciones “democráticas” y las proscripciones “en defensa de la república”.

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