La derecha matamoros

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Frente a la notoria caída del poder adquisitivo de las mayorías, al aumento de la pobreza y al riesgo de colapso financiero, el gobierno volvió a jugar la carta del fusilamiento sumario a través de una resolución emitida por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Sin embargo, es probable que el gobierno sepa que esta norma –tan grandilocuente como ilegal– no puede modificar el Código Penal y sólo apueste al rédito político que le pueda deparar entre sus votantes más extremos.

Foto: Joaquín Salguero

“Hay que meter bala a los delincuentes”

Carlos Ruckauf | 1999

Cada vez que un gobierno serio se queda sin logros para mostrar, lo que ocurre en general cada vez que un gobierno serio gobierna, volvemos a asistir a la propuesta urgente de algún nuevo proyecto de mano dura.

En efecto, pese al candor de algunos analistas políticos que vieron en la alianza liderada por Mauricio Macri una derecha moderna en zapatillas y bicicleta de bambú, tan alejada de las tendencias reaccionarias de sus predecesores como cercana a la ampliación de derechos, Cambiemos no difiere mucho de esa derecha con olor a pólvora que hemos padecido en otras épocas.

Frente a la notoria caída del poder adquisitivo de las mayorías, al aumento de la pobreza y al riesgo de colapso financiero sólo mitigado por el apoyo solitario y tenaz del FMI, que salva el presente del gobierno a costa de hundir nuestro futuro, el gobierno volvió a jugar la carta del fusilamiento sumario a través de una resolución emitida por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Las fuerzas de seguridad nacionales podrán omitir la voz de alto en determinadas circunstancias y también disparar a un presunto delincuente en fuga, entre otras novedades.

Algunos entusiastas de la oposición desaconsejan debatir ese tema ya que eso podría ser capitalizado por el oficialismo que aparecería como el único preocupado por la seguridad de los ciudadanos. Otros señalan que la inseguridad es un flagelo que padecen las clases más desfavorecidas, no sólo una preocupación de burgueses asustados. Eso es tan cierto como que las víctimas del gatillo son en su inmensa mayoría jóvenes pobres.

Los muertos de la Bonaerense

En realidad, no entrar en el debate equivale a aceptar que el balazo por la espalda no sólo es legítimo sino que podría tener algún efecto en la disminución de la inseguridad en lugar de acrecentarla. Por otro lado, como señala la abogada Graciana Peñafort, “una resolución del Ministerio de Seguridad no tiene la capacidad de modificar el Código Penal ni las disposiciones del sistema internacional de Derechos Humanos”. Es probable que el gobierno lo sepa y sólo apueste al rédito político que esta norma tan grandilocuente como ilegal le pueda deparar entre sus votantes más extremos en pleno año electoral, más allá del probable freno que algún juez aplicará a la normativa.

Lo más asombroso es que con su iniciativa, Cambiemos no sólo desprotege a la ciudadanía en general sino que también deja a los policías que la apliquen desamparados frente a la ley, como ocurrió con Luis Chocobar, el policía cuya consagración como héroe por parte del gobierno no evitó que fuera procesado por homicidio agravado y se encuentre en espera del juicio oral.

Al final, nuestra derecha matamoros no defiende a las víctimas pero tampoco a los victimarios. No salimos de nuestro asombro.

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