Lawfare: una discusión con Natanson

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En un artículo publicado en Página/12, José Natanson habló de regular el Lawfare con más cuidado. Horacio González, siguiendo la tradición del debate de ideas, analiza y critica los alcances de esa propuesta. El Lawfare es el “débil intento de catalogar un procedimiento que consiste en la utilización de justicia para tareas que no son de su competencia”. Convertirlo en herramienta de análisis académico lo eleva a un concepto con un rango de uso “justo” y de abuso, asumiendo su práctica.

¿Qué se quiere decir cuando se escribe que a la idea de Lawfare hay que regularla con más cuidado? Encontrarle el punto justo de su presencia en el lenguaje jurídico o político. Y todo esto “para calibrar mejor su uso y evitar su aplicación indiscriminada a cualquier contexto”. Estas últimas son palabras de José Natanson en un reciente artículo en Página 12. No vamos a abalanzarnos sobre este escrito como mastines con espuma en la boca estrujando papeles de diario, sino a tratar de comprender cuál puede ser la orientación de esas frases sobre un concepto que él mismo define como incierto o difuso. Se trata de ver, pues, cómo procede una ciencia política o un pensamiento politológico ante una palabra que el articulista define adecuadamente como un instrumento de lucha. No estamos ante conceptos como plusvalía, contrato social, o “Príncipe Nuovo”, sino ante el débil intento de catalogar un procedimiento que consiste en la utilización de justicia para tareas que no son de su competencia.

Natanson define bien una situación, o un problema: estamos más ante un argumento de lucha política que una verdadera categoría académica. “Su definición es brumosa. (…) lawfare refiere a la utilización de los jueces como herramienta de persecución política a través de la creación de “maxiprocesos” que involucran un alto nivel de espectacularización, por ejemplo, mediante la transmisión en vivo de las detenciones, y por lo tanto exigen una relación fluida entre el Poder Judicial y los medios de comunicación”. Estamos ante una situación apreciablemente bien explicada. Podemos retener por ahora que Natanson señala que no es una verdadera categoría académica, por lo tanto, habría cierto derecho a creer que refinar la definición de su materia –procesos pseudo jurídicos con tecnologías espectaculares y fines de precisión–, se encaminaría a darle mayores exigencias en por lo menos dos planos. El académico, primero, y enseguida en su empleo periodístico. Esto lo pondría a resguardo de la deliberadamente incerteza de su uso, como quien dice, una nomenclatura periodística tanto como lo son la expresión bitcoin o lava-jato, que no exigen precisiones y relevan de rigor a quienes la emplean. Sería lo contrario a lo que harían quienes se exigen pensar con más ataduras entre la perdurabilidad de los procesos y la estabilidad de los conceptos.

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Pero también, el hecho de que se sea un concepto periodístico no exime de darle mayores exactitudes. Natanson, ya dijimos, se acerca a la buena definición, diciendo que “habitualmente las acusaciones del tipo lawfare se basan en crímenes contra la administración pública difíciles de probar, en donde el “cuerpo del delito” a menudo resulta inhallable, el Poder Judicial suele apelar a recursos procesales controvertidos como la “delación premiada” (“imputado colaborador” en Argentina). Estas figuras flexibilizan las garantías de los acusados y, en combinación con el uso abusivo de la prisión preventiva, les otorgan a los magistrados un amplio margen de discrecionalidad, dando forma a una especie de “justicia penal negociada”. En muchos casos las confesiones se obtienen bajo evidente coerción.

¿Pero si esto es así, por qué se prestaría entonces a “calibrar” mejor el concepto? Intuimos una explicación. Porque aquí intervine el hálito más radiante de la politología circulante en los medios más reflexivos del conservadorismo académico-periodístico. No vociferan contra lo que naturalmente provocaría cierta indignación, dando por cierta esas “evidentes coersiones” y mostrando una no tan tímida disconformidad de ciudadanos lúcidos, sino que las quieren “regular”. Hacerlas objeto de un análisis objetivo, que casi las acerque a aquello de lo que antes se decía que se las veía lejas o dudosas, es decir a un “concepto académico”.

¿Cuáles lo serían? Aquellos que producida la reducción de todos sus componentes afectivos, pasionales o sesgados por laboratorios especializados en moldear la sensibilidad pública, puedan ser dispuestos en un desglosamiento o una serie de singularidades que los hagan partícipes de los verdaderos concepto operantes en el periodismo analítico y también en la academia. No otra cosa significa querer “evitar su aplicación indiscriminada a cualquier contexto”. Al contextualizarlo, buscando su “intentione recta”, se convierte entonces en un verdadero concepto, diríamos sino científico, vecino eminente de la política en tanto ciencia. Concepto desglosable por efecto de los diversos contextos donde actúa, revela así su capacidad descriptiva y explicativa. Natanson primero lo presenta como forastero al pensar objetivo, pero al designar esas variaciones que hacen a la versatilidad inherente a todo concepto que sintetiza adecuadamente diversas “determinaciones”, le abre las puertas a los simposios y coloquios más serios sobre la especialidad. Si pierde su vaguedad, el lawfare comienza ser materia clásica y bien establecida. Puede arrimarse a los ambientes consentidos de la ciencia.

¿Traición a la Nación o prevaricato de los jueces?

Primero, ya no sería más el resultado necesario de una coordinación previa de jueces, políticos y corporaciones. Se le quita así su tono anticientífico, que aparece reactivamente cuando se lo invoca para satanizar o crear arquetipos de malignidad conspirativa, crasas mitologías de militantes sin clarificadas vislumbres. Luego, tiene una cuota grande contingencia, nadie lo conduce a su capricho. Se dirigía contra el PT en Brasil, es cierto, pero afecta también a sus alrededores, esos posibles daños colaterales no calculados por nadie. Los denunciantes pueden ir también a las malolientes celdas de castigo odorífero. No era pues un concepto portador de la seguridad intrínseca de su propio mal en sí. Tenía un halo de azar.

Algunos denunciantes contra Lula también fueron presos, y uno de los más importantes empresarios fue contemplado con dos años de prisión preventiva. La propia Rede Globo denunció a los que denunciaban, mostrando la espesura que informa esta multifacética trama. Por eso, si bien el objetivo principal era Lula, es un instrumento que se autonomiza hasta límites no fácilmente previsibles. “Más allá de lo esperado”. Tampoco es una herramienta específica de las elites, pues se torna “trans ideológica”. Sirvió contra el conservador presidente peruano Kuczynski y contra un general guatemalteco golpista, Y en Venezuela es un instrumento muy calificado del gobierno de Maduro, que está en el podio más alto en materia de persecución de opositores.

He aquí la tesis depurada de Natanson: “Sin equiparar los casos, pues cada uno exige un análisis particular, cabe preguntarse hasta qué punto el lawfare es un invento de la derecha contra la izquierda o si se trata de una herramienta utilizable también contra gobiernos conservadores débiles (como el de Kuczynski) o por gobiernos populares de tendencia autoritaria (como el de Venezuela). Es decir, si el pretendido sesgo anti-izquierdista se verifica en la práctica o si se trata de una herramienta que no distingue ideologías”. Dicho esto, ya se ha operado la transmutación del concepto, de ajeno al buen pensar político, a una posible adquisición del laboratorio que retira la vestimenta del pasionalismo político a vocablos que finalmente querían decir algo certero y productivo. Y así, se trata de rechazar pensamientos conspirativos u órdenes ocultos de procedimientos sinárquicos – si recordamos aquellas viejas terminologías–, que afectan al juicio político equilibrado. Al fin, el lawfare no era tan inaceptable para la episteme del politólogo. Así se pudo convertir este instrumental jurídico tan tenebroso, en un auxiliar del acontecimientismo, del estudio preciso de casos. Se adecúa a cada situación más allá de las ideologías, a pesar de que instituciones como “Transparencia Internacional”, concede Natanson, “han desarrollado recomendaciones y prácticas que exportan al resto del mundo”. No es bueno, son órganos portadores de intereses no declarados. Pero restadas todas estas dificultades u obstáculos, de todo esto se puede extraer un pensamiento que responde a un elenco fiel de preguntas ahora sí académicas. ¿El lawfare es un procedimiento genérico, discernible en su artificiosidad en cuanto lo vemos en manos del “Imperio”? ¿O bien, fruto de las “ideologías conservadoras”, se torna un acto de la razón instrumental capaz de definir valores y acciones con sentido?

El gran ausente

¿Hay que estudiarlo entonces caso por caso? Da la impresión de que consciente de la debilidades inmanentes de este concepto y su ineluctable uso tendencioso, Natanson comenzó por reconocerlo, para después inmunizarlo a fin de que pueda entrar en los anaqueles inimputable de la academia de los politólogos del conservatismo. Probablemente, ellos buscan cada vez acumular más terminología periodística para agregar al supuesto velo de ignorancia de la teoría de la justicia. Para finalizar: no estamos reaccionando con exaltación de quisquillosos cuando describimos el procedimiento típico de la formación de una politología de corazón sesgado, pero con una epidermis en la que al principio se pretendía acariciar objetividad. El esfuerzo de Natanson admite esta discusión que no debe ser desdeñada. Se trata del riesgo de fundar unas ciencias políticas de débil objetividad sobre la base inconsecuente de comenzar reconociendo una gran irregularidad en un concepto bañado por groseras acciones de cuño retrógrado, pero al que después, como supuesta lección a los militantes esquemáticos, se lo exime de su oneroso sectarismo.

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Horacio González

Horacio González

Horacio Luis González (Buenos Aires, 1944), sociólogo, docente, investigador ensayista argentino. Nació en Buenos Aires en 1944. Es profesor de Teoría Estética, de Pensamiento Social Latinoamericano, Pensamiento Político Argentino y dicta clases en varias universidades nacionales, entre ellas las de la ciudad de La Plata y Rosario. Entre 2005 y 2015, se desempeñó como director de la Biblioteca Nacional.

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