Los guardianes del pueblo y las operaciones

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Las operaciones mediáticas no son el resultado de un problema individual relacionado con la ética profesional de los periodistas. Forman parte de apoyos y presiones, según el momento, que las corporaciones que gozan de una posición dominante en los medios ejercen sobre el gobierno de turno.

“No vamos a permitir una república autónoma y mapuche en el medio de la Argentina”.

Ministra Patricia Bullrich | agosto de 2017

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) fue fundado en 2002, con el objetivo de “promover debates sobre las cuestiones más relevantes de la práctica periodística”, como “la ética y calidad periodística (…) entre otros temas”. Hace unos días, FOPEA entregó los premios al periodismo de investigación. Con un humor negro probablemente involuntario, premió a Claudio Andrade en la categoría Periodismo de Profundidad por la cobertura que llevó adelante en Clarín sobre la muerte de Santiago Maldonado, cuyo cuerpo fue encontrado en un río.

Recordemos que apenas Maldonado desapareció durante un operativo ilegal de Gendarmería en la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen, el 1 de agosto de 2017, descubrimos que la Argentina estaba amenazada por una guerrilla separatista mapuche-iraní de la que nada sabíamos hasta entonces. A partir de ese momento, el gobierno y nuestros medios serios, siguiendo la modalidad conocida como Nado Sincronizado Independiente (NSI) que permite llegar a las mismas conclusiones pero de forma independiente, llevaron adelante un trabajo a destajo. Cada nueva versión del ministerio de Seguridad era reproducida en los medios como parte de la “profunda investigación” que luego premiaría FOPEA.

Dos semanas después de la desaparición de Maldonado, Claudio Andrade escribía: “Según le hicieron saber fuentes del ministerio de Seguridad a Clarín, los resultados iniciales de las pesquisas refuerzan la teoría del equipo de Patricia Bullrich de que Maldonado podría no haber estado aquel día en Cushamen”. Con pasión investigadora, Andrade también citó un “informe preliminar” que señalaba que “los buzos tuvieron problemas para mantenerse en pie durante el rastrillaje en el agua, la corriente es tan fuerte que con un metro o metro y medio de agua esta te comienza a levantar y puede llevarte a un pozo”, una realidad tan aterradora como imaginaria, según señaló luego el propio responsable del rastrillaje.

Incansable, el periodista de Clarín señaló también a un “testigo E”, tan imaginario como la profundidad del río; explicó que Maldonado “pasó a la clandestinidad, por motivos que no llegamos a entender”, en lo que denominó la “hipótesis del sacrificio” y alertó sobre la presencia de la víctima en una fiesta en El Bolsón posterior a su supuesta desaparición.

En defensa de Andrade debemos reconocer que no fue la única correa de transmisión de las operaciones del gobierno. Varios de sus colegas, injustamente olvidados por FOPEA, sostuvieron que Maldonado era un feroz cacique mapuche, un experto en artes marciales que había sido herido por un puestero durante un robo, que había cruzado la Cordillera malherido o que simplemente vivía en Santiago de Chile bajo la protección de una organización mapuche-iraní con ramificaciones en el mundo entero.

Santiago Maldonado, un crimen de Estado

En la misma entrega de premios, Robert Cox, el legendario director del Buenos Aires Herald, sostuvo que: “Los periodistas somos los guardianes del pueblo”. Es una afirmación tan atractiva como injusta, que coloca sobre los hombros de cada periodista una responsabilidad casi infinita. Equivale a señalar que la responsabilidad de los arquitectos es construirle una vivienda a cada ciudadano o que la de los médicos consistiría en curar de todos sus males a la humanidad. ¿Los empresarios o los banqueros, por ejemplo, carecen de responsabilidad hacia el pueblo?

En rigor de verdad, un periodista no debería tener más responsabilidad hacia sus conciudadanos que las que tiene un odontólogo, un empresario, un poeta o un taxidermista. Es legítimo que ejerza su trabajo con la seriedad de cualquier otro ciudadano y que se preocupe por sus ingresos, su familia o sus pasiones antes que por ser el guardián del pueblo.

Las operaciones mediáticas como la de la cobertura de la muerte de Santiago Maldonado (cuya investigación sigue caratulada como “desaparición forzada”) o la imaginaria guerrilla mapuche-iraní que tanto atormentaba a nuestros medios serios hace apenas un año y hoy desapareció de las tapas de los diarios, no son el resultado de un problema individual relacionado con la ética profesional de los periodistas. Esas operaciones forman parte de apoyos y presiones, según el momento, que las corporaciones que gozan de una posición dominante en los medios ejercen sobre el gobierno de turno. El problema es el poder de fuego que genera esa concentración, no la eventual falta de ética de algunos periodistas. Atenuer ese poder fue uno de los objetivos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, evaporada por decreto para terminar con “la guerra contra el periodismo”, otra calamidad imaginaria.

Sin esa regulación seguiremos enunciando principios tan absolutos como inaplicables en medio de ceremonias que premian operaciones y operaciones que premian corporaciones.

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