Introducción al nuevo plan gubernamental
Un nuevo capítulo se ha abierto en la historia de la Ley de Financiamiento Universitario. El Gobierno ha remitido al Congreso un proyecto que busca alterar —sin anular— la legislación previamente aprobada por las cámaras, que el Poder Ejecutivo, a pesar de estar obligado, nunca implementó.
Cambios propuestos
Con una renovada composición de Diputados y Senadores, y una tendencia política favorable, el gobierno bajo la dirección de Milei está persiguiendo modificaciones significativas en los artículos de dicha ley.
El ajuste más relevante se refiere a la remuneración de los profesores y personal administrativo de la educación superior. La legislación original (la 27.795) obligaba al Estado a compensar al menos la pérdida medida por el IPC desde diciembre de 2023, marcando un 38% para 2024 y 14% para 2025.
Sin embargo, la nueva propuesta del Ejecutivo omite cualquier compensación para 2024 y solo apunta a una recuperación del 12,3% para 2025, dividida en tres pagos del 4,1% cada uno, programados para el 1° de marzo, el 1° de julio y el 1° de septiembre del presente año.
Además, mientras la versión aprobada exigía negociaciones salariales cada tres meses con una actualización mínima conforme a la inflación del Indec, esta nueva versión solo menciona reuniones trimestrales, sin garantizar aumentos mensuales por inflación.
Impacto funcional y presupuestal
Con respecto a los gastos funcionales de las universidades, la ley existente contemplaba ajustes por las pérdidas de 2024 y 2025. Por su parte, el nuevo proyecto del gobierno dirige su mirada a 2026, proponiendo que la corrección de esos gastos esté alineada con la inflación registrada por el Indec, siempre que supere el 14,3%, cifra predicha por el Presupuesto 2026.
Así, si la inflación excede dicho porcentaje, las universidades recibirán un reajuste real para sus costos operativos. No obstante, no se aborda la compensación por las pérdidas de años previos.
De manera adicional, el proyecto introduce un fondo especial de más de 80.000 millones de pesos para los hospitales universitarios, una previsión ausente en la normativa anterior, que reconoce el estado crítico del sistema sanitario vinculado a las universidades.
El Gobierno también ha realizado ajustes en el lenguaje de la ley, manteniendo el contenido pero sustituyendo el lenguaje inclusivo por formas tradicionales. Entre intentos de resolver la disputa legal en la que está inmerso por la no implementación de la ley promulgada y su esfuerzo por ganar tiempo judicialmente, el Gobierno optó por dialogar este mes con los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional, buscando respaldo antes de presentar el proyecto al Congreso.
Por otro lado, representantes de gremios docentes y estudiantiles evidencian resistencia ante el nuevo proyecto, insistiendo en el cumplimiento de la ley actual y advirtiendo sobre el potencial deterioro de salarios y gastos frente a la inflación. Las preocupaciones se extienden también a las becas estudiantiles, las cuales, según argumentan, no son suficientes para cubrir las necesidades diarias.