Supersticiones de ONG

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Tanto la CONAREPA creada durante la dictadura, como la Extinción de Dominio macrista o la ley de «ficha limpia» en Brasil, son clásicas supersticiones de ONG. Proyectos impulsados desde fundaciones privadas, de objetivos luminosos y financiamiento opaco, relanzados por los medios que los transforman en supuestas iniciativas populares. Y aunque son vendidas como instrumentos para combatir la corrupción sólo sirven para condicionar la participación política.

En octubre de 1977, la dictadura creó la Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial (CONAREPA). El objetivo era juzgar el supuesto enriquecimiento ilícito de ex funcionarios y empresarios vinculados al segundo gobierno peronista que la junta militar había derrocado el año anterior. La comisión respondía al Acta Institucional dictada un año antes, que definía “la facultad y responsabilidad de considerar la conducta de aquellas personas que hayan ocasionado perjuicios a los superiores intereses de la Nación”. Entre otras prerrogativas, podía “investigar con las más amplias facultades la composición del patrimonio de las personas físicas o jurídicas afectadas por la Ley Nº 21.670”, y ordenar “la transferencia de los bienes interdictos al patrimonio del Estado Nacional”.

La CONAREPA investigó a unas 80 personas, incluyendo a la ex presidenta Isabel Perón, a los ex ministros Jorge Taiana y José B. Gelbard, al ex gobernador Carlos Menem, a Julio Broner, titular de la CGE (Confederación General Económica), al periodista Jacobo Timerman y a la familia Graiver (propietaria de Papel Prensa). También confiscó sus bienes (como la quinta 17 de Octubre del barrio Puerta de Hierro de Madrid o el chalet de la calle Gaspar Campos, en Vicente López) y, en algunos casos, llegó a prohibirles ejercer su profesión luego de recuperar la libertad.

Además del escarnio público que representó para las víctimas y sus familias, las decisiones de la Comisión generaron una gran pérdida para el Estado, que tuvo que indemnizarlas una vez que la furia purificadora de la dictadura se desmoronó junto a ésta.

Unas décadas más tarde, en mayo de 2010, el Congreso Nacional de Brasil votó la llamada ley “ficha limpia” que impide que un condenado en segunda instancia (es decir, sin necesidad de una condena firme) se presente como candidato. También impide candidatearse a cargos públicos a personas que hayan atravesado un impeachment o renunciado para evitar un juicio político. La ley, impulsada por el juez Marlon Reis, llegó a proyecto gracias al apoyo de más de un millón de firmas y fue refrendada por el entonces presidente Lula da Silva. El juez señaló que el objetivo de su proyecto fue impedir que “criminales” –en particular “narcotraficantes”– pudieran postularse en las elecciones.

No sabemos si la iniciativa impidió que los narcos brasileños se postularan como senadores federales pero sí consiguió frenar la candidatura de Lula da Silva –quien disponía de la mayor intención de votos en las elecciones del 2018-, consolidando así la candidatura del actual presidente Jair Bolsonaro.

Así robaron Papel Prensa

En enero del 2019, el entonces presidente Mauricio Macri creó por DNU el Régimen de Extinción de Dominio. “Los criminales tienen que devolver hasta el último bien que se llevaron ilegítimamente, y tienen que saber que hoy en la Argentina el que las hace las paga”, explicó Macri, quien, al parecer, disponía del dispositivo para detectar criminales por fuera de una condena firme. El nuevo régimen creó una fiscalía especial que podía investigar el origen de los bienes obtenidos a través de actividades delictivas, “en paralelo al avance del proceso penal”. Bajo esa nueva y creativa modalidad, los acusados deben justificar el origen de los bienes o los perderán, a diferencia de una causa penal tradicional, donde lo que se busca es comprobar la culpabilidad y no la inocencia. En efecto, el actual Código Penal prevé que, en caso de condena, se puedan decomisar los bienes utilizados o el producto del delito del condenado. La sutil diferencia radica en la discrecionalidad que otorga el nuevo invento político-judicial, hoy frenado en el Congreso.

Tanto la ley de “ficha limpia” como la Extinción de Dominio son clásicas supersticiones de ONG; es decir, proyectos impulsados desde fundaciones privadas, de objetivos luminosos y financiamiento opaco, relanzados por los medios que los transforman así en supuestas iniciativas populares. Por lo general, aunque son vendidos como virtuosos instrumentos para combatir el delito y la corrupción, sólo tienden a condicionar la política electoral, es decir, a nuestros representantes, al otorgar un poder discrecional a quienes también participan en la arena política pero sin desgaste electoral, como el poder económico, mediático o judicial. Lo extraño no es que el establishment apoye este tipo de iniciativas sino que también lo hagan algunos gobiernos populares, desgastando su propia legitimidad al creer, no sin cierto candor, que responden a imperiosos reclamos populares.

Las supersticiones de ONG son las continuaciones de engendros como la CONAREPA pero adaptadas a las formas actuales, menos rústicas que hace un cuarto de siglo. Hoy el establishment ya no requiere de tanques: alcanza con jueces, medios y fundaciones.

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