“Pregunta a cualquier funcionario si está al tanto de las multas de su vehículo, probablemente diga ‘es un auto oficial, ¿de qué hablas?’ Los vehículos del gobierno son como embajadas en movimiento”. Este elocuente testimonio de un ex funcionario cuya identidad y jurisdicción se mantendrán en reserva, arroja luz sobre un problema que crece de manera subyacente, cuya evidencia salió a flote este sábado cuando se reveló que el auto oficial conducido por Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, retenido en un control de alcoholemia, acumula 137 multas con una deuda superior a los $21,5 millones.
El mito detrás de las sanciones impagas
La problemática se apoya en una creencia que sólo parcialmente explica la negligencia por parte de numerosos funcionarios. La falta de datos centralizados agrava la situación: ¿cuántos autos oficiales existen en Argentina? ¿Cuántos de ellos tienen multas sin pagar y por qué infracciones? Hasta el cierre de este artículo, Clarín todavía esperaba información de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que había prometido recopilar estos datos usando el Sistema Nacional de Administración de Infracciones (SINAI).
Los vehículos oficiales y el libre tránsito
Se presume que una cantidad significativa de autos oficiales circulan en el país sin pagar multas recibidas. Esta situación se debe en parte a un mito erróneo, según el cual dichos vehículos disfrutan de libre tránsito y pueden exceder los límites de velocidad. Una fuente del poder legislativo señaló que “los autos con chapa oficial tienen estacionamiento libre” pero también que “pueden cruzar límites de velocidad”, una afirmación incorrecta.
No existen regulaciones que otorguen tal libertad, aunque -como mencionó la fuente inicial- algunos organismos emiten documentos sin valor legal para “convencer a la Policía” de que sus vehículos pueden exceder la velocidad permitida. Esto contrasta con normativas existentes para vehículos de emergencia como ambulancias, bomberos y policía en persecución, que sí pueden sobrepasar límites de velocidad, siempre que no pongan en riesgo vidas.
En 2020, al vehículo de Bianco se le impuso una multa por conducir a 137,8 kilómetros por hora en una zona con límite de 100. La falta de consecuencias genera un escenario alarmante: “Dado que los vehículos oficiales figuran como propiedad estatal y no de personas específicas, las multas frecuentemente no se registran correctamente”.
Construyendo un sistema de responsabilidad para sanciones
Algunos organismos han empezado a tomar medidas para corregir esta situación. Tanto la ANSV como el Senado de la Nación han implementado sistemas de control más rigurosos para sus flotas, documentando qué auto maneja quién y cuáles infracciones se cometen. Las multas son pagadas y eventualmente, los choferes enfrentan sanciones administrativas.
La idea de que el Estado pague multas al mismo Estado no tiene sentido para algunos, por eso evitan pagar: “No hay un solo funcionario que pague una infracción, sería como un pago intra-estatal”, expresan. Las infracciones comunes en Argentina incluyen exceso de velocidad y consumo de alcohol, según un informe de la UADE. A pesar de estadísticas alarmantes de siniestralidad, las faltas asociadas con autos oficiales son pasadas por alto.
Alternativas y comparaciones internacionales
En otros países, modelos más estrictos funcionan con éxito y algunas empresas privadas en Argentina ya los implementan. Estos sistemas requieren que el conductor se registre, identificando quién manejó el vehículo en el momento de la infracción. Si esto se implementara eficazmente, se podría adjudicar la responsabilidad directamente a las personas al volante.
En contraste, en Argentina, como se refleja en la serie “Borgen”, no se aplican las mismas reglas de conducta pública, mostrando una tolerancia social mayor hacia las infracciones políticas. Desde la ANSV aseguran que todos los vehículos reciben un trato igual, pero persiste la percepción de inequidad en el trato a autos oficiales.
Finalmente, si se exige a los ciudadanos cumplir rigurosamente con las normas de tránsito y obtener certificados de libre deuda, resulta injusto que los funcionarios públicos carezcan de la misma responsabilidad, contribuyendo a una percepción de anarquía donde “cada uno actúa a su antojo”.