La protesta en Mendoza frenó la reglamentación de la ley de minería

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Mujeres y jóvenes fueron centrales en movilizar a las calles la mayor protesta que recuerde la provincia de Mendoza contra las modificaciones a la ley que ponen en peligro el agua por el uso de cianuro en la megaminería. El gobernador Rodolfo Suárez, que forma parte de Cambiemos, anunció la suspensión de la reglamentación y la apertura de una mesa de diálogo, aunque no derogó la medida.

La reacción popular en Mendoza frente a la modificación sustancial de la ley provincial 7722 no hace más que confirmar la vigencia de un viejo dicho. En este caso sería “con el agua no se jode”. La irrupción de los jóvenes y las mujeres en esta protesta, como en tantas otras en los últimos tiempos, le dio nuevo brío a la respuesta social cuando lo que está en juego o, directamente, en peligro, en un sentido u otro, es la vida. Por eso ayer se celebró como un triunfo la decisión del gobernador Rodolfo Suárez (radical, integrante de Cambia Mendoza, el frente provincial que encabeza Cambiemos) de no reglamentar la ley 9209, que fue sancionada el 21 de diciembre pasado y promulgada dos días después, con la evidente intención de que quedara opacada –o, más bien, invisibilizada– por los festejos navideños. Se trata de una norma que reforma drásticamente la original.

La reacción de la sociedad civil, alertada de antemano por la intención de aprobar la modificación entre gallos y medianoche, y con la anuencia de la mayoría de los legisladores de casi todos los bloques parlamentarios (solo votaron en contra los del FIT y los de Protectora, en ambas cámaras provinciales), no se hizo esperar. Las manifestaciones, entre ellas la marcha más grande de la historia mendocina, colocaron el tema sobre la mesa, excepto en la de los grandes medios y en la de la actual oposición, y algo más visible en el oficialismo nacional.

“Voy a suspender la reglamentación de la ley. Esta ley no se va a aplicar”, dijo ayer el gobernador mendocino, que anunció que abrirá una ronda de diálogo con distintos sectores, con el objetivo de “brindar mayor información”. Y agregó: “Vamos a convocar al Arzobispado, que está haciendo una defensa del agua sin argumentos, a las universidades, a los organismos políticos, a todos a un debate en el que voy a participar personalmente”.

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Pero aunque se pueda festejar como un triunfo, en cualquier caso parcial –para que no se aplique la ley deberá ser derogada–, el propio Suárez se encargó de encender las alarmas con sus dichos sobre la protesta popular que su gobierno reprimió, en algunos casos con salvajismo. “El primer deber que tiene un gobernador es garantizar la paz social del pueblo. Ha habido hechos de violencia, hay cortes de ruta, hay una queja de ciertos sectores, algunos muy violentos, queremos evitar que eso pase a mayores”, afirmó. Y para que no queden dudas, sentenció: “Es una derrota a los violentos y a la prepotencia”.

Las protestas ganaron la calle antes de que la ley fuera siquiera discutida en la Legislatura provincial. No se trata de un caso aislado. Más allá de una larga historia de movilizaciones, incluso por temas ambientales, quizá el antecedente a nivel local que inaugura una nueva era de reacciones en cadena haya sido el #NiUnaMenos, que no solo se rebeló frente a los femicidios sino que abrió la puerta de reivindicaciones feministas más que postergadas, como el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y también a otras protestas en las que tanto las mujeres como las y los jóvenes tuvieron un protagonismo destacado. Lo mismo sucedió ahora en Mendoza, en el marco de las actividades de la Asamblea Popular por el Agua Pura (Ampap). Y es de esperar que continúe cada vez que los intereses de las mayorías se vean afectados por los de las minorías poderosas.

Según el experto en comunicación para organizaciones sociales Hernán Pablo Nadal (www.listao.com),  “las movilizaciones populares no son nuevas; sin embargo, con la irrupción de las tecnologías de la información y la conectividad permanente que brindan los dispositivos móviles se están generando otras formas de organización ciudadana que antes eran impensadas. Cuando surge un nuevo conflicto, muchas personas ya no buscan el apoyo o la guía de organizaciones o profesionales especializados en la temática sino que se autoorganizan y relacionan en forma muy rápida y con muy bajo costo utilizando herramientas digitales. Frente a esto, el rol de las organizaciones sociales y los medios de comunicación se está reconfigurando para poder acompañar y potenciar a millones de personas en todo el mundo para que puedan avanzar hacia la solución de los problemas que buscan resolver”.

Para Oscar Soria, Director de Campañas de la organización global Avaaz, “vivimos en tiempos de una profunda brecha entre las instituciones, la clase política y las expectativas de la gente. Es una época de hartazgo social y el descontento que vemos, no solamente en los jóvenes, tiene que ver justamente con instituciones que no responden a las personas sino a las empresas. Por otro lado, hay un punto muy importante que es la desconfianza en los gobiernos y en ese sentido se están generando nuevas formas de protesta mucho más fuertes, espontáneas, intensas y simbólicas y asimismo mucho más efectivas, que le están poniendo el cascabel al gato. Estos chicos están denunciando que el rey está desnudo y están generando una nueva oleada de protestas en las que las nuevas generaciones están manifestando su disconformidad con la forma en que les estamos dejando este mundo. Por esto, las organizaciones sociales más tradicionales, las que están en el sistema, las que de alguna manera han tenido que tener entidad legal, usar los mismos mecanismos de las empresas o los gobiernos para poder estar en la plaza política, hoy cumplen otro rol. Es el de alguna manera salir de la escena, dejar que estas nuevas generaciones y estas nuevas formas de organización entren y generen un efecto de disrupción en el sistema. Hoy en las ONG nos estamos planteando esta de idea de dejar que los jóvenes hagan lo que tienen que hacer y que en todo caso estemos detrás, ayudando, asesorando, colaborando incluso en cuestiones logísticas, ayudando a multiplicar y a lograr mayores espacios para que estas protestas se puedan expresar.

“La gran pregunta –añade Soria– es cómo canalizamos ese enojo en aquellas cosas que tenemos que detener, que tienen que terminar ya, como en el caso de Mendoza. Estas urgencias hacen que el tiempo de las propuestas, las soluciones y los consensos de alguna manera haya terminado. Todo el mundo hoy sabe lo que hay que hacer, la ciencia es clara sobre qué hacer para evitar el colapso de nuestra civilización y lo que viene ahora es tomar decisiones. Y empujar a estas nuevas generaciones para que generen el sentido de urgencia y que así empujen a quienes tienen que tomar esas decisiones por las que venimos luchando desde hace décadas.”

Sobre el hilo que une esta protesta con otras anteriores, como las ya mencionadas, Nadal –ex Director de Comunicación y Movilización Pública de Greenpeace Andino– cree que “sin duda fueron elementos claves dentro del avance de estas nuevas formas de organización, pero su comienzo es anterior a ellos. Y atraviesa diversas temáticas sociales, ambientales y políticas. Si analizamos estas formas de organización veremos que son utilizadas por diferentes sectores ideológicos, políticos y religiosos. Son prácticas que no son propias de determinados grupos sino que atraviesan a la sociedad entera a nivel global”. Y advierte que “es importante no caer en la idea ingenua que las redes sociales y las herramientas digitales nos permitirán avanzar libremente en la organización ciudadana sin tener en cuenta las restricciones y peligros que también acarrea su uso. Así como puede usarse Facebook para organizarse en contra de una empresa contaminante, también puede ser usada por los gobiernos y empresas para acumular y monitorear ciudadanos, crear perfiles de cada nicho de la sociedad e incluso para intentar desinformarlos creando noticias falsas”.

El directivo de Avaaz, en cambio, entiende que “claramente hay un hilo conductor. Y esto no solo se nota en la Argentina, sino en todo el mundo. Las marchas en Hong Kong o en los Estados Unidos, por ejemplo, contra la violencia de las armas. O lo que vemos en la Generación Z, la que viene después de los millennials, la de Greta Thunberg, con sus cientos de miles de seguidores, luchando por el clima. Una generación que está en las calles. En la industria cultural son las mujeres y los jóvenes quienes están moviendo el péndulo. Son de alguna manera los más afectados por el cambio climático, la desigualdad social, la violencia de género, las políticas patriarcales. Son testimonios vivos de las luchas que encarnan”.

Lobbies y dilemas

Así como el lobby sojero trabaja a destajo para garantizar el uso generalmente indiscriminado de agrotóxicos para mejorar el rendimiento, abaratar y acelerar los procesos agrícolas, el lobby minero lo hace para minimizar los peligros reales del uso de cianuro y otros materiales tóxicos en la actividad, sin que importen la consecuencias sobre el recurso natural por excelencia para la humanidad (mucho más que el petróleo o el litio, por citar dos paradigmas): el agua.

La reacción se originó en la decisión del gobierno de Suárez de modificar aspectos sustanciales de la ley 7722 de la provincia de Mendoza, sancionada en 2007, que regula la actividad minera en el territorio mendocino y que, entre otras normas esenciales, establece “la prohibición, en el territorio de la Provincia de Mendoza, del uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo”. Para que quedara aun más claro, señala como objetivo primordial “garantizar debidamente los recursos naturales con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico”. La norma votada la semana pasada en tiempo récord solo prohíbe explícitamente el uso de mercurio. Y da rienda suelta a la puesta en marcha de 19 nuevos emprendimientos de megaminería, con el consiguiente perjuicio para el suelo y los cursos de agua. El antecedente de Veladero, en la provincia de San Juan, donde la minera canadiense Barrick Gold derramó en 2015 aguas cianuradas en una zona periglaciar que afectó la salud de varios ríos, es lo suficientemente claro para demostrar la peligrosidad de la actividad, el poder de lobby y la impunidad.

Con respecto al extractivismo en general, el Gobierno nacional se enfrenta a un verdadero dilema. Por un lado, tanto el cianuro de la megaminería como el fracking de Vaca Muerta le ayudarían a poner un poco en caja los números que el macrismo dejó en estado de colapso y, en principio solo teóricamente, aportar puestos de trabajo a la desocupación heredada. Por el otro, la permisividad podría llevarlo a la condena de la sociedad civil a poco de asumir. El escueto comunicado oficial sobre el tema, dado a conocer el martes 24, relativiza la responsabilidad del Estado y la vuelca al gobierno de Suárez: “La competencia en materia de explotación minera es exclusivamente provincial. El Gobierno nacional no interviene en la materia, solo puede extremar su recaudo a favor de que esa actividad se realice con acuerdo social y con preservación del ambiente. Es por eso que el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, manifiesta su preocupación por los hechos acaecidos en la provincia de Mendoza”. Y también que el funcionario “ha dispuesto que las áreas correspondientes analicen una ley de presupuestos mínimos de evaluación de impacto ambiental de la actividad minera, que sirva como instrumento de gestión ambiental, otorgando un piso mínimo de protección y respetando el dominio originario de los recursos naturales en función del artículo 124 de la Constitución Nacional”.

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Esa misma Constitución, en su artículo 41, establece que “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales”.

Por su parte, la Ley  General de Ambiente 25675, del año 2002, determina “los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable. En su artículo 3º indica que “regirá en todo el territorio de la Nación”; en el 4º, que “la legislación provincial y municipal referida a lo ambiental deberá ser adecuada a los principios y normas fijadas en la presente ley; en caso de que así no fuere, este prevalecerá sobre toda otra norma que se le oponga”, y en el 9º, que “el ordenamiento ambiental desarrollará la estructura de funcionamiento global del territorio de la Nación y se generan mediante la coordinación interjurisdiccional entre los municipios y las provincias, y de estas y la ciudad de Buenos Aires con la Nación”.

Acerca de la modificación de la ley 7722, Nadal recuerda que “la ciudadanía mendocina viene siguiendo este tema y ya había demostrado su preocupación y su presión a sus líderes políticos para sancionar la ley que prohibía el cianuro y otras sustancias peligrosas hace 12 años. Ahora, frente a este cambio en la legislación empujado por el lobby de las corporaciones mineras, la movilización de organizaciones sociales, ambientales y de decenas de miles de ciudadanos/as de la provincia se trasladó a todo el país en pocos minutos, logrando poner en agenda nacional este reclamo. Esta protesta que comenzó en las redes sociales de los habitantes de Mendoza encontró eco en forma instantánea en ciudadanos y ciudadanas de todo el país, y en los medios de comunicación locales y nacionales”. El especialista en organizaciones sociales remarca que “la marcha con una convocatoria multitudinaria que se realizó en las calles de Mendoza marca un hito por ser una de las más populares realizadas por una problemática ambiental en la historia de nuestro país, y a pesar de ser reprimida brutalmente por la policía mendocina, torció el brazo del gobernador que anunció la suspensión de la nueva ley.  Sin duda, es un primer avance de la lucha en defensa del agua, pero la ciudadanía tiene un largo camino aún por lograr el objetivo final de conseguir la derogación definitiva de esta ley”.

Soria va incluso más allá: “Estamos viviendo una nueva generación del movimiento ambiental en la Argentina, como en toda América Latina, en un contexto donde los extremos se encuentran. Por un lado, proyectos monstruosos, que sabemos que van a comprometer la calidad de vida y la supervivencia de cientos de miles de pobladores en la región. En el caso de Mendoza, van a sacarle el agua a una provincia que está afectada por un estrés hídrico extremo. En una región que, según el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de la ONU, va a sufrir especialmente el derretimiento de los glaciares generado por el calentamiento global. Y aun así, el gobierno mendocino se mete en planes de esta naturaleza. Son proyectos kamikazes, y por eso la gente salió a las calles, luego de una lucha enorme de las comunidades por sacar la Ley del Agua porque, justamente, es un elemento vital. Esto se da en un país que nunca valoró el agua, un país que siempre entendió que había recursos por todos lados, ese país rico del que siempre hablamos. La gente salió a las calles porque se está dando cuenta de que nuestros recursos son finitos, que se van a acabar, y que en particular el agua es un bien escaso. Estamos asistiendo a una especie de revolución que va más allá de cualquier partido político, de cualquier identificación ideológica. El conflicto minero, de Menem para acá, cruzó todos los colores políticos de nuestra historia reciente. Y las comunidades locales están sintiendo que ya, de alguna manera, han prescindido de todo tipo de representación, gubernamental o no. Por eso están saliendo a las calles para reclamar por su supervivencia”. Nada menos.

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