Defender a Gendarmería, desviar la investigación

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Organismos internacionales denuncian que el gobierno desvía la investigación de Santiago Maldonado y defiende a Gendarmería. Exigen al Estado argentino respuestas sobre la desaparición forzada del joven y demandan una “investigación eficaz”. Ante la gravedad de los hechos, la CIDH convocó a una reunión de trabajo para el 26 de octubre en Montevideo, Uruguay. Juristas especializados en derechos humanos analizan el rol de la comunidad internacional en este caso.

A más de dos meses de la desaparición de Santiago Maldonado, y ante las maniobras de distracción del gobierno y de los medios hegemónicos, una certeza sobrevuela alrededor del expediente: el caso dejó de ser tan solo un acontecimiento nacional para convertirse en tema de preocupación mundial. El argumento no es antojadizo. La continua voz de los organismos internacionales, que se expresa mediante comunicados, documentos y pedido de acciones urgentes, ha interpretado el caso como un serio problema de derechos humanos aún no resuelto, trascendiendo las barreras de un mero hecho policial, como intentó posicionar el gobierno desde un primer momento, incluso poniendo en duda la presencia de Santiago Maldonado en el lugar donde se denunció su desaparición.

La hipótesis de la desaparición forzada en manos del Estado, principal línea de investigación del nuevo juez de la causa, Gustavo Lleral, es abonada también tanto por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que volvieron a pedir respuestas y reclamaron un rol más activo del gobierno en la pesquisa. En duros términos, además, lo denunciaron por “desviar la investigación” y “defender a Gendarmería”. La gravedad de las denuncias, que siguen siendo minimizadas por el macrismo, son de carácter obligatorio: el Estado debe dar respuesta a los requerimientos internacionales por haber firmado convenciones en derechos humanos y ser parte de la comunidad internacional.

Una síntesis de las últimas intervenciones de los organismos indica lo siguiente:

–El Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas requirió al Estado que informe “las razones por las cuales las autoridades a cargo de la búsqueda del señor Maldonado y de la investigación de su desaparición esperaron más de un mes para tomar en cuenta de forma efectiva todas las hipótesis investigativas disponibles y relevantes”. Preocupado por los dichos de funcionarios públicos, que desde un primer momento rechazaron la hipótesis del involucramiento de las fuerzas estatales en los hechos, remarcaron que “los primeros momentos tras la desaparición de una persona son de mayor relevancia en la perspectiva de ubicarla”. Es decir: no haber investigado a Gendamería desde el mismo momento de desaparición de Maldonado fue uno de los errores más graves no sólo de la Justicia sino de un gobierno que salió a defender a su fuerza de seguridad sin siquiera ponerla en duda.

–La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que otorgó una medida cautelar para proteger los derechos humanos de Santiago y su familia, considerando que “la situación es grave, urgente y requiere protección efectiva”, convocó a una reunión de trabajo para el 26 de octubre en la ciudad de Montevideo, Uruguay. “El gobierno argentino también ha sido citado, deberá dar explicaciones y acreditar las acciones concretas cumplidas para satisfacer la medida ordenada: rendir cuentas sobre qué hicieron por Santiago. No podemos dejar de expresar la preocupación ante la indiferencia del Poder Ejecutivo Nacional por la situación de Santiago, sobre todo en un contexto en que se desoyen e incumplen obligaciones internacionales de la Nación Argentina”, expresó en un comunicado la familia de Santiago Maldonado. “Hemos reiterado hasta el cansancio que la causa que defendemos reúne el reclamo de todo un país, no se confunde en intenciones partidarias y sólo pretende obtener una respuesta esencial para nuestras vidas: dónde está Santiago, qué le sucedió y quiénes son los responsables de esta incertidumbre que nos llena de dolor”, concluyó el documento.

– “Insto al Estado argentino a adoptar todas las medidas necesarias para investigar y sancionar a los responsables por la desaparición de Maldonado. En ese sentido es urgente esclarecer la participación de Gendarmería en los hechos y, en caso de demostrarse, establecer sus responsabilidades y sancionar debidamente tanto a los autores materiales como a sus superiores jerárquicos”. Las palabras fueron dichas, esta semana, por Amerigo Incalcaterra, representante regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). A dos meses de la desaparición de Santiago Maldonado en Chubut, el organismo reforzó el pedido de una “investigación eficaz” y bajo los estándares internacionales de derechos humanos, en particular con la Convención de las Naciones Unidas para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

–Además, el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas denunció que se desprotegió a los familiares del joven desaparecido dado que “han encontrado grandes dificultades para tener acceso de forma debida y rápida a la información relacionada con el desarrollo de su búsqueda”. En ese contexto, pidió “esclarecer de forma prioritaria la participación de Gendarmería en los hechos, y en caso de demostrarse, establecer y sancionar a sus responsabilidades, tomando en cuenta que la identificación  de los perpetradores de la desaparición forzada puede resultar clave para ubicar a la persona desaparecida”. También advirtió sobre “la entrega tardía de las actuaciones administrativas con datos sobre la actuación de la Gendarmería en el operativo”, además de hacer referencia a la falta de protección de la comunidad mapuche.

Las ocho claves del caso Maldonado

¿Qué implica, para las dos causas judiciales del caso Maldonado, que la ONU y la CIDH sigan interviniendo y exigiendo respuestas? ¿Son de carácter obligatorio? ¿Puede el gobierno seguir haciendo oídos sordos?

Nuestras Voces consultó a dos juristas especializados en derechos humanos, los abogados y profesores de la Universidad Nacional de La Plata, Inti Peréz Aznar y Fabián Salvioli. Ambos analizaron el impacto del pedido de los organismos, la certeza de que la hipótesis principal sigue siendo la desaparición forzada, y lo relacionaron con un contexto regional de retroceso en materia de derechos humanos.

–En las intervenciones de la ONU y la CIDH se concluye que el Estado hizo poco, hizo mal, y, además, el foco está puesto en profundizar la pesquisa hacia Gendarmería. ¿Cuáles son las consecuencias de estas intervenciones para el Estado argentino?

–Pérez Aznar: La Argentina forma parte de la comunidad internacional y por el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, las recomendaciones de los organismos internacionales, contemplados en tratados de derechos humanos, son de cumplimiento obligatorio. Con lo cual, si nuestro país no adopta las medidas pedida por estos organismos, estaría contrariando gravemente a los tratados de derechos humanos.

–Salvioli: No hay consecuencia inmediata más que la puesta en práctica de un procedimiento que realizan los organismos internacionales, que es la de analizar a los Estados en materia de derechos humanos. En este caso, si el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas pide información, el Estado tiene que responder. Es obligatorio porque Argentina adhirió a la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas establecida en la ONU –promulgada en 2006 y al año siguiente implementada por Argentina–. Ahora bien, lo que se planteó desde la oficina del Alto Comisionado es distinto, porque allí el Estado puede aceptar su ayuda, o desestimarla. Las tensiones internas que existen en el gobierno nacional no han permitido hasta el momento la llegada de expertos internacionales. Y la oficina del Alto Comisionado se ofreció porque tiene un bagaje de conocimiento probado en casos de desapariciones forzadas en el mundo. En ese sentido, el rechazo del gobierno es una señal preocupante, porque si justamente el Estado no quiero “politizar” el caso, esta es una buena manera de dar lugar a especialistas para que presten colaboración profesional.

Radiografía de un ministerio cuestionado

–¿Cuál es el impacto internacional de estas recomendaciones?

–Pérez Aznar: Quiero agregar la importancia de la medida cautelar otorgada por la CIDH, que pasó desapercibida para este gobierno. La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y la Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región. Con lo cual nos encontramos con una dura situación de gravedad institucional: el Estado argentino fue observado tanto por la ONU como por el máximo organismo de derechos humanos de la OEA. Y en caso de no tomar lo receptado por estos organismos una vez más, como en el caso de Milagro Sala, habrá violando sus obligaciones internacionales. Argentina no es una excepción: se relaciona con un marco regional de no respeto de las garantías constitucionales. La región latinoamericana retrocedió en materia de derechos humanos desde la asunción de gobiernos de derecha en estos últimos años.

–Salvioli: Lo que hay que aclarar es que los órganos internacionales no están concluyendo con que Gendarmería es responsable. Son cautelosos, saben que hasta que no haya pruebas contundentes, no se puede condenar a nadie. Lo que indican es que hay que llevar adelante la investigación sobre la hipótesis principal de desaparición forzada. Y esto es por lo contextual: Santiago Maldonado no iba caminando para visitar a una prima, y desapareció. Estaba en el marco de una protesta social, donde actuaron las fuerzas de seguridad. Bajo ese marco contextual, es que se prioriza la hipótesis de desaparición forzada. Y se indica, por ejemplo, que los primeros tiempos de la investigación son cruciales, porque si en esos momentos se distraer la pesquisa para otros lados, se pierde evidencia crucial. No lo dicen porque se les ocurre: en este tipo de hechos, los organismos tiene una enorme experiencia por observar casos de desaparición en todo el mundo.

–Y en el plano local, ¿podrá el gobierno seguir minimizando la presión de los organismos internacional, como hizo hasta ahora?

–Salvioli: Hacer futurología es difícil, lo que sí me parece interesante es que los organismos reforzaron la presión para que la justicia investigue de manera efectiva e imparcial. Se puso la lupa sobre Argentina y se va a seguir observando, porque ya hubo bastante tiempo perdido, se separó a un juez por un manejo inadecuado, hubo irregularidades. Los organismos internaciones no van a callar.

–Pérez Aznar: Desde mi punto de vista, el Estado argentino a partir de la asunción de Macri tomó como bandera la represión social, como contracara de las medidas políticas económicas de ajuste y achicamiento del Estado. El gobierno de Macri ha hecho una fuerte inversión en armamentos tanto para las fuerzas armadas y de seguridad, al mismo tiempo que ha instalado en el ámbito interno un discurso en contra de militancia política y la protesta social. Junto con la ministra Patricia Bullrich le han dado un gran poder represivo a las fuerzas de seguridad. Eso el gobierno no lo va a modificar, porque es parte de su sustrato ideológico. Y ese es el telón de fondo de la desaparición forzada de Santiago Maldonado.

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