La caza electoral del mapuche en Chile

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Una huelga de hambre de presos mapuches se convirtió inesperadamente en la divisoria de aguas en la campaña presidencial chilena. El gobierno de Michelle Bachelet aceptó con cierta ambigüedad el reclamo de las comunidades de no ser juzgados en el marco de la Ley Antiterrorista, lo que disparó tensiones en el oficialismo. En paralelo, el candidato opositor y magnate Sebastián Piñera exige más criminalización de la protesta indígena. Caza de votos y pueblos originarios en La Araucanía, corazón territorial de la patria mapuche sudamericana mientras en Argentina resuena la pregunta: ¿dónde está Santiago Maldonado?

Los comandos electorales chilenos hacen focus group con la cuestión mapuche. A poco más de un mes de la elección presidencial, los bunkers de la oficialista Nueva Mayoría y de la derecha agrupada en torno al empresario Sebastián Piñera modificaron abruptamente su agenda de campaña en los últimos días. Arancelar o no el sistema educativo universitario, cómo insertar la producción nacional de cobre en las cadenas globales de valor quedaron eclipsados como ejes de la elección ante un reclamo de presos indígenas en huelga de hambre que puso el dedo en un tema espinoso para los grandes partidos chilenos: la Ley Antiterrorista.

Gracias a ese dispositivo jurídico el Estado trasandino puede armarse hasta los dientes, militarizar territorios de las comunas indígenas y contar con vía libre para infiltrar agentes encubiertos o tomar como válidos en el proceso judicial testimonios donde se reserva la identidad del testigo, lo que incentiva la “plantación de pruebas”. Es decir, la misma guerra de baja intensidad que Colombia desplegó en su momento contra la guerrilla de las FARC, o que el Estado de Israel desarrolla para aniquilar a la resistencia palestina, es utilizada por el vecino país para acallar las demandas de pueblos originarios que, básicamente, exigen un pedazo de tierra para plantar sus cultivos y no ser expulsados por las corporaciones forestales y energéticas asentadas en la región de La Araucanía.

Recapitulando, el caso de los presos políticos mapuches detenidos en la cárcel de Temuco puede servir de espejo a la Argentina para visualizar hasta dónde puede llegar la irracionalidad de un Estado cuando decide criminalizar a un sector que, evidentemente, es utilizado como chivo expiatorio para disciplinar el orden social. En Chile, donde los pueblos originarios no han sido exterminados y por lo tanto tienen más peso demográfico –en La Araucanía, uno de cada tres habitantes son mapuches-, la tensión entre los dueños de grandes extensiones de tierra y los comuneros es una constante.

Defender a Gendarmería, desviar la investigación

A diferencia de Argentina, donde la comunidad mapuche, pese al relato del gobierno nacional, nunca protagonizó alzadas territoriales o actos de desobediencia civil, en Chile los sectores indígenas organizados en la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) sí han activado actos de sabotaje contra las grandes empresas dueñas del territorio. Por ejemplo, pueden llegar a sabotear, rompiendo o incluso incendiando, el uso de maquinarias que son indispensables para el desarrollo extractivista de la zona. “Son acciones dirigidas contra los intereses de los usurpadores de la tierra porque sus inversiones destruyen, antes, el hábitat y la concepción cosmovisionaria de nuestro pueblo”, justifica Héctor Llaitul, vocero de la CAM, en una entrevista cedida recientemente al semanario de izquierda chileno Punto Final. Sin embargo, los presos detenidos en Temuco están encarcelados por un acto tremebundo: haber incendiado supuestamente un templo evangelista, hecho del que ellos niegan rotundamente ser responsables.

Como la Justicia o el gobierno nacional no oían sus reclamos, los cuatro presos decidieron hacer una huelga de hambre. Casi cumplen cuatro meses con la protesta. Cuando su vida corría peligro, lo que había despertado el interés de El Vaticano de mediar en el asunto, según dejaron trascender medios chilenos, la Jefa de Estado Michelle Bachelet aceptó despojar a la causa del molde de la Ley Antiterrorista. Los detenidos depusieron la medida. Y Piñera, como era previsible, lamentó el giro blando dado por La Moneda.

Los verdaderos dueños de Cushamen

En campaña

Días atrás Piñera protagonizó un debate televisivo con un dirigente mapuche. El ex Jefe de Estado no necesitó enfundarse el rostro con un pasamontañas, como hizo el conductor argentino Nicolás Repetto, para espectacularizar su cruzada antimapuche: ¿Que los mapuches no cometen terrorismo? No estoy de acuerdo. No es la naturaleza de la persona lo que califica el acto terrorista sino que es la naturaleza del delito. Por eso hay que aplicar la ley antiterrorista cuando corresponda porque el terrorismo es un enemigo formidable, cruel e implacable que mata“, sentenció con el rostro adusto.

Los dichos de Piñera contrastaron abiertamente con la posición tomada en el tema por el ala más progresista de la coalición oficialista. El ministro de Desarrollo Social, proveniente del Partido Comunista, había saludado la decisión tomada por Bachelet con las siguientes palabras: “Uno no puede homologar la realidad de Colombia a la realidad de Chile, porque estamos lejos de tener los grados de inseguridad, de violencia. Chile no tiene terrorismo. Lo que eventualmente se tipifica como conductas terroristas son hechos violentos particulares. Yo he ido innumerables veces a la Región de la Araucanía, he transitado por zonas urbanas y rurales, y nunca me he sentido amenazado en mi integridad”.

Sin embargo, el tratamiento judicial de los presos mapuches aún sigue en suspenso. Tras los dichos de Piñera, que han sido respaldados en las editoriales de los diarios más influyentes como El Mercurio o La Tercera, el jefe de los fiscales trasandinos, Jorge Abbott, aseveró que de ninguna manera se iba a descatalogar la causa de los presos de Temuco del enfoque terrorista. “Si uno analiza la conducta realizada por los comuneros mapuches, se encuadran perfectamente en el artículo primero y segundo de la Ley Antiterrorista. En consecuencia, lo que le corresponde al Ministerio Público es aplicar la ley en este caso y en consecuencia, no vamos a cambiar su calificación”, arremetió el Gils Carbó chileno.

Evidentemente, en La Araucanía no sólo hay miles de eucaliptus, pinos y mapuches; si uno siguiera al pie de la letra el tono de las declaraciones de la élite chilena, parecería haber un foco guerrillero indígena, similar a lo que fue en su momento la insurgencia zapatista mexicana. Un excelente reportaje hecho por la recomendable revista electrónica chilena The Clinic al vocero Héctor Llaitul permite vislumbrar cómo funciona el modelo de criminalización indígena que el gobierno de Mauricio Macri intenta comenzar a replicar de este lado de la Cordillera de los Andes.

Radiografía de un ministerio cuestionado

En la entrevista citada Llaitul describe el escenario de guerra montado por el Estado chileno en la región de La Araucanía. “La creciente militarización se observa en los patrullajes de carros blindados de las Fuerzas Especiales de Carabineros y en la cantidad de personal destinado a cercar la región: unos tres mil efectivos apostados. También en los batallones de policía militarizada, en los vehículos de transporte mayor como helicópteros y avionetas, en los equipos de vigilancia sofisticados que incluyen drones, globos aerostáticos, sistemas de alta tecnología mediante cámaras de vigilancia en la ruta 5, principal arteria que cruza la zona. Algunas con capacidad geotérmica de visibilidad nocturna”, enumera Llaitul.

También es muy significativa la lectura que hace el vocero de la CAM sobre que implicaría una victoria electoral de Piñera para el futuro de la causa mapuche. “Si la élite tiene la fuerza suficiente para doblegar a gobiernos que se suponen más progresistas, o medianamente democráticos, suponemos que un gobierno de Piñera, que representa más fidedignamente al empresariado, al bloque de poder que está detrás de este conflicto, esto se va a agudizar. Si uno escucha a los representantes de la derecha, lo único que hacen es pedir mano dura en contra del movimiento mapuche, sin hacer ningún tipo de análisis respecto al trasfondo que hay detrás de su lucha. Lo que hay entonces es una mirada de tipo policial, una solución que algunos piensan incluso que puede tener carácter militar”, proyecto el representante mapuche.

Loop de un viernes a la noche (represivo)

Alfredo Astiz, el represor de la ESMA, utilizó esta semana el derecho otorgado de pronunciar sus palabras finales en el que juicio acarrea por delitos de lesa humanidad para cargar contra el pueblo mapuche: “Detrás de sus reclamos ancestrales por la tierra se esconde un apetito secesionista que sólo busca herir la integridad de la patria”. ¿Por qué vuelve a bullir al otro lado de la grieta el fantasma de la subversión? Los mapuches, a ambos lados de la Cordillera, salvo el hecho de querer vivir en zonas donde están asentados grandes proyectos extractivistas, no representan grandes amenazas a los grupos dominantes locales ni tampoco constituyen la fuerza motriz de los movimientos populares. Su adhesión a los mismos siempre se dio con lazos tibiamente orgánicos. Evidentemente, el Chile identificado con Piñera y la Argentina que adhiere a Macri utilizan la narrativa mapuche como globo de ensayo. Miden, tantean, hacen focus group. Empiezan por los indios, seguirán con otros casos.

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