101 represores que seguirán presos

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Luego del fallo de la Corte Suprema que le concedió el beneficio del 2×1 a un represor de la última dictadura y de la marcha de repudio que sacó a medio millón de personas a las calles, hubo rebelión de los jueces inferiores: ya fueron 101 los pedidos de excarcelación de los represores denegados. La Corte se tuvo que hacer cargo del repudio.

Fotos y foto de portada: Joaquín Salguero

Desde que la Corte Suprema dictó su polémico fallo aplicando el beneficio del 2×1 para un condenado por delitos de lesa humanidad, cosechó descreditó social y perdió legitimidad frente a los tribunales inferiores, que en más de 100 casos rechazaron los planteos de los represores para acortar sus condenas.

El 3 de mayo, los dos jueces que llegaron de la mano de Mauricio Macri a la Corte Suprema, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz -junto a Elena Highton de Nolasco- consideraron que la ley 24.390 (conocida popularmente como 2×1) podía aplicársele a Luis Muiña, un civil que había operado entre 1976 y 1977 en el Hospital Alejandro Posadas, en la zona oeste del Gran Buenos Aires. La ley, que habilita que se cuenten como dos cada día pasado en prisión después de los dos años sin sentencia firme, estuvo en vigencia entre 1994 y 2001, mientras Muiña estaba en libertad y los procesos por crímenes de lesa humanidad prácticamente paralizados por la vigencia de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que sólo habilitaba el juzgamiento de muy pocos crímenes, como el robo de niños.

El primer efecto que tuvo el fallo de la Corte –evalúa un juez federal que interviene en uno de los juicios más grandes que se están llevando a cabo por delitos cometidos durante la dictadura– fue poner en agenda el tema, que venía relampagueando, especialmente en los tribunales que cada vez demoran más las audiencias de los procesos.  La segunda consecuencia fue el aluvión de abogados que representan a condenados y procesados por delitos de lesa humanidad que acudieron a los juzgados para pedir que se beneficie a sus defendidos con lo resuelto por la mayoría de los integrantes de la Corte Suprema en el fallo Muiña.

Hasta el jueves, en la Procuración, habían contado 101 denegatorias por parte de juzgados de instrucción y de tribunales orales a los pedidos de los represores que habían tirado de la puerta que abrieron los supremos.  Entre los condenados que se presentaron están Miguel Osvaldo Etchecolatz –que hace tiempo batalla por su domiciliaria y hasta intentó una huelga de hambre el año pasado para salir del penal de Ezeiza-, el cura Christian Von Wernich, el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército Luciano Benjamín Menéndez, el obstetra de la ESMA Jorge Luis Magnacco y Juan Antonio Azic, el prefecto que también operaba en ese centro clandestino y fue el apropiador de la diputada Victoria Donda.

Los argumentos invocados por los jueces fueron múltiples, pero podrían resumirse en estas líneas:

-La ley no existía en el momento en el que los crímenes fueron cometidos, es decir, durante el terrorismo de Estado;

-Los imputados no estuvieron detenidos durante la vigencia de la ley (1994-2001);

-Cuando el Congreso aprobó la ley del 2×1 en 1994 no pudo haber querido incluir los delitos de lesa humanidad porque su persecución penal se encontraba prácticamente paralizada por la vigencia de las leyes de impunidad;

-La ley 27362, aprobada por el Congreso tan solo una semana después del fallo de la Corte Suprema, disipa que ésta haya sido la intención del legislador en 1994. Hay jueces –como Germán Castelli del Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata– que criticaron la sanción de la nueva ley porque intenta modificar retroactivamente una ley derogada hace ya más de quince años. “El anhelo del Congreso por encauzar el gran descontento social existente a raíz de la decisión de la Corte, se tradujo, a mi juicio y sin quererlo, en el avasallamiento de otros derechos de los imputados”, escribió en la denegatoria de la excarcelación de Hugo Guallama, el chofer de Etchecolatz;

-La ley 27156 – vigente y sancionada en julio de 2005 – prohíbe los indultos, las amnistías y la conmutación de penas para delitos de lesa humanidad;

-La obligación del Estado argentino de perseguir, investigar y sancionar adecuadamente a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos y, por ende, su posible incumplimiento con compromisos internacionales.

 Tiempo de espera

Gladys Cuervo trabajaba como enfermera del área de traumatología del Hospital Posadas cuando el 25 de noviembre de 1976 recibió una llamada telefónica a su servicio para que bajara a la dirección del policlínico. Encontró el camino despoblado. Cuando estaba por golpear, sintió que la encañonaron. La llevaron a una piecita del mismo hospital, donde comenzaron a torturarla integrantes de una guardia del centro de salud –conformada por policías exonerados y civiles enviados directamente desde el Ministerio de Bienestar Social en el invierno de 1976. Cuando anocheció, la cargaron en un auto y la llevaron a uno de los chalets que están dentro del mismo predio del hospital. Vio con sus propios ojos a algunos de sus compañeros; de otros escuchó a los represores contar que los habían asesinado. Desde 1985 viene denunciando lo sucedido ante la justicia. A partir de que Muiña fue beneficiado con el 2×1 sigue los avatares de la causa con la minuciosidad de una experta legal. Su abogado, Rodolfo Yanzón, presentó un pedido ante la propia Corte para que declare la nulidad de su propio fallo. “Lo hicimos para que nos dieran la oportunidad de opinar”, explica.

Como Yanzón, los abogados y abogadas que llevan casos por delitos de lesa humanidad vieron con satisfacción el terremoto que ocasionó en los tribunales el fallo de la Corte Suprema y la desobediencia que demostraron los tribunales inferiores a la hora de acatar la jurisprudencia de los supremos.

“Es muy positivo que se haya podido contener el alcance negativo que podría haber tenido el fallo”, evalúa Alan Iud, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo.

Para Luz Palmás Zaldua, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), hay dos notas distintas que acompañan el movimiento contrario al fallo Muiña que se percibió en los tribunales de todo el país. “La movilización del 10 de mayo fue importantísima – explica la abogada. La respuesta social indica que no estamos ante un fallo que sea legítimo. Eso fortalece a los tribunales. Por otro lado, que el Congreso – donde están representadas todas las fuerzas políticas – haya sancionado una norma también termina fortaleciendo a los jueces que se niegan a aplicar ese criterio”.

No es un dato menor que el fallo de la Corte haya sido tomado por tres votos contra dos, y que del otro lado – de los que votaron por la no aplicabilidad – estaban nada más y nada menos que Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, el presidente del máximo tribunal y el hombre que mueve los hilos dentro de la justicia federal. Jorge Rizzo, el dirigente del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y quien representa a Lorenzetti en sus litigios contra Elisa “Lilita” Carrió, fue uno de los que presentó una denuncia ante el sistema interamericano de derechos humanos.

 Un nuevo fallo

Dos días después de la movilización a Plaza de Mayo, la Corte Suprema anunció a través de un comunicado que había pedido a la secretaría penal del tribunal que reuniera todos los planteos por la aplicación del 2×1 y que iba a notificar a todas las partes para que expresaran su opinión a la luz de la ley aclaratoria aprobada por el Congreso para impedir que la norma que estuvo en vigencia hasta 2001 terminara beneficiando a criminales de lesa humanidad.

Según fuentes de la Corte, ese tribunal tendría alrededor de quince casos para expedirse. Los organismos ya empezaron a recibir las notificaciones. La semana que viene ya estarían contestando al tribunal por qué no corresponde seguir la doctrina del fallo Muiña.

Entre otros casos, la Corte deberá resolver sobre el 2×1 para represores de La Cacha – el centro clandestino de La Plata donde estuvo detenida Laura Carlotto, entre muchos otros. También tiene planteos de Horacio Martínez Ruiz y de Eduardo Rodolfo Cabanillas, represores de Automotores Orletti. Cabanillas había estadoen huelga de hambre en julio del año pasado hasta que la sala de feria de la Cámara de Casación le otorgó la prisión domiciliaria. Los supremos también tendrán que evaluar los planteos de los represores de la ESMA condenados en 2015 por la sustracción de Laura Ruiz Dameri, también apropiada por Azic – al igual que Victoria Donda.

Desde el Palacio de Talcahuano hicieron saber que la intención de los supremos era convocar a un acuerdo para fines de junio o principios de julio y emitir un nuevo fallo. Las señales son de cambio de rumbo, pero la cautela es lo que sigue primando.

“La Corte decidió revisar los casos a partir del repudio que generó su fallo. Estamos todos expectantes porque nadie sabe cómo va a resolver”, dice Guadalupe Godoy, abogada querellante en La Plata. “Lo que sí no se ha modificado es la aplicación del fallo (Felipe Jorge) Alespeiti, que habilita las domiciliarias”, dice sobre el fallo que la Corte sacó en abril otorgando la prisión domiciliaria a un jefe de área de la Capital Federal.

La última señal que la Corte envió de un relativo acercamiento al mundo de los derechos humanos fue la participación de Highton de Nolasco y Rosenkrantz –sindicado como quien motorizó el fallo Muiña– en el homenaje que la Legislatura porteña le realizó a Graciela Fernández Meijide, madre de un adolescente desaparecido durante la última dictadura y activa integrante de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) en el retorno de la democracia. Meijide fue tentada por María Eugenia Vidal para ser su secretaria de derechos humanos, pero declinó la invitación. Sin embargo, la gobernadora bonaerense participó del homenaje junto a los ministros de la Corte, el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj y Pablo Avelluto, el ministro de Cultura de la Nación. El homenaje –hegemonizado por Cambiemos- significó el fin del ostracismo de los integrantes de la Corte que habían evitado participar en actividades públicas. Highton, de hecho, canceló su viaje a España para sumarse a una cumbre y pidió entre el 15 y 22 de mayo de licencia por motivos personales.

Dentro del gobierno, Avruj también buscó un perfil bajo después de decir que el fallo de la Corte se ajustaba a derecho. El secretario de Derechos Humanos se justificó diciendo que no lo había leído porque estaba reunido con organismos de derechos humanos. Germán Garavano –que sabía del fallo un día antes de que se firmara- salió a criticar el 2×1 para todos los casos, una fórmula que repitió Macri horas antes de la movilización del 10 de mayo.

Los supremos – que también recibieron llamados de atención de una oficina de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) – parecen dispuestos a volver sobre sus pasos. “La Corte tiene elementos para fallar en otro sentido – reclama Palmás Zaldua, del CELS – y puede hacerlo”.

@LucianaBertoia

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Luciana Bertoia

Luciana Bertoia

Periodista, Licenciada en Ciencia Política y Magíster en Derechos Humanos. Cubre temas vinculados con justicia y derechos humanos. Formó parte del Buenos Aires Herald y trabajó en la sección El Mundo del diario Página/12 y en Miradas al Sur.

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