3.000 periodistas en la calle

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Los trabajadores de prensa hacen frente a su peor momento. En medio de cierres, despidos y retiros involuntarios, ya se perdieron alrededor de 3000 puestos de trabajo. El ajuste no es sólo económico. La fuerte presión política sobre la línea editorial se ejerce a través de la pauta oficial y bajo la consigna de la autoregulación del mercado.

Fotos: Ezequiel Pontoriero

El pasado viernes, Víctor Hugo ya no pudo salir al aire. Lo despidieron de C5N una hora antes de que su programa debiera comenzar. El mismo día, en Radio Tandil se llegó a la cifra de catorce despidos luego de que asumiera la nueva dirección. Mientras tanto, los accionistas de la agencia Diarios y Noticias (DYN) pretenden concretar su cierre a través de una asamblea planificada para el próximo viernes, desempleando así a un centenar de trabajadores de prensa.

Desde que asumió Mauricio Macri se perdieron casi 3.000 puestos de trabajo en el sector, según fuentes gremiales e información de prensa: despidos, cierres y retiros (in)voluntarios lo acorralan. Mientras tanto, cada vez son más los que todavía conservan su trabajo perciben el salario en cuotas, sin paritarias acordes y rodeados por la incertidumbre y el temor de quién será el próximo.

El componente financiero dentro de los medios de comunicación es cada vez mayor, la concentración mediática se recrudece y la libertad de expresión tiembla en un contexto sumamente salvaje para los trabajadores y para la sociedad en su conjunto.

Ley de medios: lo que perdimos y lo que nos queda

DyN

Los trabajadores de la Agencia Diarios y Noticias, en la que los diarios Clarín, La Nación, Río Negro y la Gaceta de Tucumán son accionistas mayoritarios, venían reclamando desde hace meses información sobre los rumores de cierre: “Hace más de un año venimos denunciando el deterioro de las condiciones operativas de la agencia, producto de la desinversión en tecnología y el no reemplazo del personal que accedió a la jubilación, mientras vemos que accionistas principales y controlantes de DyN, como Clarín y La Nación, vienen reestructurando y ampliando su esquema de negocios, adentro y afuera de la actividad periodística”, denunciaba un comunicado de la comisión interna del Sindicato de Prensa de la Ciudad.

El pasado seis de noviembre, la realidad se hizo eco de las denuncias . En el Boletín Oficial de esa misma fecha se pudo ver la convocatoria de Diarios y Noticias S.A. a una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. El día pactado será el próximo viernes 23 de noviembre a las once horas: el momento de la verdad. “Yo veo una actitud patronal absolutamente decidida, nosotros de entrada hicimos asambleas con los compañeros, presentamos ante el ministerio el pedido de situación, conseguimos audiencias al más alto nivel, pero la patronal no tiene dudas, es una decisión muy fuerte de cierre”, dijo a Nuestras Voces Fernando Tato Dondero, secretario de SiPreBA (Sindicato de Prensa de Buenos Aires).

Desde DYN S.A. aseguran que la motivación de cierre es económica: Los diarios del interior no aportan más, se caen los suscriptores, es una agencia formada a la antigua que, en los tiempos actuales, ya no tiene razón de ser. “Indudablemente lo que está claro es que La Nación y Clarín prefieren poner ese dinero para sus plataformas web. Hay un recambio en las comunicaciones, ahora van a invertir en otras cosas. Pero también se sabe que no las necesitan más, cumplieron una etapa desde el punto de vista estratégico”, asegura Dondero.

Hay otras dos cuestiones fundamentales en el análisis de la crisis que enfrenta al sector. Por un lado, los cambios en el consumo de medios e información y, por el otro, los intereses políticos que acarrean estas decisiones.

“La situación es terrible porque están hasta si quiere, desde el punto de vista de ellos, legales. No niegan indemnizaciones, ni nada. Sabemos también que este es un contexto difícil, una época en la que es difícil revertir una política patronal porque en el fondo hacen lo que les permiten hacer desde el gobierno”, agregó Dondero. La ausencia del Estado no es causal. Bajo el discurso de que se trata de privados, Cambiemos profundiza su política de no intervención y su colaboración hacia los espacios afines.

Barrilete cósmico

La semana pasada, el sindicato presentó ante la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados un anteproyecto de Ley de Emergencia Laboral en empresas de comunicación para intentar frenar los despidos. Se realizó una radio abierta con al Red Nacional de Medios Alternativos y un camarazo por los reporteros gráficos nucleados en la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA).

Entre la espada y la pared

Otro de los medios con dificultades es Página/12 que, según sus propios trabajadores, se encuentra en uno de los momentos más difíciles desde su fundación. Desde mayo de 2016 el diario pertenece al Grupo Octubre, encabezado por Víctor Santa María. La falta de inversión y de aggiornamiento a las nuevas tecnologías dejó a sus trabajadores en desventaja. “Hay un contexto general, no sólo en el país sino en el mundo, de cambio de pautas de comunicación. La vieja estructura de un diario de papel que la gente va y lo compra en el quiosco se fue cayendo. Página padece esa reconversión general de cómo la gente se informa. Creo que el diario no estuvo a la altura de la situación, se durmió porque tenía una pauta oficial favorable y ahora padece una doble situación de ajuste. Uno por parte del gobierno y otro por incapacidad propia de estar reconvertido en un producto que pueda ser funcional en esta situación”. Dondero es, además de integrante de SiPreBA, trabajador de Página/12 desde sus inicios.

El colectivo del diario siempre fue muy activo. Sin embargo, en estos tiempos se encuentran frente a una situación más que compleja: “Hay muchas medidas de lucha por nuestro salario y las condiciones de trabajo, pero por otro lado tenemos que reconocer que hay una política de ahogamiento por parte del gobierno de no querer bancar las investigaciones de Horacio Verbitsky, o la cobertura del tema Maldonado o los Panamá Papers, por nombrar algunos ejemplos. Es una situación muy compleja porque si yo aprieto la situación laboral interna habilito a los otros en contra de la voz de Página/12”.

Entre la espada y la pared, los trabajadores deben presionar a la patronal para conseguir cumplir sus derechos laborales sin que ello implique una presión demasiado fuerte que ahorque – y termine de asfixiar – a su propio espacio, uno de los pocos opositores que aún perduran.

Un futuro incierto

La empresa de Cristóbal López y Fabián De Sousa, por su parte, continúa sumando nuevos capítulos. La situación fue narrada en este mismo portal por el periodista Ari Lijalad: “Su antigua relación con la familia Kirchner es vox populi. Lo mismo sus asuntos con el fisco: acumulan una deuda de más de 8 mil millones de pesos con la AFIP, generada al no pagar el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC). La idea de López y De Sousa era desprenderse de algunas empresas para pagar la deuda, pero el juez contencioso administrativo Enrique Furnari impidió que se desmembrara el Grupo hasta que no resolviera el pago de su deuda. La AFIP denunció penalmente a ambos dueños de Indalo, causa que quedó en manos del juez Julián Ercolini –de los más permeables y maleables de Comodoro Py– que inhibió todos sus bienes. Con este panorama, López dejó trascender que no soportaría ir preso y aceleró las negociaciones para desprenderse de sus empresas”.

Quién es quién en la operación Indalo

La compra del holding ya se había intentado desde petrolera Oil Combustibles, pero la Corte Suprema de Justicia lo frenó. OP Investments, un fondo de inversión con un nombre genérico, es el nuevo interesado. En los últimos días trascendió que, además, podría asociarse con la empresa Lukoil, la petrolera más grande de Rusia.

Poco se sabe de quiénes están detrás de la operación. Sea quien fuere, se quedaría con más de ciento cincuenta sociedades – entre ellas alrededor de veinte medios de comunicación –  deudas con el fisco y con el futuro de más de cuatro mil fuentes de trabajo.

“Es una situación muy complicada para los compañeros porque hay dos escenarios: uno es que le terminen permitiendo la venta desde el Grupo Indalo a la nueva empresa. En ese caso ellos dijeron que de las sociedades que compran van a ver cuáles son rentables, con lo cual no estamos seguros de cuál va a ser el futuro de las empresas periodísticas del grupo. Tampoco sabemos cuál va a ser el futuro de los trabajadores en el otro escenario, pero mientras la empresa sigue siendo de Cristóbal López y De Sousa, están bajando voces: en un primer momento Navarro, ahora Víctor Hugo y esto es una clara maniobra para negociar con el gobierno su venta”, aseguraron desde SiPreBA.

Además de los despidos ideológicos de C5N, el grupo se encuentra adeudando salarios y realizando pagos en ínfimas cuotas. Un ejemplo de ello es Ámbito Financiero en donde sus trabajadores, primero como excepción y luego en forma sistemática,  reciben la paga de un mes en tres partes. Además, por supuesto, de la constante duda respecto de la continuidad de sus puestos de trabajo.

Una radio con historia y sin futuro

Radio Rivadavia es otro caso paradigmático. A mediados del año pasado, la familia Cetrá vendió la Emisora Cultural S.A. (Radio Rivadavia y Radio UNO, su FM) luego de mantener una compleja situación salarial con sus empleados. La sociedad fue comprada por el holding de los hermanos Guillermo y Fernando Whpei, quienes en el 2013 también habían comprado la radio rosarina LT3, principal emisora del interior, y su FM 102.7 al multimedio La Capital, del grupo Vila-Manzano.

La alegría de la adquisición no duró demasiado. El cambio de manos no significó para los trabajadores mejora alguna. La incertidumbre y las deudas continuaron hasta octubre de este año, cuando el juez nacional en lo comercial Horacio Francisco Robledo declaró la quiebra de la sociedad anónima Emisora Cultural por mantener una deuda de más de un millón y medio de pesos con la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (Sadaic).

La decisión se tomó en base a un pedido de la propia Sadaic, desde donde informaron que los hermanos Whpei habían propuesto pagar 270.000 pesos: apenas el dieciséis por ciento de la deuda contraída.  El juez designó al síndico liquidador y emplazó a los acreedores de la emisora a que se presenten para verificar sus créditos.

Mientras esto ocurría, Guillermo Whpei decidió desfilar por diversos programas de televisión para desmentir a los trabajadores de la emisora. Una de las entrevistas fue en el programa del periodista Chiche Gelblung por Crónica Tv. Presentado en pantalla como Presidente de la Fundación para la Democracia Internacional (y no como el dueño del grupo en crisis) Whpei encontró el lugar perfecto para hacer su descarga: “No es más mía la radio. El síndico va a tener que pagar los sueldos. Nosotros no tenemos más nada que ver”. El hermano Whpei aprovechó para decir que no es un “hombre de los medios” y que principalmente su negocio se desarrolla en el ámbito de la salud (poseen empresas de servicios de emergencia), las cocheras (con más de quinientas a su cargo) y las compañías financieras.

En el medio, los trabajadores. Si bien se abonaron los últimos sueldos, aún se adeudan viejos salarios, aguinaldos y vacaciones de locutores, periodistas y productores del lugar. Ciento veinte familias a las que Difa S.A. (nombre de la sociedad de los Whpei) dejó a la deriva y una radio con más de ochenta años de historia con un futuro incierto.

Los nuevos viejos principios empresariales

Tres sociedades, un mismo grupo

El Grupo Olmos, un holding dedicado a las prestaciones de salud y a los medios de comunicación, no escapa de la situación. A ellos les pertenecía la revista veintitrés, luego de que en el 2014 la compraran junto con Diario Crónica (Mendoza, Buenos Aires y de la costa), Bae Negocios y Diario Show a  Sergio Szpolski.

Para octubre de 2016, el grupo ya había decidido que la revista dejaría de editarse en papel. Ofreció retiros voluntarios y comenzó una reestructuración que terminaría en junio de este año con catorce trabajadores despedidos. “En el Día de Periodista decimos: ¡No a los despidos en el Grupo Crónica!”, titulaba el reclamo. A pesar de la lucha, al mes siguiente otros siete trabajadores fueron despedidos intempestivamente sin siquiera recibir sus pagos en tiempo y forma. Ese día la revista se publicó sin firma en sus notas y en sus fotografías.

Dentro del grupo, trabajadores de Crónica TV también fueron despedidos. Tres de ellos se enteraron al querer ingresar al canal. Armando Tosin y Norberto Ortiz trabajaban en la señal desde hacía veinticuatro años. Fabian Lema, desde hacía diecisiete.

La situación de Bae fue peor. El Grupo Olmos creó una nueva sociedad, Aconcagua S.A., a la que obligadamente los trabajadores debieron traspasarse. Un comunicado de SiPreBA de mediados del año pasado lo explicaba: “La resistencia de los trabajadores de BAE fue grande. Dos años se opusieron al pase a esa nueva empresa, a pesar de las presiones por parte de la patronal. El cambio de gobierno y el fin del ingreso de pauta publicitaria oficial fueron utilizados por los dueños como una amenaza contra la continuidad de los puestos de trabajo”.

Dentro de la nueva estructura, que además de Aconcagua S.A. incluía a la razón social Alta Densidad S.A., el grupo Olmos creó una nueva sede a donde trasladó a todos menos a los trabajadores activistas e integrantes de las comisiones internas. La situación se siguió con despidos, retiros voluntarios forzosos y una lucha de la patronal contra la afiliación sindical.

Todas la voces

La situación de los trabajadores de prensa no escapa al ajuste sufrido en múltiples sectores. Sin embargo, la importancia de su funcionamiento para la calidad democrática de una sociedad, vuelve al conflicto un poco más complejo. “Se afectaron medios opositores, con voces distintas a la oficial. Hay una situación de achicamiento en cuanto a una voz discordante que es muy grave para la libertad de expresión”, aseguró Dondero.

El especialista en medios de comunicación, Martín Becerra, dijo en diálogo con Radio del Plata (otro de los medios afectados por esta situación, perteneciente a Electroingeniería): “En la actualidad la tendencia editorial, de manera muy manifiesta, es netamente oficialista. A mi me preocupa que haya una descompensación grande entre los medios con audiencias importantes y el resto con una afiliación editorial pro gubernamental”. Además, el investigador del CONICET afirmó que las audiencias que no eligen a Macri como su alternativa se encuentran “en un estado de orfandad”, y “sin representación mediática”.

La situación en la AM 1030, los despidos en AGR Clarín y en el Grupo Atlántida (perteneciente al grupo mexicano Televisa), los incumplimientos en los pagos en TV360 y Editorial Perfil (del empresario Jorge Fontevecchia), los despidos en medios estatales como radio nacional y la agencia de noticias Télam, son también parte de la interminable lista de desesperación.

Con la excusa de los cambios tecnológicos que se avecinan y del contexto socioeconómico que plantea Cambiemos, los dueños de los medios se mueven como pez en el agua. Mientras tanto, el gobierno disimula mirar hacia otro lado y presiona con la pauta oficial.  El Estado, luego de anular los puntos claves de legislación que imponía la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, juega la carta de la mano invisible del mercado. La tendencia a que en los medios exista un componente financiero cada vez mayor, agrega una nueva variable al ya difícil panorama: el corrimiento del eje desde la libertad de expresión y la democracia hacia la rentabilidad de los grupos. Y en el medio, los trabajadores.

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