400% de incompatibilidad energética

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El ministro Aranguren suma pedidos de renuncia, marchas y contramarchas en la política tarifaria  y denuncias por incompatibilidad, ya que es accionista y ex CEO de Shell. Cacerolazo, investigación judicial y desmentidas de renuncias lo convierten en el ministro más cuestionado del Gobierno.

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Fotos: Joaquín Salguero

La reacción social contra el tarifazo todavía no terminó de desplegarse en su totalidad. Este jueves se prevé que el país se manifieste en un cacerolazo en rechazo a los aumentos de los servicios. Mientras tanto, Aranguren hace equilibrio en el cargo, acechado por los reclamos y denunciado por la incompatibilidad obvia que deviene de su vínculo con Shell. Pero no todas son malas noticias para el macrismo, que este martes recibió con satisfacción la decisión de la Corte Suprema que patea la resolución de fondo para adelante y le da margen a los abogados del gobierno para contrarrestar los amparos que detuvieron los tarifazos.

Juan José Aranguren camina por la cuerda floja.  La oposición lo sabe y por eso acelera su embestida. Y Cambiemos lo sabe aún mejor, y por eso lo sienta en conferencias de prensa y revalida su posición ante cuanto micrófono puede, aunque con fuertes tensiones internas. Es un hecho: en política, cuando hay que salir a desmentir una renuncia, es porque esa renuncia ya está escrita y es cuestión de cintura política evitar que una firma termine por llevarla al boletín oficial. ¿Tendrá el hombre de Shell esa cintura?

El escándalo de la compra de gas a Chile a través de la empresa de la que fue CEO hasta diciembre y de la que aún posee –como mínimo- 16 millones de pesos en acciones, tuvo un costo alto para Aranguren. Pero la encerrona sin dudas la terminó de propinar la facturación del gas que en algunos hogares vino con aumentos siderales, provocando la bronca colectiva, amplificada por la cobertura mediática que -esta vez- no pudo obviar el asunto.

Es cierto, dijo el Ministro de Energía, “hubo impactos tarifarios que no habíamos calculado”. El ensayo salió caro para los usuarios, pero también salió caro políticamente para el Gobierno. Hubo casos de aumentos de hasta el 1.000 o 1.200%. Y no precisamente de hogares en Barrio Parque.

El efecto fue en cadena: Las colas de usuarios enojados se multiplicaron en las puertas de las empresas proveedoras del servicio, los medios de comunicación no pudieron esquivar el tema y tuvieron que mandar sus móviles. Y la oposición súbitamente encontró una temática que la aglutina y organiza, aún a pesar de las crecientes diferencias entre bloques y partidos.

El descalabro fue tal que el Gobierno tuvo que recalcular nuevamente el esquema tarifario y ofreció una suerte de tregua con gusto a poco para la mayoría de la población: Fijó un tope de 400% en los aumentos del gas para el consumo doméstico y un 500% para las empresas. En concreto, si una familia en 2015 había recibido una factura por 300 pesos, ahora recibirá una por 1.500: Los 300 originales más el aumento del 400%.

En paralelo, la Corte de Lorenzetti buscó una salida salomónica y para no dar respuesta sobre la cuestión de fondo, pidió al Gobierno toda una serie de especificaciones. En una resolución de este martes, el máximo tribunal requirió al Gobierno que detalle “la ponderación de los principios de gradualidad y progresividad” en el nuevo cuadro tarifario y adelantó que recién resolverá en agosto. De esta forma, los jueces supremos evitaron que sus nombres encabecen la portada de los diarios, ya sea a favor o en contra de la medida de Mauricio Macri.

Mientras tanto, el cuerpo de abogados del Ministerio de Energía podrá avanzar en las apelaciones de los fallos que detuvieron los tarifazos a lo largo y ancho del país. El primer objetivo será acudir a la Cámara Federal de La Plata para desarmar la reciente resolución que obligaba a retrotraer el cuadro tarifario de servicios al 31 de marzo.

Incompatibilidad

J.J. Aranguren fue hasta diciembre de 2015 el CEO de la petrolera holandesa Shell. Tan solo este enunciado alcanzaría para demostrar la incompatibilidad obvia entre las políticas que ahora tiene que aplicar en su cartera y los efectos que esto genera de manera automática en la empresa que condujo durante 12 años. Pero sucede que Aranguren además mantiene al día de hoy unos cuantos millones en acciones clase A de Royal Dutch Shell Plc, la casa matriz de la firma.

A diciembre de 2015 eran 16.326.051 millones de pesos, pero como las acciones están seguramente en moneda extranjera, con la devaluación sus títulos posiblemente se valorizaron otros 10 millones de pesos más.

El tema venía siendo advertido por dirigentes de la oposición, pero terminó de ponerse sobre la mesa cuando se conocieron unas ocho compras directas a Chile de gasoil por barco, de las cuales Shell se quedó con siete. Además, la Argentina terminó pagando un precio sustancialmente superior al que consigue en otros mercados, como el de Bolivia.

Aranguren sostuvo entonces que el país de Evo Morales había alcanzado ya el tope del gas plausible de ser vendido a la Argentina y que la urgencia del frio lo obligó a importar gas licuado, con un costo que casi duplica al otro. Sin embargo, la excusa no duró demasiado. Aunque con escasa repercusión en la Argentina, el ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Luis Alberto Sánchez, dijo que su país tiene excedente de gas y que claro que está dispuesto a venderlo a la Argentina, si es que el país se lo requiere. Porque, según dijo, jamás había llegado un pedido de Aranguren para ampliar el contrato de importación de gas.

“Evidentemente Argentina cerró un negocio con Chile”, sostuvo Luis Alberto Sánchez en diálogo con una radio boliviana y explicó que su país vende gas a un precio que ronda entre 3 y 4 dólares el millón de BTU, mientras que el ex hombre de Shell pagó a Chile unos 7 dólares por el millón de BTU.

El caso lo tomó el fiscal federal Carlos Stornelli, quien  requirió al juez Luis Rodríguez que avanzara en la investigación. Por esta causa, hace unas semanas atrás el juzgado requirió información al Ministerio de Energía y a la oficina anticorrupción, que se está analizando actualmente. Es decir que, además del dolor de cabeza por los cacerolazos y las denuncias por los tarifazos, Aranguren quizás encuentre su situación judicial complicada en un futuro próximo. Fuentes del Gobierno especulan que el límite de Mauricio Macri será un procesamiento judicial. Recién entonces le soltaría la mano. Sin embargo, en el mundillo político se estipula que ese desenlace llegará más pronto que tarde.

El drama de los servicios

“El kirchnerismo nos quiso vender que era posible vivir en un país en donde uno no pagaba la luz, el gas y el agua”. El diputado nacional por Cambiemos, Eduardo Amadeo, posiblemente creyó estar ayudando a su gobierno en la batalla argumentativa librada en torno a los tarifazos, pero lo cierto es que los enojos no reconocen afiliación partidaria y las largas colas frente a las empresas son una asamblea abierta de vecinos enojados.

El tope de 400% sobre el gas implica multiplicar por cinco la factura que cada usuario recibió el año pasado. Para el Gobierno esa fue la medida más jugada que pudo tomar a favor de las mayorías, pero para las organizaciones de consumidores la iniciativa está lejos de lo deseado.

El cacerolazo en contra de los aumentos está programado para este jueves a las 20 y todo indica que la conferencia de Marcos Peña con Aranguren no alcanzó para mermar la bronca.  A este panorama se suma, naturalmente, los aumentos en luz y agua, que no tienen tope prefijado y que también pueden venir aún con aumentos inesperados. En el caso de la luz se sucedieron una serie de fallos judiciales que congelaron los incrementos y llamaron a audiencias públicas para recabar testimonios de usuarios residenciales e industriales. Pero si el equipo de abogados de Aranguren triunfa, con feria judicial mediante, esos amparos no permanecerán por mucho tiempo en funcionamiento.

Hay otro dato político y económico en esta trama. Cambiemos quiso tirar de la cuerda lo máximo posible y llevar la tarifa a las nubes en un mismo tramo, para evitar un incremento sostenido en el tiempo que provocaría un salto en la inflación todos los meses. Los servicios no sólo influyen en el bolsillo de una familia de trabajadores, también afecta fuertemente el costo de producción de la totalidad del universo Pyme. Si la tarifa se sostiene en alza durante un período prolongado, sería imposible lograr la meta tan mentada de detener el sangrado de la inflación.

Sin embargo, las centrales empresariales encendieron ya su luz de alerta: El consumo se desmoronó por la pérdida de poder adquisitivo, la producción es cada vez más cara por el incremento de las tarifas y la competencia más vil por el ingreso de importaciones de un mundo deseoso de colocar mercadería de excedencia a precios de dumping. El combo quedó más o menos plasmado en los números que dio a conocer este martes la UIA: La industria se desmoronó un 5% en comparación con el mismo período de 2015. Y contando.

Aunque suene cínico, de todas formas esto implicará una buena noticia para las tarifas. El desplome de la producción y el consumo disimulará el incremento del precio de los servicios. Y, además, le permitirá al macrismo reducir el déficit fiscal que se engrosó luego de las concesiones que otorgó en el primer trimestre al capital concentrado, principalmente la quita de retenciones al campo y a la minería. Sólo esa decisión había significado para las arcas públicas una disminución de casi 50 mil millones de pesos. Con el fin de los subsidios y el consiguiente tarifazo el Estado se ahorrará unos 12 mil  millones, es decir que la bronca de la gente puede ser mucha, pero significa el 25% del esfuerzo que el Estado argentino realizó para eliminar los derechos de exportación a los chacareros y mineros.

@alegiuffrida

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