A qué Justicia se enfrenta CFK

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Esta nota fue escrita en mayo de 2016, cuando el juez Bonadío citó a declarar a CFK, pero mantiene intacta vigencia para entender el derrotero político-judicial que terminó en el procesamiento de la ex Presidenta por la causa del dólar futuro.

El ministro miró azorado cuando un fiscal federal le advirtió: “En cuatro años, el procesado vas a ser vos”. Las palabras que escuchó Germán Garavano cuando discutía con un grupo de magistrados los cambios a la ley del ministerio público no eran una amenaza, sino una advertencia de que la politización de la justicia inevitablemente iba a terminar consolidando su autonomización.

Sin embargo, los tribunales de Comodoro Py tienen su propia lógica y siguen su propio ciclo. Tan solo cuatro meses después de que dejara la Casa Rosada, la ex-presidenta Cristina Fernández de Kirchner tendrá que entrar como imputada en una causa por venta de dólar a futuro y sentarse frente al juez Claudio Bonadio, a quien ella misma inscribió dentro del “Partido Judicial”. Las elecciones marcaron el fin de un ciclo político en la Argentina pero no en el poder – político – de los doce jueces que ocupan los despachos en el tercer y el cuarto piso de los tribunales de Retiro.

“Lo que está sucediendo ahora no es nada distinto al ciclo de funcionamiento de la justicia federal. No hay mucha diferencia con lo que hicieron con Carlos Menem o con Fernando de la Rúa cuando dejaron el gobierno”, explica el jurista Alberto Binder, mostrando que la faz política de los tribunales opera más como regla que como excepción. “Lo que le reprochábamos al anterior gobierno era que no rompiera este ciclo”, agrega.

No tantos cambios

Para mediados de 2014, las relaciones entre el gobierno kirchnerista y los servicios de inteligencia terminaron de desgastarse. El 7 de octubre de ese año, cuando promulgó el Código Civil y Comercial, CFK anunció ante los ministros de la Corte Ricardo Lorenzetti que iba a avanzar en la reforma del código procesal, dejando en mano de los fiscales las investigaciones penales, lo que daría inevitablemente mayor incumbencia a la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, y una pérdida de poder a los jueces.

En los ‘90, la entonces SIDE encontró su puerta de acceso a los tribunales federales de la mano del atentado contra la mutual judía. El uso de los servicios de inteligencia para investigaciones criminales se volvió costumbre así como las relaciones “promiscuas” entre los espías, los jueces y los propios funcionarios.

“La reforma procesal se pudo llevar a cabo cuando entró en crisis el sistema de inteligencia”, sostiene Binder. Hay quienes ponen una fecha precisa a ese proceso: el 15 de mayo de 2014, cuando la sala I de la Cámara Federal declaró inconstitucional el Memorándum de Entendimiento firmado con Irán un año antes para investigar el atentado de la AMIA.

El factor Nisman

Poco menos de un mes después de los cambios en la cúpula de la Secretaría Inteligencia (SI) anunciados en diciembre de 2014 y que tenían como objetivo remover al ex jefe de Operaciones Antonio “Jaime” Stiuso, el país se sacudió con la denuncia de Alberto Nisman que acusaba a CFK y al entonces canciller Héctor Timerman de haber pactado con la firma del memorándum la impunidad para los iraníes supuestamente vinculados con el ataque a la mutual judía. Cuatro días después de presentar la denuncia, el 18 de enero de 2015, el fiscal fue encontrado sin vida en el interior de su departamento en Puerto Madero.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal Viviana Fein hasta el 17 de diciembre del año pasado, una semana después de la asunción de Mauricio Macri. Fein se quejó que la jueza Fabiana Palmaghini había asumido la causa justo cuando ella ponía el foco sobre el accionar de funcionarios vinculados a la inteligencia durante el 18 de enero del año pasado, cuando Nisman ya estaba muerto y los llamados telefónicos se multiplicaban.

El último giro de la causa tuvo como protagonista a Stiuso, quien después de una declaración de doce horas convenció a la jueza Palmaghini de que era hora de mandar el caso a Comodoro Py.

La investigación por la muerte de Nisman llegó a los tribunales de Retiro el lunes a la mañana y quedó en manos de Julián Ercolini, el magistrado que desde 2012 estuvo a cargo de la causa Papel Prensa.

Una semana atrás, Ercolini ordenó la detención del ex-secretario de Transporte Ricardo Jaime y de su asesor Manuel Vázquez por haber supuestamente malversado fondos con la compra de vagones en malas condiciones a España y Portugal.

Poco después de la detención de Jaime, el juez Bonadio decidió llamar a indagatoria a Julio De Vido, el ex ministro de Planificación kirchnerista y actual diputado por el Frente para la Victoria (FpV), para investigar su presunta responsabilidad en la tragedia de Once.

Días después, CFK sostuvo en una carta abierta que la movilización marcaba el “bautismo de fuego del Partido Judicial”.

Los tiempos de las críticas quedaron atrás para Ercolini, quien ahora tiene línea directa con el ministerio de Justicia encabezado por Garavano. En esa cartera, hay varios funcionarios — como Laura Alonso, a cargo de la Oficina Anti-Corrupción y que testimonió en la causa Nisman — que sostienen que Nisman fue asesinado, tal como denuncia su ex mujer, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, llegando a sugerir que podría haber sido víctima de un comando iraní con apoyo local.

El memorándum

Horas después de la asunción, Macri ordenó a Garavano que retirara el recurso que el Ejecutivo había impulsado contra la inconstitucionalidad del Memorándum. A principio de año, el fiscal Gerardo Pollicita, quien había sostenido la acusación de Nisman, intentó reactivar la denuncia pero el juez Daniel Rafecas rechazó el planteo en los primeros días de marzo.

¿Qué nueva evidencia podía aportar Pollicita? Un informe remitido por la Cancillería que detallaba cómo habían sido las negociaciones con Irán para llegar al Memorándum y un artículo del diario Clarín que Carlos Stornelli le había enviado a su colega en el que se sostenía que Juan Carlos Gemignani planeaba votar por la inconstitucionalidad del pacto y sugerir que quienes lo habían firmado podían ser acusados de “traición a la patria”.

El caso podría ser sólo un fallido intento de un grupo de fiscales si no fuera que los tres magistrados tienen conexión directa con el Club Boca Juniors y con su presidente, Daniel Angelici, acusado de ser el operador judicial en las sombras aún por integrantes de la coalición gobernante como Elisa “Lilita” Carrió.

Una nueva era

Garavano arrancó su relación con los jueces federales con el pie izquierdo. El mes pasado dijo que no había “mayores garantías” si la investigación por la muerte de Nisman pasaba a la justicia federal justo en el preciso momento en que el gobierno planteaba la transformación de un grupo de jueces de instrucción en federales para investigar casos de crimen organizado. La iniciativa no gustó en Comodoro Py y hace ya semanas que el ministro dejó de hablar de la propuesta aunque mantiene firme la idea de reducir el poder de Gils Carbó para obligarla a renunciar.

La semana pasada se conoció el proyecto que intentará reformar la ley orgánica del Ministerio Público, incorporando las figuras de cuatro subprocuradores que secundarán a la procuradora. Si bien el jefe de los fiscales debe ser elegido por dos tercios de la Cámara Alta, los subprocuradores sólo requieren una mayoría simple y, en caso de licencia, el más antiguo de ellos puede asumir el rol de procurador general.

Fuentes cercanas a Gils Carbó insisten que la procuradora no piensa dejar el puesto al que accedió en 2012 apoyada por una amplia mayoría pese a que en diciembre Garavano ya le pidió que dé un paso al costado. Para fin de año, el gobierno pasó de los dichos a los hechos, retirándole la dirección de interceptación y captación de comunicaciones telefónicas (Dicom), que había pasado a estar en la órbita de la Procuración con la reforma de los servicios de inteligencia que siguió a la muerte del fiscal Nisman. El Ejecutivo puso la tristemente célebre Oficina de Escuchas Judiciales (OJOTA, en la jerga de los espías) en manos de la Corte Suprema, que delegó el monitoreo de la casona de Avenida Los Incas en el presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun.

Al conocerse la noticia de que la Dicom quedaría en manos del tribunal dirigido por Lorenzetti, la fiscal Cristina Camaño — a cargo de la oficina — sugirió que sería una maniobra tendiente a devolverle las escuchas a la actual Agencia Federal de Inteligencia (AFI). En voz baja, se decía que quien estaba detrás de esa jugada era Daniel Angelici.

Al presidente de Boca también se lo presiente moviendo los hilos de la renuncia del juez Norberto Oyarbide, quien la semana pasada oficializó su retirada de los tribunales de Retiro, como había anunciado días después de la llegada de Macri a la presidencia.

Enojando a sus socios radicales, Garavano trató de desactivar la opción de juicio político para el magistrado que llegó a Comodoro Py en 1994.

Vía Libre

En un acto en febrero y después durante la apertura del año judicial, Lorenzetti se preocupó por transmitir un mensaje: investigar la corrupción era política de Estado. Los federales entendieron rápidamente el mensaje y vieron que tenían vía libre para avanzar con causas contra funcionarios del anterior gobierno.

El diario español El País preguntó al presidente del máximo tribunal por qué los magistrados no habían actuado antes. Lorenzetti sacó un as de la manga y se refirió al procesamiento en 2014 del entonces vicepresidente Amado Boudou por “cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública” por su rol en el caso Ciccone. La Corte buscó proveer una versión local del juez brasileño Sérgio Moro, que obligó a Luis Inácio Lula da Silva a declarar frente a la policía y que puso sobre las cuerdas a Dilma Rousseff tras la filtración de un audio con su antecesor.

En Argentina, todos los cañones judiciales apuntan ahora a CFK.

La Cámara todavía debe decidir si Ercolini tendrá que hacerse cargo del tramo central de la causa Hotesur por presuntas maniobras de lavado de dinero en las que podrían estar involucrados familiares de la ex-presidenta.

Rafecas conservó otros tramos de la causa pero se desprendió del que podría estar vinculado a CFK.

El Caso Hotesur estuvo inicialmente en las manos de Bonadio, quien fue separado de la investigación por la sala I de la Cámara el año pasado después de que ordenara un allanamiento en Santa Cruz con la Policía Metropolitana. Una nueva denuncia de Margarita Stolbizer puso días atrás una causa similar en sus manos. Según la líder del GEN, desde la firma Los Sauces se compraban propiedades y después eran alquiladas a compañías vinculadas a Cristóbal López y Lázaro Báez, el empresario detenido la semana pasada por el juez federal Sebastián Casanello.

En el fin de semana, el fiscal federal Guillermo Marijuán también imputó a CFK en la causa que tiene al presidente de Austral Construcciones como el principal acusado. El fiscal — de pésima relación con Gils Carbó — se apuró a dejar por escrito en el expediente la supuesta vinculación de la ex presidenta después de una maratónica declaración de Leonardo Fariña, en calidad de “arrepentido”, y días después de que el juez Casanello dijera que la investigación no alcanzaba a la ex-mandataria. La llamada ruta del dinero K es derivación de una investigación del programa de Jorge Lanata de 2013, cuya trama alcanzó su clímax con el jury de enjuiciamiento al fiscal de instrucción José María Campagnoli, que sostenía en instrucción una causa similar a la que tramitaba en Comodoro Py.

La causa, que siguió tramitando estos años, tuvo un vuelco el mes pasado cuando apareció un video en el que se veía a Martín Báez contando plata en SGI, comprobando el vínculo entre los Báez y la financiera que era propiedad de Federico Elaskar, una de las fuentes de la investigación de PPT. La aparición de la grabación generó sospechas e incluso el columnista de La Nación Carlos Pagni vinculó el hallazgo con el retorno del todopoderoso Stiuso.

Un mensaje inicial

“Cuando estés frente a ellos míralos fijamente a los ojos, no pueden sostener la mirada”, le aconsejó Milagro Sala, la líder de la Túpac Amaru, a CFK en una carta dos días antes de la indagatoria con Bonadio.

La dirigente está presa en el penal de Alto Comedero desde el 16 de enero por sostener un acampe contra el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.

El 29 de enero, el juez Gastón Mercau dispuso el cese de la detención de Sala por la causa de la protesta. Sin embargo, tres días antes ya había firmado la orden de arresto en una causa por asociación ilícita, la misma figura que invocó Bonadío antes quienes ya fueron indagados antes que la ex-presidenta. En enero también el fiscal general de la acusación dictó resoluciones administrativas, dejando a la fiscal Liliana Fernández de Montiel a cargo de todas las causas que involucraban a la parlamentaria del Parlasur y todas aquellas que podían surgir, creando un fuero personal para Sala.

El caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras una presentación del CELS, Amnistía internacional y Andhes. El gobierno argentino remitió un informe en el cual trataba de desligar la detención por protestar de Sala del armado posterior de causas que siguió, explica Federico Efrón del CELS. El Estado nacional no dejó solo a Morales en la presentación ante la CIDH e hizo suyas las palabras del fiscal de Estado Mariano Miranda.

Continuará…

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Luciana Bertoia

Periodista, Licenciada en Ciencia Política y Magíster en Derechos Humanos. Cubre temas vinculados con justicia y derechos humanos. Formó parte del Buenos Aires Herald y trabajó en la sección El Mundo del diario Página/12 y en Miradas al Sur.

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