Aguad, otro trucho al servicio de Macri

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El fiscal federal Juan Pedro Zoni imputó al Presidente Mauricio Macri y al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad por la presunta “existencia de conductas delictivas” en la condonación del Estado al Grupo Macri de la deuda por más de 70 mil millones de pesos del Correo Argentino, tal como denunció en exclusiva Nuestras Voces la semana pasada. ¿Por qué Aguad? Su ministerio fue el representante del Estado que llevó adelante el escandaloso acuerdo, aunque la propia fiscal dictaminó que no tenía ninguna facultad para actuar. Del radicalismo a Cambiemos, pasando por el menemismo, su zigzageante trayectoria política lo liga a lo peor de la política nacional: el ajuste cordobés de Ramón Mestre, el vaciamiento de la municipalidad de Corrientes, represores de la última dictadura cívico-militar, la sorpresa sobre las posibilidades de Internet y la tecnología. Quién es el funcionario que dijo que “la Argentina no tiene medios concentrados”.

 Tras el escándalo desatado luego que el presidente Mauricio Macri se autocondonara 70 mil millones de pesos por la deuda del Correo Argentino al Estado, bastó un suspiro para que el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, se transformara en trending topic en Twitter luego de defender al Gobierno en diversas entrevistas radiales y afirmar que “no hay ninguna quita” en el monto, pese a que los dictámenes de la fiscal general Gabriela Boquín expresan lo contrario. “Nosotros dijimos: que pague lo que queda de capital cien por cien y vemos cómo hacemos un acuerdo con el deudor para que pague en cuotas, porque estamos hablando de un deudor sin recursos económicos”, dijo Aguad sobre Franco Macri, padre del Presidente, quien se hizo cargo de la concesión del Correo durante el menemismo en 1997 a través de la empresa Sideco Argentina.

Según la revista Forbes, en 1994, la fortuna del “deudor sin recursos económicos” llegaba a 1.500 millones de dólares. Cuatro años después, integraba el podio de los cuatro argentinos más ricos del mundo con 730 millones de dólares, debajo de Gregorio Pérez Companc, Roberto Rocca y Eduardo Eurnekián. Su nombre aparece hoy vinculado al lavado de dinero y la creación de sociedades offshore en la investigación por los “Panamá Papers” que llevan adelante el fiscal federal Federico Delgado y el juez federal Sebastián Casanello, en la que está involucrado el propio Presidente.

Las redes sociales estallaron entonces por las declaraciones de Aguad, que se convirtió en un actor inesperado frente al escándalo revelado por Nuestras Voces la última semana. Este lunes se conoció que el fiscal federal Juan Pedro Zoni imputó al Presidente y al ministro de Comunicaciones ya que observó “un perjuicio patrimonial multimillonario en las arcas del Estado”. El pedido de abrir la investigación deberá ser resuelto por el juez federal Ariel Lijo.

La “cadena de dependencias” 

El contrato de Socma por el Correo Argentino fue rescindido en 2003. El Estado heredó así casi el 33 por ciento de la deuda por 900 millones de pesos por la que la empresa había entrado en convocatoria de acreedores dos años atrás. La deuda con el Estado incluía entonces 296 millones de pesos por incumplimientos en el pago del canon. Luego de la investigación de Ari Lijalad para este sitio, se conoció el acuerdo que alcanzaron los representantes del Ministerio de Comunicaciones, a cargo de Aguad, y el holding de la familia Macri: el plan incluía saldar la deuda en 15 cuotas anuales desde 2018 hasta 2033 con un interés del 7 por ciento sólo sobre el capital, sin intereses. La fiscal Boquín denunció que ese acuerdo significaba una quita de deuda del 98,2 por ciento, que implicaba un perjuicio al Estado de más de 4 mil millones de pesos. Por su parte, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General proyectó ese monto a 2033 en más de 70 mil millones de pesos.

El representante del Estado fue el Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Carlos Mocoroa. Según Lijalad, Mocoroa fue designado de forma transitoria por 180 días por la Decisión Administrativa 151/16, firmada en marzo del 2016 por el Jefe de Gabinete Marcos Peña y el propio Aguad. Según Boquín, Mocoroa era “un funcionario incompetente” que no tenía facultades para tomar ninguna decisión en nombre del Estado ya que necesitaba una autorización de la Procuración del Tesoro que nunca presentó. Para la fiscal (que calificó el acuerdo como “ruinoso” y “abusivo”) debe investigarse si esa propuesta se aceptó por propia negligencia del funcionario o fue ordenada por sus superiores, incluyendo al propio Macri. “Pudiendo resultar que familiares del presidente de la Nación resultarían beneficiarios finales de la sociedad concursada y/o de sus controlantes del grupo económico, ningún funcionario público que tuviese relación de dependencia jerárquica con él, podría aceptar una propuesta que directa o indirectamente los beneficie”, apuntó la fiscal. “La propuesta fue aceptada por un funcionario público que encuentra enmarcada su actuación por una cadena de dependencias jerárquicas que lo vinculan a la máxima autoridad de la administración pública nacional”.

El fiscal federal Zoni (que destacó los dictámenes de la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial) acentuó en su imputación esa irregularidad al subrayar que el acuerdo “se materializó a través de la intervención de un funcionario que carecería de competencia para ello y designado con carácter transitorio”, en referencia a Mocoroa. Zoni remarcó: “Dicho funcionario desarrolla sus funciones a través de una cadena jerárquica que lo vincula con el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, quien a su vez resultaría beneficiario -de forma directa o indirecta- de la sociedad concursada y por ende del acuerdo suscripto por aquél”.

En las declaraciones radiales, el ministro Aguad intentó desligar al Presidente del escándalo. “Esta es una decisión que tomamos en el Ministerio de Comunicaciones. Nunca hablé con el Presidente del tema”, afirmó Aguad, y aseguró que tampoco había consultado con Marcos Peña. Sobre la quita, apuntó que no puede “recuperar los 3 mil millones que se perdieron por el transcurso de casi quince años”, y apuntó hacia el kirchnerismo: “Hay un perjuicio al Estado y ya está hecho pero la quita se hizo durante el gobierno kirchnerista porque la devaluación del dinero es la verdadera quita”.

Entre un mar de declaraciones, Aguad quedó en el centro de la escena.

El ministro y el represor

Oscar Aguad fue funcionario de las administraciones radicales en Córdoba tras el regreso de la democracia. El entonces intendente municipal de la Ciudad de Córdoba, Ramón Mestre, lo nombró Secretario General de la Municipalidad en 1983. Cuando Mestre alcanzó la gobernación de la provincia en 1995 tras la renuncia de Eduardo Angeloz, Aguad lo acompañó como ministro de Asuntos Institucionales y Desarrollo Social. Esa administración, en sus primeros días de gobierno, envió a la Legislatura dos proyectos de ajuste que establecieron una quita del 30 por ciento en los salarios de los empleados estatales y una reducción del horario laboral del 40 por ciento.

Dentro y fuera de la UCR Aguad quedó marcado con un apodo: “El Milico”. Pueden verse fotos en Internet que lo ubican junto al represor Luciano Benjamín Menéndez en un acto de Mestre en 1997. Aguad justificó que era un acto y él sólo estaba en el palco. “Es lo mismo que si me preguntan qué hago con Fabiana del Pra en una foto si viene un fotógrafo y me saca una foto con usted: nada”, le dijo a la conductora y periodista del Pra en una entrevista de cara a las elecciones por gobernador en 2011. La diferencia es que Menéndez fue jefe del III Cuerpo del Ejército durante la última dictadura cívico-militar y, en 2008, el Tribunal Oral Federal N°1 de la Ciudad de Córdoba lo condenó a prisión perpetua. En 2016 fue condenado nuevamente en la megacausa “La Perla-La Ribera”.

El apodo no se detiene allí. En el juicio que en 2010 condenó en Córdoba a Menéndez y a Jorge Rafael Videla, el expolicía Luis Urquiza declaró cómo fue torturado por Carlos Yanicelli, alias “Tucán”, uno de los miembros más recordados de la patota del D2, el Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba. Urquiza, secuestrado el 12 de noviembre de 1976, solicitó al Tribunal que citara a Aguad, ya que el actual funcionario de Cambiemos había designado a Yanicelli director de Inteligencia Criminal de la policía de Cordoba cuando era ministro de Mestre.

Urquiza declaró que luego de regresar del exilio en Dinamarca con su familia en 1993 se encontró con quienes habían sido sus torturadores, y que no sólo estaban en libertad, sino que “habían sido premiados” con ascensos. El testigo contó que luego de denunciar a Yanicelli, el entonces ministro Aguad lo citó a una entrevista y le afirmó desconocer el pasado del represor. “Me pareció absurdo que un ministro que tiene la responsabilidad de velar por la seguridad de los ciudadanos ni siquiera se hubiera molestado en leer el Nunca Más”, aseguró ante el Tribunal. Urquiza fue amenazado de muerte y tuvo que salir del país. El Poder Ejecutivo, luego de las denuncias, desplazó a Yanicelli.

Urquiza no fue el único testigo que apuntó contra Aguad durante esos juicios históricos. El periodista y escritor Mariano Saravia, autor del libro La sombra azul (que recoge el testimonio de Urquiza), declaró que el funcionario radical sabía que el represor Yanicelli había sido parte del aparato policial del terrorismo de Estado en Córdoba. Saravia reiteró lo publicado en su libro: en 1997 el entonces fiscal de Estado Alberto Zapiola “le tiró en el escritorio (al gobernador Mestre) una copia de las declaraciones de Charlie Moore (Carlos Raimundo, ex preso político) en San Pablo, Brasil, en el que denunciaba a Yanicelli como uno de los torturadores del D2”.

Según Saravia, Mestre respondió que “el ´milico´ (por Aguad) me dijo que era un tipo de confianza”. El periodista relató que el entonces ministro de Gobierno entró al despacho del gobernador: “La discusión subió de tono y Aguad dijo que (Yanicelli) ´es un tipo que está haciendo las cosas bien´ y Zapiola le contestó: ´yo no sé qué hace ahora, pero este informe dice que fue un torturador y vos (Aguad) no me digás si puede serlo o no, porque vos, milico, en los 70 estabas jugando al rugby´”.

Yanicelli fue condenado en la megacausa “La Perla-La Ribera” a prisión perpetua por el fusilamiento de 31 presos políticos en la ex cárcel de San Martín en 1978.

La plata fugada

El vínculo entre Aguad y Mestre continuó en 1999 cuando el entonces presidente Fernando De la Rúa designó al exgobernador de Córdoba como interventor de Corrientes. Aguad pasó a ocupar la intervención de la Municipalidad y su gestión es recordada a través de una causa en la que llegó a estar procesado. Aguad fue investigado por el delito de malversación de caudales públicos por el destino de 60 millones de dólares de un crédito que el actual funcionario de Cambiemos tomó durante su intervención. Los 60 millones fueron canjeados en su totalidad por bonos CeCaCor (certificados de cancelación de deudas) que nunca fueron rendidos. Ese pasivo dejó una carga enorme para la Municipalidad. La causa llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que lo sobreseyó por prescripción, ya que la Justicia correntina nunca elevó la causa a juicio oral y, pasado una década, dejó que el proceso permaneciera sin sentencia resolutoria.

“Resulta lamentable que la deuda quede clavada sobre la gente y quien la generó hable de moralidad y decencia”, expresó entonces el intendente Fabián Ríos (FpV) a Radio Dos. Por su parte, el senador nacional por Corrientes Eugenio “Nito” Artaza (UCR) manifestó su “desacuerdo” con el fallo. “No estoy de acuerdo con que se haya desactivado la causa”, afirmó. “Lucharemos contra la corrupción, aunque se trate de alguien que pertenezca a nuestro propio partido”.

Actualidad 3.0

A partir de 2005 Aguad se desempeñó como diputado nacional por Córdoba hasta llegar al Ministerio de Comunicaciones, cuyo debut tampoco pasó desapercibido: fue uno de los principales abanderados en contra de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, una de las leyes más debatidas y consensuadas en la historia del país que sufrió el desguace en las primeras semanas del gobierno de la alianza Cambiemos. “La Argentina no tiene medios concentrados”, dijo Aguad a Cadena 3. “La regulación de la Ley de Medios no va a subsistir durante nuestro gobierno. Los medios van a competir libremente en el mercado y trataremos de ayudar a los más pequeños”.

También sorprendió con sus declaraciones respecto a los usos de la tecnología e Internet. “Usted se va a sacar una radiografía en La Rioja y se la va a poder analizar un hombre en Boston”, le dijo a un periodista de TN. El conductor Eduardo Feinmann retomó la frase en Radio El Mundo y le preguntó al ministro de Comunicaciones si era consciente del “gaste” en las redes sociales.

-Eso hace mucho que se hace -le dijo Feinmann, en referencia a las radiografías.

-El 90 por ciento de lo argentinos no tiene idea de lo que es la vida digital -dijo Aguad-. Yo estoy obligado a usar un lenguaje que la gente entienda.

El tiempo dirá si el lenguaje de Aguad acerca del affaire del Correo Argentino es entendido por la gente, el Gobierno o la propia Justicia.

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