Alberto pone freno a la inmobiliaria Larreta

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A través de dos decretos publicados en el Boletín Oficial, el gobierno nacional  suspendió la cesión de 31 inmuebles a la Ciudad de Buenos Aires que había dispuesto Mauricio Macri antes de finalizar su mandato. La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) deberá revisar la legalidad de los procesos. Los negocios en el Paseo del Bajo. La venta de inmuebles valuados en más de 5.457.610.000 pesos.

El gobierno nacional suspendió la cesión de 31 inmuebles a la Ciudad de Buenos Aires decretada por el ex presidente Mauricio Macri después de la derrota en las elecciones generales de octubre. A través de dos decretos publicados ayer en el Boletín Oficial, se derogó el artículo que habilitaba a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a cancelar deudas con la Ciudad a través de la entrega de  inmuebles nacionales. Además, se ordenó a la AABE a revisar la legalidad de esos procesos y determinar las responsabilidades administrativas, civiles y penales. Se trata de terrenos ubicados en el barrio Carlos Mugica, el Ex Mercado de Hacienda y playones ferroviarios de Villa Urquiza, Colegiales, Caballito, Palermo y La Boca. Además, fueron afectados un instituto de menores; comisarías, cuarteles, canchas y playas judiciales. Se estima que entre todos suman 16 mil millones de pesos. En el último trimestre del 2019,  el Estado nacional realizó en total  31 escrituras de transferencia de inmuebles al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta a partir de diversos convenios. En suma, tienen un valor de 29.948.954 dólares.

El decreto 145/2020 firmado por el presidente Fernández deroga el inciso 23 del artículo 8° del Decreto 1382/ 2012. Ese apartado fue incorporado por el artículo 5° del Decreto N° 740/19 y le permitió al presidente Mauricio Macri ofrecer bienes inmuebles de la Nación como parte de pago a las Provincias y a la Ciudad de Buenos Aires. El texto sostiene que la  afectación de esas tierras al pago de obligaciones “desnaturaliza la función asignada a la AABE e implica un desprendimiento de activos insustituibles”. Además, indica que “vulnera elementales normas en materia de competencias, al facultar a un ente descentralizado, a disponer por sí mismo, sin la verificación exhaustiva de su procedencia y cuantía”. Con respecto al precio de los inmuebles, el decreto establece que la tasación oficial puede resultar “inconveniente para el interés público” dado que se contabiliza un monto inferior.

La publicación resalta que estas operaciones fueron hechas con posterioridad a las elecciones presidenciales y que el distrito más beneficiado fue la Ciudad de Buenos Aires donde Cambiemos es gobierno. “Se torna aún más gravoso y reprochable, cuando la medida ha sido adoptada al día siguiente de la realización de las elecciones generales para elegir, entre otro cargos, Presidente y Vicepresidente de la Nación y la dación en pago de inmuebles se realiza exclusivamente a favor de una sola jurisdicción, como ha ocurrido con las formalizadas a favor de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (CABA) durante el último semestre del fin del mandato de la gestión anterior, contraviniendo expresas normas que prohíben”, indica el texto.

Todo esto “hace inferir que la urgencia” estaba dada para concretar las operaciones realizadas a favor” de la Capital Federal “y no en mejorar el ejercicio de las atribuciones de la AABE  en favor del interés público o en pos de cualquier otro fin que no sea el de favorecer discrecionalmente a una sola jurisdicción”, agrega.

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Por otro lado, el decreto 149/2020 instruye a la AABE, a cargo de Martín Cosentino, a “revisar, la legalidad de los procesos que derivaron en la disposición, cesión, enajenación, transferencia, desafectación, asignación en uso o dación en pago, de inmuebles del ESTADO NACIONAL a la CIUDAD AUTÓNOMA” en un plazo no mayor a 60 días. La agencia gubernamental deberá detectar “vicios que puedan implicar su nulidad así como eventuales hechos o actos ilícitos”. Además indica que se “proceda a deslindar las correspondientes responsabilidades administrativas, civiles y/o penales” durante el período que  va desde  el 10 de diciembre de 2015 hasta el 10 de diciembre de 2019, cuando estuvo al frente el funcionario de Cambiemos Ramón Lanús.

También, pide la intervención del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal para que evalúe si el gobierno de Mauricio Macri inclumplió con la “regla de fin del mandato”. Según el artículo 15 bis de la Ley N° 25.917 está prohibido “en forma taxativa dictar cualquier disposición que implique la donación o venta de activos fijos durante los últimos dos trimestres del año de fin de mandato”.

Tierras afectadas

Las escrituras realizadas tienen que ver con distintos convenios que el gobierno de Macri realizó con el de Rodríguez Larreta. Diez de ellas fueron hechas entre septiembre y noviembre del 2019 bajo un acuerdo por el Paseo del Bajo. Según un informe del Observatorio del Derecho a la Ciudad, los inmuebles tenían valuaciones de  5.457.610.000 pesos.

Otro convenio es el de los playones ferroviarios realizado en diciembre del 2019 por el cual se traspasan terrenos de Colegiales, Villa Urquiza, Retiro y La Boca. En una nota publicada en Nuestras Voces se indica que en el valor total de los terrenos, ubicados en zonas lindantes a las estaciones de trenes, es de 8.504.140.000 de pesos, según lo estableció la Sala A del Tribunal de Tasaciones de Nación. Además, se realizaron 18 escrituras que afectan a institutos de menores; comisarías, cuarteles, canchas en Urquiza, una playa judicial, la estación Saenz y la prolongación de la calle Rondeau.

El 3 de febrero, el Observatorio del Derecho a la Ciudad junto con organizaciones políticas y sociales realizaron una denuncia penal contra el ex presidente Macri y el ex titular de la AABE Ramón Lanús por “la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y Abuso de Autoridad; y de Administración Fraudulenta contra Administración Pública”. La presentación quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 11, que estaba a cargo del Juez Claudio Bonadio y, tras su muerte,  fue subrogado por Marcelo Martínez de Giorgi. Según los denunciantes, la Sindicatura General de la Nación  (SIGEN) había ratificado la existencia del conflicto a través de un dictamen técnico interno, señalando que Lanús no estaba habilitado para poder firmar adjuicaciones. “A contramano del resultado de esa consulta, el proceso avanzó y Lanús no esperó la respuesta de la SIGEN”, indicaron en la presentación judicial.

El director de la ONG y abogado encargado de presentar la denuncia, Jonatan Baldiviezo, indicó que se violó la ley de responsabilidad fiscal. El mismo argumento esgrimido en el decreto de Alberto Fernández. “Ninguna de esas ventas tuvo aprobación del Congreso y Macri usaba un decreto de la dictadura, una normativa que no estaba en uso. Con las últimas transferencias se violó la ley de Responsabilidad Fiscal porque se vendieron activos fijos como son los inmuebles en los últimos seis meses del mandato de Macri”, sostuvo en diálogo con este medio.

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Desde la Coordinación en defensa de las tierras y el patrimonio público celebraron la medida del Poder Ejecutivo aunque advirtieron que no resuelve la cuestión de fondo ni dispone nulidades con respecto a la venta a privados. Osvaldo Guerrica Echevarría, integrante de la agrupación, sostuvo que “la AABE fue el instrumento creado en el 2012 para ejecutar toda esta especulación inmobiliaria en base a decretos de una inconstitucionalidad atroz”. «Lo que plantea el decreto no está mal, está bien, pero no hay un cuestionamiento a la totalidad del accionar que ha tenido la venta de tierra pública en la Ciudad. La especulación inmobiliaria que hemos vivido en el último tiempo se debe a que Nación vende por decreto tierras que pueden servir para absorber la lluvia o tener más parques. Estamos en un 20% en la cantidad de espacios verdes. Todo por la especulación y eso no lo acata este decreto”, indicó en comunicación con Nuestras Voces.

Según explicó Baldiviezo, las operaciones realizada entre 2015 y 2019 están vinculadas con la especulación inmobiliaria y no respetan el federalismo.  “Tenemos un conteo que indica que Nación transfirió inmuebles que tienen una superficie total de 100 hectáreas. Para nosotros lo relevante es que no sea solamente una política para negociar la cuestión con la participación de la Ciudad sino que realmente sea un primer paso para recuperar esas tierras nacionales. No solamente Nación transfirió a la Ciudad 100 manzanas sino que Ciudad usó esas tierras para impulsar negocios inmobiliarios. En lugar de usar para espacios verdes, viviendas sociales o equipamiento urbano, lo usó para negocios. POr otro lado está la cuestión federal, por qué nación le entrega estas ventajas a la Ciudad sin un análisis de la deuda”, explicó.

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