Apagón judicial

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Esta semana, a poco más de 40 años del Apagón de Ledesma, debía comenzar un juicio en Jujuy por los secuestros y las desapariciones ocurridas en julio de 1976, pero las víctimas tendrán que esperar hasta marzo del año que viene para que un tribunal revise sus casos. La de Ledesma, emblema del pacto de sangre entre el empresariado argentino y la dictadura, no es la única investigación involucrando al poder económico con crímenes de lesa humanidad que no avanza mientras la llama de la justicia se vuelve, cada vez, más relampagueante.

magentto-videla-herrera-de-noble-1024x691El ingenio de Carlos Pedro Blaquier era para 1970 –y quizá lo siga siendo– lo más parecido al poder estatal en Libertador General San Martín y Calilegua. En esa zona, cientos fueron víctimas del terrorismo de Estado y se calcula que unas 30 personas resultaron desaparecidas, según explica el informe Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, editado a fines de 2015 por el Ministerio de Justicia, la Secretaría de Derechos Humanos, el Programa Verdad y Justicia, FLACSO y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Lo más conocido de la represión en esa zona de Jujuy estuvo ligado a los sucesos de julio de 1976, cuando la empresa apagó la usina eléctrica, sumergiendo a todos en una oscura noche. Fueron noches de cacería para la policía provincial y la Gendarmería, que estaban asentadas en propiedad de la empresa. Para los secuestros, se usaron las camionetas de Ledesma, pero en marzo del año pasado la Sala IV de la Cámara Federal de Casación decidió que eso no era prueba suficiente para entender que Blaquier o el ex administrador Alberto Lemos supieran para qué iban a ser usados esos vehículos.

El 6 de octubre pasado debía comenzar en Jujuy un juicio por 23 de las víctimas secuestradas durante los apagones de Ledesma, pero el proceso que iba a arrancar sin Blaquier y sin Lemos se postergó para el año próximo. Todas las víctimas eran o habían sido trabajadores de la empresa o familiares de empleados del ingenio.

Ledesma es la empresa azucarera más importante del país y emplea –según su propio website a más de 8000 personas. Su ligazón con el poder político es uno de sus activos más importantes, que volvió a cotizar con la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada. Ese mismo día, Carlos Blaquier (hijo) participó de una gala en el teatro Colón para darle la bienvenida al nuevo mandatario.

Cuando el proyecto económico de la dictadura sólo era una expresión de deseos de los sectores más rancios del empresariado nacional, Blaquier puso a disposición de lo que después sería conocido como el Grupo Perriaux su petit hotel en la calle Azcuénaga 1673 de la Ciudad de Buenos Aires para que se empezaran a reunir civiles y militares. Esa propiedad, cuna del Club Azcuénaga, fue después adquirida por la familia Massot, los propietarios de La Nueva Provincia de Bahía Blanca. Vicente Massot – acusado por el homicidio de dos obreros gráficos en 1976, imputado e indagado, fue beneficiado en marzo del año pasado por una decisión de un juez subrogante que le dictó la falta de mérito.

Cuando el proyecto económico de la dictadura sólo era una expresión de deseos de los sectores más rancios del empresariado nacional, Blaquier puso a disposición de lo que después sería conocido como el Grupo Perriaux su petit hotel en Buenos Aires.

Desde hace varios meses, un recurso extraordinario para resolver la situación de Blaquier circula por el cuarto piso del Palacio de Talcahuano después de que el fiscal Javier de Luca impugnara la decisión que beneficiaba al dueño de Ledesma. El 12 de septiembre pasado, un grupo de referentes de organismos de derechos humanos se reunieron con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, para expresarle su preocupación sobre el estado de los juicios por delitos de lesa humanidad. En esa oportunidad, Lorenzetti se comprometió a sacar un pronunciamiento antes de fin de año y les comentó que todos los ministros ya habían tenido a la vista el expediente y que sólo restaba que lo analizaran los recién llegados Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, quien el 26 de septiembre acompañó al presidente del tribunal en la comisión interpoderes para analizar la situación de los juicios.

“Es importante que haya un pronunciamiento en este caso por parte de la Corte”, dijo la abogada Luz Palmás Zaldua, coordinadora del programa Memoria, Verdad y Justicia del CELS, que también remarcó que el máximo tribunal sólo revisó el 17 por ciento de las sentencias. “La convocatoria de la interpoderes fue muy importante, pero lo cierto es que hoy no basta con decir que los juicios son política de Estado, se necesita que se aceleren los procesos porque las víctimas y los imputados son gente muy grande”, resalta.

La pata civil

Pese a que algunas causas emblemáticas de responsabilidad empresarial parecen estar empantanadas, hay investigaciones que lograron probar y condenar a civiles por su rol en el terrorismo de Estado. En Mendoza, están alegando las defensas en el llamado “juicio de los jueces”, en el que se investiga el accionar de Otilio Romano, Luis Miret, Rolando Carrizo Elst y Guillermo Petra. En Mar del Plata, se está juzgando al ex fiscal Gustavo Demarchi por sus vínculos con la CNU, la banda parapolicial que secuestraba, torturaba y asesinaba antes de que la dictadura volviera esos crímenes una práctica generalizada.

Según la Procuradoría de Crímenes Contra la Humanidad que dirige el fiscal Jorge Auat y coordina Carolina Varsky, en 2016, se realizaron importantes avances en la determinación de responsabilidades por parte de los funcionarios judiciales con la condena en Santa Fe del exjuez de menores Luis Vera Candioti y el ex juez federal Roberto Catalán en La Rioja. El primer exjuez en ser condenado fue Hermes Brusa en 2009, pero la sentencia no fue por su rol en tanto magistrado. En 2015, Manlio Martínez se convirtió en Tucumán en el primer juez en recibir condena.

Jaime Lamont Smart se convirtió en 2012 en el primer civil que ocupó el ejecutivo provincial que no pudo escaparse de la mano de la justicia.

En 2012, el exministro de Gobierno bonaerense Jaime Lamont Smart fue condenado por el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata, convirtiéndose en el primer civil que ocupó el ejecutivo provincial que no pudo escaparse de la mano de la justicia. Smart, que recibió el apoyo del diario La Nación en varios editoriales, viene reclamando que se lo beneficie con la prisión domiciliaria mientras la asociación Justicia y Concordia denuncia en redes sociales que está en las “prisiones del terrorismo”. El ministro de Justicia, Germán Garavano, se reunió en mayo con Justicia y Concordia, la agrupación que defiende represores y que impugna los juicios. Garavano se formó en el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores) – una institución creada en octubre de 1976 que tuvo a Smart como uno de sus fundadores.

Las empresas bajo la lupa

Pocos días después del 40° aniversario del golpe, el empresario Marcos Levín –dueño de la empresa de transportes La Veloz del Norte– fue condenado por el secuestro de Víctor Cobos en Salta, pese a que más de 15 de sus trabajadores fueron víctimas del terrorismo de Estado, como da cuenta el informe Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad.

El caso de Cobos fue aislado del conjunto de hechos represivos en los que estuvo involucrada La Veloz del Norte, explica la historiadora Victoria Basualdo, una de las primeras en investigar la represión a los trabajadores durante el terrorismo de Estado. “Estas causas nunca fueron sencillas. Hay que tener una mirada de conjunto. Mientras la justicia mira hechos específicos, se debe tener idea de las relaciones sociales y de los patrones en los que esos hechos se insertan”, remarca.

Palmás Zaldúa coincide en que éstas no son causas sencillas y en la necesidad de entender el contexto para conocer las motivaciones de los imputados. En 2013, la jueza Alicia Vence procesó a Pedro Müller, Guillermo Galarraga y Héctor Francisco Jesús Sibilla, ex directivos de la empresa Ford, por el secuestro de 24 obreros en 1976. Los procesamientos fueron confirmados pero el juicio no se pudo llevar a cabo y se aplazó hasta el año próximo, como el de los apagones de Ledesma. Galarraga, el ex gerente de relaciones laborales de la automotriz, falleció hace poco tiempo.

Vence también instruye otra causa emblemática, como es la de la represión en Mercedes Benz, pero sin tener una actitud tan proactiva como la que tuvo en Ford en 2013. Hace tres meses, el CELS le pidió a la magistrada que cite a indagatoria a Rubén Cuevas, el ex gerente de jurídicos, y a Juan Tasselkraut, el ex gerente de producción de la empresa. En los juicios por la verdad de La Plata, el juez Leopoldo Schiffrin le había preguntado a Tasselkraut si el aumento en la producción de Mercedes Benz había estado vinculado a la desaparición de trabajadores y éste contestó: “Y… milagros no hay”.

¿Cuál es la diferencia entre la Ford y Mercedes Benz? Que en la planta de General Pacheco se montó un centro clandestino de detención.

Vence tomó nota del pedido, mientras sigue tomando declaraciones testimoniales, lo que es visto por los querellantes como una maniobra para dilatar la causa. ¿Cuál es la diferencia entre la Ford y Mercedes Benz? Que en la planta de General Pacheco se montó un centro clandestino de detención. “Si se eleva el estándar de prueba al funcionamiento de un centro clandestino, va a generar hechos impunes. Que no haya existido un centro clandestino en la planta no quiere decir que las empresas no hayan hecho aportes para que sus trabajadores fueran secuestrados”, explica la abogada del CELS.

En Rosario, el fiscal Adolfo Villate está recolectando pruebas para unir el accionar militar del II Cuerpo de Ejército con el de los directivos de Acindar. Antes de convertirse en el ministro de Economía de la dictadura, José Martínez de Hoz fue el presidente del directorio de la siderúrgica, cuyos trabajadores comenzaron a sufrir la represión bastante antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

La que sigue sin avances es la causa que investiga las amenazas a Lidia Papaleo y a otros integrantes del llamado Grupo Graiver para vender Papel Prensa en noviembre de 1976 y que se activó en 2010 por una presentación de la Secretaría de Derechos Humanos por orden de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La causa está en manos del juez Julián Ercolini, quien esta semana recibió una visita de Hebe de Bonafini, la líder de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, para interesarse por la investigación y preguntarle por qué no llama a indagatoria al CEO de Clarín, Héctor Magnetto, a Ernestina Herrera de Noble y a Bartolomé Mitre de La Nación, como había pedido el fiscal Leonel Gómez Barbella en marzo del año pasado.

Mensajes políticos

El año pasado, el Congreso votó –aunque sin el apoyo del PRO de Mauricio Macri y sin el aval de la Unión Cívica Radical (UCR) en el Senado- la creación de una comisión bicameral para investigar el rol de las empresas durante el terrorismo de Estado. CFK promulgó la ley poco antes de dejar la Casa Rosada en su último acto en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), medida que fue aplaudida de pie por la mayoría de los referentes de derechos humanos.

El 10 de junio, los organismos le enviaron una carta a Emilio Monzó y a Gabriela Michetti para preguntarles por qué la comisión no había sido integrada. La nota se perdió entre los despachos, así como la respuesta. El 12 de septiembre pasado, la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto protestó públicamente por la inacción del Congreso. Los organismos evalúan pedir una reunión con la vicepresidenta y con el titular de la Cámara de Diputados para solicitar explicaciones. En la comisión interpoderes, la diputada Victoria Donda (Libres del Sur) y el senador Juan Manuel Abal Medina (FpV) tomaron nota del reclamo.

El 3 de octubre, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación –Gustavo Hornos, Mariano Borisnky y Juan Carlos Gemignani– apartaron a los jueces del tribunal oral que llevaba adelante un juicio en Santiago del Estero, pese a que se habían sustanciado más de media docena de audiencias. La decisión de la sala –que fue la misma que no encontró elementos para vincular a Blaquier con la represión de 1976- causó alarma entre querellantes y fiscales.

“El panorama general no es alentador. Si siempre fue difícil avanzar con estas causas –aun cuando el reclamo era más fuerte– hoy lo es más aun”, lamentó Jorge Auat, titular de la Procuradoría de Crímenes de Lesa Humanidad. “No se trata de un problema de coyuntura política sino de la propia agenda del poder judicial, que hoy tiene un escenario diferente”.

@lucianabertoia

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