“Asumamos que Macri no es la dictadura”

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“Eli” Gómez Alcorta, dirigente y ex candidata a legisladora por Patria Grande, es mayormente conocida por su defensa legal de Milagro Sala. Clarín la calificó como «una chica de San Isidro» de «doble apellido». «Soy la primera universitaria de mi familia. Me crié en un barrio de monoblocks del Bajo Boulugne». Detener a Milagro fue «otra manera del Gobierno de inaugurar su política represiva».

Fotos: Joaquín Salguero

El sol ingresa limpio y acompañado del trinar de los pájaros. El mediodía llega con un calor agradable. El silencio se impone. Parece la foto de una campiña bonaerense. Aunque, en realidad,  es el contexto del encuentro con Elisabeth Gómez Alcorta el día del paro general en su despacho de trabajo, ubicado en el extrarradio del Congreso Nacional. Evidentemente, el movimiento obrero hace milagros.

“Eli” Gómez Alcorta es mayormente conocida en los medios de comunicación por su defensa legal de la parlamentaria regional y dirigente social Milagro Sala, presa política del gobierno de Gerardo Morales. Ese compromiso sin cortapisas le valió, como era de esperar, un ataque artero del Grupo Clarín, que caracterizó a la también dirigente y ex candidata a legisladora del espacio capitalino Patria Grande como una “cheta de San Isidro”.

Definir a una persona, definirse, siempre es una tarea compleja. Elisabeth, lo aclarará en la entrevista, está a años luz de ser una profesional recoleta que juega en su tiempo libre a defender dirigentes quechuas y clasistas. Sin embargo, una posible biopic suya debería narrar, por lo menos ella así lo aclara en su red social, sus tres fuegos interiores: “Miembro del Movimiento de Profesionales para los Pueblos. Militante del campo popular. Mamá de Milo”.

La mamá de Milo, entonces, recibe a Nuestras Voces en una amplia habitación de piso de madera, enmarcada en sus orillas con obras de tapa dura y de lomo color opaco. Sobre su escritorio una mini torre de libros tiene en lo alto una pieza del especialista en sociología del delito Esteban Rodríguez Alzueta. Elisabeth Gómez Alcorta lleva, como suele hacerlo, la cara lavada, sin una gota de maquillaje. Su pelo castaño llovido le enmarca el rostro. Viste una camisa liviana y lleva unos aros simples, acústicos.

-Comencemos hablando de vos, en pos de conocerte. ¿Sos una cheta de San Isidro?

Clarín miente (risas). Durante un tiempo largo decidí no contestar esa nota de Clarín. Pero, claro, luego advertí que como, incluso entre gente amiga, el artículo había causado efecto -personas cercanas me decían algo así como que era muy valioso que yo, alguien con un supuesto origen no popular, estuviera cerca de Milagro Sala-, era necesario salir contestar. Primero, soy la primera universitaria de mi familia. Me crié durante 22 años en un barrio de monoblocks del Bajo Boulugne. Entonces, soy una chica de barrio, de barrio obrero. A Clarín no le cerraba que una supuesta porteña, porque no lo soy, de doble apellido, que engaña claro, y con una dicción, producto de mi voz nasal, más de Barrio Norte, defendiera a una dirigente indígena. Los mató el prejuicio. Suele pasar. No le pasa sólo a Clarín.

-¿Qué es el Movimiento de Profesionales para los Pueblos?

-Hace ya más de 10 años un conjunto de profesionales, mayormente abogados, que veníamos trabajando causas sociales, decidimos juntarnos. Algunos venían trabajando la defensa popular contra los desalojos en la ciudad de Buenos Aires, otros estaban más metidos en la pelea de la causa indígena, otros estaban más cercanos a la agenda de la salud pública, otros veníamos articulando la defensa legal de una protesta social criminalizada durante el kirchnerismo. Y nos dimos cuenta, claro, que teníamos denominadores comunes. Entonces, armamos una Asociación civil para potenciar nuestro trabajo.

Claro, era otra época. No existía el retroceso en derechos humanos y la criminalización de la protesta social que existe hoy. Igualmente, había temas muy urticantes. Por ejemplo, el impacto de la megaminería. Por eso, acompañamos a la asamblea ciudadana de El Algarrobo en su demanda ambiental. Ahora, lo que seguimos haciendo es intervenciones concretas, en los resquicios sociales que consideramos urgentes: la pelea contra el desalojo, la defensa de la voz indígena, el monitoreo del daño que causa la industria extractivista. Y con un mismo horizonte: tratar de articular y de conectar por abajo. Y repetir siempre lo mismo: las vulnerabilidades no son particulares. Cuando el poder avanza nos lastima a todos y todas. Poner un dique legal a favor de los indígenas, no sólo es un paso a favor de los quechuas, es un avance a favor del empoderamiento popular. Esa es la idea de nuestro trabajo.

-¿Macri es la dictadura?

-No, Macri no es la dictadura por infinitas razones. Además, considero que es una mala asociación. Más allá de que en el sentimiento popular se asocie a él, y a su familia, con un ciclo dictatorial que los benefició económicamente, eso es indiscutible. También se señala los fuertes niveles represivos del gobierno para justificar esa frase. También cómo ocultar que el triunfo electoral de Macri se festejó en los pabellones de Marcos Paz, donde están presos los genocidas.

Ahora, primero, Macri ganó las dos últimas elecciones por el voto popular. Ellos, Cambiemos, asumen las reglas del juego democrático, y eso hay que aceptarlo. Me parece que asociar a Macri con la dictadura no nos permite pensar nuestros propios errores. No nos permite pensar por qué buena parte de la población no nos eligió a nosotros y nosotras. Lo mismo sucede en la Ciudad. Qué no podemos estar diciéndole a los vecinos para que nos elija a nosotros. Hasta dónde yo sé Rodríguez Larreta no apunta con un fusil a los vecinos y vecinas para que los vote. Entonces, nuevamente, más allá de la relación de fuerzas, pensemos cómo dar esa discusión, cómo podemos volver a enamorar a la población, del país y la ciudad, para hacer más fuerte la idea de que nos conviene un país y una ciudad más inclusiva, justa, y solidaria. Tenemos un gran déficit ahí. Nos cuesta mucho escuchar. Y terminamos muchas veces hablándonos a nosotros mismos.

-¿Hay una doctrina Bullrich? Lo pregunto porque, por momentos, el modelo represivo del gobierno aparece con nitidez, y en otras instancias, se muestra más ambiguo.

-Buena, la reciente condena contra los seis prefectos que torturaron a los chicos de La Poderosa es un freno a la doctrina Bullrich. A ver, decir doctrina es subirle el precio a Patricia Bullrich. Hay un discurso oficial violento muy evidente desde el minuto uno de la gestión. Pensemos que el 16 de enero del 2016, apenas asumido (Mauricio) Macri, el gobierno presenta con bombos y platillos el protocolo antipiquete. Inmediatamente, Cambiemos decreta la emergencia en seguridad y la ley antiderribos, una normativa promotora de la pena de muerte sin juicio previo. Bajo esos dos ejes se va a mover durante dos años y diez meses el gobierno de Macri en materia de seguridad. Siempre bajo conducción en esa agenda de una figura muy explícita y potente como Bullrich. Por último, y no menos importante, ese 16 de enero del 2016, el gobierno detiene a Milagro Sala. Fue otra manera de inaugurar su política represiva.

Recapitulando, la idea oficialista de que el Estado tiene habilitada una violencia sin límites se evidencia en múltiples aspectos. Ya sea en términos normativos, como es el caso de la ley antiderribos, ya sea en la habilitación de la represión en la Patagonia,que derivó en el asesinato de Rafael Nahuel y la desaparición forzada de Santiago Maldonado, o también se manifiesta en la legitimación oficial del actuar por fuera de la ley de uniformados como (Luis) Chocobar. Otro ejemplo, que Patricia Bullrich aplauda por Twitter la resolución a mano armada tomada por el famoso caso del carnicero también se inscribe en la misma línea.

El patrón es el siguiente: el uso de la violencia ilimitada por parte del Estado y la inhabilitación u obstrucción de los ejercicios de protesta cívica. Esos dos ejes direccionan todo el andamiaje represivo. Repito, esa política madre de Cambiemos fomenta violencia discursiva de los actores no estatales, lo que es muy peligroso. Pienso en lo sucedido en Moreno (en referencia al secuestro y tortura de una docente), pienso en las amenazas que está recibiendo Nicolás del Caño (referente del FIT) o Myriam Bregman (legisladora por el FIT), pienso en el loquito que dispara en la inauguración de un local partidario, o en las agresiones sufridas por el movimiento feminista mendocino por manos de colectivos antiderechos.

Cuando uno piensa la violencia, inherente a las tensiones sociales que se vive en cualquier país, debe tener en cuenta que el Estado siempre una capacidad de habilitar o deshabilitar esos niveles de crispación. Sí el Estado interviene de forma pacífica, baja naturalmente los niveles de violencia social. Esa no parece ser la política de Cambiemos. Y la violencia estatal siempre tiene profundas consecuencias políticas: pensemos en la crisis del 2001, o la salida del gobierno de (Eduardo) Duhalde tras las muertes de (Maximiliano) Kosteki y (Darío) Santillán.

-Pensemos, ahora, a pensar la seguridad desde el prisma de las organizaciones populares. ¿Por qué le resulta tan incómodo a la izquierda plantear con firmeza una política de contención del delito, o contra la inseguridad?

-Históricamente ha sido un déficit de los proyectos progresistas qué hacer con sus políticas de seguridad. Eso es cierto. Porque a pesar de haber tenido un ciclo de crecimiento económico en la década pasada, los problemas de inseguridad no se vieron modificados estructuralmente. Ahora, ha habido algunos acuerdos que han sido difíciles de sostener en torno al paradigma de la seguridad democrática. Ese consenso requiere, efectivamente, que sea una política de Estado. Porque vos podes democratizar las fuerzas de seguridad, pero ese es sólo una arista del problema.

Pero, a su vez, hay un reclamo popular muy legítimo de ciudadanos que desean salir a la calle sin temor a ser asesinados, o robados. O de anhelar vivir con ciertos niveles de tranquilidad. La inseguridad no es, exclusivamente, un problema de sensación térmica. Igualmente, es cierto que Argentina es de los dos o tres países con el índice más bajo de homicidios en todo Latinoamérica. Pero, repito, una organización no puede pretender contentar a la población compartiendo ese dato. Efectivamente, faltan elaborar programas más serios contra el delito. Conclusión, no alcanza con rebatir los discursos punitivas y demagógicos, como los que enarbola (Sergio Massa), para dar una respuesta clara en la agenda de seguridad.

-Te lo voy a preguntar con el estilo de Alejandro Fantino, en pos de exigirte una respuesta llana y comprensible para las grandes audiencias. Explicale a mi tía Chola de Berazategui, que coce escarpines por la tarde, por qué Milagro Sala es una presa política, y no una guerrillera quechua iraní.

-Primero, porque hay una decisión política de que ella este presa. Segundo, porque todavía no afrenta ninguna condena judicial que sentencie su camino por afuera de la ley.

-¿No tiene ninguna condena en contra?

-Claro. Pero, igualmente, esa respuesta no basta. Porque el 65% de los presos en nuestras cárceles están en la misma situación que Milagro Sala. Y si bien el sistema penal de por sí es injusto. El sistema penal siempre apresa al más vulnerable, el sistema penal siempre abusa de las prisiones preventivas, la diferencia es que, en la mayoría de los casos, esa demora o condena está basada en la desidia judicial, o en tratamientos diferenciales racistas o clasistas. Milagro no está presa por esas razones. Milagro está presa porque es la principal enemiga política de Gerardo Morales.

Entonces, con Milagro, al igual que otros casos regionales de mucho impacto hoy, como la prisión política que enfrenta (el ex presidente brasileño) Lula, se da una serie sistemática de irregularidades en el proceso acusatorio. El primer elemento pasa por el fuerte contenido mediático con el que se canalizan las acusaciones. Esas acusaciones se presentan, entonces, de forma pública, como si efectivamente hubieran sucedido. Segundo elemento, esas prisiones preventivas contra líderes populares se efectivizan sin condena. Tercer factor, en la mayoría de estos casos, por más que haya múltiples denuncias, el proceso penal está concentrado en la figura de un juez. Milagro Sala enfrenta muchas causas, pero solamente está detenida a disposición de un magistrado: el juez (Pablo) Pullen Llermanos. En Brasil, ese papel está representado por Sergio Moro. En otro plano, (Claudio) Bonadio juega ese rol.

Los narcoblefs de Bullrich

-¿Por qué haces hincapié en el rol de los magistrados que mencionas?

-Porque, precisamente, al estar esos procesos políticos plagados de irregularidades, donde cada vez es más utilizada la figura penal del arrepentido, o donde la toma de prueba se da por afuera de lo que prescribe el Código -a Lula le intervinieron el teléfono de sus abogados, a Cristina (Fernández) le prohíben el ingreso de su letrado en el allanamiento de sus propiedades-, en el caso Milagro podría enumerar infinitas irregularidades, donde se da la actuación de fiscales que llegan al caso por  decisión arbitraria de las autoridades judiciales, donde a su vez se procesa al acusado más por indicios que por aporte de prueba concreta, necesita de un formato muy anclado en la intervención de un juez que justamente ordene toda esas irregularidades. Algunos denominan a ese formato como lawfare, pero no es una figura con la que este de acuerdo.

-¿Por qué lo decís? ¿Los referentes jurídicos del kirchnerismo suelen utilizar esa figura para referir precisamente el hostigamiento judicial contra Cristina?

-Considero que es una palabra que intenta unir dos términos, ley y guerra, de forma equívoca. Segundo, porque la referencia del contenido bélico deforma, considero, siempre la cuestión a la que se quiere aludir. La guerra contra las drogas no es una guerra, lo mismo sucede con la llamada guerra contra la corrupción. La guerra contra los rivales políticos tampoco es una guerra. Simplemente, porque las guerras comienzan y terminan. La guerra contra el narcotráfico, por el contrario, que ha sido el modo en que los EE.UU. interviene en la región, permanece intacta desde hace más de 30 años porque le rinde al imperio en términos geopolíticos.

Volvamos al tema de Milagro Sala, y su persecución. Hay dos o tres frases muy gráficas que describen su situación como presa política. Cuando la detienen en enero de 2016, el gobernador Gerardo Morales dice en una radio jujeña que no iba a negociar el levantamiento del acampe en exigencia por la libertad de Milagro. La pregunta es sí un gobernador puede negociar la libertad, o no, de una referente social. Y, luego, cuando el Grupo de Trabajo contra las Detenciones Arbitrarias de la ONU, en agosto del 2016, ordena al gobierno argentino la libertad de Milagro, Gerardo Morales advirtió que él no iba «a liberar a esa mujer”. A veces, no hace falta hacer tantas elucubraciones jurídicas. Milagro es una presa de caza de Gerardo Morales. Los hechos están a la vista. A su vez, a diferencia de los otros líderes populares regionales que mencione, Milagro tiene la particularidad de que es mujer, es coya, es negra, tiene un origen pobre y, por sobre todas las cosas, es el actor político provincial, liderando un colectivo territorial con un poder de movilización inédita en una jurisdicción económica de carácter feudal, que más desafía el proyecto de poder de Morales.

-¿Por qué decidiste tener un perfil más alto en política partidaria? A su vez, ¿cómo intenta construir representatividad tu espacio, Patria Grande, con un etiquetado, el de la izquierda popular, que ha tenido, precisamente, poco anclaje en la historia reciente de nuestro país?

-Primero, siempre milite en política, más en el aspecto social, y también profesional. Lo que no había tenido era un lazo orgánico de pertenencia con un espacio partidario. También lo cierto es que el kirchnerismo no me movilizó a salir a militar públicamente. Sin embargo, previo al balotage entre (Mauricio) Macri y (Daniel) Scioli, asumí otro compromiso con la política porque percibí que atravesábamos como pueblo una bisagra y debía pronunciarme. Así que milite fuerte esa campaña. Por eso, luego, acepté con naturalidad la invitación de Itai Hagman de ser candidata porque, repito, ya estaba apoyando colectivos sociales y políticos que luego fueron parte de Patria Grande.

Lo segundo, nos creemos parte de una izquierda nacional y popular, no solo popular. Nosotros reivindicamos muchas cosas del peronismo. Al revés de una izquierda más ortodoxa, nosotros reivindicamos los procesos populares latinoamericanos. No somos gorilas. Muy por el contrario, de hecho modificamos nuestra iconografía e incorporamos con orgullo la imagen de Evita, (Hugo) Chávez, Evo (Morales). Igual, es cierto que con el peronismo parecería que en Argentina estuviera obturado el intento de un armado popular que vaya por afuera del justicialismo.

Pero, repito, sin embargo, creemos que ese armado es posible. Pero, también consideramos como posible y urgente otra cuestión. Entendemos que estamos parados en un escenario particular y sensible. En vistas al escenario del 2019, hay una clara decisión de este gobierno y el Departamento de Estado norteamericano de que Cristina (Fernández), la principal lideresa de la oposición política, porque concentra con claridad un programa antineoliberal, no participe de los comicios de cualquier modo. Ya sea, metiéndola presa, o prescribiéndola, matándola, lo que sea. Entonces, somos conscientes, de que en ella confluye un proceso político muy particular en un momento histórico muy particular. En resumen, consideramos que necesitamos a Cristina para construir una oposición sólida y una nueva mayoría electoral en el 2019.

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Emiliano Guido

Emiliano Guido

Periodista especializado en política internacional. Forma parte del Programa de Integración Regional y Financiamiento para el Desarrollo en Fundación SES (Argentina). Ganador del Premio José Martí (2006) otorgado por la agencia Prensa Latina.

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