Batalla, el represor sin escrúpulos que la Corte usará de caso testigo en el 2×1

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La Corte Suprema anunció que mañana tratará el caso de Rufino Batalla en relación al beneficio del 2×1. Y todo indica que dará marcha atrás en su jurisprudencia de permitir que condenados por delitos de lesa humanidad puedan acceder a este mecanismo para salir antes de la cárcel, que provocó una movilización popular y la sanción de una ley contraria el año pasado. Historia del represor condenado por el crimen de Laura Carlotto y que, en el juicio, aseguró que solo se dedicaba a hacer los mandados.

Rufino Batalla aprendió como personal civil de inteligencia a pasar desapercibido. Estuvo prófugo más de cuatro meses hasta que lo detuvieron. Cuando las fuerzas de seguridad llegaron a él, simuló ser otra persona. Supo usar las habilidades que había cosechado como integrante del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata y guardar los secretos que vio en el centro clandestino de detención conocido como La Cacha. Condenado en 2014 a trece años como partícipe en secuestros, torturas y muertes –incluidos el de Laura Carlotto-, espera desde hace casi tres semanas en su casa de Laguna Blanca el fallo con el que la Corte Suprema pretende cerrar la puerta que abrió el año pasado: la del beneficio del 2×1 para quienes cometieron delitos de lesa humanidad durante la última dictadura.

Para el 1 de diciembre de 1976, Batalla ya no era Batalla. Era Ricardo Balboa. No había cumplido los 30 años, pero había dado un paso fundamental: ingresar como agente en el Destacamento de Inteligencia 101, una casona en la calle 55 de La Plata, desde donde se controló y planificó buena parte de la actividad represiva en la zona.

Batalla –o Balboa– había nacido en 1947 en Presidente Yrigoyen, en Formosa. A gatas terminó la primaria. Para 1967, estaba en la Marina. De esos días le quedó un tatuaje en su brazo izquierdo. Según Batalla, su falta de instrucción y su tatuaje fueron un problema para el Ejército a la hora de buscarle una tarea y una ubicación.

Lo mandaron a hacer tareas de mantenimiento en la planta baja del edificio de la calle 55. Nada de subir al área restringida, declaró ante la justicia. A veces lo mandaban al banco a hacer mandados. Otras veces, a comprar el pan por la zona, aseguró.

Otras veces, el viaje era más lejos.

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Eduardo Céndola dormía con su mujer, Liliana Beatriz Méndez, y sus tres hijitos cuando escucharon golpes en la puerta.

-¡Policía!

Era la madrugada del 13 de septiembre de 1976, y la pesadilla recién comenzaba para la pareja. Entró una patota, revisó la biblioteca y a la muchacha de 25 años le preguntaron dónde podían dejar a los tres chicos, cuyas edades iban desde un año a cuatro.

Los cargaron en los autos. Eduardo, con el tiempo declaró, que se dio cuenta de que los llevaban para la zona del Abasto, en La Plata. Durante casi una semana, Liliana no supo nada de Eduardo.

Para entonces, Eduardo tenía 27 años y trabajaba como empleado en el Astillero Río Santiago. Esporádicamente, participaba en alguna asamblea de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y había tenido una militancia en la Juventud Peronista (JP) cuando trabajaba en el hipódromo. Con el tiempo comprobó que había estado en La Cacha, el centro clandestino que lindaba con la cárcel de Olmos y que debía su nombre a la Bruja Cachavacha, que, con su escoba mágica, hacía desaparecer todo lo que barría.

El 28 de abril de 2004, Eduardo declaró ante la Cámara Federal de La Plata en el Juicio por la Verdad. Dijo que no había visto a sus captores, que sólo una vez se había levantado la capucha para espiarlos y que sólo le había quedado grabado un nombre: Toro.

Eduardo murió a los pocos meses de testimoniar, en octubre de 2004. No llegó a ver cómo se reabrían los juicios en La Plata y en todo el país, ni a verle la cara a Toro.

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A Inés Alicia Ordoqui la secuestraron el 17 de marzo de 1977 de la casa de su primo y su esposa en la calle 7 entre 57 y 58. A ella la llevaron junto al resto de la familia a un centro de torturas que, con el tiempo, iba a reconocer como La Cacha. Estuvo días atada a un elástico de una cama y sin venda. Vio a varios de sus captores.

Durante la instrucción de la causa, le exhibieron fotos. Una era de uno de sus interrogadores, y pertenecía a Batalla.

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En el Destacamento de Inteligencia, Batalla era Balboa. Ahí prestó funciones entre diciembre de 1976 y abril de 1987. Según su foja de calificaciones, integró el Grupo de Actividades de Inteligencia. Tuvo un promedio diez durante su primer año. El jefe del Grupo, el capitán Ricardo Armando Fernández, no se contuvo al elogiarlo: “Agente que tiene muchas condiciones y las ha aplicado en las actividades del servicio, subordinado, con capacidad de resolución. Por lo expresado anteriormente merece el concepto de Sobresaliente. Se solicita su confirmación”.

En una nota, que integra su legajo, un superior se dedicó a listar las “habilidades” de Balboa:

-Reconocimiento de blancos;

-Procedimientos de reunión: capacidad básica para efectuar vigilancias fijas y móviles a pie; capacitado para participar en visitas clandestinas integrando equipo con agentes de experiencia; buena capacidad de observación;

-Redacción de informes;

-Procedimientos de apoyo técnico a cerrajería, dactiloscopia, fotografía, intercepción postal y maquillaje;

-Tiro: capacitado para emplear armas de fuego de puño.

A Balboa no se lo encomiaba por las tareas de mantenimiento en la planta baja de la casona de la calle 55, ni por los mandados al banco ni a la panadería – esas tareas que él declararía décadas después ante los jueces quee ran su función.

Otra ficha de su legajo decía que Ricardo Balboa tenía un apodo: Toro.

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Batalla estuvo prófugo durante cuatro meses. La orden de arresto se libró en febrero de 2010, pero recién se pudo hacer efectiva el 14 de julio de ese año.

Todavía conservaba alguna de las mañas de sus años como personal civil de inteligencia (PCI). Se había escapado de su casa y se había ido a vivir a la de su concubina, Erotida Uzain. Había modificado su fisonomía, tenía un documento falso y simuló ser paraguayo para salvarse de la detención.

Cuando lo trasladaron a La Plata, dijo que había seguido ligado al Ejército como PCI hasta 1999 y que, al momento de su detención, trabajaba como remisero en Formosa. El 4 de agosto, el juez federal Manuel Blanco lo procesó.

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El juicio por los crímenes cometidos en La Cacha duró poco menos de un año y, de algún modo, estuvo marcado por un hecho que provocó un cimbronazo en la estructura de impunidad de los genocidas: la aparición en agosto de 2014 del hijo de Laura Carlotto, a quien su abuela Estela buscó por más de 36 años.

Durante el juicio, Batalla dijo que se había integrado como PCI al Ejército porque no tenía otra opción: no tenía ingresos ni instrucción, y tenía hijos para mantener. También se quejó porque era el “hazmerreír” del pabellón de lesa en la cárcel de Marcos Paz porque estaba detenido por ser ignorante.

Las querellas y algunos de los jueces se preocuparon por mostrar que mentía. Abuelas probó en su alegato que Batalla resignó ingresos al incorporarse como PCI, por lo que su elección había sido puramente vocacional, recordó el abogado Emanuel Lovelli.

En la sala de audiencias, Batalla insistió que no era Balboa, que, en todo caso, ése era un nombre que el Ejército le había asignado sin que lo pidiera. Sin embargo, Carlos Rozanski, el entonces presidente del Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata, mostró que en su legajo personal había una declaración jurada para asegurarse un subsidio familiar que estaba firmada por Ricardo Balboa, no por Batalla.

El 24 de octubre de 2014, Batalla –junto a otros dos agentes PCI que prestaron funciones en La Cacha –fueron condenados a trece años. A Batalla –o Balboa, o Toro – lo condenaron por haber participado en 55 secuestros, 71 casos de tormentos y en las muertes de Laura Carlotto y Olga Noemí Casado, las dos embarazadas y asesinadas después de dar a luz a sus hijos. A los tres PCI les dieron trece años.

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El 13 de noviembre, la Corte Suprema anunció que iba a tomar el caso de Batalla para dictar un nuevo fallo sobre la aplicación del 2×1 para delitos de lesa humanidad. Después de la reacción social que había generado la decisión del 3 de mayo del año pasado con la que se beneficiaba al represor Luis Muiña, el máximo tribunal se había comprometido a reexaminar la cuestión a la luz de la ley que se aprobó en la misma semana del fallo para impedir que los criminales de lesa humanidad reciban esta morigeración de la pena.

Ese mismo día, Batalla salió de la Unidad 10 de Formosa, donde purgaba su condena. En sus registros como carcelarios exhibía la misma ejemplaridad que como PCI: Conducta ejemplar 10 (diez), Concepto 7 (muy bueno). No tenía sanciones disciplinarias y se había preocupado por hacer cursos que le descontaran días en prisión: uno de marroquinería y otro de operador de PC.

Fue decisión del TOF 1 de La Plata –integrado por Pablo Vega, Alejandro Esmoris y Germán Castelli– otorgarle la libertad condicional por haber cumplido dos tercios de la condena. Así, Batalla volvió a la casa de Laguna Blanca, donde había estado escondido en 2010, para no entregarse y desde donde cambió su apariencia y consiguió un documento para fingir ser otra persona. “Todos esos factores tienen mucha importancia a la hora de determinar una libertad condicional –sostuvo Rozanski, expresidente del TOF 1 de La Plata, en diálogo con Nuestras Voces-. En lesa, no debe haber libertad condicional”.

La sentencia por La Cacha aún no fue confirmada por Casación. La sala I hizo una audiencia en noviembre de 2016, pero aun no tomó ninguna decisión. En esa oportunidad, los abogados de Abuelas habían pedido que se condene a Batalla como coautor y se le de prisión perpetua. Si ese pedido hubiese prosperado, Batalla no podría estar en su casa.

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Mañana, la Corte dará a conocer un nuevo fallo sobre el 2×1. Según versiones cortesanas, los dos ministros que ya habían votado en contra de ese beneficio, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, mantendrán su postura. El principal cambió vendrá de la mano de Horacio Rosatti, que había conformado la mayoría – junto a Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz – que benefició a Muiña el año pasado.

Rosatti sostendría que todo cambió con la ley 27362, la ley que se aprobó entre el 9 y 10 de marzo del año pasado por unanimidad y que impide que se aplique la ley 24390 – del 2×1, en vigencia entre 1994 y 2001 – a los criminales de lesa humanidad. Para el supremo, esa ley habría sellado el vacío legal que existía al momento de dictar el fallo Muiña. De hecho, fue Rosatti quien eligió el caso de Batalla. Entre otras cosas, en su vocalía contemplaron que era una causa accesible, que había opinado en contra del beneficio la Secretaría de Derechos Humanos de Claudio Avruj, que Batalla tenía una única condena y que, si se le aplicaba el 2×1, ya habría cumplido con creces la pena.

La gran pregunta es qué harán Highton y Rosenkrantz, considerado el ideólogo del 2×1.  Pero, si todo sucede como las fuentes presagian y se mantiene la mayoría, Batalla no podrá esconderse bajo otros seudónimos y se convertirá en el nombre del rechazo al 2×1.

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Luciana Bertoia

Luciana Bertoia

Periodista, Licenciada en Ciencia Política y Magíster en Derechos Humanos. Cubre temas vinculados con justicia y derechos humanos. Formó parte del Buenos Aires Herald y trabajó en la sección El Mundo del diario Página/12 y en Miradas al Sur.

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