Bonadio y un fallo a la medida del Grupo Clarín

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El juez Bonadio procesó a Martín Sabbatella, sin prisión preventiva y con un embargo de 100 mil pesos. El motivo: haber exigido al Grupo Clarín que se adecúe a la Ley de medios, mientras fue titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca). “Es un invento con el que Magnetto, a través del juez Bonadio, pretende aleccionar a la dirigencia política para que nadie se atreva a tocar sus privilegios”, aseguró Sabbatella.

Foto: Joaquín Salguero

Ayer, el juez federal Claudio Bonadio decidió procesar a Martín Sabatella, ex titular de la Agencia Federal de Servicios de Comunicación AudiovisualAfsca (Afsca). En un escrito repleto de imprecisiones, lo acusa de “abuso de autoridad” por el pedido de adecuación de oficio del Grupo Clarín a la Ley de Medios. Sobre la medida, Sabbatella dijo en un comunicado oficial: “Nos procesa Bonadío a pedido de Magnetto”.

La decisión del juez se anunció luego de que este miércoles la Cámara Federal porteña confirmara los sobreseimientos por delitos de lesa humanidad de Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble y Bartolomé Mitre, principales directivos de Clarín y La Nación, por el traspaso accionario de la empresa Papel Prensa en plena dictadura, controlada hasta entonces por el Grupo Graiver.

La justicia viene fallando hace meses en favor del Grupo Clarín y Héctor Magnetto. Esta vez, fue el turno de Martín Sabatella y quienes fueran sus directores en el AFSCA: Claudio Schifer, Ignacio Saavedra, Néstor Avalle, Eduardo Rinesi, Sergio Zurano y Lorena De Filippo.

Un fallo hecho a medida

“Se entiende que la conducta atribuida a Martín Sabatella configura el delito de abuso de autoridad, por el que deberá responder en calidad de autor”, afirma el fallo firmado por el juez federal de primera instancia. Allí, afirma que solicitar la adecuación de oficio fue una “potestad legal utilizada ilegalmente a fin de perjudicar al Grupo Clarín”, de Héctor Magnetto.

Para el ex funcionario y dirigente de Nuevo Encuentro, “la decisión de Bonadio se enmarca en la persecución política, mediática y judicial contra el kirchnerismo. La intención es mentir, mentir y mentir, para perseguir a los opositores, para proscribirnos y para esconder lo que hacen los verdaderos delincuentes que son quienes hoy gobiernan el país”.

Para procesar al dirigente, Bonadio se justificó expresando que el pedido de adecuación de oficio se trató de un “trámite diferencial y arbitrario” ya que la exigencia fue sólo para el Grupo Clarín y no para otros grupos empresarios.

Sin embargo, en el propio fallo se cita el descargo de Sergio Ernesto Zurano –otro de los imputados–, en donde se aclara que “es falso que se hayan hecho diferencias de criterios de plazos entre Clarín y el resto de los grupos” y que “la resolución por la cual se dio inicio a la adecuación de oficio del grupo Clarín, no estuvo basada en un incumplimiento de los plazos, sino en el fraude detectado por la falta de independencia corroborada por los cruzamientos de sus socios, la que motivó el inmediato tratamiento del tema por parte del Directorio”.

“La resolución por la cual se dio inicio a la adecuación de oficio del grupo Clarín, no estuvo basada en un incumplimiento de los plazos, sino en el fraude detectado por la falta de independencia corroborada por los cruzamientos de sus socios, la que motivó el inmediato tratamiento del tema por parte del Directorio”.

Martín Sabatella agregó al respecto: “Desde 2009, en que se sancionó la nueva regulación para los servicios audiovisuales, Clarín se estuvo burlando de la Ley 26.522, excediendo los límites fijados, con la complicidad de algunos jueces federales. Cuando la Corte Suprema avaló la constitucionalidad total de la llamada ley de medios, le exigimos al Grupo que se desprendiera de las licencias excedentes como lo estaban haciendo las otras empresas grandes. Después de muchos años de resistencia y aprietes públicos de parte de Clarín, logramos que presentaran un plan de adecuación voluntaria, en el que proponían dividirse en seis partes independientes. Desde AFSCA, aprobamos ese esquema porque estaba dentro de lo establecido en la ley, pero cuando trajeron los nombres de los integrantes de las nuevas sociedades, descubrimos que querían hacer trampas: las ventas eran ficticias y las supuestas partes independientes estaban todas conectadas entre sí, a través de sociedades en Panamá, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Argentina. Es decir: decían que vendían pero no vendían, decían que se dividían pero tampoco lo hacían. Fue entonces cuando decidimos, como establecía la ley, comenzar el proceso previsto para adecuar de oficio a quien se resiste a hacerlo en forma voluntaria. Por ese motivo, Bonadio nos procesa y embarga. Por hacer cumplir la ley”, concluyó.

Sabbatella: “Cuando trajeron los nombres de los integrantes de las nuevas sociedades, descubrimos que querían hacer trampas: las ventas eran ficticias y las supuestas partes independientes estaban todas conectadas entre sí”.

Esta resolución, en lineamiento con las presiones judiciales publicadas en otras instancias, podría costarle a los dirigentes dos años de prisión e inhabilitación especial durante cuatro años para acceder al cargo de funcionario público por haber intentado aplicar la Ley,

Una ley con consenso social

La Ley de Servicios Audiovisuales había sido aprobada por el Congreso en octubre de 2009, luego de haber sido debatida en más de una veintena de foros distribuidos a lo largo y ancho del país. Su eje central habían sido veintiún puntos que la Coalición por una Difusión Democrática había propuesto allá por el 2004. La LSCA, con su sanción, permitió reemplazar la ley de radiodifusión preexistente, que había sido promulgada por la dictadura cívico militar en 1980.

Sin embargo, sus puntos centrales fueron derogados por Mauricio Macri durante sus primeros meses de gestión. Por decreto, disolvió la Afsca y la Aftic, prorrogó las licencias actuales por otros diez años, amplió la cantidad de licencias permitidas por cada medio y permitió transferirlas, entre otras cuestiones. Estas modificaciones fueron denunciadas por especialistas de diversos sectores porque benefician a los grandes multimedios.

Para los académicos Santiago Marino, Guillermo Mastrini y Martín Becerra la ley cultivaba “una raigambre democrática” ya que garantizaba la libertad de expresión, levantaba la veda que existía para que organizaciones no lucrativas puedan participar como emisores, reducía el poder del Ejecutivo (que hasta ese momento controlaba directamente la autoridad de aplicación de la ley mediante un interventor), establecía mecanismos que dificultaban la constitución de oligopolios altamente concentrados, defendía a las radios y canales pequeños de localidades de provincias y exigía cuotas de producción local a todos los operadores del sistema.

Bonadio, el más denunciado

Según informó el diario Perfil, Claudio Bonadio es el segundo juez federal con más denuncias ante el Consejo de la Magistratura. Fue subsecretario de Legal y Técnica de Carlos Corach durante la presidencia de Carlos Menem. Según la periodista Irina Hauser, “Cavallo contó que vio y escuchó cómo Corach le pedía que archivara una causa suya por presunto enriquecimiento ilícito.

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