Vidal confirmó a Bressi

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El jefe de la Policía Bonaerense recibió la confirmación de la gobernadora María Eugenia Vidal. Su pasado oscuro, el vínculo con la DEA y las críticas de la aliada oficialista Lilita Carrió no fueron quedaron archivadas. Luego de la reunión entre la gobernadora y Carrió se supo que comieron pesacado, que la gobernadora fue en helicóptero a la quinta donde Carrió. Pero de los delitos policiales, nada.

El diputado del Frente Renovador, Felipe Solá, no hizo más que oficializar un secreto a voces: la designación del comisario Pablo Bressi en la jefatura de la Policía Bonaerense fue “pedida por la Embajada (norteamericana) y la DEA”. El dato –según su relato– le fue confiado en diciembre por el aún flamante ministro de Seguridad provincial, Cristian Ritondo. Pero recién lo ventiló en público siete meses después, en medio de la explosiva cruzada emprendida por Lilita Carrió contra dicho policía.

Lo cierto es que semejante criterio selectivo de uniformados forma parte del acervo macrista. Ya en 2010, el entonces jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, supo revelar que su amigo, el comisario Jorge “Fino” Palacios –hoy en banquillo por encubrir el atentado a la AMIA–, había sido puesto al frente de la Metropolitana “por recomendación expresa de la CIA y el Mossad”. Claro que eso también sucede por fuera de la órbita del PRO, así como lo demostró en su momento el ex gobernador cordobés, José Manuel de la Sota, al decir que su ex jefe de Drogas Peligrosas “contaba con el visto bueno de la DEA”. Se refería al comisario Rafael Sosa, hoy tras las rejas por su complicidad con traficantes locales.

¿Cuántos otros caciques policiales habrían sido impulsados en cargos claves por imposiciones de este tipo? La pregunta adquiere relevancia en virtud de la excelente predisposición de las nuevas autoridades nacionales y provinciales al respecto. De hecho, las preferencias de la CIA, la DEA y el FBI por ciertos comisarios argentinos no son ajenas a la voluntad de extender en el país su estrategia global contra el terrorismo y el narcotráfico. Sólo que aquí tamaño propósito suele chocar con un obstáculo notable: el carácter mafioso de todas las fuerzas de seguridad. Un estigma que –a tal fin– las convierte en una herramienta envenenada. Una suerte de presente griego que –en la actualidad– tiene a la Bonaerense como su ejemplo más ruidoso. Y que ya puso en jaque la gestión misma de María Eugenia Vidal.

Para comprender esta paradoja conviene retroceder a sus primeras horas en el cargo, cuando entronizó al tal Bressi en la cúpula de la Bonaerense. Y por sugerencia de Ritondo. Días antes, el ministro había tratado la cuestión con su antecesor, Alejandro Granados, y con el jefe policial saliente, Hugo Matzkin. Allí fue donde el salto de Bressi hacia la cima fue dado por hecho.

Horrorizado por su nombramiento, el diputado Solá –quien objetaba al comisario por su papel de negociador en la toma de rehenes que culminó con la masacre de Ramallo– oyó entonces por boca de Ritondo lo del “pedido de la Embajada y la DEA”. Y quizás lo asaltara un interrogante: ¿acaso la meteórica conversión de aquel antiguo puntero del barrio de Mataderos en ministro de Seguridad provincial fue también fruto de un imperativo similar? Es imposible saberlo. En parte, porque el roce que éste acredita en el ramo no pasa de su afinidad política con Miguel Ángel Toma –un hombre cercano a las agencias norteamericanas– y un puñado de invitaciones a Estados Unidos que incluían visitas guiadas a la academia del FBI en Quántico. Pero eso no lo vuelve un agente del imperio. Ni sus pasos iniciales en el cargo fueron, desde luego, los de un especialista en la materia.

Muy por el contrario, su pragmatismo resultó dramático. Y en principio, por una fatalidad: la llegada de la señora Vidal al primer despacho de La Plata fue para ella y su equipo algo tan sorpresivo que no hubo tiempo para planificar debidamente una política hacia la agencia policial más díscola del país. La solución fue recurrir a la “herencia recibida”; dicho de otra manera, las nuevas autoridades resolvieron servirse de la estructura policíaca y ministerial dejada por la gestión anterior. Eso, precisamente, fue lo tratado en aquel “cónclave de transición” con Granados y Matzkin. Tal reflejo continuista resultó a la vez un canto al autogobierno de la Bonaerense, una milicia de casi 90 mil hombres armados. Y de tal acuerdo, Bressi era la frutilla del postre. Por entonces, ni la Gobernadora ni su ministro estrella imaginaron que acababan de dar un salto al vacío. Matzkin, en cambio, tocaba el cielo con las manos.

Al fin y al cabo, Bressi era como el Ave Fénix. Tras un lustro de malasangre por el asunto de Ramallo -donde la masacre estuvo vinculada a ocultar la connivencia policial- Matzkin fue el artífice de su milagrosa redención. Él lo había rescatado del ostracismo, allá por 2004, al influir en su llegada a jefe del Grupo Especial de Apoyo en Secuestros de Personas. Y ya al frente de la Bonaerense, le ofrendó la valiosísima Superintendencia de Trafico de Drogas. Ahora –en situación de retiro jubilatorio– bregaba por perpetuarse en la fuerza a través de su delfín. Un intento que desataría una vidriosa interna entre las líneas policiales por espacios de poder.

Tanto es así que la increíble fuga de los hermanos Lanatta y Víctor Schillaci aceleró –a sólo dos semanas de asumir– el brusco despertar de la mandataria en el mundo real. También sirvió para que Ritondo pronunciara una frase que seguramente será recordada por las generaciones futuras: “Los prófugos están acorralados”. Poco después –cuando éstos ya eran buscados por otras fuerzas en Santa Fe–, el ministro admitió que esa frase se la había soplado al oído “un comisario”. Lo que se dice, una broma iniciática; apenas un mensaje de baja intensidad. Después vendrían avisos más cruentos.

En medio de esa tirantez, las sospechas y temores de las nuevas autoridades civiles se expandieron de modo geométrico con acusaciones políticas y purgas anunciadas con la suficiente antelación como para no impedir la réplica –por lo general, virulenta– de los inminentes exonerados.

En paralelo, Bressi fue afinando el organigrama de su propia cúpula, lo cual avivó en el comisariato el fuego de la discordia. Entre los más heridos resalta el aún influyente ex jefe de Investigaciones, Néstor Larrauri, quien fue pasado a retiro junto a su lugarteniente, el ex jefe de la DDI de Quílmes, Roberto Di Rosa. La suerte también les fue esquiva a dos poderosos jefes que reportaban sin intermediarios a Granados: el de la Zona Oeste, Carlos Grecco –de efímera notoriedad por encubrir en 2008 a los secuestradores de Leonardo Bergara– y el de Delitos complejos, Marcelo Chebriau, entre cuyas hazañas se destaca el haber malogrado de manera intencional la pesquisa por el crimen de la niña Candela Sol Rodríguez.

Con tales desplazamientos brotaron los primeros signos del encono interno. Como –a mediados de febrero– el escandaloso arresto de tres oficiales afines a Bressi por brindar protección a narcos de Esteban Echeverría. Y semanas más tarde, el extraño decomiso en la Jefatura Departamental platense de sobres con dinero –apenas 150 mil pesos–, episodio que, particularmente, enlodó el buen nombre del comisario Alberto Domsky, ex jefe de ese coto y hoy en la nueva plana mayor. Dos típicos pases de facturas.

Pero las “advertencias” anónimas al Poder Ejecutivo fueron más sinuosas y, a la vez, resonantes. Por un lado, los sectores disconformes de la corporación policial incurrieron en la táctica de “poner palanca en boludo”, así como en la jerga policial se le dice al trabajo a reglamento. Al mismo tiempo, estallaba en el Gran Buenos Aires una escalada de sugestivos delitos. Prueba de ello es la súbita ola de secuestros exprés, como el del fiscal general de Lomas, Sebastián Scalera, y el del ex diputado duhaldista –y actual dirigente del PRO– Osvaldo Mercuri. También hubo asaltos no efectuados justamente al voleo, como el de la casa del mismísimo intendente de La Plata, Julio Garró, y el ocurrido en el hogar del ministro de Gobierno, Federico Salvai. Una simple demostración de fuerza. Sin embargo, ningún cadáver aún ha sido arrojado al escritorio de la Gobernadora.

Cabe recordar, entonces, el mal trago que alejó al fiscal Carlos Stornelli de su gestión en el Ministerio de Seguridad, a fines de 2009. Fue una situación curiosa, ya que él había cifrado en lo que dio a llamar “una política de confianza hacia la policía”. Sin embargo, le bastó un enroque de comisarios en el área de Automotores –una caja codiciada– para merecer una macabra dedicatoria: tres mujeres de clase media asesinadas a tiros en presuntos asaltos callejeros. Tras efectuar una tímida denuncia penal al respecto, renunció. Y jamás volvió a pisar el territorio bonaerense.

Días pasados, María Eugenia Vidal anunció que echaría a unos 200 policías. El motivo: una red de corrupción en el área de Automotores.

Qué Dios la ilumine.

@ragendorfer

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Ricardo Ragendorfer

Ricardo Ragendorfer

Es considerado uno de los mejores cronistas del género policial en el país. Autor de libros como El otoño de los genocidas (2017) y Los doblados (2016). Además de colaborar en Nuestras Voces, escribe en el diario Tiempo Argentino, Revista Zoom y en la revista Caras y Caretas, entre otros.

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