Claves para entender el sistema previsional

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Todos queremos mejores jubilaciones pero necesitamos comprender cómo es el sistema de recaudación y de gastos en un país donde un tercio de la población activa no está registrada. ¿Quiénes pagan y quiénes cobran? ¿En qué consiste la ley que modifica el índice de movilidad? Un panorama completo para entender dónde estamos parados. 

“¿Pero… cuál es la audacia? Débiles con los fuertes y fuertes con los débiles (…) Colocar como variable de ajuste a los jubilados argentinos del gasto del Estado, me parece un acto de una injusticia soberana y una falta de creatividad, de decisión, de imaginación, que a la clase política argentina no le voy a permitir.” Néstor Kirchner, julio de 2001.

Todos sabemos que hay cierta debilidad asumida en torno a los jubilados, es verdad que a la hora de defender y reclamar por sus derechos, se ven más vulnerados que otros sectores etarios con mayor capacidad de organización y lucha. Sin embargo, el sistema previsional o jubilatorio presenta dificultades mucho más determinantes que inclinan la balanza a la hora de decidir dónde recortar. Hace muchos años estamos viviendo un fenómeno cada vez más difícil de resolver que responde al envejecimiento de la población. La esperanza de vida es cada vez mayor y aún no hemos logrado encontrar un sistema justo que se adapte a esta nueva era.

Los invito a que nos adentremos en Argentina y repasemos números juntos, con unos simples pasajes matemáticos vamos a poder entender cómo estamos posicionados.  Hoy en día, un trabajador registrado aporta al sistema jubilatorio un 23% de su sueldo, ese número se compone de un 11% del propio trabajador y un 12% que aporta su empleador. Mientras que un jubilado, en promedio, percibe un 70% de un sueldo activo. Es decir que, para sostener el ingreso de un jubilado, necesitamos el aporte de 3 trabajadores activos.

Acá nos encontramos con otra enorme dificultad que responde a la informalidad y a la falta de empleo en nuestro país: en el mes de septiembre del 2020, el último dato arrojado por el Ministerio de Trabajo registra casi 12 millones de trabajadores, teniendo que responder a 7 millones de jubilados y pensionados. No cierran los números, al menos, no cierran con la gente adentro. Nos damos cuenta de que, para sostener el sistema previsional que tenemos hoy en día, necesitaríamos prácticamente duplicar la cantidad de trabajadores formales.

No hace falta ser político o empresario para saber que la generación de empleo no es una tarea sencilla. Mucho menos en un país al que se lo ha expuesto a recurridas crisis en el sistema económico, que no solo ha espantado las inversiones sino que además ha llevado a muchos sectores a la quiebra, generando un campo de disputa en el sistema laboral cada vez más hostil y carroñero.

 

La nueva fórmula de la jubilación permite ganarle a la inflación

 

Cómo encarar la solución

En el corto plazo estamos en un callejón sin salida al que nos enfrentamos todos los fines y principios de año. Sin dudas, hay que pensar un plan que pueda contemplar los problemas de índole estructural que tiene Argentina de la mano de la generación de empleo, la regularización del trabajo informal y, probablemente también, de una adecuación en torno a los requisitos jubilatorios que se adapten a la esperanza y a las condiciones de vida del siglo XXI.

En lo inmediato hay que resolver a través de soluciones profundamente creativas, pero sobre todo audaces. Tan audaz como fue la aprobación del Proyecto de Ley de Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la Pandemia, que permitirá destinar más de 700.000 millones de pesos a palear la crisis económica profundizada durante el último año. En un país donde el juego que mejor se juega y que más gusta es el de la evasión impositiva, se requiere mucho coraje para sacarle un caramelo a los más ricos. En verdad, hay que ser justos con los poderosos y con los débiles.

A fines de diciembre se aprobó la ley que modifica el índice de movilidad jubilatoria, estipulando una fórmula muy similar a la que rigió entre 2009 y 2017. Su actualización se compone, en primer lugar, por un 50% que surge de la variación de la recaudación tributaria con asignación específica a ANSES -entre los que se encuentran los impuestos al combustible, cigarrillos, IVA, Ganancias y también los aportes contributivos correspondientes a los salarios registrados-. Por otro lado, para el 50% restante de la fórmula, se deberá optar entre el índice de variación salarial que realiza el Ministerio de Trabajo o el que calcula el INDEC. Entre éstos se elegirá el que resulte mayor. Por último, la diferencia con el período anterior es que en esta oportunidad se ajustará trimestralmente y no semestralmente, entendiendo el contexto de incertidumbre y crisis económica que atraviesa nuestro país.

Esta medida afecta a 18 millones de personas, un tercio de la población argentina,  que se compone por jubilados, pensionados, asignaciones familiares, Pensión Universal por Adulto Mayor, Asignación Universal por Hijo y pensiones no contributivas.

Es muy importante la modificación que estamos viviendo, a diferencia de lo que sucedió entre 2017 y 2019. A a pesar de los cambios y mejoras estructurales que mencioné anteriormente, enfatizando en la necesidad de incorporar al 30% de empleados no registrados de nuestro país y generando trabajo, es un buen primer paso ligar las jubilaciones a los salarios y a la recaudación. De esta manera, podemos conseguir jubilaciones justas pero también sustentables en función del contexto económico. En este sentido, se estableció un tope al incremento de los haberes previsionales que será hasta un 3% más de los recursos propios de la ANSES. Esto generó cierta preocupación en algunos sectores por miedo a que el aumento no supere la inflación. Sin embargo, la experiencia pasada demostró lo contrario.

El buen funcionamiento de la fórmula dependerá en gran medida de las políticas públicas que impulse el gobierno, y por tanto, de la posibilidad de aumento de la recaudación y de la suba de los salarios, además del crecimiento económico del país.

 

El origen del conflicto

Hace poco me hicieron una entrevista para el diario francés Les Echos con el objetivo de que explicara el Aporte a las Grandes Fortunas sancionado de manera exitosa entre noviembre y diciembre por el Congreso. La periodista, sin comprender el conflicto, me preguntaba una y otra vez por el porcentaje estimado que se le iba a aplicar a cada tenedor de una gran fortuna, no podía entender el revuelo que había generado la expectativa de sacarle un 2% de la riqueza a cada una de las 10.000 personas más pudientes del país.

El sistema previsional es visiblemente insostenible en términos de déficit -ingreso vs. gasto-, esa diferencia de recaudación presiona fuertemente en la rueda de la emisión monetaria. Volvemos una y otra vez al laberinto con la misma pregunta: ¿Quién paga? ¿Quiénes tienen o pueden poner la diferencia de la recaudación? Se trata, entonces, de un problema de administración  de los recursos.

No hay muchas opciones en lo mediato: o se recauda más o se gasta menos. Muchos sectores, cuando critican los niveles de déficit fiscal a los que nos enfrentamos año tras año, no revelan qué sector debería ser recortado, ni tampoco cómo se puede generar un sistema más progresivo. En esa línea, el que tiene todos los números de la lotería es el jubilatorio que, para el 2021 se prevé que representará el 51,5% del gasto total. Este 51,5% es equivalente a 3,98 billones de pesos.

En esta insistencia de buscar falsos culpables nos encontramos con que el problema de la falta de recursos económicos responde supuestamente al exceso de gasto en el sistema político. Un mito necesario de desarmar con el objetivo de que se nos posibilite encontrar soluciones serias y consistentes para que los adultos mayores puedan vivir de una forma más digna. El presupuesto del Poder Legislativo Nacional representa un 0,5% del gasto total presupuestado para 2021. Frente al 51,5% visto anteriormente, es fácil darse cuenta de que no es relevante.

Tampoco hace falta ser un hábil comprendedor de las finanzas, para entender que el sistema tributario como está pensado es regresivo y se grava de una manera inequitativa e injusta. ¿Cómo es posible que un trabajador que cobra el salario mínimo vital y móvil aporte el mismo porcentaje que uno que gana cinco veces más? ¿Y menor porcentaje que un trabajador que gana diez veces más, producto de que hay un tope estipulado en $184.500 a partir del cual las retenciones y los aportes quedan fijos en pesos?

La discusión tiene que venir acompañada de una propuesta seria de recaudación en términos tributarios, junto con una modificación del sistema previsional que permita una ampliación de derechos para aquellos que más lo necesitan y un cambio estructural y profundo en torno al sistema laboral, que permita sostener a las personas que se jubilan. Es evidente que un año como el 2020 hubo una concentración muy fuerte por parte del Estado de contener la terrible crisis sanitaria, social y económica que nos tocó vivir. Tal es así que, en junio, más del 70% del presupuesto erogado se había destinado a jubilaciones, pensiones, ayudas sociales y subsidios al sector privado. En ese mes, el presupuesto ejecutado había sido de $2.476.880 millones. Vemos así que la mayor parte del gasto del Estado nacional no se destina a salarios, sino al pago de jubilaciones y pensiones, así como a gastos sociales.

Otra cara de la misma moneda es acordar objetivos claros y alcanzables. En 2017, en pleno mandato de Mauricio Macri, se prometió que los jubilados ganarían un 4% anual por encima de la inflación. No hace falta aclarar que finalmente no solamente no ganaron sino que además perdieron, pero no nos detengamos en falsas promesas sin cumplir. Lo que sí resulta interesante es hacer un análisis con mayor profundidad para entender qué implican estas promesas: para poder aumentarle un 4% por sobre la inflación a los jubilados, deberíamos haber aumentado un 13,33% los salarios. Si no comprendemos que las jubilaciones son una consecuencia directa del trabajo y de los salarios registrados, seguiremos estando en un problema, porque como vimos anteriormente, de ese valor se desprende el 23% de aportes.

Por otro lado, podemos rescatar medidas sumamente efectivas a la hora de aumentar el valor real de las jubilaciones sin hacerlo necesariamente de manera nominal. No me mal interpreten, soy una convencida de que las jubilaciones para la mayoría de los y las argentinas son una miseria, pero también soy realista, y entiendo que, con un Estado con una situación muy delicada, no se pueden hacer grandes modificaciones. En este sentido, durante el 2020 se implementaron tres medidas que le deben haber cambiado la vida a más de uno:

En primer lugar, la entrega de medicamentos gratuitos a todos los afiliados de PAMI. Esta medida impactó en más de 2,3 millones de personas, aliviándoles de su presupuesto mensual un promedio de $3200 per cápita, eso debemos entenderlo como un ingreso indirecto. En segundo lugar, el congelamiento de tarifas públicas que, por supuesto, no afecta exclusivamente a jubilados, pero sin duda impacta en su calidad de vida. Y, por último, la suspensión de los créditos ANSES que se otorgaron durante la gestión del anterior gobierno y comenzarán a pagarse en el 2021.

Estas tres medidas me permiten soñar con un futuro mejor, al menos, pararme sobre un piso mínimo de derechos y contemplaciones, algo que en el período del 2015 a 2019 nos fue arrebatado a muchos. Hay sectores que no se pueden postergar más, que no pueden seguir siendo relegados, ni vulnerados, ni apartados, ni sometidos. Los viejos tienen que ser nuestra prioridad y tenemos que entenderlo casi como un mantra; pero para ello hay que seguir pensando de dónde vamos a obtener los recursos. Considero que muchos ya tenemos una posición tomada al respecto, es  tiempo de que muchos otros se la jueguen.

Y por sobre todas las cosas, ojalá que nunca más volvamos a escuchar que hay que ser fuerte con los débiles y débiles con los fuertes, porque será el peor acto de cobardía para con nuestro pueblo.

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