Con el Fondo se acelera el ajuste

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) decidió otorgarle un préstamo de 50 mil millones de dólares al gobierno argentino. El pedido de Macri ocurre luego de la corrida cambiaria de mayo pero la escasez de dólares en el país no es un fenómeno pasajero que pueda resolverse con un préstamo. Para el FMI y el gobierno el déficit fiscal es el principal problema y para eso el acuerdo prevé reducir el gasto público –ya bajaron las metas para este año–: menos obras públicas, salarios más bajos, achique de subsidios y menor transferencias a las provincias. Además, el BCRA sólo se ocupará de la inflación. Lo que se viene: recesión económica, aceleración inflacionaria y caida del poder adquisitivo.

El gobierno argentino y el FMI acordaron el otorgamiento de un préstamo por 50 mil millones de dólares en el marco de un programa Stand – by con una duración de 36 meses y previendo metas fiscales e inflacionarias para el actual y los próximos años. La solicitud de apoyo financiero ocurrió en mayo pasado, a raíz de la “corrida cambiaria” que implicó un importante incremento del tipo de cambio.

La política fiscal definida por el Gobierno para afrontar el acuerdo con el FMI está protagonizada por la reducción del gasto en obras públicas, salarios públicos, subsidios y transferencias a las provincias. Además, las metas antiinflacionarias vienen de la mano de mayor “independencia del BCRA” así como el desarme de la bola de nieve de las LEBAC. Todo esto configura un escenario recesivo para el conjunto de la economía que golpea sobre salario, empleo y el mercado interno en general.

La escases de dólares

Hacia finales de abril y principios de mayo se produjo una “corrida cambiaria” en nuestro país, que implicó una masiva compra de dólares que presionó sobre el tipo de cambio. El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en su informe: “La reciente suba del dólar en la plaza local: consecuencias del modelo” identificó tanto elementos coyunturales como estructurales que explican el fuerte incremento en la demanda de dólares. Entre los coyunturales se encuentran la reacción negativa de los grandes actores externos ante la entrada en vigencia de un impuesto a la tenencia de LEBACS, la suba de los rendimientos de los bonos a 10 años del Tesoro de EEUU y la expansión de los créditos hipotecarios UVA en un mercado inmobiliario dolarizado. Ahora bien, los elementos estructurales que subyacen a la repentina escasez de dólares se vinculan a la apertura comercial y financiera, pilares de la actual política económica, que se manifiestan a partir del recurrente déficit comercial, la fuga de capitales y la salida de dólares por turismo.

Considerar estos elementos estructurales, nos permite alertar sobre un problema futuro: la escasez de dólares en argentina no se explica por un fenómeno pasajero o coyuntural para el cual el préstamo del Fondo podría ayudar a sortear. El problema de la escasez de dólares, además de ser el problema estructural por excelencia de las economías dependientes, se encuentra fuertemente agravada por el modelo económico actual. En síntesis, en un contexto de apertura comercial y financiera, el déficit externo seguirá siendo el gran problema económico, y el endeudamiento sólo agrava la ecuación.

Recorte a los jubilados a medida del FMI

El acuerdo

Lejos de identificar el frente externo como un problema, tanto el gobierno como el FMI –política e ideológicamente afines– identifican al déficit fiscal como el principal elemento a resolver. Ahora bien, las cuentas del Estado son una relación entre recaudación y gasto, es decir que para mejorar el déficit se puede aumentar la recaudación, bajar el gasto o ambas. La alternativa oficial ha sido bajar el gasto, motivo por el cual el acuerdo acelera las metas en este sentido: -2,7% para el corriente año (hasta ahora era -3,2%), -1,3% para 2019 (hasta ahora era -2,2%), en 2020 se arribaría a la situación de equilibrio (hasta ahora era -1,2%) y en 2021 a un superávit de 0,5%.

Entre los grandes conceptos de achicamiento del gasto definidos en el acuerdo se encuentra la obra pública, subsidios, salarios públicos y transferencias a provincias. Esto implica un golpe importante para todos los sectores que dependen del mercado interno. El recorte en la obra pública tiene repercusiones relevantes en el nivel de empleo (aunque precario) y de gran parte de los hogares de menores ingresos en todo el país. El recorte en subsidios puede seguir impactando en las tarifas de servicios públicos, erosionando el poder adquisitivo. Por último, el recorte en los salarios del sector público viene de la mano de los recientes anuncios en torno al recorte en el Estado que afectan tanto el nivel del salario como la generación de empleo en el sector.

Otro elemento clave del acuerdo con el Fondo, en línea con la política antiinflacionaria es el establecimiento de un BCRA más “independiente” a partir de la reforma de la Carta Orgánica, revirtiendo gran parte de las modificaciones realizadas en 2012, que excluye de los objetivos del BCRA la generación de empleo y crecimiento y lo limita sólo a la lucha contra la inflación. El financiamiento del Tesoro a través de la emisión ya no será un recurso utilizado por la entidad. Forma parte de la política antiinflacionaria, en una lectura monetarista sobre las causas de la inflación que caracteriza a la cartera económica. Esto implica que el déficit solo podría financiarse con deuda. Por otra parte, se introducen modificaciones institucionales en el BCRA que apuntan a reducir la capacidad de influencia del Ejecutivo sobre el Central.

Otro componente del acuerdo que involucra al BCRA es el intento de desarme de LEBAC a través de la emisión de deuda del Tesoro para dar una alternativa a la colocación de ahorros. Esto implica una pérdida de respaldo para la política monetaria que venía llevando adelante Federico Sturzenegger y que construyó una bola de nieve en torno a este instrumento sin éxito en el control de la inflación. En el marco de la interna del gabinete económico, esto reposiciona a Dujovne y su politica de achicamiento del gasto.

En conclusión, el acuerdo con el FMI se inserta en una línea esperable de requerimientos por parte de la entidad y en sintonía con la orientación económica de la actual gestión: reducir el gasto público y la aplicación de una política antiinflacionaria recesiva. Esto configura un escenario muy negativo para los sectores de menores ingresos, con caída del salario real, el empleo y el consumo. En este sentido, la cláusula de monitoreo de los indicadores sociales (que aún queda por verse los marcos de su aplicación), no revierte el escenario de empobrecimiento generalizado. Pero además, tal como se ha mencionado en la primera parte, este financiamiento lejos de apuntalar una senda de crecimiento en el largo plazo, tiende a profundizar los desequilibrios macroeconómicos y estructurales.

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Débora Ascencio

Débora Ascencio

Periodista especializada en economía. Integrante del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), becaria doctoral de CONICET y docente de la Universidad de Buenos Aires. Es licenciada en Sociología y maestranda en Sociología Económica.

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