Condena para los prefectos torturadores

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El Tribunal Oral en lo Criminal N° 9 de la Capital Federal condenó con penas de entre diez y ocho años de prisión a seis prefectos que en 2016 torturaron a Iván Navarro y a Ezequiel Villanueva Moya de la Villa 21-24 de Barracas. Los integrantes de esa fuerza, detuvieron a los jóvenes, les pegaron y los cargaron en un móvil sin explicación. Les dijeron “negros”, “villeros”, “chorros”. Los llevaron a un descampado y simularon un fusilamiento. Les volvieron a pegar, los desnudaron, le robaron sus cosas y los dejaron ir. Iván y Ezequiel –integrantes de La Poderosa– hicieron la denuncia y hoy celebran un fallo histórico contra la represión estatal.

Foto: Gastón Bardy

Azul tiene 12 años y un megáfono en la mano. Dirige la pequeña batuta en la Plaza de Tribunales, en pleno centro porteño. Azul grita por el megáfono: “Che Patricia, che Patricia, no te lo decimos más, si nos tocan a los pibes, qué quilombo se va a armar”. Azul es la hermana de Kevin –el pibe de 5 años asesinado en el barrio de Zavaleta– y Patricia es Bullrich, la ministra de seguridad. Azul y todos sus compañeros de La Poderosa –la organización social que lleva 14 años en varias villas de Argentina y Latinoamérica– están desde las 10 de la mañana frente al Palacio de Justicia porque están esperando la histórica sentencia a seis prefectos acusados de torturar a dos pibes de su barrio, a dos de sus vecinos: Iván y Ezequiel, dos pibes que podrían estar muertos pero que sobrevivieron para contar y denunciar. Esos dos nombres que podían haber sido los de otros, porque para los que viven en la Villa 21-24 de Barracas es natural que las fuerzas de seguridad los torturen, los requisen y hasta los asesinen. Pero hoy, Iván Navarro y Ezequiel Villanueva Moya son los nombres de la lucha y la resistencia de un barrio organizado y dispuesto a decir basta.

Por eso, cuando el Juez del Tribunal Oral en lo Criminal N° 9 leyó la sentencia y condenó los seis prefectos a condenas entre 8 y 10 años de prisión por delitos de tortura, privación ilegítima de la libertad, lesiones leves y robo agravado y calificado, el alivio en la sala fue enorme. “Como a los nazis, les va a pasar a donde vayan los iremos a buscar”, cantaban Iván, Ezequiel, sus familiares y compañeros. Porque saben, en un país donde un Presidente y una ministra de Seguridad felicitan y galardonan a policías que matan a ladrones a sangre fría, hoy esta sentencia cobra un significado aún mayor. Es el primer juicio oral a Prefectura durante la gestión de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Y la condena es ejemplar.

El tribunal pospuso hasta el 22 de octubre la lectura de los fundamentos. Entre los considerandos los jueces incluirán un listado de medidas que el Ministerio de Seguridad deberá adoptar para evitar que las fuerzas repitan estos métodos.

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#FueTortura

Hace exactamente dos años, la noche del 24 de septiembre de 2016, Iván Navarro –que tenía 18 años– volvía caminando a su casa cuando vio que en una esquina, un grupo de agentes de la Prefectura requisaba a Ezequiel Villanueva Moya, de 15 años. Para Iván ya era moneda corriente ver que un agente de seguridad los detuviera solo por portación de cara, pero se acercó a ver qué pasaba. Al verlo, los agentes le pidieron el DNI y también lo requisaron. A los pocos minutos llegaron refuerzos: cinco móviles con más de veinte prefectos.

Los esposaron y los cargaron en un móvil sin ningún tipo de explicación. Los llevaron a un destacamento, los encerraron en un cuartito, los verduguearon y les pegaron.

Foto: Gastón Bardy

“Negros”, “villeros”, “chorros” eran los “insultos” que recibían sin cesar. Después los llevaron a un descampado frente al Riachuelo, donde los volvieron a torturar y simularon un fusilamiento. Les volvieron a pegar, los desnudaron, le robaron sus cosas y los dejaron ir. Pero Iván y Ezequiel llegaron y contaron. Y ni sus familias ni la organización social de su barrio se quedaron callados. Hicieron la denuncia y visibilizaron el caso, siempre acompañados por la organización social y por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Pero no fue fácil.

“Ahí va el buchón, vamos a agarrarlo”, escuchó una vez Iván mientras volvía de declarar en el juicio que comenzó el 11 de mayo de 2018, un año y medio después del hecho. La tortura psicológica no había terminado.

Yamila y Mirta están sentadas en unas sillitas en la Plaza de Tribunales esperando la sentencia. Ambas viven en Zavaleta, conocen a Iván y a Ezequiel de pibitos, de toda la vida. Todavía se acuerdan esa madrugada cuando la familia desesperada, corría a buscarlos, denunciando que habían desaparecido. Y también recuerdan cuando aparecieron y pudieron contar lo que habían vivido, sabiendo que eso implicaría consecuencias. Y las tuvieron ellas también. Mirta es la mamá de Roque Azcurraire, el fotógrafo de la Garganta Poderosa que fue detenido en mayo por la Prefectura Nacional luego de que filmara un operativo ilegal de los efectivos frente a la casa de Iván Navarro. A Roque también lo torturaron, así como también violentaron a María Silvia –la Mona– su hermana. Yamila y Mirta están acostumbradas a vivir entre tiros y prefectura, entre requisas y sobre todo, a que les digan negras villeras como un insulto. “Si se hace justicia es una señal de que no estamos solos, de que al Pueblo nos escuchan”, dicen, con expectativas por la sentencia.

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Histórico

“La centralidad de este caso es que se demostró que los jóvenes fueron golpeados, que sufrieron amenazas de fusilamiento, que fueron discriminados por su condición de pobres y por el lugar en el que viven. Y que todo eso constituye el delito de tortura”, explicaron a Nuestras Voces Nahuel Berguier y Gabriela Carpineti, abogados de La Poderosa y miembros de la Campaña contra la Violencia Institucional.

“Durante el juicio lo que se demostró es la radiografía de las rutinas naturalizadas ilegales de las fuerzas de seguridad en muchos barrios. Esto es lo que se llama ‘tortura oblicua’. Es decir, no es la típica tortura con picana eléctrica, sino que el Tribunal entendió que un conjunto de amenazas, golpes, desnudez y discriminación, entre otras cosas, no es vejación, como siempre en estos casos, sino que es tortura. Eso es lo inédito”.

Los pocos casos similares que tienen curso en la Justicia o terminan en la nada o terminan en el delito de “vejación”, que son penas menores. Pero lo singular es que en este caso se juzgó y se condenó una práctica naturalizada y cotidiana. “Lo que para los pibes es natural, que les digan ‘negros de mierda, villeros de mierda’ hoy es considerado tortura”, ejemplificó Berguier.

En general la mayor parte de estos hechos quedan impunes porque no son conocidos ni denunciados. Según el comunicado que difundió el CELS, “en este caso ocurrió algo diferente, gracias a la presencia de una organización como La Poderosa con capacidad para visibilizar el hecho y a funcionarios judiciales que desde el primer momento se tomaron en serio lo que los jóvenes contaron y las múltiples evidencias que apuntaban a la veracidad de sus testimonios. Esto permitió recolectar prueba sólida y contundente que demuestra la participación de los imputados y su responsabilidad penal en los hechos”.

Foto: Gastón Bardy

Para Berguier y Carpineti “los funcionarios del Ministerio de Seguridad a través de sus discursos incitan a los miembros de las fuerzas a este tipo de episodios y después los que pagan la responsabilidad penal son el último eslabón. Ellos son los responsables materiales pero los responsables ideológicos son los funcionarios del Ministerio de Seguridad”.

Fidel tiene 23 años y vive en la Villa 21-24 de Barracas. Desde que tiene 9 empezó a jugar al fútbol en La Poderosa y hoy es referente de juventud y deportes de su organización. Está contento. “Esto es inédito porque es el primer juicio a una fuerza que torturó, de los tantos que suceden en nuestros barrios y que no pudimos denunciar ni visibilizar. Estos dos años de lucha de nuestra organización es gracias al coraje de Iván y Ezequiel que se animaron a denunciar y que corrían el peligro de seguir viviendo en el mismo barrio conviviendo con las mimas fuerzas de seguridad que te reprimen—reflexionó—. Pero lo más importante es que Iván y Ezequiel nunca hablaron a título personal sino que hablaron para que no ocurra nunca más”.

Fidel, Iván, Ezequiel, Marta y Yanina van a volver hoy a su barrio con una condena ejemplar bajo la manga y producto únicamente de su lucha. De visibilizar, de persistir, de denunciar, de militar. Pero saben que es solo un principio. Que por más fallos y más condenas, las fuerzas represivas siguen viviendo en su barrio. Que lo que sucedió hoy en la Justicia debe ser saboreado como una victoria pero sobre todo como un mensaje: que la lucha popular sirve. Y que hay que seguir.

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Tali Goldman

Tali Goldman

Es licenciada en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y periodista. Escribe crónicas en medios digitales como Anfibia, Nuestras Voces, Latfem, entre otros. Es columnista en el programa de radio Cheque en Blanco, que se emite en Futurock. Su primer libro La Marea Sindical, mujeres y gremios en la nueva era feminista de Editorial Octubre ya va por la segunda edición.

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