¿Qué culpa tiene Adriana Funaro?

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Adriana Funaro es una activista cannábica. Acompañó el proceso de empoderamiento de esas madres que siembran y colectan cogollos para preparar el aceite que disminuye las crisis epilépticas que sufren sus hijos e hijas. Pero ley de cannabis medicinal no terminó de saldar ese proceso y hoy Adriana es perseguida debido a un vecino que la denuncia, enojado por un baño en su medianera. Mientras ella produce un medicamento que el Estado debería proveer, la Justicia y la Policía la llegaron a detener.

Al costado de la autopista Ezeiza-Cañuelas, a la altura del kilómetro 38, hay una zona de quintas y calles de tierra, conocida como el barrio parque Links Erratchu. Está forestado con eucaliptos, acacias, álamos, sauces y pinos. Los límites entre las propiedades suelen ser “cercos vivos”. Alambrados de un metro cincuenta, cubiertos por arbustos de siempreverde, bajo una hilera de árboles. Adriana Funaro vive hace casi 20 años en una de esas quintas y piensa dejársela a su hija. Cuando nació su nieta, dice, se propuso agregar un baño al quincho que tiene atrás, por comodidad familiar. El baño está hecho pero parece que nunca va a terminar de pagarlo.

Ese pequeño sanitario ya le costó, el año pasado, el clásico “allanamiento seguido de robo” de algunos uniformados, su posterior detención en comisaría y arresto domiciliario por orden del juez. Y ahora, justo en verano, cuando volvía a disfrutar del quincho, el parque, la familia, las amistades…  cayó otra denuncia de su vecino. La segunda por cultivar cannabis para uso medicinal, la cuarta desde 2016, año en que por primera vez asistió a una fiscalía de Ezeiza y, en una especie de mediación, un secretario letrado la obligó a pedirle disculpas al vecino que la había denunciado por “amenazas”.

Lo hizo sin mirarlo a los ojos, del miedo y la bronca que tenía. Él debía por su parte resolver la cuestión de la “medianera”, que habría provocado el conflicto, como se verá más adelante. Al salir de esa fiscalía le dijeron: “¿Qué es eso de Mamá Cultiva?, ojito vos”. Ella intuyó lo que se venía pero tardaron en “empapelarla”, como dice la jerga policial. Esperaron hasta fines de febrero de 2017, poco antes de la cosecha, para mayor escarmiento.

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Adriana Funaro es una activista cannábica. Nunca lo ocultó. Acompañó el proceso de empoderamiento de esas madres que siembran y colectan cogollos para preparar el aceite que disminuye las crisis epilépticas que sufren sus hijos e hijas. La ley de cannabis medicinal no terminó de saldar ese proceso, como se verá, al no incluir el autocultivo y permitir, como dice la defensora oficial de Funaro, María Victoria Baca Paunero, que “una persona use a la justicia como herramienta de una vendetta personal, cuando en realidad hay un montón de alternativas no violentas para resolver conflictos”.

Promesas en el bidet

No hace diez años que el vecino, Héctor Osvaldo Laporta, se mudó al barrio. En el vecindario nadie sabe bien a qué se dedica. Su pareja es una señora que enviudó, de buen pasar económico. Parecía un tipo accesible, del que te daba una mano para cambiar la rueda de un auto. Al principio dicen que se había sumado a cortar el pasto en los terrenos baldíos, solo que después quería enrejarlos. Lo terminó haciendo y poblándolos de autos usados, que al parecer compra y vende en remate judiciales.

Laporta se encarajinó el día que Funaro comenzó a construir ese baño, sobre la medianera de ladrillos que él mismo había levantado, luego de podar la ligustrina y sacar el alambrado en 2015. Esa misma medianera, se ve en plano, sale de la pared del quincho de ella, no del quincho del vecino (que construyó la dueña anterior sobre la pared de Funaro).

Ella nunca protestó por esa invasión, pequeña, considerando que en el barrio los lotes promedian los 1500 metros cuadrados. Laporta habría hostigado primero a los albañiles que hacían el baño, luego le pediría a ella que construya otra pared, de 15 centímetros, paralela a su muro en la zona del sanitario. Ella accedió, asegura, pero el vecino volvería a la carga, está vez para exigirle aumentar el grosor, de 15 a 50 centímetros. Y ahí Funaro se hartó. Poco después, el 26 de septiembre, le cayó una inspección municipal. Un regalito del vecino.

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Tuvo que pasar a planos el baño y la obra fue aprobada. En medio de la inspección supo que su vecino ni siquiera tenía el declarado quincho, como muchos habitantes del barrio. En la municipalidad le reconocieron que ella era la única que tenía todo declarado. “¿Y por qué no lo controlan a él?”, se quejó. Perdido el frente administrativo, Laporta pasó al ataque penal. Primero fue esa causa por amenazas, que quedó archivada tras la “disculpa” de Funaro. Luego, vino la denuncia por el cultivo que el hombre conocía muy bien. La policía subió al techo del vecino y sacó fotos de las plantas. La fiscalía y el juzgado compraron el caso.

El circo

El 20 de febrero le cayeron temprano los muchachos de la División de Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de Esteban Echeverría, sin otro justificativo que las fotos y los dichos de Laporta, que la sindicaban como una dealer a gran escala con abultado patrimonio. Secuestraron 22 plantas y 14 plantines, mientras ella rogaba que le dejaran las jeringas con aceite de cannabis, el extracto que ella usa para apaliar la artrosis degenerativa que sufre, sumada a la úlcera crónica que no le permite tomar calmantes industriales.

Claro que el vecino no contaba con la reacción de toda esa gente a la que el aceite de Funaro había ayudado, sean familiares de una niña con epilepsia refractaria o vecinos con dolores crónicos agudos, pasando por el activismo cannábico. Laporta no se esperaba ese tumulto en medio del allanamiento, tal vez su prepotencia lo haya hecho disparar con su arma, al piso, cuando se le acercó la periodista de la revista THC, Lúcia Souza Madeira, a preguntarle por qué denunciaba a Funaro.

De ese acontecimiento nació la tercera causa contra ella por “intimidación pública”. Según fuentes judiciales, el vecino fue a la comisaría, arma en mano, diciendo que “no le quedó otra que disparar”. Desde el patrullero que la trasladaba, esta «peligrosa narcotraficante», aseguró Laporta, había impartido órdenes a varios activistas para que lo intimidaran. Los activistas Julián Peré y Nicolás Breg y la periodista de THC fueron imputados por “amenazas y tentativa de violación de domicilio”. El 22 de noviembre pasado, ella y los demás fueron sobreseídos. Funaro estuvo tres días detenida en una comisaría hasta decidieron darle prisión domiciliaria.

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“Todo el tiempo dicen que no pasa nada, nadie va preso por plantar y eso es lo peor. Es mentira. Cualquiera puede denunciarte por cultivar”, dice la activista cannábica. Dos meses después del circo policial y judicial, en los que estuvo bajo arresto domiciliario, la sala tercera  de la Cámara de Apelación y Garantías de Lomas de Zamora la liberó por falta de mérito y criticó la “investigación” y la desmedida dureza del juez Horacio Hryb. En el medio, se había sancionado la ley de cannabis medicinal.

“Las evidencias se limitaron así a la singular denuncia formulada por Héctor Laporta, quien reconoció conocer desde hace años la actividad realizada por Funaro, así como el ingreso forzoso a su domicilio donde se lograra el secuestro de plantas y elementos detallados en el acta (de allanamiento), coincidentes todo con la actividad que la imputada reconoce desarrollar y en una cantidad coincidente también con la necesaria para la producción del aceite que durante el año consume”, señala el fallo.

Esta segunda causa sigue abierta. La fiscalía debe decidir si pide la elevación a juicio oral o la desestima, ya que la Cámara se expidió sobre la investigación, no sobre la imputación por producción de estupefacientes, delito que prevé con penas de 4 a 15 años. La nueva fiscal a cargo, Magdalena Vanesa Gónzalez, pidió prorroga para ver si aporta más pruebas. No agregó, por ahora, otra cosa que la pericia química que confirma lo dicho por Funaro, sus plantas son de cannabis. No sería una “prueba de cargo” ni cambiaría el panorama actual de “falta de mérito”.

Por su parte la defensora Baca Paunero sumó testimonios ilustrados, como el del médico Carlos Magdalena, y de pacientes a los que Funaro ayudó con el aceite de cannabis: los abuelos de Delfina Ramírez, una niña que sufre de microcefalia y epilepsia asociada; el de una señora que casi no podía caminar, antes de paliar su dolor con cannabis (y se fue en colectivo desde Quilmes hasta Ezeiza a declarar, bastón en mano). También algún vecino que habló del carácter particularmente violento de Laporta. Cada vez que sale un nuevo estudio sobre los usos terapéuticos de la milenaria planta, como uno reciente de la OMS, la defensora lo adjunta.

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De cuarta

La última denuncia vino el 1 de febrero pasado. Fuentes judiciales aseguran que es “más de la mismo”, unas benditas plantas, la supuesta riqueza de Funaro, que tiene “jardinero”, “mucama” y se compra “permanentemente electrodomésticos nuevos”. De prosperar esta cuarta denuncia, según Baca Paunero, debería unificarse con la segunda y resolver de una vez el sobreseimiento. Una pericia psicológica que consta en la causa, luego de tres entrevistas con la activista cannábica, determinó que la judicialización están empeorando su de por sí delicado cuadro de salud psicofísico.

El registro de pacientes que debería abrirse para proveer de aceite gratuito a quienes lo precisen, según establece la ley de cannabis medicinal, no está operativo. Por ende, tampoco se aplica la supuesta protección para cultivar que tendrían quienes estén registrados y cultiven, como indica el artículo 8 de la norma. “Sería bueno que se trate el proyecto de la senadora (Silvina) García Larraburu y de otros tres senadores, de un artículo 8 bis que abre un registro de cultivadores solidarios y permite el autocultivo”, sostuvo la defensora oficial. El proyecto prevé la autorización de la cartera de Salud para la producción destinada a la investigación científica, el consumo y la comercialización.

Ya en 2012, el ex director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd), Antonio María Costa, reconoció cinco “consecuencias no buscadas” de la prohibición. “La percepción y el tratamiento de los usuarios de drogas, que son estigmatizados, marginalizados y excluidos”, es la quinta. La ley de drogas en Argentina criminaliza en nombre de la “salud pública”, a personas como Funaro que no la afectan sino todo lo contrario: suplen al Estado que ya debería estar facilitando el acceso al aceite de cannabis por ley y protegiendo a miles de cultivadores y cultivadoras, que deja a merced de cualquier mal vecino.

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Emilio Ruchansky

Emilio Ruchansky

Periodista especializado en la problemática del uso de drogas. Es editor de la revista THC y autor del libro Un mundo con drogas (2015). Fue columnista de judiciales del noticiero Visión 7.

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