Despidos ilegales

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Un perfil muy ideológico, muy militantes o simplemente propagandistas. Estas fueron algunas de las razones expresadas por los funcionarios de Cambiemos para despedir a los empleados de Télam. La decisión viola la Ley de Defensa de la Libertad de Expresión impulsada por el propio Macri en 2013 cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad. La diputada Gabriela Cerruti presentó un amparo en el que pide que se declaren nulos los despidos porque la Ley prohíbe explícitamente cualquier tipo de persecución a periodistas por razones ideológicas.

Ayer al mediodía la diputada nacional Gabriela Cerruti presentó junto a las abogadas Elizabeth Gómez Alcorta y Alejandra Iriarte un recurso de amparo ante el Tribunal Superior de Justicia para que declare nulos los despidos efectuados contra los empleados y empleadas de la Agencia de Noticias Télam.

Según el escrito presentado, las desvinculaciones violan la Ley 4.565 de Defensa de la Libertad de Expresión impulsada por el propio Mauricio Macri como Jefe de Gobierno porteño, que prohíbe explícitamente cualquier persecución a periodistas por razones ideológicas.

Que Télam disponga del despido del 40 por ciento de su planta tiene incidencia directa en violentar la garantía de Libertad de Expresión”, dijo Gómez Alcorta a Nuestras Voces. “Afectan en forma directa la libertad de expresión de los ciudadanos y ciudadanas de esta Ciudad, quienes nos vemos privados de las opiniones, expresiones, manifestaciones de ideas de los periodistas que trabajan y se expresan nada más ni nada menos que la Agencia de Noticias del Estado”, expresó Cerruti en su escrito.

La ley que Cambiemos había logrado sancionar para proteger a los monopolios mediáticos fue utilizada por las denunciantes a favor de los trabajadores.

Crónica de los despidos masivos y el desguace de Télam

Violar la Libertad de Expresión

¿Vos podrías confirmar cuántos son los despedidos? Le preguntaron en el programa de radio de Jorge Lanata a Lombardi. “Son 354”, respondió. Ese mismo martes, en las oficinas de la Agencia Nacional de Noticias Télam, los trabajadores atendían el llamado de sus familiares informando que habían recibido un telegrama.

Hasta el momento son alrededor de 200 los que se saben despedidos. Otros lo suponen porque encontraron la indemnización en sus cuentas bancarias aunque no recibieron el aviso formal. Del centenar que falta nadie sabe nada: solo la mitad de la planta tiene su puesto asegurado. Algunos de ellos recibieron un cínico correo de felicitaciones por ser parte de los elegidos. Otros aguardan, chequean los domicilios declarados y se preguntan si serán los próximos.

El recurso de amparo presentado brega por todos ellos. “Está dirigido contra todos los despidos que se hayan efectivizado hasta la fecha y todos aquellos que vengan en los próximos días. Hicimos la presentación por 354 porque es la cifra que dió Lombardi, pero no sabemos cuántos serán realmente. Este amparo es por todos aquellos que tienen como justificación de despido este trato discriminatorio”, explicó la abogada especialista en Derechos Humanos a Nuestras Voces.

Los telegramas que a cuenta gotas van llegando a las casas de los trabajadores no explican los motivos: “En virtud de la reestructuración general que se lleva a cabo en esta Sociedad se le notifica que queda despedido a partir de la fecha”. Sin embargo, las explicaciones las hicieron públicas tanto el director general de la Agencia como el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos.

 

“Los despidos tenían un perfil muy ideológico», dijo Rodolfo Pousá en diálogo con la prensa. A través de Radio Mitre, en el programa de Jorge Lanata, Lombardi explicó también que las personas despedidas eran ”militantes”. A Luis Majul le dijo que “los propagandistas se disfrazaron de periodistas”, y agregó que “estaban desvirtuando la noble acción del periodismo”. La propia carta oficial que Lombardi publicó en su portal explicaba que al despedir a los trabajadores “ganaba el periodismo”.

El recurso de amparo presentado se basa en aquellas declaraciones para denunciar que “los despidos obedecen a una clara persecución política y, por tanto, constituyen una flagrante violación al derecho a la libertad de expresión, en sus dos vertientes. Es decir, como derecho a informar, y como derecho a recibir información libre de obstáculos y restricciones”.

 Los despidos no sólo violan la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino que además van en contra de los derechos expresados en la Ley local Nº 4.565 de Defensa de la Libertad de Expresión, impulsada por el propio Mauricio Macri en el año 2013.

El primer artículo de la norma promovida por el presidente “garantiza el derecho de todas las personas a expresar y difundir libremente, por cualquier medio de su elección, informaciones, opiniones, ideas y manifestaciones culturales de toda índole, sin ninguna restricción directa o indirecta, ni censura de ninguna clase”. y determina en su artículo Nº 13, que no se podrán realizar actos administrativos que afecten a la libertad de imprenta, prensa y expresión.

La Ley también establece la creación de un Tribunal de Defensa de la Libertad de Expresión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pero en cinco años aún no fue conformado. Por eso el recurso de amparo se presentó ante el Tribunal Superior de Justicia, órgano responsable hasta que el organismo sea creado.

Mientras se lleve adelante la discusión de fondo –es decir, si los despidos fueron o no válidos para el Tribunal Superior– la diputada solicitó una medida cautelar para que se declaren nulos.

Hecha la Ley, hecha la trampa

“No creo que los periodistas deban ser perseguidos y hostigados por sus pensamientos, y mucho menos por parte del Estado, que es justamente el que tiene que protegerlos”, dijo en conferencia de prensa Mauricio Macri cuando en mayo de 2013 impulsó como Jefe de Gobierno porteño la sanción de la Ley.

Lo primero que hizo fue publicar un Decreto de Necesidad y Urgencia porque “no existe democracia si no hay Libertad de Expresión y no existe Libertad de Expresión si no hay Libertad de Prensa”, decía. El DNU fue declarado inconstitucional: “Porque no había ninguna urgencia y ninguna necesidad”, explicó la abogada Gómez Alcorta a Nuestras Voces.

A pesar de ello, la Legislatura porteña debatió el proyecto y sancionó la Ley 4.565 con los votos positivos del Pro, la UCR, la Coalición Cívica y Proyecto Sur. Lo hizo pocos meses antes de que la Corte Suprema declarara constitucional la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Lo que en verdad la norma intentaba era proteger a los grandes grupos mediáticos: “El macrismo quería abrir un paraguas para tener, en el marco de las competencias propias de la Ciudad, un amparo ante las políticas antimonopólicas que estaba llevando a cabo el Gobierno nacional de aquel momento”, explicó Alcorta.

El Grupo Clarín no precisó utilizar la Ley que Cambiemos le regalaba: al mes de asumir como presidente de la Nación, Mauricio Macri derogó por decreto los artículos clave de la ley conocida como Ley de Medios, disolvió el Afsca y logró que la cámara de Diputados lo convalide.

Lo que el presidente no imaginó es que la regulación que pensó para los monopolios cinco años atrás sería utilizada por los trabajadores para defender la libertad de expresión, la pluralidad de voces y el funcionamiento de los medios públicos.

¿El amor es ciego?

Bajo la lupa

 Para la misma época que instalaba el debate de esta Ley, Cambiemos lograba que la Legislatura aprobara el pliego de Inés Weinberg de Roca como Presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño, órgano encargado de aplicar la nueva norma.

Weinberg tenía varias denuncias por cobrar un doble sueldo en la ONU, lo que según la Constitución porteña le impedía asumir, sin embargo no tuvo mayores inconvenientes para ocupar el cargo. Weinberg es también la nueva candidata a ocupar el puesto de Procuradora General de la Nación, rol que desempeñó Alejandra Gils Carbó hasta ser destituida en octubre del año pasado.

El pliego de Weinberg de Roca se analizará en el senado el próximo 31 de julio, en donde se determinará si será la procuradora general de la Nación. Antes deberá expedirse sobre las 354 personas despedidas en Télam.

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