El doctor Gil Cambiemos

Compartir

Ricardo Gil Lavedra es uno de los radicales que alimenta la maquinaria judicial de Cambiemos. Constitucionalista, referente alfonsinista alguna vez, ex ministro de Justicia y Derechos Humanos de De la Rúa e integrantes del Tribunal que juzgó a las cúpulas militares en 1985, hoy responde incómodo algunas de las principales falencias del gobierno que otrora denunció en la Ciudad de Buenos Aires: derechos humanos, 2×1, Milagro Sala. Su estudio representa a Eduardo Costa, un diputado oficialista investigado por la Justicia federal por lavado.

“No es normal que tengamos un jefe de Gobierno procesado por ser miembro de una asociación ilítica”, dijo en 2010 el entonces diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Ricardo Gil Lavedra. El constitucionalista, referente del radicalismo en la familia judicial, integrante del Tribunal del Juicio a las Juntas redactor del Pacto de Olivos (Menem-Alfonsín) ex ministro de Justicia de Fernando De la Rúa era, en ese momento, el impulsor de la comisión investigadora de la Legislatura porteña contra el entonces Jefe de Gobierno, Mauricio Macri. Faltaban siete años para que el entonces diputado se convirtiera en uno de los radicales que juega en el equipo judicial del acusado de “crear un mecanismo de escuchas clandestinas dentro de la Policía de la ciudad”.

Gil Lavedra es hoy el Coordinador General de Justicia 2020, un programa de reforma del sistema judicial argentino que impulsa el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y uno de los juristas que busca modificar la ley del Ministerio Público Fiscal para remover a la procuradora general Alejandra Gils Carbó, objetivo del oficialismo, reflotado esta semana como parte de la campaña oficial donde amenazaron con hacerlo por decreto. “Partidizó el cargo y le dio un sesgo inaceptable a la Procuración”, consideró Gil Lavedra. También asumió la defensa de la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, en la causa por el robo de 245 mil pesos y 50 mil dólares que guardaba envueltos en bolsas de papel en su casa del barrio porteño de Balvanera. El robo ocurrió durante la noche en la que Cambiemos ganó las elecciones -el 22 de noviembre de 2015- y surgió a la luz tras una investigación de Tiempo Argentino, ya que Michetti había intentado ocultarlo.

Al servicio del establishment jurídico

No es la única defensa. El estudio jurídico de Gil Lavedra también provee el equipo de abogados que patrocinan al diputado de la alianza Cambiemos Eduardo Costa, acusado por lavado de activos desde 2003, mediante una triangulación con empresas uruguayas. Esta semana tuvo un revés cuando la Cámara Federal de Apelaciones rechazó su sobreseimiento, por lo que la causa seguirá tramitando en el Juzgado Federal de Río Gallegos. Costa está señalado por ingresar cientos de miles de dólares a la Argentina mediante una empresa fantasma llamada Holmen SA, accionista de Hiper Tehuelche, empresa de la que es dueño. El periodista Sebastián Premici señala que los abogados del estudio Gil Lavedra pidieron la prescripción de la causa por evasión. El argumento es curioso: argumentaron que si hubo evasión, ya habría prescripto por haberse realizado en 2003. Sin embargo, la trama de lavado continuó en el tiempo, ya que Holmen SA siguió dentro de El Tehuelche hasta -al menos- enero de 2016. La definición ahora la tiene el juez subrogante Javier Leal de Ibarra.

El robo escondido

En cuanto a la causa de Michetti, la revelación de Tiempo Argentino abrió una causa cuyo expediente instruyó el juez federal Ariel Lijo. Michetti argumentó que la plata provenía de una donación a la Fundación SUMA -que ella preside- y de un préstamo que le habría hecho su pareja, Juan Martín Tonelli Banfi. La vicepresidenta, que pidió su sobreseimiento mediante un escrito, estaba representada legalmente por los abogados Alejandro Pérez Chada, Anabella Mazzanti y Santiago Rozas Garay, que pertenecen al mismo estudio jurídico que representa en otras causas al Presidente Mauricio Macri y al extitular de la Aduana, el carapintada Juan José Gómez Centurión.

Sin embargo, mientras se aguardaba información oficial sobre las fundaciones que según la vicepresidenta eran las que habrían apotado el dinero robado, los abogadas renunciaron: allí entró en escena Ricardo Gil Lavedra. “Vicepresidencia informa que, ante la denuncia que recayó en el juzgado de Ariel Lijo, el estudio Pérez Chada prestó colaboración para que no se demorara la presentación de Michetti en el expediente”, explicó un comunicado oficial. “Su intervención sería hasta tanto la vicepresidente designara al abogado que efectivamente llevara adelanta su defensa en este juicio. El mismo ha sido asignado y se trata de Ricardo Gil Lavedra”.

En una entrevista con La Nación, Gil Lavedra sostuvo que le parece “muy bien” que se investigue cualquier sospecha de corrupción, y subrayó que la vicepresidenta “va a hacer todas las aclaraciones para que no quede la más mínima duda sobre el origen del dinero”. Sin embargo, se incomodó cuando se el periodista Jorge Liotti le preguntó por el origen de los fondos: “Era dinero para aportar a la Fundación en un caso, y en el otro era de un préstamos”.

Luego, no hubo más preguntas. Finalmente, el juez federal Lijo sobreseyó a Michetti en abril ya que consideró que la vicepresidenta pudo acreditar que los montos sustráidos eran “legales”.

Tócala de nuevo Ari

Derechos humanos y 2×1

Las definiciones del Presidente Macri y otros funcionarios del Gabinete respecto al proceso de Memoria, Verdad y Justicia -desde el ninguneo a la cifra de 30 mil desaparecidos hasta la utilización de la teoría de los dos demonios- colocaron en una posición incómoda a funcionarios del radicalismo que participan de Cambiemos, como el caso de Ricardo Alfonsín o el propio Gil Lavedra. El primero, por ser hijo del expresidente Raúl, quien tuvo la decisión política de realizar los Juicios a las Juntas, pese a las posteriores leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Por su parte, Gil Lavedra fue uno de los jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal que integró y presidió el Tribunal que el 9 de diciembre de 1985 condenó a Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini y Orlando Ramón Agosti por las violaciones a los derechos humanos. Por ese motivo, cuando el ex carapintada y titular de la Aduana, Ricardo Gómez Centurión, dijo que la dictadura no se trató de un plan sistemático sino de “un modelo caótico de dirigir una guerra”, Gil Lavedra salió al cruce: “El secuestro, la tortura y el asesinato no son cuestiones metodológicas, señor Gómez Centurión. Son crímenes injustificables”. En ese sentido, agregó: “Me provoca dolor porque viene de un funcionario de un gobierno democrático. Cuando se habla de negacionismo, cuando se alude a tratar de negar la realidad para evadir algo que resulta incomodo o doloroso, para tratar de no enfrentarlo. A esta altura de la Argentina negar lo ocurrido causa estupor, no es opinable”.

A poner y sacar jueces

Ahora bien, si bien aclaró que “está bien la divergencia de opiniones”, consideró que puede haber divergencias respecto de lo que ocurrió en la dictadura: “No son declaraciones que ayuden o contribuyan a unir a los argentinos, que era uno de los objetivos básicos del Gobierno”.

Gil Lavedra también cuestionó el fallo de la Corte Suprema de Justicia que habilitó la aplicación del beneficio del 2×1 a Luis Muiña, condenado por delitos de lesa humanidad. Los dos jueces que votaron junto a Elena Highton de Nolasco en favor de esta aplicación son Horario Rosatti y Carlos Rosenkratz, nombrados por decreto y sin acuerdo del Senado por el Presidente Macri. En ese momento, Gil Lavedra fue uno de los constitucionalistas que repudió esa decisión: “Es un error y una lástima porque todos apostamos a la normalidad institucional. Sienta un precedente muy siniestro porque cualquier presidente podría nombrar jueces durante el receso de verano”.

En ese sentido, el diputado calificó el fallo del 2×1 como “innecesario, inoportuno y equivocado”, aunque expresó “el mayor de los respetos” por los tres magistrados y sostuvo que la posición del fallo es “fundada”, por lo que a los megistrados “se los demonizó injustamente”. Además, destacó que el Gobierno está tratando de “cerrar una etapa con Justicia” y lo que ocurre, a su criterio, es que “no ha utilizado la cuestión de los derechos humanos ni ha sobreactuado como ha hecho la administración anterior, que a través de una muy fuerte utilización política trató de apropiarse de la cuestión de los derechos humanos para utilizarlo como una herramienta de acción política”.

Un doctor a la derecha

Del dicho al hecho

Otro tema que toca de cerca al ex camarista es la detención arbitraria de la dirigente social Milagro Sala, que se convertido en un caso de condena internacional hacia el Estado argentino. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas señaló el 27 de octubre de 2016 (Opinión 31/2016) que la detención de la dirigente de la organización Tupac Amaru es “arbitraria”. La semana pasada el Grupo concluyó su visita a Argentina y elevó un informe en el que “solicita que el Gobierno implemente en su totalidad las Opiniones el el GTDA adoptó sobre la Argentina”, y puntualizó que “es responsabilidad del gobierno federal garantizar que se cumplan todas las obligaciones jurídicas internaiconales en todos los niveles dentro de su jurisdicción”. Además, resaltó que “la estructura federal del país no debería obstaculizar el cumplimiento efectivo de las obligaciones internacionales asumidas por la Argentina”.

El abogado Federico Wagner, que representó al gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, trabaja en el estudio de Gil Lavedra. Según publicó el periodista Horacio Verbitsky, Wagner dirigió un correo electrónico al Fiscal de Estado de la provincia, Mariano Miranda, para diseñar una estrategia de cara a la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en mayo y brindar testimonios de las personas que dijeron haber sido amenazadas por Sala 

¿Qué dijo Gil Lavedra sobre el tema? “Yo espero que las recomendaciones de la Corte Interamericana sean consideradas por los jueces locales y también en el orden federal, porque la cuestión de estar en libertad durante el proceso es algo que toca el principio de inocencia y puede ser atendido por la Corte federal”, manifestó en declaraciones a Radio Del Plata. “Nadie duda de que durante el proceso penal, la libertad tiene que ser la regla y la restricción de ella tiene que ser la excepción. Hay determinados presupuestos muy estrictos sobre la base de la cual se puede restringir la libertad durante el proceso y, en este caso, los jueces han proporcionado algunas razones como el entorpecimiento de la prueba”.

No fue un milagro

En ese sentido, consideró que la “detención inicial” de Sala estuvo “muy mal porque está muy fuertemente vinculada a una protesta de índole social, y no puede haber normas que autoricen a un encarcelamiento en esas condiciones”, pero aclaró que “hay muchas causas y lo tendrán que resolver los jueces”. Y agregó que su caso “no puede ser un problema del Ejecutivo provincial”. Sin embargo, no la considera una presa política. “Creo que los jueces de Jujuy han empleado uno de los estándares internaccionales para la prisión preventiva, como es el peligro o el riesgo procesal, que se traduce en la cantidad de testigos que manifestaron tener miedo de declarar por sentirse intimidado”, dijo en una entrevista a Clarín. “Por supuesto, no conozco las actuaciones, pero el derecho positivo argentino está funcionando. Lo que ha dicho la Justicia de Jujuy respecto de esto va a ser controlado, confirmado o no, por la Corte Suprema”.

De todos modos, y a pesar del escándalo nacional e internacional, Sala sigue presa.

@lucaspedulla

Comentarios

Comentarios

Hacé tu anotación Sin anotaciones