El Cóndor no pasa Nunca Más

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Los crímenes de la Operación Cóndor ya no son un asunto reservado o secreto, como lo planificaron los jerarcas militares de la región a mediados de los años ‘70. Cuarenta años después, la justicia argentina  condenó a 14 represores nacionales y a un uruguayo por haber sido parte del entramado de muerte y tortura que asoció a las dictaduras del Cono Sur.

El último Presidente de facto argentino, Reynaldo Benito Bignone, y Santiago Omar Riveros, el ex comandante de Institutos Militares, estuvieron entre los condenados por el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de la Ciudad de Buenos Aires, que los encontró responsables de conformar una asociación ilícita en el marco del denominado Plan Cóndor.

“A la verdad histórica que ya conocíamos por las investigaciones académicas y periodísticas en materia del Plan Cóndor, ahora se le suma la verdad jurídica y es muy importante”, remarcó Gastón Chillier, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que fue querellante en el juicio que se inició en marzo de 2013.

El proceso de justicia en la Argentina tiene distintos hitos. Éste es uno de ellos”, consideró Chillier. “Justamente porque la sentencia acredita la existencia de la asociación ilícita para eliminar a quienes la dictadura consideraba disidentes”.

Las querellas como la fiscalía encabezada por Pablo Ouviña pidieron a los jueces que reconocieran que los represores argentinos y sus pares en la región fueron parte de una asociación ilícita dedicada a la persecución y el exterminio de militantes políticos, estudiantiles y sindicales, tal como lo sostenía la primera denuncia radicada en 1999 en tiempos de apogeo de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que impedían el juzgamiento de aquellos que habían cometido crímenes durante el terrorismo de Estado.

Condenados

En el subsuelo de Comodoro Py, militantes de derechos humanos se agolpaban para escuchar la sentencia. Los represores prefirieron evitar las cámaras, la mirada de los jueces y especialmente las de las víctimas. El ex-agente de inteligencia Miguel Ángel Furci, el apropiador de Mariana Zaffaroni Islas, se sentó en la sala para escuchar su condena a 25 años. La misma condena que recibió Riveros y el represor uruguayo Juan Manuel Cordero Piacentini, extraditado desde Brasil en 2010.

Bignone recibió otra condena más. Esta vez por 20 años, la misma que recibió el ex-general Rodolfo Feroglio. Felipe Alespeiti, Carlos Caggiano Tedesco, Eduardo De Lio, Néstor Falcón y Luis Sadi Pepa fueron condenados a doce años mientras que Enrique Olea, Eugenio Guañabens Perelló y el marino Antonio Vañek recibieron una pena de trece años. El TOF 1 le dio 18 años a Humberto Lobaiza y ocho a Federico Minicucci.

Juan Avelino Rodríguez y Carlos Horacio Tragant fueron absueltos por los jueces Oscar Ricardo Amirante, Adrián Federico Grünberg y Pablo Gustavo Laufer, quienes difirieron para el 9 de agosto la lectura de los fundamentos de la sentencia.

Ausencias

Jorge Rafael Videla, el máximo exponente de la última dictadura argentina, llegó a sentarse en el banquillo de los acusados al iniciarse el juicio por Plan Cóndor – que concentra tres tramos de la causa.  De hecho, se negó a ser indagado por el tribunal pero asumió la responsabilidad por todo lo actuado por sus subordinados. Lo hizo dos días antes de morir en el penal de Marcos Paz, donde cumplía su condena a prisión perpetua. La muerte del dictador puso en duda la continuidad de 44 casos por los que sólo estaba imputado Videla. Sin embargo, la fiscalía sostuvo que el tribunal debería continuar examinando esos casos por el derecho a la verdad de los familiares y porque podrían ayudar a tener una comprensión más cabal de lo que fue la Operación Cóndor. Las defensas protestaron pero el TOF 1 prestó su acuerdo.

El proceso oral fue largo. Durante estos tres años y tres meses, tres represores fueron apartados por el tribunal por razones de salud y otros siete fallecieron, incluyendo a Videla, a Jorge Olivera Róvere al ex-general Ernesto Alais, el militar que nunca llegó a Campo de Mayo a sofocar la sublevación militar contra las investigaciones a los mandos medios por su rol en la dictadura.

Víctimas

De acuerdo a un informe producido en noviembre del año pasado por la Procuradoría de Crímenes contra la Humanidad, en este proceso se examinan las responsabilidades de los represores argentinos y el uruguayo Juan Manuel Cordero Piacentini -extraditado desde Brasil en 2010- en 107 casos de víctimas del Plan Cóndor. Sin embargo, la justicia tiene registro de más de 457 víctimas del Plan Cóndor. Hombres y mujeres de Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile y Perú. Víctimas que cayeron en las garras del Cóndor.

“La nacionalidad de las víctimas, los documentos aportados por los distintos países — como el Archivo del Terror de Paraguay o información de la Comisión de Verdad de Brasil — le dan una dimensión regional que hasta ahora no había tenido el proceso de justicia argentino”, remarcó Chillier. “Es una respuesta a las víctimas de los países que fueron parte de la coordinación”.

Carolina Varsky, coordinadora de la Procuradoría de Crímenes contra la Humanidad, celebró la condena. “Es un buen mensaje para los países que están avanzando en las investigaciones en la región. Puede servir como reflejo”, se entusiasma.

En noviembre del año pasado, al cumplirse los 40 años del nacimiento del Plan Cóndor, se celebró una reunión entre los distintos ministerios públicos de la región en la que se acordó generar una coordinación — esta vez — para la justicia y para la verdad.

Estrictamente secreto

El 29 de octubre de 1975, Manuel Contreras Sepúlveda, el mandamás de la temible Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) de Chile, le envió una carta al jefe de la policía paraguaya, Francisco Brites. Lo invitaba a una reunión a realizarse entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre de ese año en Santiago de Chile. Decía que estaban invitados todos los países, excepto aquellos “marxistas”.

En su carta, Contreras sugería que la coordinación entre los países debía sostenerse en tres ejes. La primera era la creación de un banco de datos. “Algo similar a lo que tiene Interpol en París, pero dedicado a la subversión”, explicaba el jefe de la DINA.

En segundo lugar, proponía la generación de un sistema de comunicaciones moderno y ágil. “El Plan Cóndor se asentó en estructuras existentes pero creó otras nuevas también”, explica Ouviña. Entre las disposiciones del Plan Cóndor estuvo la instalación de teletipos en cada embajada o consulado y de elementos para desencriptar las comunicaciones. También se le dio una nueva utilidad a los agregados militares, de acuerdo a lo que figura en los archivos desclasificados o los que han sido hallados en Paraguay. Según investigadores como Patrice McSherry y John Dinges, el aporte de Estados Unidos puede verse en el apoyo tecnológico. De acuerdo con McSherry, la red de comunicaciones del Cóndor fue implementada por la CIA en 1976.

Un tercer eje eran las reuniones de trabajo entre los países que eran parte de la coordinación represiva. La DINA se ofrecía como sede del sistema en Santiago, que hacía dos años se había teñido de sangre con el golpe que derrocó al socialista Salvador Allende bajo la atenta mirada de la inteligencia estadounidense.

Argentina, donde todavía no había tenido lugar el golpe de Estado, fue representada por el capitán de navío Jorge Casas, jefe de operaciones del Servicio de Inteligencia del Estado y luego del Servicio de Inteligencia Naval (SIN). También estaban el mayor del ejército Carlos Mena Burgos por Bolivia, el coronel Benito Guanes Serrano por Paraguay, el coronel José Fons por Uruguay y Contreras, el mentor del Cóndor, por Chile. Brasil asistió en calidad de observador y se unió a la coordinación recién un año después.

¿Por qué Cóndor? Según el acta fundacional, el nombre fue aprobado unánimemente por los asistentes después de que Uruguay presentara una moción en homenaje al país sede. El cóndor es un ave característica de Chile. El cóndor – como todo buitre- está pendiente de la carroña y al acecho de la presa. Lo mismo que se proponían los jefes militares de la región: cazar a las víctimas.

Presas

En diciembre de 1976, Videla asistió a la última reunión plenaria del Cóndor. Se realizó en Buenos Aires, donde los delegados intercambiaron reproches. A Argentina se la responsabilizó por filtrar información a otras agencias de inteligencia. A Chile le dijeron que había ido demasiado lejos con el asesinato de Orlando Letelier en Washington en septiembre de ese año. Todos estos hechos se combinaron con una fuga que tuvo lugar en Automotores Orletti, el principal centro clandestino de detención del Plan Cóndor en Buenos Aires, tal como se explica en el libro Operación Cóndor – 40 años después, editado por el Centro Internacional Para la Promoción de los Derechos Humanos.

Automotores Orletti, como se conoció al centro clandestino que funcionó en Floresta hasta 1976, era un taller mecánico ubicado en la calle Venancio Flores. El 3 de noviembre, Graciela Vidaillac logró desatarse, soltar a su marido y darle una ametralladora que los captores habían dejado al alcance de la mano. Hubo un tiroteo. La mujer fue herida en la axila pero aún así la pareja logró escapar del infierno.

Para los represores, la fuga también implicó desmontar Orletti, el centro clandestino por el cual habían pasado -entre muchos otros- Marcelo Gelman y su mujer María Claudia García Irureta Goyena, que estaba embarazada. María Claudia fue llevada a Uruguay, donde dio a luz a una beba. Los restos de Marcelo fueron identificados en 1989 por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). El poeta Juan Gelman logró abrazarse con su nieta en el año 2000. Seis años más tarde, Gelman se presentó como querellante en la causa por el Plan Cóndor, tratando de encontrar las razones por las cuales su nuera había sido llevada hasta Uruguay en 1976.

“La única conclusión a la que yo llegué es que la trajeron porque podían hacerlo. La trajeron porque había coordinación, porque era tal la impunidad. No hubo problema para que trajeran a una mujer a punto de parir e hicieran lo que hicieron con ella”, se aferra a la única certeza Macarena Gelman durante una entrevista en Montevideo en junio del año pasado, poco más de un año después de la muerte de su abuelo.

El poeta se mostró dispuesto a empujar la justicia, aunque ésta fuera esquiva. Años después de su encuentro, le propuso a Macarena denunciar a Uruguay por la vigencia de la Ley de Caducidad que impedía investigar y castigar los crímenes de la dictadura. Ganaron esa batalla también. En febrero de 2011 — aunque el fallo se conoció el 24 de marzo de ese año — la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Uruguay por la vigencia de la amnistía y ordenó que el país arbitrara todas las medidas para encontrar los restos de María Claudia y condenara a los responsables de su desaparición y del robo de su hija. Macarena estuvo en la sala para escuchar la condena a los responsables del secuestro y desaparición de sus padres.

De acuerdo a la Procuradoría de Crímenes Contra la Humanidad, en la mayoría de los casos de desapariciones por el Plan Cóndor se comprobó que fuerzas argentinas y uruguayas operaron conjuntamente. El 44 por ciento de las víctimas cuyos casos se ventilaron en el juicio eran de nacionalidad uruguaya. Investigaciones periodísticas lograron probar la existencia de, al menos, dos vuelos desde Buenos Aires hasta Uruguay con personas secuestradas en distintos centros clandestinos.

Un destello de justicia

La causa por el Plan Cóndor empezó a andar en 1999 tras la presentación de un grupo de querellantes. Un año después, el fiscal Miguel Osorio dictaminó en consonancia con el planteo de la querella y dijo que los hechos denunciados eran delitos de lesa humanidad y que constituían delitos permanentes, de acuerdo a la reconstrucción de la causa realizada por el CELS.

En 2001, mientras la crisis se empezaba a palpar en la Argentina, la justicia se puso a andar. Ese año, el juez Rodolfo Canicoba Corral pidió la captura de Contreras Sepúlveda y de Alfredo Stroessner, el ex-dictador paraguayo. Los acusaba de formar una asociación ilícita con Videla, quien también fue llamado a indagatoria pero se negó a responder las preguntas del magistrado. Canicoba también pidió la extradición de Augusto Pinochet tiempo después de que Inglaterra se negara a entregar al ex-dictador chileno tras el pedido del juez Baltasar Garzón.

En 2002, Estados Unidos desclasificó archivos del Departamento de Estado. Con ellos, la fiscalía y los querellantes pudieron reconstruir cómo funcionaba el Cóndor. También, lograron conocer algunos nombres que estaban ocultos tras algunas tachaduras. Carlos Osorio, del National Security Archive, dedicó dos audiencias a explicar a los jueces la lógica de los archivos, a desmenuzar los casos, a buscar la verdad que puede esconderse detrás de los cables.

El último aniversario del golpe de Estado en Argentina vino acompañado de una visita del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y de la promesa de desclasificar archivos militares y de inteligencia -tal como lo venían pidiendo los organismos de derechos humanos. El anuncio es importante, dice Ouviña y se esperanza con que la justicia podrá encontrar información que pueda servir para arrebatar la verdad y la justicia de las garras del Cóndor.

@lucianabertoia

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