El delito de ser Qom: violencia policial en Chaco

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Ya son virales las brutales imágenes de un grupo de policías entrando por la fuerza a la casa de una familia Qom, golpeando a varios jóvenes y a una menor, llevándoselos de los pelos, y la denuncia posterior de torturas y abuso sexual en la comisaría. Pero esta nota revela que son un episodio más de la discriminación, el racismo y la violencia institucional que padece la comunidad a diario. Las mentiras de la policía de Chaco para justificar la violencia.  Las consecuencias: «La menor está muy afectada, si se le acerca un hombre a metros entra en una crisis nerviosa y un ataque de llantos”, contó un referente de la comunidad.

Un joven de la comunidad Qom sostiene una puerta de madera con todo su cuerpo. Del otro lado, un grupo de al menos 5 policías golpean sin piedad y tratan de abrirla. Se escucha a una mujer que entre gritos dice “no, por favor” mientras graba la escena brutal que está pasando en su propia casa. El forcejeo de la puerta es intenso. Los del lado de afuera logran abrirla, entra un policía y le da un golpe en la cabeza al chico, lo tira al piso. Entran los demás, se ve que algunos están vestidos de civil y otros con uniforme. Con piñas, patadas y de los pelos se lo llevan pero antes uno lo golpea con un ladrillo. La mujer, que graba desde la puerta, suplica piedad para su hermana a quien arrastran hacia afuera. Dice que es menor de edad, que estaba durmiendo, que no le peguen. La última imagen que se ve de la chica es tirada en el piso, con la cara metida en la tierra, dos policías, uno de cada brazo, la tironean.

El brutal video, que dio a conocer este lunes la revista Cítrica en sus redes sociales, muestra un hecho ocurrido el domingo por la madrugada en la casa de una familia de origen Qom, en Barrio Banderas Argentinas en la localidad de Fontana, a 7 kilómetros de Resistencia, capital de Chaco. Hasta allí llegaron, cerca de las 4 de la mañana, policías de la comisaría tercera y, sin orden de allanamiento, entraron y con golpes detuvieron a dos varones y dos mujeres, una de ellas menor de edad -de 16 años-, la otra de 18. Ésta última, según cuentan los vecinos, no estaba ni siquiera en el lugar sino que fue arrestada por estar parada en frente en la puerta de su vivienda.

Los policías, además, atacaron y golpearon con la culata de un arma reglamentaria  en la frente a Elsa Fernández, dueña de la casa y mamá de dos de los arrestados, le dieron una piñas a un jóven que tiene discapacidad en un brazo y tiraron a mansalva balazos con posta de goma y de plomo.

«Entraron a agarrar a mi sobrino y le pegaron contra la pared. Ahora está todo desfigurado. Y después agarraron a mi hijo, que no estaba en ese momento en la casa, venía de la casa de su papá”, contó Elsa en un video horas más tarde.

El infierno continúo en la comisaría. Según denunciaron, durante las horas que estuvieron presos fueron los cuatro fueron torturados. Pero además, a las dos mujeres les pegaron, las manosearon y las abusaron sexualmente. Las tuvieron encerradas hasta las 7 de la mañana, esposadas, las rociaron con alcohol y amenazaron con prenderlas fuego y matarlas si cuando salían decían algo.

“’Ya les tiramos alcohol, ¿ahora quién las prende fuego?’, preguntaba uno de los policías. Después entraron de vuelta y nos patearon. Eran todos hombres. Como cinco”, dijo una de las jóvenes entre lágrimas después de que las soltaran.

Daniel Rolón, integrante del Comité Provisorio Indígena  por la pandemia de Fontana y referente QOM, contó a Nuestras Voces que las jóvenes están muy asustadas y que les cuesta contar aún todo lo que les hicieron en las cuatro paredes. “La menor está muy afectada, si se le acerca un hombre a metros entra en una crisis nerviosa y un ataque de llantos”.

El delito de ser Qom

El relato policial comienza con una manifestación que se produjo el sábado por la noche en la puerta de la comisaría tercera, en la que participó parte de la comunidad Qom para reclamar por los maltratos y discriminación que reciben a diario. Según los oficiales, la protesta se desmadró y quienes estaban ahí tiraron botellas, ladrillos y otros objetos a la comisaría. Eso dio origen a una supuesta persecución hasta el barrio Banderas Argentinas, donde dos jóvenes se habrían metido en terreno donde está la casa de Elisa Fernández y su familia. Con tal explicación, la policía -que aseguró que intentaba atrapar a dos delincuentes- no presentó la orden de allanamiento para irrumpir en la vivienda.

Sin embargo, en el video se ve cómo los jóvenes ya estaban dentro del hogar y una violencia injustificada. A esto se suma que las primeras pericias que se hicieron corroboraron que no había ni botellas, ni ladrillos ni otros elementos en la puerta de la comisaría donde se suponía habían ocurrido disturbios. De hecho, la fachada ésta es de vidrio pero no tenía ningún vidrio quebrado, ni estallado, ni siquiera una marca de que la hayan atacado. Tampoco se constató que hubiera efectivos heridos durante la movilización.

Para Rolón la historia de que los jóvenes habían tirado ladrillos a la comisaría fue “una excusa para torturarlos”, y de haber ocurrido no tiene nada que ver con la familia violentada. 

Silvana Pérez, la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros provincial contó a este medio que se presentaron como querellante en la causa por los hechos. El primer pedido que hicieron fue el sumario y la detención inmediata de los de los policías. Su desafección de las fuerzas se dio recién este martes luego de que el caso estallara a nivel nacional. Lo anunció la ministra de Seguridad chaqueña, Gloria Zalazar, en conferencia de prensa junto a  el jefe de la Policía provincial, Fernando Romero.

Pérez explicó que la secretaría intervino tras una denuncia de violencia policial recibida en la línea atención el domingo por la mañana, y que está trabajando con los equipos interdisciplinarios de las Guardias de Derechos Humanos y de Violencia de Género,”con todas las garantías, por los hechos denunciados de tratos crueles y tormentos”.

Según relató, en un principio la secretaría presentó una denuncia de la violencia policial y racial en la fiscalía de Derechos Humanos, pero luego se enteraron -a través de las organizaciones sociales y la presa- que además involucraba abuso sexual hicieron otra presentación por los delitos de orden sexual y tomó intervención la fiscalía de género. 

“Se envió un equipo de la guardia de género, especialistas en violencia de género. Las psicólogas pudieron corroborar que hubo situaciones de abuso sexual. Una de las dos mujeres pudo contarlo, mientras que la otra no pudo decir nada porque estaba descompuesta.Las médicas y las psicólogas del equipo nos informaron que están en shock emocional y ahora están en tratamiento”, afirmó la funcionaria.

La fiscal subrogante de la fiscalía de Derechos Humanos, Liliana Beatriz Irala a la cabeza, ordenó que el instituto médico forense examinara a los cuatro detenidos y a quienes resultaron heridos. También se hicieron en el Hospital Perrando los análisis ginecológicos a las víctimas según el protocolo que se lleva adelante cuando hay delitos contra la integridad sexual.

La subsecretaria de Derechos Humanos, Nayla Bosch, aseguró que “la impunidad no será tolerada. Avanzaremos hasta donde sea necesario para garantizar justicia para las víctimas». 

En igual sentido, Roldán aclaró que su comunidad no se quedará conforme con que sólo se aparte de la fuerza a los policías, “ellos cometieron un delito y tienen que pagarlo como cualquiera de nosotros”. Además, remarcó: “Nos sentimos discriminados por parte del Estado. Pedimos que alguien se haga cargo de lo que hicieron» y añadió que tienen miedo de que  de no ponerse un freno a la discriminación y el racismo no acabe la persecución policial a la comunidad.

Discriminación y Racismo

Rolón, que fue quien grabó los videos con los testimonios de las víctimas luego del ataque, manifestó: “quisimos mostrar los videos para que se vea como las fuerza de seguridad tratan a los integrantes de nuestra comunidad. En Chaco somos muy perseguidos, sobretodo los jóvenes”. 

El referente Qom relató además que hace tan sólo dos semanas se había reunido con las autoridades de la comisaría tercera -de donde son los oficiales del ataque- y con el jefe general de las tres comisarías de Fontana y les había expresado su preocupación por la violencia de las fuerzas de seguridad hacia su comunidad.”Yo personalmente les pedí que tomaran  cartas en el asunto porque se llevan a los jóvenes a los golpes, los maltratan sin motivo. Son hechos racismo. Nos sentimos muy discriminados”.

En el territorio chaqueño conviven varias comunidades aborígenes. La mayoría de ellas en zonas pobres, en viviendas precarias y en condiciones sanitarias adversas. Hace pocos días, el coronavirus se metió en el Área Gran Toba de Resistencia, que incluye unos seis barrios donde viven más de 5000 personas y la discriminación volvió a hacer mella entre los chaqueños.

La mayoría de quienes viven en las barriadas aborígenes son artesanos o trabajan haciendo changas, sus actividades quedaron suspendidas por el Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio. En consecuencia su vida es aún más complicada y se ven segregados.

Otro video se difundió este martes. En él se ve a dos policías de la comisaría 7ª que detienen a una persona circulando en un horario no habilitado por la alarma sanitaria en Chaco. Le dicen “andate” y cuando se da media vuelta, le tiran con balas de goma.

Con este nuevo episodio de violencia institucional, afloraron los pedidos de las sociales del Chaco, que acompañan y contienen las familias, que se refuerce el sistema sanitario, de seguridad y de derechos humanos para estas poblaciones.

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