El factor Etchecolatz

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Miguel Osvaldo Etchecolatz sintetiza, cada vez que se reflota su nombre, el debate sobre las zonas más oscuras de nuestro pasado reciente, y nuestro presente. Su prisión domiciliaria no es sólo una respuesta a la nueva mirada que intenta instalar el gobierno sobre la búsqueda de Justicia, Verdad y Memoria, sino también parte de una alianza entre un sector del Servicio Penitenciario Federal y los condenados por delitos de lesa humanidad. Tal vez la misma alianza que guarda el secreto de la desaparición de Julio López.

El 22 de julio pasado, el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata sostuvo que Etchecolatz – el primer represor en sentarse en el banquillo de los acusados después de la anulación de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final- podía irse a casa. El  19 de agosto, el tribunal- aunque con una composición modificada- repitió la misma decisión en otras causas en las que quien fuera la mano derecha de Ramón Camps cumple condena. A los jueces de esa instancia todavía les resta un incidente por resolver pero probablemente la decisión se postergue a la semana próxima porque el colectivo de querellantes Justicia YA! recusó a uno de los magistrados, Daniel Alejandro Esmoris, y Germán Castelli no interviene en la causa por los crímenes de la Brigada de San Justo por conocimiento de uno de los imputados.

Lo que siguió no fue originalidad de Etchecolatz sino una maniobra orquestada por los represores para acelerar los tiempos y presionar a los jueces para que los manden a casa. Poco después de que la sala de feria de la Cámara de Casación Federal – compuesta por Juan Carlos Gemignani, Eduardo Riggi y Ángela Ledesma- decidiera que el represor Eduardo Rodolfo Cabanillas podía irse a casa a los 74 años, Etchecolatz decidió seguir sus pasos. Cabanillas – condenado por los crímenes en el centro clandestino Automotores Orletti- había estado en huelga de hambre desde el 13 de julio y había visto amplificado su reclamo desde las cartas de lectores del diario La Nación, que hace meses reclama la libertad de los represores.

Servicios penitenciarios

Según consta en el expediente, Etchecolatz inició su huelga de hambre el 26 de julio. De acuerdo con la información aportada por los médicos del Hospital Penitenciario Central (HPC) 1 de Ezeiza, en ese momento el represor pesaba 73 kilos, seis kilos más de los que se había registrado en abril. Pero, con el pasar de los días, Etchecolatz llegó a pesar 65 kilos, dos kilos menos de los que tenía en abril. Según informaron los médicos, Etchecolatz sufrió dos caídas durante la huelga de hambre. En ninguna perdió el conocimiento ni se lo encontró deshidratado. Algo no cierra.

El 12 de agosto, el juez federal Ernesto Kreplak – que instruye tres causas sobre los centros clandestinos que funcionaron en el Pozo de Banfield, Quilmes y en la brigada de Lanús- sostuvo que a Etchecolatz no le correspondía la domiciliaria. También dijo que si era necesario se podía proceder a alimentarlo y medicar de manera forzosa. El magistrado lo mandó a una clínica en Monte Grande, donde sólo estuvo tres horas porque el hombre de 87 años que hacía más de dos semanas que supuestamente no comía no presentaba ningún síntoma que hiciera suponer que su salud estuviera en riesgo.

El SPF condujo rápidamente a Etchecolatz a Ezeiza – sin orden previa del juez. Una semana después, Kreplak insistió y ordenó internar al represor en la clínica “2 de Abril” de Lomas de Zamora. Etchecolatz llegó el 19 de agosto a la tarde y el 20 de agosto a las 20 levantó la huelga de hambre. Previamente le había hecho llegar al juzgado su intención de poner fin a la medida si volvía a Ezeiza, donde parecía sentirse más cómodo que en la clínica. No tuvo quórum. Puso fin a la huelga y lo dejaron cuatro días más en el sanatorio.  Kreplak ordenó el 24 reingresarlo al penal.

“Es claro que no estaba en huelga de hambre”, dice la abogada Guadalupe Godoy, querellante en los juicios de lesa humanidad en La Plata. “Esto refuerza la sospecha de complicidad de los médicos del SPF”, agrega.

En la causa – como remarcan los querellantes en un escrito presentado ante el TOF 1 para que la causa llegue a Casación- hubo presentaciones espontáneas de un doctor de apellido Francos dando cuenta de lo endeble de la salud de Etchecolatz o la misma directora del HPC 1 de Ezeiza, Nelsy Beatriz Medina, quien le informó a los jueces que el ex-director de Investigaciones era el paciente de mayor edad que tenían a su cargo y sugirió por cuestiones humanitarias enviar a Etchecolatz a su casa – pese a que el nosocomio intramuros contaba con el equipo necesario para atenderlo-. Medina dijo que no conocía personalmente a Etchecolatz, pero que basaba sus dichos en lo que había informado Francos.

Según la resolución del TOF 1 de la semana pasada, también la jefa social del HPC, Roxana Cabrera, informó que Etchecolatz era mensualmente visitado por su esposa, Graciela Luisa Carballo, y que contaba con una vivienda acorde a sus patologías. La mujer de Etchecolatz vive en el Bosque Peralta Ramos de Mar del Plata, en el mismo lugar donde hubo escraches de HIJOS mientras el represor gozaba del arresto domiciliario, beneficio que se le revocó en pleno juicio en 2006 cuando el abogado de María Isabel “Chicha” Chorobik de Mariani denunció que tenía un arma 9 milímetros.  “Se fue con un escrache y si vuelve, lo vamos a recibir con un escrache”, dicen en Mar del Plata.

La casa tiene cuatro habitaciones, tres baños, living, cocina, quincho, garaje y hasta un taller. “Gracielita”, la mujer del represor, tiene un auto Palio Rural y cuenta con una asistencia médica. Todos estos datos fueron aportados en un informe socio-ambiental confeccionado por la comisaría V de Mar del Plata, que en los años de plomo también era zona de influencia de Etchecolatz. A pocas cuadras de esa casa de Peralta Ramos, vive el represor Juan Miguel “Nazi” Wolk, responsable del Pozo de Banfield y beneficiado con el arresto domiciliario.

“Como mínimo la intervención del SPF es sospechosa,” dice Emanuel Lovelli, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo en La Plata, quien junto a Godoy recurrieron la decisión  del TOF 1 de otorgarle la domiciliaria a Etchecolatz. La sospecha es compartida por la unidad fiscal de La Plata, que le pidió al juez Kreplak que investigue si el SPF incurrió en irregularidades y el magistrado ordenó un operativo para secuestrar la historia clínica del represor en el Hospital Militar.

El SPF había quedado envuelto en una investigación penal vinculada a la desaparición de Jorge Julio López por las irregularidades en el registro de lo que sucedía en el pabellón de los presos de lesa humanidad en Marcos Paz. López desapareció el 18 de septiembre de 2016, hace casi diez años, cuando tenía que ir con su sobrino a escuchar los alegatos de sus abogados en el juicio contra Etchecolatz. Sin López, los letrados no podían alegar, recuerda la diputada Myriam Bregman, quien junto a Godoy fue parte del equipo legal que patrocinó a López  y a Nilda Eloy en el juicio que terminó con una perpetua para Etchecolatz.

“En la desaparición de López todo se une en Etchecolatz y su entorno”, dice Bregman, que el miércoles pasado le pidió al Jefe de Gabinete, Marcos Peña, que el gobierno desclasifique los archivos vinculados al caso. Peña contestó que iban a estudiarlo.

Cambios

El gobierno siguió de cerca lo que ocurría en el expediente Etchecolatz. De hecho, hay quienes se asombraron al comprobar que una secretaria del TOF 1 había dejado constancia en un acta del 1 de agosto que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se había comunicado personalmente con el juez Castelli para hacerle saber que había recibido un oficio y que iba a garantizar la seguridad en caso de que Etchecolatz volviera a Mar del Plata. El mismo 22 de julio, el TOF 1 había librado oficios a Bullrich y a Germán Garavano para que se notificaran de la resolución favorable a la domiciliaria del represor.

Claudio Avruj hizo saber que iban a presentarse en la causa para pedir que Etchecolatz no fuera beneficiado con el arresto domiciliario. La decisión vino después de que alguien con mucha información de la Secretaría de Derechos Humanos  le dijera en off the record al diario Clarín que el gobierno iba a implementar un laissez faire en materia de condiciones de detención de los represores y a horas de que las organizaciones de derechos humanos – con Estela de Carlotto a la cabeza- plantaran una mesa en la entrada de la Secretaría en la ex-ESMA para decirle al gobierno que no estaban dispuestos a permitir que Etchecolatz dejara la cárcel de Ezeiza por el mero hecho de ser mayor de 70 años.

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo recordó que en 2014 – el día de la sentencia por los crímenes cometidos en La Cacha, el centro clandestino donde estuvo secuestrada su hija Laura antes de ser asesinada después de arrebatarle a su bebé- Etchecolatz había abierto la mano y exhibido un papel que rezaba: Jorge Julio López. El hombre que él mismo había ido a secuestrar de Los Hornos en octubre de 1976 y que – no por obra de magia-  había vuelto a desaparecer en septiembre de 2006 antes de que lo condenaran.

“De la aspiración inicial del gobierno de la domiciliaria automática para todos los genocidas a lo que ha sucedido en los últimos días, hay un largo trecho”, dice Godoy. “Perdieron. Tuvieron que dar marcha atrás por la presión social. Es claro después de la sentencia por los crímenes en La Perla con la movilización que generó que esto no es un tema del pasado”, agrega la abogada.

En marzo de este año, Avruj dijo en una entrevista en el diario La Nación que creía que a los mayores de 70 años les correspondía estar en domiciliaria, pese a que no existía posibilidad de que se detengan los juicios. El matutino puso esa entrevista en tapa ya que el funcionario se hacía cargo en ese reportaje de un reclamo histórico de la publicación. En el día de ayer, Avruj dijo en otra entrevista con ese mismo diario que si le concedían domiciliaria a Etchecolatz o al marino Alfredo Astiz, la Secretaría iba a pedir que no se hiciera efectiva “por lo que representan”.

Un reclamo de larga data

Días atrás, Elisa “Lilita” Carrió pidió domiciliaria para los represores en un programa de Luis Majul y, al día siguiente, Garavano se mostró en sintonía con la madre fundadora de la alianza Cambiemos, diciendo que el Estado argentino tenía que responder a planteos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las condiciones de detención de quienes están siendo juzgados por los crímenes cometidos durante la época del terrorismo de Estado. Ricardo Gil Lavedra, ex-juez en el Juicio a las Juntas de 1985 y actual funcionario de Garavano, se quejó que la aplicación de la “regla” de los 70 años se aplicara en forma más restrictiva para los genocidas. Peña, por su parte, prestó su acuerdo el último domingo en una entrevista con Clarín y dio a entender que el gobierno dejaría en manos de la justicia el asunto Etchecolatz.

Según la Procuradoría de Crímenes Contra la Humanidad que dirige Jorge Auat y coordina Carolina Varsky, hasta junio, había 1056 personas detenidas en la cárcel o en domiciliaria. De ellos, 462 están en sus casas, lo que desmiente al mismo Avruj que en marzo sostuvo que el beneficio, en general, no alcanzaba a los represores mayores de 70 años.

La domiciliaria es un reclamo de larga data ante la irreversibilidad de los juicios, que para el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, forman parte del “contrato social de los argentinos”. En 2013, Ricardo López Murphy participó en un encuentro de Justicia y Concordia en el que sugirió que la única posibilidad era el “reclamo humanitario”, decir que las cárceles no estaban preparadas para gente de la edad de los represores.

Según publicó El Destape, Justicia y Concordia – la organización que nuclea a abogados de imputados y condenados por delitos de lesa humanidad creada hace nueve años- se reunió al menos dos veces en lo que va del año con Garavano para hacer lobby por sus patrocinados.
La Unión de Promociones – otra de las organizaciones que denuncian una memoria “parcial” de lo sucedido en los años ‘70- celebró en una nota de Clarín que durante el macrismo se habían concedido alrededor de 50 domiciliarias. En su web, la Unión de Promociones colgó a fines de julio un texto confeccionado por los “presos políticos” de Marcos Paz que se titula “La Auditoría que falta” — que también fue replicado por las redes de las organizaciones de la memoria completa. Allí comparan los recursos destinados al proceso de justicia en Camboya, Sudáfrica y Ruando con los que invirtió la Argentina. Según los cálculos de los represores, el régimen de los jemeres rojos asesinó a más de un millón de camboyanos y se gastó 200 millones de dólares; en Ruanda la suma llegó a 700 millones de dólares por las 800 mil víctimas y en Argentina dijeron que lo que ellos llaman los “juicios de la venganza” costaron 846.669.733 dólares. También calcularon que las  víctimas argentinas son aproximadamente ocho mil – un planteo que en los últimos tiempos sirvió al gobierno para plantear dudas sobre el número de desaparecidos y que desde organismos de derechos humanos se denunció como una práctica de negacionista.

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Luciana Bertoia

Periodista, Licenciada en Ciencia Política y Magíster en Derechos Humanos. Cubre temas vinculados con justicia y derechos humanos. Formó parte del Buenos Aires Herald y trabajó en la sección El Mundo del diario Página/12 y en Miradas al Sur.

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