El primer empleador

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Cómo el régimen de promoción de empleo joven anunciado por Macri puede beneficiar directamente a las empresas. El análisis de la idea madre de la UCA y el sello de Domingo Cavallo.

Mauricio Macri anunció el envío al Congreso del proyecto de Ley que crea un Régimen de Promoción del Primer Empleo Formal, el cual será de aplicación nacional. Según el anuncio, se apunta a estimular la creación de empleo formal a través de la reducción del «costo laboral» para los empleadores.

El primero de los beneficios tiene que ver con la reducción de contribuciones patronales. El mismo se aplica para el primer empleo de jóvenes entre 18 y 24 años que no tengan antecedentes de trabajo registrado o registren menos de 36 aportes en su trayectoria laboral. El Plan considera la zona geográfica, particularmente vinculado al “Plan Belgrano”, aplicándose en el norte del país una reducción para todos los trabajadores sin discriminación por edad.

Pero el proyecto no se reduce al recorte de las contribuciones sino que incluye incentivos a la contratación (Macri denominó “subsidios”) al empleador por los aportes personales de los trabajadores a la seguridad social.

El proyecto original ha sido una propuesta de la UCA, que en 2012 elaboró un informe al respecto. Aquel proyecto apuntaba a una exención de 60 aportes y en el actual proyecto se redujo a 3 años o 36 aportes.

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La mirada Macrieconómica

Para analizar los argumentos detrás de esta propuesta, vale revisar el texto de la UCAProyecto jóvenes y empleo: propuesta de un sistema integral para promover el empleo juvenil” (Documento de Trabajo N° 39 publicado por la Facultad de Ciencias Económicas -UCA-, Escuela de Economía “Francisco Valsecchi”). Allí se sostiene: “Una de las más grandes limitaciones existentes para la generación de empleos asalariados registrados para los jóvenes son las elevadas cargas sociales que debe pagar el empleador”.

El informe saca una cuenta de una “carga impositiva efectiva” de  seguridad social del 53%. Y plantea: “Es decir, por cada $100 que el trabajador obtiene como “salario de bolsillo” el empleador abona $153 de costo laboral”.

Es claro que se considera que es el empleador quien abona los 53 pesos, en concepto de carga social, cuando en verdad los aportes personales forman parte del salario del trabajador y los abona el trabajador, no el empleador.

El proyecto, basado en esta idea, pretende “devolverle” esos 53 pesos al empleador: por un lado, con las contribuciones a través de exención/reducción de las mismas y, por otro, con una transferencia directa al empleador.

En definitiva, la gran novedad de este Plan es que no sólo reintroduce la política de reducción -o exención- a las contribuciones patronales aplicadas en el pasado por Domingo Felipe Cavallo sino que, además, el Estado transferirá directamente a las empresas, entre ellas las grandes empresas nacionales y multinacionales, un subsidio proporcional al salario del trabajador.

En la experiencia argentina durante la década de los 90, la reducción de aportes no sirvió para reactivar la economía (entre 1993 y 2001 el PBI de la economía creció en promedio al 1,4%, por debajo de la década kirchnerista y en valores similares al periodo 1976-2001, donde creció al 1,3%a.a.), no contribuyó a la generación de empleo (a pesar de que las contribuciones patronales totales al sistema pasaron del 33% en 1994, al 17,8% (promedio) en el 2000, la tasa de desocupación creció de manera exponencial), y desfinanció al Estado en tanto el Estado dejó de recaudar 47.939 millones de pesos/dólares, siendo el monto actualizado a 2005 asciende 80.000 millones de pesos.

Nuevamente, estamos frente a la evidente asimetría que propone el macrismo para el manejo de los recursos del Estado. La implementación de este subsidio empresarial, tanto en su significado como en su materialidad, constituye otra pieza más de una política de redistribución de los recursos públicos hacia los nuevos gerentes del Estado que tiene como contracara la demonización y eliminación de los subsidios a los servicios públicos, el aumento de las tarifas del transporte y la reducción del salario real de los trabajadores y sus familias. Mientras el Plan del Primer empleo ofrece a las empresas un subsidio directo –sin vueltas- para financiar el salario de sus trabajadores, los ciudadanos más vulnerables reciben una devolución indirecta –un laberinto- del IVA por consumos de la canasta básica con un tope de $300.

Finalmente, el macrismo plantea una escisión entre la variable laboral y el conjunto del funcionamiento económico, donde “olvida” los fuertes condicionantes a la generación de empleo que supone una economía estancada y con un mercado local deprimido. Ello lleva a la pregunta: ¿Cómo se mueven los supuestos del crecimiento y la inversión?

El Proyecto anterior

El espíritu de la ley de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral aprobada en 2014 no se sustentó en la idea liberal de aumentar los márgenes de ganancia de las empresas y con ello lograr más trabajo, sino que se orientaba a enfrentar la informalidad laboral. Esta ley sancionada durante el kirchnerismo partía de un doble diagnóstico para explicar la informalidad laboral.

  • Por un lado, se identificaba el universo pyme y vinculado a empleadores unipersonales cuyas dificultades materiales para hacer frente a las cargas laborales podían compensarse con ayuda del estado y de esa forma favorecer el registro.
  • Por otro, un universo de empresas y empleadores de mayor tamaño o facturación que presentaba empleo informal como resultado de la evasión fiscal.

En este sentido, a diferencia de esta propuesta de reducción horizontal e indiscriminada de cargas patronales al nuevo empleo joven, la ley de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral aprobada en 2014 beneficiaba sólo a las empresas pymes estableciendo segmentaciones según cantidad de ocupados: hasta 5, 15 y 80 empleados y sujeta a niveles de facturación anual.

Es por eso que la ley 26.940 contemplaba medidas de fortalecimiento en la fiscalización, capacidad de inspección del Estado nacional y la creación de un registro donde se incluyera a las empresas que violen la legislación laboral (REPSAL). Entre otras consecuencias que preveía la ley, incumplir con el REPSAL impedía: el acceso a todo programa impulsado por el Estado nacional, a líneas de crédito otorgadas por instituciones públicas, a celebrar contratos de compraventa con el estado nacional y a participar en licitaciones públicas.

No es verdad que no hubo crecimiento del empleo juvenil “en 5 años”, como mencionó el Presidente en el anuncio del nuevo plan de Empleo Joven. Si bien en el segundo trimestre de 2015 la tasa de desempleo de los jóvenes se mantiene en un 19%, la misma se redujo un 42% desde el año 2003. La reducción del desempleo entre los jóvenes se debe, en gran medida, a la posibilidad de acceso a empleos registrados en el sector privado por parte de menores de 24 años. Según el Ministerio de Trabajo, entre 2003 y 2014, casi 300 mil nuevos puestos de trabajo registrados en empresas privadas fueron ocupados por jóvenes de hasta 24 años. De este modo, el trabajo formal de la población joven aumentó un 77% durante dicho período y, para el año 2014, cerca de 676 mil jóvenes de hasta 24 años tenían empleo registrado en empresas privadas. Es la mayor cantidad desde 1998 (año en que se puede evaluar este indicador), es decir, desde hace 16 años. Precisamente, la OIT destaca que la situación laboral de los jóvenes avanzó mucho más en Argentina que en la mayoría de los países del mundo.

Ahora, en los meses recientes el macrismo no sólo se encuentra con serios límites para potenciar la inserción exportadora (descubrió que el “mundo” no nos compra) sino que además resintió el mercado local con salarios por debajo de la inflación y caída del empleo.

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