El protocolo fantasma

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La Ministra de Seguridad Patricia Bullrich anunció un protocolo que nunca se publicó en el Boletín Oficial ni circuló de manera institucional. Sin embargo, fue citado en fallos judiciales y sirvió para reprimir movilizaciones.

La mañana del 24 de febrero había amanecido con un pronóstico poco habitual en varios medios de comunicación del país. Los cortes y piquetes en diversos accesos estratégicos de cara al primer paro nacional que vivía el gobierno de Mauricio Macri habían comenzado, pero algunos canales de televisión y portales web sólo titulaban una llamativa placa: “No se aplica el Protocolo”. Las columnas de sindicatos, organizaciones sociales y partidos políticos concentraban para marchar en la primera movilizacion masiva convocada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en protesta por los despidos, la devaluación, la suba de tarifas y la represión, pero la placa seguía allí.

“No se aplica el Protocolo”.

Una y otra vez.

Los periodistas, columnistas y derivados hablaban del llamado “Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas” que la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich había consensuado junto a gobernadores de todo el país en la reunión del Consejo de Seguridad Interior (CSI) realizada en febrero en Bariloche. “Si no se van en 5 minutos, los vamos a sacar”, defendió Bullrich a través de los medios la aplicación de la medida frente a las críticas de organismos de derechos humanos y organizaciones sociales que cuestionaban la vulneración del derecho a la protesta. “Queremos cambiar la cultura del corte”, sostuvo la ministra.

¿De qué forma?

La respuesta está en Mendoza: tres imputados.

El disciplinamiento

Raquel Blas es la secretaria general de ATE Mendoza y es una de las tres personas imputadas en esa provincia bajo el artículo 194 del Código Penal (impedir el “normal funcionamiento” del transporte) tras el paro nacional del 24 de febrero. Habla con Nuestras voces entre cuartos intermedios por la discusión paritaria de los estatales y sanitarios. “En Mendoza ya estamos imputados por ese mismo artículo por gobiernos anteriores por cortes de ruta en marco de asambleas sin que hubiera protocolo”, aclara. “Pero, ¿qué es lo nuevo para nosotros? Es la primera vez que nos imputan por esa figura penal en el marco de una movilización. Es un nuevo ingrediente”.

¿Cuál es? “Aducen que nosotros cortamos por más de 5 minutos una calle que es lindante a la Casa de Gobierno”, dice Blas. “Acá se ha aplicado en caso de cortes de ruta cuando no hay vías alternativas. Fue más bien un apriete político porque Cornejo (Alfredo, gobernador por Cambiemos)  quería demostrar que es el primer alumno cumplidor de Macri y su ministra. Decretó la emergencia en seguridad, fiscal, financiera, salud. Todo”.

¿Qué ocurrió el 24? “Vino una persona del Ministerio de Seguridad que preguntó por qué estábamos ahí. Le explico que era en el marco del paro general de ATE. Dijo que la fiscal quería los nombres de todas las personas que estaban ahí. Una cosa de locos. Le dijimos que no correspondía. Después el propio asesor del Ministerio, Néstor Majul, salió a decir con total impunidad que conseguía fotos de todos los participantes porque había infiltrado personal de investigación en la marcha”.  Roberto Macho, el otro gremialista imputado de ATE, sostiene que no es casual la imputación en la actual coyuntura: “Esta legitimación de enaltercer al protocolo desde la prensa busca dar, ni más ni menos, un disciplinamiento a la ciudadanía para que no salgas a la calle”. El otro imputado es Federico Lorite, del Sindicato de Estatales Autoconvocados (SITEA).

La imputación cayó en medio de la discusión paritaria y durante el paro provincial que realizaron el 4 de abril debieron presentar un habeas corpus preventivo ante las versiones de detención que habían circulado horas antes. La misma medida fue tomada en la Ciudad de Buenos Aires previo a la marcha del 24 (con el patrocinio del defensor general adjunto en lo Penal, Contravencional y de Faltas Luis Duacastella Arbizu), pero fue rechazada por la Sala II de la Cámara de Apelaciones de ese fuero. El argumento: el supuesto “protocolo” nunca fue publicado en el Boletín Oficial.

Sí: el mismo “protocolo” que los medios buscaban aplicar nunca existió legalmente.

Un discurso tribunero

“En vez de verificar la legalidad de los procedimientos en los que el Estado deba usar la fuerza pública, que es su obligación como parte del Poder Ejecutivo, la ministra Bullrich se dedicó a ´instalar´ en los medios un ´protocolo´ que a la fecha no ha sido pubicado en el Boletín Oficial: ni como decreto ni como resolución del Ministerio de Seguridad u otra dependencia”, describe la abogada Verónica Heredia, experta en derechos humanos y litigios internacionales. “¿Qué genera esto? Que la gente crea que existe una ley a cumplir, tanto el que está en la calle como el policía o el gendarme que se enfrente con una situación y actúe creyendo que va a ejercer la fuerza pública”.

El especialista Marcelo Saín –ex-titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria e integrante del Acuerdo por una Seguridad Democrática- subraya que ninguna provincia tradujo el texto del “protocolo” en alguna resolución ministerial o decreto del gobernador. “Tampoco a nivel nacional”, afirma. “Lo publicaron en Internet. Para Cambiemos, la propaganda y la difusión mediática tienen el valor de ley, pero eso, en el Estado de Derecho, no existe. No tiene vigencia”. Saín puntualiza que el “protocolo” es un “conjunto de reglas de imposición de procedimiento por parte del Ejecutivo” y ejemplifica con que se busca tipificar los cortes de ruta como flagrancia, lo que habilita a la policía a actuar sin orden judicial. “Es impertinente: es una norma que ya está contemplada en los códigos procesales penales. El protocolo es qué hace el poder administrativo ante un corte. Y no lo ha aplicado. Si lo hubiera hecho, habría reprimido. Un juez puede expedirse o establecer alguna medida durante algún proceso y hacer referencia al protocolo, pero lo que normativiza el desempeño del magistrado es el Código Penal, no este discurso tribunero”.

Para el coordinador del equipo de Justicia Democrática y Seguridad Ciudadana del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), Manuel Tufró, el “protocolo” no está vigente porque ni siquiera tiene un número de resolución ministerial. “Es un modus operandi”, reflexiona.

“Como pasó con la emergencia de seguridad a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires, primero hacen una operación comunicacional a ver qué reacciones hay para después darle el curso procedimental a nivel institucional. La diferencia es que la emergencia fue publicada y el protocolo, no. Esto responde a un factor ideológico, a una concepción de lo que debe ser orden y la protesta social. Aparece como una intervención político comunicacional de amenaza”.

Tufró remarca las diferencias con los Criterios Mínimos para el desarrollo de Protocolos de Actuación de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad federales impulsado por la ministra de Seguridad Nilda Garré en 2011 donde, por ejemplo, se prohibía expresamente la portación del empleo de armas de fuego en manifestaciones públicas y la utilización de postas de goma. “En el protocolo de Bullrich eso nunca está claro, como tampoco lo está la obligación a las fuerzas para que estén identificados”, dice. Además, alerta con que otros actores y jurisdicciones están actuando como si el “protocolo” ya tuviera un cauce legal. “En La Plata hay un proyecto de ordenanza para adoptarlo en la ciudad. Por otra parte, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad emitió una resolución en el Boletín Oficial con reglas de actuación en caso de protestas donde cita al protocolo como si estuviera vigente. Lo preocupante es que confirma que la policía puede actuar en flagrancia».

El talk show

Organismos de derechos humanos, partidos políticos, medios de comunicación y organizaciones sociales y sindicales también cuestionaron la ilegalidad del protocolo en una audiencia pública de repudio organizada en la Cámara de Diputados de la Nación. La norma contiene un punto específico sobre la prensa: establece que la actividad periodística se reduciría a “una zona de ubicación determinada” para “garantizar su seguridad” y que no “interfieran” con el procedimiento policial durante manifestaciones sociales. “Que políticas de Estado se padezcan en los cuerpos de los manifestantes cuando no tienen más entidad que un talk show no solo es poco serio: es ilegal y los funcionarios deben responder con ello”, sostuvo la secretaria de prensa de la Asociación de Revistas Culturales e Independientes de Argentina, Claudia Acuña (editora de Revista MU). Además, criticó el protocolo “fantasma” y advirtió que “está siendo usado con dos objetivos concretos: desalentar la participación en movilizaciones y garantizar la impunidad de la represión”.

La asociación que nuclea a casi 300 publicaciones culturales de todo el país remarcó que “todos los gobiernos desde 2001 intentaron limitar las voces disidentes que se expresan en el espacio público”. En ese sentido, recordó la presentación realizada en 2003 ante el Relator para la Libertad de Expresión de la OEA, que coincidió con el encuadre de la asociación: “La criminalización de la protesta social, la concentración de medios y la censura forman parte de una misma máquina que el Estado activa cuando pretende destrozar derechos”.

¿Piedra libre?

Roberto Macho, el gremialista de ATE imputado, sigue su lectura: “Es un disciplinamiento. El Gobierno responde tratando de dividir a los laburantes y amedrentando mediante imputaciones. Además, tratan de mediatizarlo para evitar que te movilices en este contexto”. El contexto de Mendoza es el contexto de Argentina. “Tenemos un boleto de 6 pesos que lo quieren llevar a 12”, explica Raquel Blas, la secretaria general. “Acá ya fracasó la paritaria docente: el aumento fue de un 17 por ciento anual en dos cuotas, pero dentro del acuerdo crearon el llamado ítem aula: quiere decir que se les va a pagar a todos aquellos docentes que estén en el salón. Si se enferma por tres días, si hace un solo paro o tiene cambio de funciones, ese docente no cobra. Fue un decreto”.

Macho sufrió una violenta agresión mientras se manifestaban en el Hipódromo de Mendoza en contra de los despidos en el Casino. Desde ATE denunciaron que los agresores pertenecían a una patota que fue protegida por los policías que custodiaban el lugar, y denunciaron al gobierno provincial. “Buscan disciplinar a la ciudadanía”, sostiene el gremialista. “Pero logramos construir una intersindical y pudimos movilizar más de 16 mil personas que salieron a la calle masivamente. Además, acá se están adhiriendo los gremios de la CGT. También de la CTA”.

En este contexto, la especialista Verònica Heredia remarca la peligrosidad que significa que las máximas autoridades del país hablen del llamado “protocolo antipiquetes” cuando no está vigente bajo términos como los expresados por Bullrich (“si no se van en 5 minutos, los sacamos”), porque ese lenguaje provoca un sentido direccionado en las diversas fuerzas del país. “Creen que existe esa ley, pero no. ¿Entonces? Si hay actuación, no hay responsabilidad para arriba”, esgrime la letrada. “Precisamente, cuando se discute las responsabilidades en hechos de violencia, como la represión del 19 y 20 de diciembre, los funcionarios quedan afuera porque no hay ley que los alcance. Ninguna ley dice que la policía debe torturar, matar o gatillar por la espalda. La Ministra ha instigado a cometer delitos a las fuerzas de seguridad al promover acciones fuera de la ley”.

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