El tarifazo, una bomba-racimo

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La política impulsada por Cambiemos de liberar los precios de las tarifas de servicios públicos trajo aparejadas una serie de consecuencias, tales como el aumento de la inflación, erosión del poder adquisitivo, ajuste en los hábitos de consumo de las clases media y baja, entre otros. La oposición, coincide en la necesidad de frenar esta política en el Congreso. El tarifazo operó en la economía como las bombas-racimo, que liberan un gran número de pequeñas bombas al explotar.

El aumento en los precios de las tarifas, forma parte de las principales preocupaciones de la oposición. Promovida por el FPV, se impulsó una sesión especial en la Cámara de Diputados para debatir límites a las subas, pero no logró reunir el quórum necesario. El presidente del bloque de Cambiemos, Emilio Monzó, decidió levantar la sesión, mientras la oposición se encontraba a la espera de conformar el número necesario y ante la sospechosa huída del legislador Alfredo Olmedo, de Salta Somos Todos. Más allá de la postergación parcial del debate, la oposición demostró cierto consenso en torno a limitar la política tarifaria del Gobierno, elemento central de su estrategia económica, y no faltan motivos para el acuerdo. Aquí, se analizan algunos de los efectos económicos y sociales más relevantes del nuevo cuadro tarifario.

La gestión de Aranguren frente al Ministerio de Energía y Minería, se propuso quitar los subsidios y liberar las tarifas de servicios públicos. Esto conllevó una serie de aumentos desmesurados que, presionaron fuertemente sobre la inflación, erosionaron el poder adquisitivo del salario y generaron cambios de hábitos en los consumos de la población que deterioraron su calidad de vida, entre otros elementos.

Un tarifazo subestimado

El inicio de 2018, estuvo signado por una serie de aumentos tarifarios, que no son aislados sino que forman parte de una seguidilla de incrementos acumulados desde 2016 y que vienen presionando fuertemente el bolsillo. Por un lado, el servicio de energía eléctrica sufrió en febrero un incremento promedio del 18% para usuarios residenciales. Esto se suma a una serie de incrementos previos que, hasta finales de 2017, acumuló 1800% en el servicio. Para el mes de agosto se prevé un nuevo aumento en el sector que rondará entre el 25% y el 30%. En cuanto al servicio de gas, en el mes de abril comienzan a regir aumentos en promedio del 32%, y en la garrafa social del 16%, pero hasta finales de 2017 el servicio acumuló incrementos del 1030%. Por su parte, el servicio de agua tendrá un aumento mínimo del 26% en el mes de  mayo, con quitas de subsidios al 30% de los usuarios. Este servicio acumuló hasta finales de 2017 incrementos del 550%.

Pero no sólo las tarifas de energía forman parte del nuevo escenario tarifario. El sector de transporte público (incluyendo trenes y colectivos) bajo la órbita de Dietrich, sufrirá un incremento del 70% a lo largo de 2018 dividido en tres etapas: la primera parte del incremento fue en febrero (33% promedio), la segunda en abril (sumando 50% de aumento acumulado) y se prevé una nueva suba para la segunda mitad del año. Esto se da además en un escenario de incrementos en transportes en general tales como autopistas, y taxis.

Este nuevo cuadro tarifario, pone de manifiesto una serie de problemáticas sociales y económicas que vale la pena analizar.

Crece la protesta social por la baja de salarios y los tarifazos

En primer lugar, el fenómeno que fue presentado en campaña como el que sería resuelto casi de manera automática: la inflación. El Presidente anunció en numerosas oportunidades que “lo más sencillo” de su gestión sería bajar los niveles inflacionarios; sin embargo, no acumula más que fracasos en el control de esta problemática. En el primer año de gobierno, el incremento de los precios fue exponencial (41%) y allí el incremento de las tarifas y la devaluación fueron los grandes determinantes. El 2017 cerró con una inflación del 24,8%, niveles sin duda altos pero sin peso de las tarifas por ser un año electoral. El 2018, lleva en el primer trimestre una inflación acumulada del 6,7%, muy lejos de la meta del 15% del BCRA. El gobierno argumenta que en el segundo semestre la inflación caería, pero para hacerlo en los niveles requeridos para alcanzar el 15% anual, tendríamos que alcanzar una inflación mensual del 0,6%, algo completamente inverosímil.

Por otro lado, una cuestión ineludible detrás del panorama inflacionario y la incoherencia con las metas del BCRA es la discusión paritaria. Un aumento de tarifas de este tipo, redunda en una pérdida de poder adquisitivo, sencillamente porque se destina más porcentaje de los ingresos a pagar los servicios públicos. El gobierno ofrece como contrapartida salarial un incremento del 15% sin cláusula gatillo. Con el escenario inflacionario actual, sino se modifica el tope del 15% a las paritarias, se producirá un ajuste sobre el salario.

Vidal junto a los socios del tarifazo

Pero además, un incremento de tarifas afecta más fuertemente a los sectores que perciben bajos ingresos, porque destinan una mayor parte de su salario a cubrir esa necesidad básica comparada con los sectores de más altos ingresos. En este sentido, el nuevo cuadro tarifario supone un nuevos hábitos de consumo sobre todo para las clases media y baja. Un análisis de la consultora privada Kantar World Panel determinó que el peso del tarifazo en los ingresos de estos sectores es de entre el 20% y 25%. Entre los sectores de clase media consultados, declararon que la mayor parte de los consumos que tuvieron que restringir a raíz del tarifazo son los asociados a comer afuera (43%) y salir de vacaciones (22%); mientras que los sectores de clase baja declararon ajustar en la calidad de los productos consumidos, (30%) así como en productos de limpieza (22%).

Un tarifazo para Juliana

De este análisis sobre el impacto de los aumentos en el bolsillo de los argentinos, pueden extraerse varias conclusiones. En primer lugar, el impacto de dicho proceso en la calidad de vida de los ciudadanos, que empiezan a restringir consumos asociados tanto al ocio, esparcimiento y vacaciones; como en la calidad de los alimentos y las condiciones de higiene del hogar. En segundo lugar, esta caída del consumo en sector de clase baja y media tiene efectos negativos sobre el funcionamiento del conjunto de la economía. Esto es así, sencillamente porque si los sectores de ingresos fijos deben dedicar una porción más importante de su salario a acceder a bienes imprescindibles como son los servicios públicos, y no tienen aumentos de salario acordes, tienen una porción más pequeña de su salario para destinar en otras industrias (por ejemplo las asociadas al turismo o entretenimiento), enfriando la economía. En tercer lugar, pone sobre la mesa una problemática social que no existía en la Argentina mientras estos servicios estuvieron regulados: la pobreza energética. Fenómeno muy extendido en Europa, donde el precio de los servicios públicos es un problema para los sectores de menores ingresos.

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Débora Ascencio

Débora Ascencio

Periodista especializada en economía. Integrante del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), becaria doctoral de CONICET y docente de la Universidad de Buenos Aires. Es licenciada en Sociología y maestranda en Sociología Económica.

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