FMI: un acuerdo que profundiza la crisis

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Los recurrentes fracasos en la política monetaria, cambiaria y financiera del Banco Central conformaron una bola de nieve: suba del dólar, inflación en alza y fuerte endeudamiento vía Lebacs. En este escenario de gran inestabilidad, aparece la renuncia de Sturzenegger, el acuerdo con el FMI y Caputo, el especulador del capital financiero por excelencia, al frente de la autoridad monetaria. En el largo plazo, estos caminos sólo conducen a profundizar los desequilibrios macroeconómicos, de la mano de una pérdida de soberanía económica por el endeudamiento externo.

El acuerdo stand – by con el FMI por 50 mil millones de dólares viene a resolver un problema a la vez coyuntural y estructural de la economía argentina: la falta de dólares. Las lecturas ortodoxas ven en la escasez de divisas elementos relativamente pasajeros y recurren a las bondades del libre mercado para generar confianza en los capitales internacionales y que lleguen las inversiones. Piedra fundamental de ese esquema es la apertura comercial y financiera que garantiza la libre entrada y salida de capitales. Un ministro market friendly, el oneroso préstamo del FMI, un banco central autónomo, son todas “señales” hacia los capitales internacionales que contribuirían a resolver el desequilibrio externo.

Ahora bien, una lectura heterodoxa de lo que ocurre con la economía argentina arroja un diagnóstico muy diferente. Primero, el problema de la escasez de dólares no es de ninguna manera un problema pasajero y que pueda resolverse con libre mercado. Por el contrario, la restricción externa en nuestro país, como en la mayoría de los países de la región, es un fenómeno al que tienden estructuralmente nuestras economías. Un modelo de apertura comercial y financiera, agrava profundamente ese desajuste inicial. La apertura comercial, implica el ingreso de una gran cantidad de productos importados que demandan dólares; mientras que la apertura financiera, ante cualquier incentivo de los mercados, genera condiciones para que los capitales pueden fugarse sin mayores restricciones. Sin ir más lejos, la corrida del mes de mayo ante la suba de la tasa de interés del Tesoro de EEUU, sirve como botón de muestra que nos dejó un dólar a $25. Entonces, en un país que tiende estructuralmente a la falta de dólares, una política económica de apertura es insostenible, lo que implica inevitablemente recurrir al endeudamiento externo para hacerlo viable. Los intereses que genera el proceso de endeudamiento, tienden a su vez a ensanchar la escasez en el largo plazo sino se generan fuentes genuinas de ingreso de dólares. Con este diagnóstico, es difícil encontrar un buen augurio en el acuerdo con el FMI en términos de su capacidad de contribuir a resolver el déficit externo per se.

El impacto del acuerdo con el Fondo

Pero más allá de la eficacia del acuerdo con el FMI para resolver los desequilibrios externos, aparecen las condicionalidades vigentes en el llamado Memorándum de Políticas Económicas y Financieras que limita el ejercicio de la política económica y monetaria en nuestro país. Aquí se analizan dos de los más relevantes: los límites a la intervención del BCRA y la reducción del gasto público.

Los errores del Gobierno y los lobbies que nos llevaron al FMI

En primer lugar, se establecen una serie de demarcaciones al BCRA en su capacidad de ejercicio de la política monetaria: se apunta a una flotación más flexible del tipo de cambio en el que la autoridad monetaria puede intervenir solo en momentos decisivos y con mecanismos que son considerados más “transparentes” como las subastas, se establece un piso de Reservas que le quita al BCRA capacidad de intervención, se establece un tope a la intervención en el mercado de cambios y con dólar futuro, se limita la política de tasas y si la inflación no es acorde deberán re discutirse previamente con el FMI, se intentará ir desarmando la bola de LEBACs como mecanismo de intervención directa del central con el objetivo de liquidarlas totalmente en septiembre de 2019. En síntesis, a partir de este acuerdo el BCRA está muy limitado para hacer política cambiaria, el dólar va a flotar mucho más. Esto implica fuertes inconsistencias con el objetivo de bajar la inflación, lo cual impacta fuertemente en el poder adquisitivo.

En segundo lugar, uno de los condicionamientos más relevantes es la reducción del déficit fiscal a través del achicamiento del gasto público. El diagnóstico del fondo es que el gasto en Argentina es insostenible y limita la inversión, la competitividad, la creación de empleo y el crecimiento. Según esta óptica, hay que disminuir el gasto fundamentalmente en salarios de empleados públicos, jubilaciones y transferencias sociales. Hasta ahora, el gobierno no redujo el gasto, sino que lo reconfiguró, a partir de achicar la recaudación quitando impuestos a los sectores de mayores ingresos y “ahorrando” en gastos como la quita de subsidios, para utilizarlo en el pago de intereses de deuda. De hecho, si se mira el gasto público total en relación al PBI, su relevancia se mantuvo constante desde 2015 en adelante.

«Los dólares del FMI garantizarán la fuga»

La reducción del déficit fiscal puede ocurrir por el incremento de la recaudación, la reducción del gasto, o una combinación de ambas. La estrategia del gobierno para la consecución de este objetivo es la aplicación del típico recetario neoliberal que postula la baja de la “presión fiscal” como incentivo para la inversión. Así, se descarta la reducción del déficit a partir de aumentar la recaudación vía impuestos (particularmente progresivos). Un informe reciente de CEPA analiza la estrategia oficial para bajar el déficit y concluye que, por el lado de los ingresos, es esperable un aumento del déficit, fenómeno que precisamente se ubica a contramano del mentado objetivo que busca achicarlo. La alternativa restante es sólo una: efectuar reducciones de partidas del gasto que permitan sobre-compensar la caída de ingresos para también contribuir al déficit “cero” en 2020.

Cuando se examina la composición de los ingresos, se observa que los ingresos tributarios representan más del 90% del total y se componen de ingresos, contribuciones a la seguridad social y derechos sobre el comercio exterior. De los impuestos (que representan el 70% de los ingresos tributarios) el más importante es el IVA, que depende directamente del nivel de actividad económica, al igual que el impuesto a los débitos y créditos bancarios. Las altas tasas de interés, la caída del salario real, el magro desempeño del sector externo, entre otros afectara la actividad económica y por lo tanto los tributos. En lo referido a los aportes y contribuciones de la seguridad social la propuesta oficial fue establecer un mínimo no imponible por trabajador que irá aumentando conforme el IPC, por lo que representar $430.000 millones al año (2018), esta reducción supone una pérdida de $71.660.000 para 2019. En cuanto a los derechos de exportación, considerando las retenciones a la soja, trigo y minería, el impacto de la reducción implementada en diciembre de 2015 valores de 2018 representa $62.956 y dado que el Decreto establece que se aplicará hasta diciembre de 2019, la tendencia es a la baja. En los referido al Impuesto a las Ganancias, la reforma impositiva estableció que se aplique una reducción de la alícuota del impuesto para las ganancias no distribuidas por las empresas del actual 35% al 30% hasta 2019 y del 25% en 2020.  La estimación realizada por CEPA establece que significa una reducción de al menos 21 mil millones de pesos. Por último, en lo referido al Impuesto a los Bienes Personales, la reducción de las alícuotas como la eximición de pago de los contribuyentes que ratificaron su DDJJ de los últimos dos años (“contribuyentes cumplidores”) y el aumento del mínimo no imponible tienen un efecto negativo sobre la recaudación.

Entonces, si no es dable esperar una reducción del déficit a partir del incremento de los ingresos, resulta pertinente considerar lo que ocurre al nivel del gasto. La meta del déficit fiscal para 2018 se corrió de 3,2% tal como aparece en el Presupuesto votado por el Congreso a 2,7% del PBI. En el gráfico a continuación se detalla la distribución de los gastos primarios del Estado más los intereses de la deuda (que no incluyen $122.551 millones Intra Sector Público Nacional): el 52% de los gastos del Estado corresponden a prestaciones sociales, el 17% a gastos de funcionamiento y otros, los intereses el 9,5%, Subsidios Económicos 6,8% Gastos de Funcionamiento y Otros 16,6%, Transferencias a Provincias 2,5% Otros Gastos Corrientes 4,9% Intereses 9,5% Gastos de Capital 7,8% 6 el 8% a gastos de capital, los subsidios económicos el 7%, el 5% a otros gastos corrientes y, por último, el 2,5% de transferencias a provincias.

CEPA construyó dos escenarios posibles de reducción del déficit según las metas del gobierno acordadas con el FMI al 2,7% en 2018 y al 1,3% en 2019. El año que viene, suponiendo que el crecimiento de la economía fuera del 2% y la inflación llegara al 24%, el recorte fiscal debería ascender a $425.000 millones, donde $125.000 millones (equivalente al 30%) corresponden a la necesidad de compensar la reducción de ingresos detallada previamente. En el escenario A se toma como base el Presupuesto de recaudación sin considerar la merma de ingresos estimada para 2019 (en torno a $125.000 millones) y en la alternativa B, se considera dicha reducción de ingresos como punto de partida para el logro de la meta fiscal de 1,3%.

Así, el informe detalla el contenido de los recortes más probable, en el escenario de reducción de la recaudación por la vía de los ingresos como se detalló previamente, no habría forma de evitar el ajuste sobre el gasto social.

En definitiva, el acuerdo con el FMI no solo no resuelve, sino que profundiza los problemas de la economía real. La falta de dólares genuinos se explica esencialmente por el esquema de apertura que no nos hace competitivos y posibilita la fuga de capitales permanente. Entramos al financiamiento externo para resolver este problema que solo se agrava de la mano de los intereses de deuda y con condicionantes sumamente regresivos para el crecimiento y la soberanía de nuestro país: pérdida de capacidad de intervención cambiaria y achicamiento del gasto que afecta a los sectores de menores ingresos.

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Débora Ascencio

Débora Ascencio

Periodista especializada en economía. Integrante del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), becaria doctoral de CONICET y docente de la Universidad de Buenos Aires. Es licenciada en Sociología y maestranda en Sociología Económica.

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