Golpe en Bolivia: Fernández apoya a Evo y Macri no condena

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La coalición golpista intentará simular la transición institucional con la Senadora de derecha Jeanine Añez como presidenta provisional de Bolivia. México concedió asilo político al presidente derrocado Evo Morales. Alberto Fernández condenó «el golpe». Donald Trump reivindicó la participación de las FFAA bolivianas y el gobierno de Mauricio Macri negó que haya irrupción del orden democrático. Dos ministros de Evo se refugiaron en la embajada argentina de La Paz y la Cancillería les dio cobijo humanitario, pero duda sí otorgarles el status de refugiados políticos.

La coalición golpista boliviana intentará hoy dar una pátina institucional al derrocamiento contra el presidente destituido Evo Morales consumado el último fin de semana. El objetivo de los partidos opositores que avalaron la cacería de sangre y fuego conducida por el empresario gasífero de Santa Cruz Luis Camacho es hacer funcionar la Asamblea Legislativa para nombrar como presidenta provisional a la Senadora del departamento de Beni Jeanine Añez. La idea de la alianza golpista que forzó la renuncia de Evo Morales es que Añez instrumente la convocatoria a elecciones. En paralelo, en una muestra de cinismo o ignorancia supina, tanto el dirigente Carlos Mesa como el titular de la OEA Luis Almagro, advirtieron ayer la necesidad de la transición política mencionada cuente con la participación del partido oficialista derrocado MAS.  

Pero tanto la conducción política del MAS como su base social más movilizada está siendo perseguida, apaleada y sin garantías de protección a su integridad física. En principio, Morales ha conseguido el asilo político en México.

El presidente electo, Alberto Fernández, se involucró personalmente en el tema y agradeció públicamente al presidente de Perú, Martín Vizcarra, por habilitar el espacio aéreo peruano para que un avión llegado desde México pudiera rescatar a Evo. El avión estuvo a la espera allí hasta que Bolivia habilitó su espacio aéreo para que ingresara. Fernández también agradeció al presidente mexicano, Manuel López Obrador, por darle asilo al presidente depuesto. Fernández aseguró que no existe “ningún ejército que haya liberado a un pueblo”. Y sentenció: «Ha habido un golpe de Estado en Bolivia, para que nadie se confunda y para que hablemos claro y sin mentiras”.

El gobierno argentino mostró durante las últimas horas una actitud cómplice con un putsch político de nuevo tipo en la región durante el actual siglo. Hasta el momento las destituciones contra los gobiernos populares latinoamericanos se consumaron durante las últimas décadas con mecanismos destituyentes denominados golpes blandos, donde el Parlamento jugaba un rol fuerte para evitar un baño de sangre. En Bolivia, en cambio, la deposición de Morales, que fue celebrada ayer en un comunicado oficial por la Administración de Donald Trump, tiene claros signos de linchamientos simbólicos y raciales. La coalición golpista incendia las whipalas con el rosario en la mano, Camacho irrumpe en el palacio presidencial blandiendo la biblia, los ministros de Morales son cazados como animales, sus rostros son cubiertos de tintura para intentarlos hacerlos escarmentar y sus familiares son perseguidos.

Sin embargo, el Palacio San Martín, un mediador diplomático clave en un conflicto de ecos regionales, ya que Argentina es un país limítrofe, además de ser zona de residencia de la mayor comunidad boliviana asentada en el exterior, ayer sentó postura a través del canciller Jorge Faurie, quien afirmó que «no hay elementos» para asegurar que haya habido un golpe y que Evo «podría no haber aceptado el pedido de renuncia». 

Luego de estas declaraciones, el presidente electo Fernández calificó a Faurie como «un hecho desgraciado de la historia de la diplomacia argentina” y hasta la propia UCR, que forma parte de la coalición de gobierno, salió a marcar postura. «Cuidar la democracia en el continente implica un esfuerzo por calificarla. No a las trampas! No a las injerencias externas! No al Golpe de Estado! Si al pluralismo, la democracia y la convivencia pacífica», afirmó a través de un comunicado el Comité Nacional de la UCR que encabeza el mendocino Alfredo Cornejo.

Por si fuera poco trabajadores de la agencia pública TELAM, de Radio Nacional denunciaron y del diario La Nación denunciaron ayer que sus directivos prohibieron a los redactores utilizar la categoría “golpe de Estado” al momento de comentar en sus piezas informativas lo que sucede en el vecino país.

Mientras tanto, la dirigencia política del Frente de Todos, referentes de movimientos sociales y territoriales más la numerosa comunidad boliviana asentada en Buenos Aires marcharon ayer desde el Obelisco hasta la Cancillería argentina para rechazar el golpe cívico político y policial en el vecino país.

A escala regional, salvo la solidaridad del entrante gobierno argentino y el decidido involucramiento del gobierno mexicano –quién además del asilo a Morales refugia en la embajada de su país en La Paz a varios ministros del MAS que renunciaron de manera forzada-, la mayoría de los Ejecutivos latinoamericanos no han reaccionado ante la asonada boliviana, salvo el presidente uruguayo Tabaré Vásquez. Además, ante la carencia de canales multilaterales, como la también depuesta UNASUR, la región hoy adolece de un mecanismo donde tramitar sus conflictos institucionales.

Precisamente, esa mesa concertacionista, la UNASUR, durante la Secretaría General de Néstor Kirchner, logró apaciguar en el año 2008 un levantamiento separatista contra el naciente gobierno de Evo Morales. Entonces tanto la Argentina de Néstor Kirchner como el Brasil de Luiz Inácio Lula Da Silva se involucraron para fortalecer los canales de diálogo entre oficialismo y oposición en Bolivia. Sin embargo, esa mesa, la UNASUR, también fue derrocada por la Argentina de Mauricio Macri y el Chile de Sebastián Piñera por considerarla un mecanismo obsoleto.

Mientras tanto, el Vicepresidente Álvaro García Linera y el círculo político más cercano –cuyas renuncias fueron precipitadas de forma forzosa porque las fuerzas parapoliciales de Camacho habían extorsionado a que lo hagan a cambio de no matar a sus familiares secuestrados- siguen recluidos en la zona cocalera de El Chapare mientras sus casas han sido saqueadas y, en algunos casos, incendidadas. En el Trópico la voz de mando del espacio público parecería estar en manos de los sindicatos campesinos fieles a Evo, que cercaron con piquetes las zonas aledañas a la pista donde aterrizó Morales –paradójicamente una ex base de la agencia antinarcóticos DEA depuesta por el MAS- para imposibilitar la llegada de las unidades militares orgánicas al golpe cívico eclesiástico y policial. 

Desde algún lugar de los valles cocaleros, antes de partir al exilio forzado, el presidente depuesto Morales denunció mediante sus cuentas oficiales en las redes sociales la instrumentación del capítulo dos del golpe militar, es decir la puesta en marcha de una cacería política en su otro bastión, La Paz, para impedir que la militancia del MAS pudiera acercarse a la céntrica Plaza Murillo en pos de repudiar la asonada cívica y eclesiástica: “Desde el primer día del golpe cívico-político-policial, la policía amotinada reprime con bala para provocar muertos y heridos en El Alto. Mi solidaridad con esas víctimas inocentes, entre ellas una niña, y el heroico pueblo alteño, defensor de la democracia”.

La mención de Morales sobre los actores del golpe no es casual. En esa tríada golpista el presidente derrocando nombra con precisión primero la complicidad cívica de Santa Cruz. En la provincia blanca, agroindustrial, es decir con un perfil étnico y productivo disímil a la Bolivia del oriente, capital de la zona de la Media Luna, comenzó desde la medianoche del 20 de octubre –una vez contado los primeros sufragios- un “paro cívico” con el fin de desconocer la voluntad popular. En el minuto cero de la asonada empezaron incendiando tribunales electorales, después esa ola de odio ató al hermano de Evo Morales, saqueó la casa presidencial e incendiando casas e instituciones ligadas al MAS.

Evo Morales además atribuye responsabilidades a los partidos opositores y a la corporación policial. En ese sentido el líder derrocado buscó ayer dejar sentado la responsabilidad política del historiador Carlos Mesa al avalar las acciones de guerra civil y psicológica llevadas a cabo por el Bolsonaro de Bolivia, Camacho, rey del gas en Santa Cruz hasta que Morales logró nacionalizar los hidrocarburos. Por último, el presidente derrocado signa la complicidad del mando policial en la orquestación del golpe pero no carga las tintas contra las Fuerzas Armadas. Varios analistas bolivianos indicaron ayer que la cúpula del MAS aún cree que sectores nacionalistas del Ejército podrían romper la cadena de mando que hoy la dupla Camacho y Mesa necesitan poner en acción para barrer con la resistencia popular al golpe.

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Emiliano Guido

Emiliano Guido

Periodista especializado en política internacional. Forma parte del Programa de Integración Regional y Financiamiento para el Desarrollo en Fundación SES (Argentina). Ganador del Premio José Martí (2006) otorgado por la agencia Prensa Latina.

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