Gran hermano porteño

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El Gobierno porteño anunció que usará software de reconocimiento en algunas de las 10.000 cámaras con las que se monitorea la ciudad en vivo. El uso de este tipo de tecnologías de vigilancia resulta controversial tanto por sus fallas como por su amenaza a la privacidad de las personas. Cuáles son sus riesgos y por qué los especialistas desaconsejan el uso de biometría en el espacio público.

Agencia TSS – El ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli, anunció que desde el 22 de abril se instalará un software de reconocimiento facial en algunas de las 10.000 cámaras que monitorean la ciudad en vivo. El anuncio se hizo pasado 3 de abril durante el Primer Congreso Internacional sobre Delito Transnacional en la Legislatura Porteña y no se dieron más datos sobre la implementación, solo se dijo que será para arrestar a las personas que tengan pedidos de captura judicial, aunque para eso será necesario identificar a todas las personas que pasan frente a cualquiera de las cámaras con este sistema.

Los sistemas de reconocimiento facial por software están siendo probados en diversas partes del mundo y han quedado en el centro de diversas polémicas, tanto por la violación que suponen al derecho a la privacidad y por los abusos que pueden surgir de su utilización.

El uso de reconocimiento facial se ha difundido en China, país en el que se estima que hay 200 millones de cámaras pero, debido a la poca información que brinda el Estado, no se sabe qué tan efectivo resulta el sistema. En experiencias en las que hay algo más de información sobre su aplicación se reconoce que la tecnología todavía tiene una tasa de falla muy alta, especialmente cuando se toman imágenes en la vía pública, adonde la cámara primero tiene que ubicar a la persona y luego identificar hacia dónde está mirando, para posteriormente analizar sus rasgos y compararlos con las fotos de una base de datos.

En la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos, 25 investigadores del área de inteligencia artificial de la empresa Amazon escribieron una carta en la que solicitaron que la firma dejase de vender su tecnología de reconocimiento facial para agencias de seguridad, sobre todo por los problemas de sesgo en contra de las personas de color y las mujeres. En la carta afirman que “no hay leyes (en Estados Unidos) que aseguren que el reconocimiento facial pueda ser usado sin violar libertades civiles”. El sistema de Amazon es ofrecido junto con otros servicios a través de Amazon Web Services, la empresa con la que el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, firmó un acuerdo marco en el año 2017. El sistema de reconocimiento facial de Amazon también fue probado con miembros del Congreso de Estados Unidos, en el que confundió a 28 legisladores (39% latinos o negros y 5% blancos) , con personas que habían sido arrestadas.

El año pasado, se inició una prueba piloto en el puente Robert F. Kennedy de Nueva York, con la cual se pretendía hacer reconocimiento facial de las personas que conducían los autos. Sin embargo, en un correo electrónico interno, las autoridades de transporte reconocieron que no se pudo identificar a una sola persona dentro de los parámetros previstos. De todas maneras, el sistema, lejos de ser abandonado, tendrá financiamiento extra.

En la Argentina, no hay una ley que establezca un marco normativo para el uso de tecnologías de identificación biométrica, sino que todas estas tecnologías se han aplicado por decretos del Poder Ejecutivo o resoluciones ministeriales. La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) emitió un comunicado en el que “desaconseja el uso de la biometría en el espacio público, pues considera que los riesgos de implementación no superan los potenciales beneficios que pueda traer”. Además, explican que el uso de estas tecnologías, al igual que las de vigilancia aérea, coartan la libertad de expresión, reunión y asociación. Leandro Ucciferri, abogado e investigador de ACD, le dijo a TSS que “ya es una práctica recurrente la implementación de políticas públicas que promueven las tecnologías de vigilancia, mediante procedimientos que son muy poco transparentes y no dejan lugar al debate público”. Desde ACD hicieron un pedido de información pública al Gobierno porteño, aunque los pedidos que hicieron en otras oportunidades a organismos como la Policía de la Ciudad no recibieron respuesta.

¿Sería posible que el Gobierno de la Ciudad hiciera identificación de las personas que acuden a una protesta en la calle? Según Ucciferri, “en principio no, porque la Ley de Inteligencia Nacional dice que ningún organismo de inteligencia puede obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas. Digo que en principio no es legal porque habría que ver quién lleva a cabo las actividades y cómo se lo hace. De cualquier forma, el riesgo existe. Por eso alertamos tan enfáticamente sobre el uso de biometría, y especialmente el reconocimiento facial, en el espacio público, porque la potencial injerencia en la privacidad de las personas es enorme”.

Frente a la escasa información que se dio sobre la puesta en marcha del sistema, el Centro de Protección de Datos Personales de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires también hizo pedidos de información pública a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), a la Secretaría de Transporte y a la gerencia de Asuntos Legales de SBASE (por el potencial uso del software en medios y lugares de transporte), a la Dirección Autónoma de Tecnologías Aplicadas a la Seguridad de la Policía de la Ciudad y al CONICET. Algunos organismos contestaron que no tenían información sobre el sistema y otros directamente no contestaron. TSS intentó contactarse con diversas áreas del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño pero no se obtuvo respuesta.

Si bien no se trata de una implementación en la vía pública, el próximo viernes también se presentará el sistema Fan ID, de reconocimiento facial para el ingreso a los estadios de fútbol, el mismo que se usó durante el Mundial de Rusia. Mediante este sistema, la persona que quiera entrar a un estadio de fútbol bonaerense deberá tramitar una credencial con foto que “será cotejada con el Registro Público de Actuaciones Administrativas, el Registro de Antecedentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y el Registro Nacional de las Personas por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales”.

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