Jubilaciones exorbitantes para pocos: historia de un privilegio que se acaba

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El presidente Alberto Fernández anunció la eliminación de las jubilaciones de privilegio para el Poder Judicial y el servicio Exterior. La historia de este beneficio, que obtuvo por primera vez un representante de la Corona Española en 1810, cuando la Revolución lo jubiló. Desde entonces las elites que coparon el Estado obtuvieron estos premios de casta. La crisis del 2001 llevó a la derogación del privilegio para la mayoría de los cargos. Pero los ex jueces y diplomáticos habían zafado. Hasta ahora.

Cuando el presidente Alberto Fernández destacó la aprobación de la Ley de Solidaridad Social prometió aumentar las jubilaciones cada tres meses por decreto y anunció que enviará un proyecto de ley para “terminar” con las jubilaciones de privilegios del Poder Judicial y el Cuerpo Diplomático. Como un viejo resabio aristocrático, la sola existencia de jubilaciones de privilegio reproduce una injusticia persistente. Al presente, hay 7.000 beneficiarios del régimen jubilatorio del Poder Judicial, con un haber bruto promedio medio de más de $200.000, y unos 700 diplomáticos que perciben haberes promedio de más de $300.000 por el sistema especial previsional del Servicio Exterior de la Nación.

Su origen hay que buscarlo en la pretensión de darle seguridad económica a los que, alejándose de las actividades privadas, se comprometían en la función pública. Pero también es un fenómeno inercial de una época en la que la burocracia estatal estaba compuesta, casi en exclusividad, por miembros de las elites sociales argentinas. Las clases plebeyas recién empezaron a entrar en forma significativa al Estado a partir del primer gobierno de Hipólito Irigoyen. E

Sin embargo, es necesario hacer una advertencia: las causas del hambre, la pobreza y la desigualdad no pueden asignarse a las jubilaciones de privilegio, ese es el viejo ardid mediante el cual se intenta desviar el meollo de la injusticia social argentina. Las elites, sus órganos de comunicación y propaganda, sus centros académicos, y un sentido común ramplón prefieren ver el árbol de esta injusticia antes que introducirse en el bosque de las causas más profundas. Dicho esto, las jubilaciones de privilegio produce una muy entendible indignación social debido a la falta de equidad y eran un problema que la democracia no podía seguir esquivando.

El primer antecedente registrado de una jubilación de privilegio nos lleva a la figura de don Juan de Almagro, hombre de gobierno en días de la Revolución de Mayo, la historia no lo rescata, lo detecta. Asesor general de la Corona Española en estas tierras, don Juan se convirtió, sin quererlo, en todo un adelantado: fue el primer funcionario en conseguir una jubilación de privilegio, según consigna documentación de la ex Caja de Estado, el 4 de junio de 1810, nueve días después de la revolución, le notificaron a don Juan su obligado pase a retiro y la asignación de una suma fija para su subsistencia: “La Junta Provisoria Gubernativa de las Provincias del Río de la Plata a nombre de don Fernando VII ha retirado a usted de su empleo, asignándole mil pesos anuales para su subsistencia”, detalló un antiguo documento. La decisión de remover a De Almagro la tomaron Cornelio Saavedra, Mariano Moreno, Manuel Belgrano y otros miembros de la Primera Junta. Así nos enteramos de un solo golpe de mirada, que ya en esa época había asesores y que al despedirlo, el adelantado don Almagro gozó del privilegio de ser el primer mantenido por el Estado patrio.

El origen del privilegio en el Poder Judicial

Uno de los regímenes de privilegio que derogará el presidente Fernández es el del Poder Judicial. Ya en 1877 se sancionó la Ley 870 que estableció que los ministros de la Corte Suprema de la Nación y los jueces, con sesenta años de edad, que hubiesen ejercido la magistratura durante diez años consecutivos, podrán dimitir de su empleo con goce íntegro de sueldo hasta el final de sus días. La ex caja del Estado es un gran reservorio de información sobre estos temas. En 1877 el régimen de jubilación especial se le dio a toda la administración del Estado, que en ese entonces era una verdadera casta burocrática sin posibilidades de inclusión de plebeyos. El singularísimo sistema institucional argentino le ha dado a la Corte Suprema de Justicia la potestad de tener la última palabra en materia constitucional. Cualquier decisión del Poder Ejecutivo o del Legislativo está sometida al control de constitucionalidad de la Corte. Nunca más el sistema político pudo quitarles ese privilegio, y eso que no faltaron los intentos.

Un caso muy resonante fue el protagonizado en 1936 por Elpidio González, vicepresidente de la República entre 1922 y 1928 en la Presidencia de Marcelo T. de Alvear. Durante el segundo mandato de Yrigoyen ocupó la cartera de Interior e, interinamente la de Guerra, en los días previos al golpe del 6 de septiembre de 1930. Estuvo detenido en el mismo barco donde estaba el ex presidente Yrigoyen. Juntos compartirían las penurias del encierro en la isla Martín García. Elpidio además permaneció dos años detenido en la Penitenciaría Nacional.

 ierto tiempo después de alejarse de la política, en los años 30, cuentan que se lo vio en las recovas del barrio del Once, con una valijita, vendiendo pomadas, anilinas, cordones para zapatos y otras cosas afines.  Lo que llamaba la atención era que aquel hombre de aspecto descuidado había sido vicepresidente, ministro, legislador y jefe de Policía. Todos los diarios de la época se hicieron eco de esta noticia.  Así las cosas, fue que se presentó en el Congreso una Ley que permitiera darle al viejo político una vejez decente y fue aprobada en 1936 una Jubilación de Privilegio especial bajo la presidencia de Marcelino Ortiz. A raíz de este caso el diputado Adrián Escobar elaboró un proyecto que contemplaba una jubilación vitalicia para presidentes de 3000 pesos mensuales y para vicepresidentes, de 2000 pesos. En 1938 fue ley. Cuentan que cuando le fueron a dar la noticia al viejo dirigente, éste la rechazó diciendo: “que mientras tuviera dos manos para trabajar, no necesitaba limosnas”. Los beneficiarios fueron cada vez más y prácticamente toda la clase política llegó a gozar del privilegio, incluso los militares que gobernaron a través de los golpes de Estado. En 1991 se aprobó la ley 24.018 que intentó dar un marco jurídico ordenado al tema y ensanchó el espectro de la jubilaciones de privilegio notablemente y como un efecto cascada se beneficiaron los diputados, los senadores, los concejales, los intendentes, los gobernadores, prácticamente todos los estamentos del Poder Judicial y el servicio de relaciones exteriores. Este privilegio, a modo de casta, fue impugnado de diferentes maneras, y la instancia judicial llegó a la Corte Suprema de Justicia que en el año 2001, en el caso «Gaibisso, César» defendió la exclusividad de los salarios de los jueces y les reconoció esta garantía también a los magistrados jubilados. La Corte de la mayoría automática corrió presurosa en auxilio de sus propios privilegios. 

Un año más tarde, el Congreso sanciono la ley 25.668 que derogó de forma completa la ley 24.018 que fijaba Asignaciones mensuales vitalicias para el Presidente, Vice de la Nación y Jueces de la CSJN. Regímenes para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, Legisladores Nacionales, Ministros, Secretarios y Subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional, Secretarios y Prosecretarios nombrados a pluralidad de votos por las Cámaras de Senadores y Diputados de la Nación , el Intendente, los Concejales, Secretarios y Subsecretarios del Concejo Deliberante y los Secretarios y Subsecretarios del departamento Ejecutivo de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, y a pesar de una enorme ola de indignación social, el decreto 2322/02 de Eduardo Duhalde, el 19 de noviembre de 2002, observó parcialmente esta norma y dejó sin efecto la derogación de los beneficios para el Servicio Exterior y el Poder Judicial, manteniendo su plena vigencia.

Así, los regímenes especiales que fueron derogados en 2002 fueron los del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Es por eso que hoy siguen en pie los sistemas específicos para judiciales, diplomáticos y también las asignaciones mensuales vitalicias de los ex presidentes y ex vicepresidentes de la Nación, y de los jueces de la CSJN.

El anuncio del presidente de eliminar este privilegio de casta va a poner a prueba su capacidad de negociación. La Corte podría declarar la inconstitucionalidad de cualquier medida alegando que se vulneran derechos adquiridos. Tienen la legalidad de su lado, pero ya no tienen la legitimidad ni el consenso social imprescindible para hacerlo.

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Sergio Wischñevsky

Sergio Wischñevsky

Historiador, periodista y docente de la UBA. Columnista en Radio del Plata en el programa Siempre es hoy. en Radio Nacional en el programa Gente de a Pie y en La Liga de la Ciencia.

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