La Mesa de enlace extorsivo

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Hay más de 66 mil productores de soja en Argentina. El aumento del 3% en las retenciones impacta en 14.884 grandes productores responsables del 77 por ciento del total de la soja cosechada en el país. El lazo extorsivo de la Mesa de Enlace se agita en su defensa en nombre del «campo» al que no defendió cuando Macri y Cambiemos hundieron a los pequeños y medianos productores.

El Ministerio de Agricultura de la Nación, a partir del anuncio de la segmentación de retenciones, informó que un total de 36.465 productores sojeros pagarán menos derechos de exportación, mientras que 5.941 productores (con cosechas que van desde las 500 hasta las 1000 toneladas) seguirán pagando un 30 por ciento de retenciones. 

Es decir que del universo total de productores que no se verá afectado por la suba en los derechos de exportación (ya sea porque disminuye la alícuota o porque no tendrán ningún incremento), el 67 por ciento produce hasta 300 toneladas. En este grupo están los pequeños productores. 

Por lo tanto, ¿qué defiende la Mesa de Enlace -integrada por la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro y FAA- cuando decide llevar adelante un lockout agropecuario? 

En principio, a un total de 14.884 productores responsables del 77 por ciento de la soja cosechada en el país. Este es el universo hiper concentrado (menos del 20 por ciento del total que se llevan más de 2/3 de la ganancia) que tendrá un incremento de tres puntos porcentuales en la alícuota de retenciones.

Cuando Mauricio Macri asumió la presidencia, uno de sus primeros actos fue anunciar la baja de retenciones con un esquema gradual para la soja, sumado a la primera devaluación del peso. De manera automática, el ex Presidente les transfirió a los sectores concentrados que tenían almacenada la aleaginosa la friolera de 26.000 millones de pesos. Luego “pasaron cosas” –el endeudamiento externo voraz, una crisis económica extendida y la llegada de los condicionamientos del FMI- y Macri subió las retenciones a la soja con un componente en pesos. 

¿Por qué no le hicieron un lockout al por entonces líder de la Alianza Cambiemos? De Angeli, emergente de los “aparateados autoconvocados” de 2008 (la mayoría de ellos tenían algún enrolamiento gremial), aceptó a regañadientes la suba de retenciones macristas.

“Las retenciones son perjudiciales pero analizo el presente y la crisis que vive el país, por lo que me parece lógico y real lo que nos pide el Presidente, hacer un esfuerzo entre todos los sectores”, había dicho el senador entrerriano en septiembre de 2018. 

Concentración

El campo no es la Patria. El sector es un actor importante en la economía argentina, generador de dólares vía la exportación, pero no es el mayor contribuyente de valor agregado. Según el Observatorio del Centro Cultural de la Cooperación, las producciones primarias vinculadas al agro aportan aproximadamente un 6,07 por ciento del Valor Agregado Bruto (VAB) total, cuando la construcción lo hace en un 4,56 por ciento. La industria manufacturera – sector golpeado durante el macrismo a partir de una apertura indiscriminada de importaciones y una crisis económica prolongada- representa el 20 por ciento del VAB. La pesca, por su parte, aporta un 3,64 por ciento.

Tampoco es el sector económico que más aporta al PBI, pero está fuertemente concentrado y posee cierto capital simbólico para presionar de manera política, en asociación con los sectores de la derecha local. 

Según los registros del Ministerio de Agricultura, en 2018 se exportaron 71.836.473 toneladas entre cereales, oleaginosas y aceites. De ese total, sólo 6 empresas concentraron el 63 por ciento de todas las ventas (Cargill, COFCO, ADM, Bunge, AGD y Vicentin). La concentración en el sector agropecuario es bestial. 

Una pregunta que ya formulamos en Nuestras Voces, y la volvemos a repetir: ¿no será hora de que el Estado nacional cree instrumentos para controlar y regular el comercio exterior? En definitiva, estos grandes jugadores son los que financian lo que deberían pagar de retenciones con el precio que les pagan a los productores por la oleaginosa. 

Según el Censo Nacional Agropecuario, en el país existen 157,4 millones de hectáreas distribuidas entre 228.375 Establecimientos Agrícolas (EAP). De ese total, 5.678 personas (físicas o jurídicas) -en un país de 43 millones de habitantes- detentan 80,2 millones de hectáreas. Es decir que el 2,4 por ciento de los dueños de la tierra poseen más del 51 por ciento de todos los campos disponibles. Los más pequeños, aquellos que poseen entre 5 hasta 100 hectáreas, es decir un total de 93.364 Establecimientos Agrícolas (el 40 por ciento del total), solamente poseen el 2,2 de toda la tierra. La concentración es bestial. ¿A quién defiende la Mesa de Enlace?

Del total de exportaciones, la cooperativa ACA –que forma parte de Coninagro – representa el 5 por ciento de las ventas al exterior. Ese sector se opone al lockout; lo mismo que las cooperativas nucleadas en la Federación Agraria. “La Mesa de Enlace tiene intereses muy distintos a los de la mayoría de los productores del país. Hay productores que decidieron ir al paro representando intereses de grandes empresas», sostuvo Juan Manuel Rossi, titular de Fecofe, en declaraciones a El Destape Radio. 

El rol de Carlos Achetoni, titular de FAA, quedó totalmente desdibujado con su marcha y contra marcha en la adhesión al lockout. El viernes por la tarde le dio “libertad de acción” a los federados. Como en 2008, la entidad que nació del Grito de Alcorta se dejó arrastrar por los intereses de la Sociedad Rural Argentina y CRA. 

“Quienes resisten la razonable medida gubernamental es esa gran burguesía agraria que en los últimos 25 años ha protagonizado un proceso de acumulación en el sector que ha producido notables desequilibrios. Este proceso aceleró la concentración, impulsó la tendencia al monocultivo sojero y profundizó la presencia del capital extranjero en áreas claves del agronegocio. El aumento de las retenciones debidamente segmentadas y dirigidas a la gran burguesía agraria no solo es una estrategia fiscal justa, es también un mecanismo que al capturar parte de esa renta extraordinaria que promueve el monocultivo sojero, permite impulsar políticas más equilibradas y razonables en el sector agropecuario”, sostuvo el economista Claudio Lozano, director del Banco Nación. 

Economías regionales

Con el anuncio de este nuevo lockout, la Mesa de Enlace invisibilizó a los miles de productores de las economías regionales que recibirán una transferencia indirecta de recursos a partir de una reducción de las retenciones en diferentes productos. Por eso volvemos siempre a la misma pregunta: ¿a quiénes defienden las patronales agropecuarias? 

Con la suba de los tres puntos en las retenciones a la soja, el Estado nacional podría recaudar sólo 506,64 millones de dólares anuales extra. Sin embargo, las grandes empresas del sector adelantaron la compra/venta de los granos para eludir el pago del nuevo esquema de derechos de exportación para la oleaginosa. Entre enero y febrero concentraron el 15 por ciento las ventas anuales, según cálculos de Agricultura. 

Por lo tanto, la recaudación extra por este tributo sería de 334,38 millones de dólares. Esos recursos no serán para el Tesoro Nacional sino que se redistribuirán entre los miles de productores beneficiados con las bajas de retenciones y la segmentación. De ese total, 174 millones de dólares serán destinados a cubrir la baja (y segmentación) de las retenciones en las economías regionales, productores que ahora la Mesa de Enlace pretende subsumir detrás de los intereses de los grandes sojeros.

Es decir, se destinarán más de 11.000 millones de pesos –como transferencia indirecta por la baja de retenciones-  para productores de la región patagónica (lana, carne ovina, pesca), NOA (limones, lentejas, arvejas, porotos, y garbanzos), NEA (arroz) y Región Pampeana (girasol, maní, harina de maíz y trigo). 

Peones explotados

El otro universo de actores claves del sector que aparece invisibilizado son los peones rurales. Se calcula que existen cerca 1 millón de empleades rurales pertenecientes a las actividades primarias, según los datos que dice manejar el Renatre. 

Sin embargo, según el Observatorio del Empleo y la Dinámica Empresarial que pertenece a la cartera laboral (y toma los datos del SIPA), solamente están registrades 372.715 trabajadores y trabajadoras agrícolas (más del 60 por ciento de informalidad). El resto forma parte de las ecuaciones de ganancias de patrones que obtienen beneficios económicos de la explotación laboral. 

Tanto la SRA, CRA, Coninagro y FAA forman parte del Renatre –junto al gremio de la Uatre-, entidad de derecho público privado que en los 4 años de gestión macrista se encargó de ocultar la explotación laboral en el sector rural, cortó todo vínculo con la Procuración contra la trata de personas y explotación laboral y generó un mecanismo de recaudación paralelo –a partir de perdonarle multas a las empresas que tenían trabajadores en negro- para distribuir recursos entre los dirigentes de dicho Registro. ¿A quién defiende la Mesa de Enlace?

Historia reciente

A la llamada Mesa de Enlace nunca le importó defender los intereses del basto universo agropecuario del país. El ex titular de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, afirmaba en pleno 2008 “nos une el espanto” (en ese momento era al kirchnerismo); desde ese posicionamiento político impulsaron el “no positivo” de Julio Cobos cuando el Congreso de la Nación tenía ante sí la posibilidad de corregir la Resolución 125 (retenciones móviles) con un amplio esquema de segmentación y compensaciones a los pequeños productores. Pero como no les importaba la segmentación ni los pequeños productores, estuvieron todes unides en el monumento a los españoles para festejar la votación del mendocino.

En el imaginario social de 2008, un pequeño productor era aquel que arrendaba 50 o 150 hectáreas, pero el verdadero “pequeño productor autoconvocado” que cortaba la Ruta Nacional 14 a instancias de Alfredo De Angeli era alguien que trabajaba (mezcla de arrendamiento más propiedad de esa tierra) no menos de 300 hectáreas. Si en las rutas del país había verdaderos pequeños productores, su voz quedó subsumida en la de aquellos que producían más de 1.000 toneladas de oleaginosa. Hoy se reedita este escenario donde los más pequeños y las cooperativas quedaron entrampados en los intereses de unos pocos. ¿Quién extorsiona a quién?

Va de suyo decir que la Mesa de Enlace posee intereses políticos; lo mismo ocurre con la Unión Industrial Argentina, la Asociación de Empresarios Argentinos o el Foro de Convergencia Empresarial. Ese no sería el inconveniente. Con el anuncio de este nuevo lockout, la Mesa de Enlace ratificó que no tenía intenciones de dialogar ni llegar a ningún acuerdo con el Gobierno nacional. 

Habían ido al choque con el ministro Luis Basterra pero éste les respondió con un análisis puntual de cada producto y cuánto se podía bajar las retenciones en cada uno de ellos, esfuerzo fiscal compensado con la suba de 3 puntos en las retenciones a la soja. Los ruralistas celebraron el “diálogo”. Pero más tarde, “aparateados” por lo que queda de la Alianza Cambiemos, rompieron la relación y anunciaron el lockout. La primera entidad en hacerlo fue CRA, luego la Sociedad Rural. ¿A quiénes representan estas dos entidades? La respuesta es más que evidente.  

@spremici

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Sebastián Premici

Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Autor del libro De patrones y peones. Los aliados esclavistas de Mauricio Macri. Colabora en Página/12 y formó parte de Radio Nacional.

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