La nueva AFI de Alberto Fernández: adiós a los sótanos

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La Agencia Federal de Inteligencia recibirá pronto a un nuevo interventor designado por Alberto Fernández. Será el encargado de sacarla de los «sótanos de la democracia». Poner fin a los fondos reservados, a los operadores judiciales y a los espías tercerizados. Por ley se redefinirán sus tareas: se dedicará exclusivamente a proteger los recursos estratégicos, a trabajar en inteligencia y contrainteligencia de potenciales agresiones externas con el mandato de defender el orden constitucional.

Los agentes orgánicos del edificio de 25 de Mayo 11 –con oficinas a metros de la Casa Rosada-están inquietos. Es la incertidumbre. 

El Gobierno de Alberto Fernández planea una reforma estructural de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que implementará por Ley. Además anunció su intervención. ¿El objetivo? Evitar que se repitan el festival de escuchas ilegales, los nexos y operaciones mediáticas con el fuero federal porteño y algunos jueces que sirvieron al régimen de inquisición macrista, las causas amañadas a base de escarnio público vía la Guerra Judicial o Lafware. Para combatir esta estructura putrefacta de corporaciones, la buena noticia es el  empoderamiento del Ministerio Público Fiscal que implementará el Código Procesal aprobado en 2015. 

La AFI se dedicará a proteger los recursos estratégicos de la Argentina y a trabajar en la Inteligencia y Contrainteligencia de potenciales agresiones foráneas de toda índole con el mandato primordial de defender el orden constitucional. 

No habrá lugar para gastos reservados tal como lo dejó en claro el Presidente en su discurso ante la Asamblea Legislativa. 

O sea que los cientos de periodistas mujeres y hombres que facturaron millones de pesos hasta el 10 de diciembre y se hicieron (casi) millonarios deberán buscarse solvencia privada o subvenciones novedosas.  

Los nombres de las y los favorecidos por el macrismo con millones de pesos son los de siempre y en total le costaron al Estado unos 9 mil millones de pesos. 

En eso dilapidó Mauricio Macri el dinero del pueblo argentino. En comprar opinión favorable en los medios tradicionales, portales que no lee nadie, y canales de Youtube, con el erario público y a costa del hambre de millones de familias que quedaron por debajo de la línea de la pobreza. 

Este asunto indignó al Poder Ejecutivo a tal punto que limitará por Ley el accionar de la AFI a sus funciones esenciales y profesionalizadas y nombrará a un interventor/a. 

En síntesis: nunca más la AFI se ocupará del narcotráfico y la agenda de la seguridad del Departamento de Estado, la DEA, la CIA y el Comando Sur de Estados Unidos. 

Eso fractura la alianza histórica que tejió la antigua SIDE con la CIA desde la era de Antonio Horacio “Jaime” Stiuso. Todo aquello es pasado. ¿O no?  

La reforma de la AFI es una decisión del Presidente que está avaluando en el más absoluto hermetismo con sus colaboradores. Por eso aún no se conoce el nombre elegido que pondrá en práctica las medidas que cambiarán 180 grados la lógica de la central de inteligencia. 

Es probable que los delitos financieros sean investigados por la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y la Policía Federal Argentina (PFA) y los asuntos complejos del crimen organizado pasen directamente a la órbita del Ministerio de Seguridad donde funciona un organismo  especializado en Inteligencia Criminal. 

Lo cierto es que hasta el viernes 13, la AFI estaba en estado de acefalia. El último mohicano de la anterior gestión del despilfarro que abandonó su cargo fue Juan José Gallea, amigo del rabino en fuga Sergio Bartolomé Szpolski y el grupo perdidoso de Daniel Angelici que integra Darío Richarte, entre otros abogados. Los agentes contratados de ese sector colegiado están bajo observación en causas federales como la que instruye el juez Alejo Ramos Padilla por las tropelías de Marcelo Sebastián D’Alessio. 

Se trata de Pablo Pinamonti, Juan Sebastián De Stéfano y un hilo que sube hasta Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.  

Al cierre de esta edición los contratados de La Casa también estaban nerviosos porque sus empleos vencen el 31 de diciembre. En ese pelotón de beneficiadas vip están las féminas que tomó Arribas de una universidad privada vinculada al Grupo Clarín y colaterales. La ex mujer de Arribas, Silvia Girón, se hizo nombrar “personal de planta” siendo jefa de Recursos Humanos. El interventor o la interventora que asuma, auditará el descontrol de estos años de persecución y desguace del Estado para proteger los intereses de los asociados de Macri. El listado es gigantesco e incluye a los núcleos de los multimillonarios que controlan la energía, los alimentos y la prensa dominante con su brazo en el Poder Judicial. La tarea por delante es enorme y exigirá un compromiso republicano constante que irá acompañado por un fuerte accionar del Congreso. Este panorama se revelará en los próximos días en las sesiones extraordinarias. 

La Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de los Organismos de Inteligencia analizará en tiempo real –no con hechos consumados- la labor de las principales agencias que incluyen al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Parte de esta reforma estructural fue adelantada por este cronista el 13 de diciembre con la descripción del ventilador verbal de D’Alessio ante el fiscal de Dolores Juan Pablo Curi y el juez Ramos Padilla:

El ventilador de D’Alessio calienta la causa contra Stornelli&Cía

En esa nota mencioné a un juez federal con fallos nodales en materia de derechos humanos –detestado por los genocidas condenados y por el Grupo Clarín– que será el próximo Procurador General de la Nación. Se trata de Daniel Rafecas. En estas horas cumplirá con la manda constitucional de presentar su declaración jurada y los antecedentes completos en el Congreso para que se apruebe su postulación. El trámite podría durar tres o cuatro meses. Para entonces, el Presidente Fernández ya habrá decidido que las escuchas judiciales dejen de funcionar bajo el ala de la Corte en la llamada DaJuDeco que presiden los camaristas Martín Irurzun y Javier Leal de Ibarra. Se volverá al 2015, cuando el organismo dependía de la ex procuradora Alejandra Gils Carbó y la fiscal Cristina Caamaño. En ese momento no hubo filtraciones de ningún tipo y las conversaciones privadas de ex presidentes y presidentas no eran reveladas en los canales de televisión, con periodistas que encima recibían pauta de dependencias del Estado y sobres con “exclusivas”. 

El 31 de mayo pasado desde este portal revelamos el informe preliminar de Naciones Unidas que sumó 41 mil escuchas judiciales en 2018 y denunció: “a) el uso excesivo de las interceptaciones, tratadas como una medida ordinaria de investigación para todos los tipos de delitos y no como el último recurso para los delitos graves; b) la debilidad de los controles en la cadena de custodia sobre el acceso al contenido de las interceptaciones; y c) la falta de un control independiente sobre el uso de las interceptaciones”.  

Además de que el organismo presidido por Irurzun y Leal de Ibarra publicó nombres de menores de edad como presuntos sospechosos violando el derecho a la intimidad de los niños. 

Festival de escuchas: 41 mil teléfonos intervenidos en 2018

El futuro de Stornelli

Uno de los actores principales de aquella cacería mediática y judicial fue el fiscal Carlos Stornelli, que en febrero cumple 60 años. Puede retirarse o esperar el procesamiento por parte del juez Ramos Padilla. Todo indica que Stornelli será procesado como parte de la asociación ilícita que integran entre otros el falso abogado D’Alessio, los comisarios Aníbal Degastaldi y Ricardo Bogoliuk, el fiscal  Juan Ignacio Bidone y el agente en retiro de la AFI, Hugo Rolando “Rolo” Barreiro.  

Es decir que cuando asuma el próximo procurador ese trámite estaría casi completado y probablemente avalado por la Cámara Federal de Mar del Plata. El destino de Stornelli se oscurece cada día más. Lo propio sucede con el juez Claudio Bonadío nombrado al revoleo por el arrepentido D’Alessio en Dolores. El mecanismo de la causa de Gas Natural Licuado –hecho a base de materia mucosa- está en severo cuestionamiento de nulidades. El caldo de lo real se espesa con las recientes prisiones domiciliarias de Julio De Vido y Roberto Baratta dispuestos por la Alzada. 

La estantería del lafware se cae a pedazos en Comodoro Py que a esta altura de las circunstancias se parece mucho al antiguo Albergue Warnes. La reconversión arrastrará a la prensa especializada en asuntos judiciales. Quizá abandonen el traje y las polleras de diseño por los cascos para evitar ser salpicados por los cascotes caídos.

La cornisa de Santoro  

El periodista íntimo amigo de D’Alessio, Daniel Santoro –elegido por Héctor Magnetto para escribir notas sobre la institucionalidad republicana- fue citado por el juez federal Luis Rodríguez por la denuncia de extorsión que realizó el empresario Gabriel Traficante en 2016. 

Santoro, para mal de males, podría ser nuevamente procesado por Ramos Padilla como presunto partícipe de la asociación ilícita de D’Alessio & Cía. 

Su caso se asemeja mucho al del alemán Claas Relotius: de estrella a estrellado.

Fariña, la AFI y Carrió

Un camino similar arrastra la suerte del testigo Leonardo Fariña y sus viejos vínculos con la AFI. La verba inflamada de D’Alessio se ocupó de revelar qué rol cumplió Fariña para imputar a una serie de funcionarios kirchneristas con libretos de la AFI y sectores aliados de la Coalición Cívica, cuya máximas figuras, Elisa Carrió, Paula Oliveto y Mariana Zuvic están querelladas en el Juzgado Federal de Dolores. D’Alessio les dedicó dos palabras básicas: “Me usaron”. 

Ese uso no fue para fabricar muñecos de Papá Noel en Navidad, sino para encarcelar preventivamente a personas con el pretexto de la corrupción. 

En esos casos el concepto de Guerra Judicial contra los adversarios políticos como la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se puso en práctica con una dosis de odio extremo a través de sendos pedidos de prisión preventiva encauzados por el juez Bonadío y sus aliados mediáticos angustiados por la pauta que cesó.

La causa Maldonado 

La impunidad se arrastra como una babosa con sal gruesa. La Sala IV de la Casación le pidió a la Cámara de Comodoro Rivadavia- que preside Leal de Ibarra- que reabra la causa penal por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado y nombre un juez. Es un caso paradigmático de violencia institucional que no tiene imputados ni magistrado a casi dos años y medio del trágico hecho, que movilizó a la sociedad argentina. 

La familia Maldonado dejó clara su posición en un comunicado: 

“Por un lado, el juez Hornos en soledad, hace lugar a nuestro pedido de que se investigue la hipótesis de la desaparición forzada. Por otro lado, los jueces Carbajo y Borinsky no afirman ni descartan que se pueda investigar la desaparición forzada. 

Es por esto que en el punto III de la parte resolutiva del fallo se aclara que ‘por mayoría’ se rechaza el recurso de casación presentado por Sergio Maldonado.

También queremos aclarar que solamente nosotros interpusimos un recurso de casación contra la afirmación de la Cámara de Comodoro Rivadavia que descarta la hipótesis de desaparición forzada sin que ninguna de las querellas institucionales presentaran recurso de casación con el mismo objetivo: que se investigue la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago. 

El CELS coincidió con el fallo de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. 

La APDH, AEDD y CPM acompañaron nuestro pedido en la audiencia del 5 de diciembre. 

La desaparición forzada es un crimen que solo lo comete el Estado –subrayó la familia Maldonado-. Descartar la desaparición forzada es descartar la responsabilidad de la ex ministra Patricia Bullrich quien fue la primera persona que salió a festejar este fallo. 

En realidad no hay nada qué festejar. La nueva ministra Sabina Frederic utiliza la misma frase que tanto dolor nos causa, porque garantizó el pacto de impunidad. Nosotros no queremos que se tire por la ventana a ninguna persona, solo queremos que se investigue tanto a los responsables materiales como intelectuales, se determinen las responsabilidades políticas y jurídicas, sancionando y condenando a los culpables”.

Sin embargo, la Casación eligió la palabra “instar” en su fallo sobre Maldonado (pedir con insistencia que se haga algo o urgir la pronta ejecución de una cosa) para que la Cámara de Comodoro Rivadavia elija juez y avance en esta causa que tuvo dos jueces federales a cargo –Guido Otranto y Gustavo Lleral- quienes no hicieron nada para dilucidar qué pasó el 1 de agosto de 2017 en la Pu Lof en Resistencia de Cushamen luego del ingreso de la Gendarmería que derivó en la muerte de Santiago en Chubut. 

Pese a sus evidentes contradicciones, el dictamen de la Sala IV de Casación rompe con el mandato de la construcción del “enemigo interno” ideado por Patricia Bullrich, su ex jefe de gabinete Pablo Noceti y los ex funcionarios del Ministerio de Seguridad Gonzalo Cané y Daniel Barberis. Aquel guión siniestro de que Santiago se ahogó solo se desmorona como la credibilidad de la prensa tradicional, que esta semana publicó sendos editoriales exigiendo un punto final para un caso que la deja expuesta como la inmundicia.

Contexto 

Los desafíos del gobierno popular que asumió hace apenas seis días son múltiples y muy complejos. La Sociedad Rural no quiere pagar impuestos por la venta en dólares de la soja y la tierra sigue en las mismas manos. Son quienes dictaminan el precio de los alimentos en un país que padece la maldición del hambre. Lo propio sucede con la energía eléctrica y los combustibles. 

En la asunción del intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, con la presencia de CFK, se produjo un apagón en zonas aledañas. Hecho poco casual. 

En los próximos meses Alberto Fernández deberá decidir cuestiones nucleares. Una de ellas es la soberanía alimentaria, energética y tecnológica. 

Quizá eso preocupe a los lobbistas de Estados Unidos y sus servicios de inteligencia en América Latina. La insistencia del aparente empresario hotelero Gustavo Cinosi para interceder ante el Presidente en ciertas cuestiones claves tiene que ver con este contexto de lucha comercial, geopolítica y militar entre Estados Unidos y China. De 6 mil proveedores en áreas estratégicas de la principal potencia del planeta, 5 mil son chinos. En 2012 el Banco Central chino tenía liquidez por casi 5 billones de dólares. Y eso puso en crisis a EE UU que pidió a China que comprase deuda. Por esa época Rusia y China se acercaron con más afinidad a América Latina. Ahora la ecuación está en plena puja regional. 

Lo que se publica en los principales medios de comunicación lleva la marca de este duelo planetario poco amigable.  

No será fácil luchar contra los poderes fácticos. Como los peores demonios hablan a través de los otros. Algunos de ellos son la herencia maldita del ex presidente de ojos celestes. 

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Juan Alonso

Juan Alonso

Periodista, escritor y docente. Columnista con Roberto Caballero en Radio Colonia y del programa ADN en C5N. Distinguido con el Premio Walsh de la Facultad de Periodismo de La Plata en 2017. Fue editor de Policiales de Tiempo Argentino.

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