La pulseada por las retenciones a la soja

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Hace días el Ministro de Agricultura, Luis Basterra, mantiene conversaciones con las entidades del campo. Intenta subir de 30 a 33 por ciento la alícuota a la soja, tal como se estableció en diciembre del año pasado. Desde la Mesa de Enlace sostienen que no aceptarán ningún aumento de las retenciones: ni para grandes productores ni para los pequeños. La segmentación y compensación podría potenciar a los más chicos. El Gobierno nacional apuesta a que cedan y ganar la puja redistributiva.

La llamada Mesa de Enlace, integrada por la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro y Federación Agraria (FAA), quiere romper cualquier relación con el actual Gobierno nacional. Por eso fueron al choque en la última reunión que mantuvieron con el ministro de Agricultura, Luis Basterra. Si bien luego de ese encuentro sostuvieron que se había abierto una negociación ––algo que fue confirmado por los propios funcionarios nacionales–– también dejaron algo en claro: no aceptarían ningún nuevo aumento en las alícuotas a las retenciones sojeras, por más que se estableciera un esquema de segmentación y compensación para beneficiar a los pequeños y medianos productos y las economías regionales.

El anuncio del aumento a las retenciones sojeras (del 30 al 33 por ciento de alícuota), según lo establecido por la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, estaba previsto para realizarse hoy durante la inauguración de las Sesiones Ordinarias del Congreso de la Nación pero se postergó para los próximos días.

Desde el Gobierno afirman que están negociando. La Mesa de Enlace también da la misma versión. Sin embargo, los ruralistas desempolvaron algunas de las artimañas aplicadas durante el conflicto de 2008. Por un lado, aparecen las entidades patronales que se muestran “dialoguistas” y por otro costado surgen los “autoconvocados”, que de espontáneos no tienen nada.

Así como el “autoconvocado” Alfredo De Angeli era el mascarón de proa de la derecha más rancia de la Argentina, tributario de los dirigentes de CRA y la SRA más que de la Federación Agraria, los de ahora forman parte de la misma estirpe. El objetivo parece ser el mismo de siempre: condicionar a cualquier Gobierno que intente llevar adelante un proyecto, un plan (no digamos un modelo) redistributivo.

Quizás por eso el propio Presidente Alberto Fernández sostuvo en declaraciones radiales que esos ruralistas “deberían tener la honestidad intelectual de presentarse como opositores a la hora de hablar, porque entonces uno sabe desde donde están hablando”. “No es lo mismo que hable un presunto chacarero que un presunto militante o dirigente encubierto. Eso está claramente inducido por dirigentes de Cambiemos. Son las reglas de juego que buscan imponer”, sostuvo en una entrevista en Radio 10.

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Redistribución

Las entidades que forman parte de la Mesa de Enlace echaron mano a su manual de estilo cuando en diciembre del año pasado el Congreso nacional aprobó la Ley de Solidaridad Social y Redistribución Productiva donde se fijó el aumento de retenciones a la soja en tres puntos pero también la posibilidad de establecer un esquema de compensaciones y segmentación de los derechos de exportación.

“El Poder Ejecutivo nacional deberá establecer mecanismos de segmentación y estímulo tendientes a mejorar la rentabilidad y competitividad de los pequeños productores y cooperativas cuyas actividades se encuentren alcanzadas por el eventual aumento de la alícuota de los derechos de exportación y establecerá criterios que estimulen la competitividad de la producción federal en función de las distancias entre los centros de producción y los de efectiva comercialización”, puede leerse en el artículo 53 de la Ley 27.541.

Horas antes de la reunión con Basterra, los ruralistas apelaron a toda su verborrágico belicosa: “Una nueva traición”, “nos deja una sensación de engaño”, “la presión fiscal es insostenible”, sostuvo Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) en un comunicado difundido el miércoles de la semana pasada.  “El Gobierno echa leña al fuego”, agregó la Sociedad Rural Argentina (SRA); mientras que la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) se manifestó abiertamente en contra de la segmentación que podría beneficiar a los pequeños productores.

“Nosotros no tenemos espalda (para soportar una suba de retenciones a la soja), eso fue lo que le dijimos al Gobierno. En los próximos días nos volveremos a reunir. No hubo ningún detalle específico por parte del Gobierno”, indicó a Nuestras Voces Carlos Achetoni, titular de la Federación Agraria.

El jueves por la tarde, el ministro de Agricultura, Luis Basterra, recibió a la Mesa de Enlace. Los ruralistas fueron con los tapones de punta pero el Poder Ejecutivo les ofreció una negociación: subir los tres puntos de retenciones a la soja para financiar un esquema de segmentación y compensaciones a pequeños productores, las economías regionales y la pesca.

De llevarse la alícuota de los derechos de exportación de la soja del actual 30 por ciento al 33 por ciento, el ingreso extra para el Tesoro Nacional no superaría los 500 millones de dólares, aproximadamente. Desde el Gobierno nacional sostienen que, en realidad, la mayor recaudación por retenciones ya se logró cuando Alberto Fernández actualizó el componente fijo (en pesos) de las alícuotas, según el esquema heredado de la gestión Cambiemos.

Si la administración de Mauricio Macri recaudaba 5000 millones de dólares por retenciones, ahora ingresan 7100 millones. Es decir, desde este punto de vista, el objetivo recaudatorio ya se habría conseguido.

Entonces, ¿por dónde transcurre el debate político de fondo, que incluso podría resquebrajar los cimientos de la Mesa de Enlace? La respuesta está en la segmentación de las retenciones y en un esquema de compensaciones. El resultado, en términos fiscales, sería casi un empate técnico, aseguran desde la Casa Rosada; apenas unos 80 millones de dólares más a favor del Tesoro Nacional.

Pero en términos políticos / productivos podría ser trascendental porque se estaría beneficiando de manera directa a un amplio grupo de sectores a partir de la generación de políticas económicas / fiscales diferenciadas con eje en las economías regionales, sector que el macrismo dijo defender pero que en muchos casos hundió a partir de una irrestricta apertura de las importaciones de alimentos. Para los manuales de la economía heterodoxa, sería una medida redistributiva. La Mesa de Enlace no lo entiende así.

“Hablar de segmentación y compensaciones, y que eso haya quedado establecido por Ley es trascendental. De lograrlo, estaremos avanzando en una forma de regulación sobre el sistema productivo porque podrá fomentarse el arraigo, las compensaciones podrían potenciar la fabricación de maquinaria más chica para escalas más pequeñas, incluso apuntar a la agroecología”, aseveró Eduardo Sorazabal, integrante de la agrupación Grito de Alcorta.

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Farsa y tragedia

Si la Historia se repite dos veces, como tragedia y farsa, como sostenía Marx en el Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte, cuando se trata de la llamada Mesa de Enlace habría que pensar en ambos términos al mismo tiempo: la farsa de creer que dicho cónclave de entidades patronales agropecuarias representa “todo el campo” y la tragedia que implica que el bienestar de las mayorías se vea subsumido por el relativo poder de un grupo de lobistas que defienden, sin decirlo explícitamente, a las grandes empresas de la exportación de granos y a los grandes dueños de la tierra.

Durante el conflicto por la Resolución 125 (retenciones móviles) de 2008, las ausentes de la escena pública fueron las grandes empresas exportadoras. Este grupo de empresas ––no más de diez–– suele aferrarse a los “grises del sistema”, una suerte de legalidad fraguada. Basta analizar un ejemplo.

En 2007, antes de que asumiera la presidencia Cristina Fernández de Kirchner, las cerealeras “adelantaron” exportaciones sin contar con los granos de manera física con el objetivo de ahorrarse 2000 millones de dólares, aproximadamente, ante el eventual aumento de las retenciones sojeras que, se sabía, pasarían de 27,5 al 35 por ciento. Es decir, declararon ventas por un grano que no tenían.

El escándalo lo denunció públicamente Raúl Alfonsín y derivó en la sanción de la Ley conocida como “Martínez Raymonda” (por su impulsor) que le permitía al Estado cobrar de manera retroactiva las retenciones que las empresas eludieron abonar de manera correcta. Por eso, a partir de aquel episodio, ante los inminentes cambios en el esquema de retenciones, primero se cierra el registro de exportadores para evitar este tipo de elusiones fiscales.

El otro gris del que se valen es el de descontarle a los productores, es decir los dueños de los granos, el importe de las retenciones. ¿Qué quiere decir esto? Que las grandes empresas nunca pagan el precio pleno del grano porque se lo descuentan a los chacareros (no exportadores).

El “tercer gris” que utilizan es el de los precios de transferencias, es decir la posibilidad que tienen las multinacionales de llevar adelante toda una ingeniería contable entre sus distintas sucursales para que el destino final de esa exportación de granos sea computada desde el país que posee la menor carga tributaria. Ergo, las grandes empresas que se escudan detrás de la Mesa de Enlace siempre encuentran la manera de pagar menos al fisco.

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El Estado regulador

Entonces, urge una pregunta: ¿y si el Estado empezara a controlar que los productores (no exportadores) no sean quiénes les financian las retenciones a las grandes exportadoras y molinos? O, mejor dicho: ¿podría el Estado nacional resquebrajar el relativo poder hegemónico de los exportadores que se quedan con la rentabilidad de quienes no venden al exterior? ¿De qué manera?

“El mercado no puede quedar librado a los exportadores por eso creo que debería existir una fuerte intervención del Estado en el comercio exterior. ¿Junta Nacional de Granos? ¿Control sobre los puertos? Habría que buscar los mecanismos pero hoy los productores no pueden quedar sometidos a la voluntad de los grandes comercializadores”, indicó Sorazabal, integrante de la agrupación Grito de Alcorta.

Según los registros del Ministerio de Agricultura, en 2018 se exportaron 71.836.473 toneladas entre cereales, oleaginosas y aceites. De ese total, sólo 6 empresas concentraron el 63 por ciento de todas las ventas (Cargill, COFCO, ADM, Bunge, AGD y Vicentín).

La concentración en el sector agropecuario es bestial. La misma también se aprecia en quiénes son los dueños de la tierra, otres anónimos que están bien escondidos detrás de las diatribas de la Mesa de Enlace.

Según el Censo Nacional Agropecuario, en el país existen 157,4 millones de hectáreas distribuidas entre 228.375 Establecimientos Agrícolas (EAP). De ese total, 5678 personas (físicas o jurídicas) ––en un país de 43 millones de habitantes–– detentan 80,2 millones de hectáreas. Es decir que el 2,4 por ciento de los dueños de la tierra (terratenientes con 5 mil hectáreas como el caso de Luis Miguel Etchevehere hasta más de 20 mil) poseen más del 51 por ciento de toda la tierra disponible. Los más pequeños, aquellos que poseen entre 5 hectáreas hasta 100, es decir un total de 93.364 Establecimientos Agrícolas (el 40 por ciento del total), solamente poseen el 2,2 de toda la tierra.

Sobre los más pequeños debería incidir tanto la segmentación de las retenciones como las compensaciones. El Gobierno nacional apuesta a que la Mesa de Enlace ceda y permita financiar las políticas diferenciadas a pequeños agricultores y las economías regionales con esos tres puntos extra en las retenciones a la soja. Veremos quién gana la pulseada.

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Sebastián Premici

Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Autor del libro De patrones y peones. Los aliados esclavistas de Mauricio Macri. Colabora en Página/12 y formó parte de Radio Nacional.

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